¿Una nueva Constitución para Chile? El actual proyecto constitucional que divide al país

23 de Agosto de 2021
¿Una nueva Constitución para Chile? El actual proyecto constitucional que divide al país
Crédito foto: Publímetro

El 4 de septiembre, el pueblo chileno votará la propuesta de una nueva Constitución. Análisis especial del Director del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.

Chile, como muchos otros países latinoamericanos, es independiente desde hace poco más de 200 años. Durante este tiempo, el país ha existido como una República, acompañada de, al menos, cinco cambios constitucionales. Por cuenta de ello, y tras el fin de la dictadura militar en 1990, la Constitución actual ha sido reformada en múltiples ocasiones.

Actualmente se está en espera de un plebiscito que se celebrará el 4 de septiembre para decidir sobre una “Constitución Política para la República de Chile” completamente nueva. Este referéndum ha sido precedido por un proceso de casi un año, en el que 155 representantes elegidos para una Convención Constitucional, especialmente creada para preparar una nueva Constitución, redactaron este nuevo texto constitucional.

La votación para la creación de una nueva Constitución en 2020 y la posterior elección de los integrantes de la Convención Constitucional en 2021, se dieron en el contexto de un Chile que enfrentaba una tensa situación política y económica. Las protestas sociales que comenzaron a fines de 2019 se extendieron por varias semanas, muchas de ellas seguidas de enfrentamientos, a veces violentos, entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. En este contexto, varias personas perdieron la vida. La situación se desactivó a mediados de noviembre de 2019 con el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, en el que se acordó un referéndum que preguntaría al pueblo por la necesidad de formular un nuevo texto constitucional.

¿"Constitución de Pinochet"?

En el marco del debate sobre la reforma constitucional chilena, la Constitución actual se denomina a menudo, casi de manera unilateral, como la “Constitución de Pinochet”. Si bien es cierto que ésta se adoptó en 1980, por lo que su versión original se remonta al período de casi 18 años del régimen militar, y por tanto la impronta del dictador Augusto Pinochet en su contenido; también es cierto que ha sido modificada más de cincuenta veces desde entonces, por parte de varios presidentes elegidos democráticamente. Esta Constitución, de la ahora Quinta República chilena, ha formado un marco estable para un país económicamente fortalecido durante los últimos 32 años. Varios elementos especialmente criticados de la “Constitución de Pinochet”, como la elección de senadores vitalicios, han sido abolidos desde hace tiempo.

En este contexto, la dos veces presidenta de izquierda Michelle Bachelet, ante la necesidad de cambios estructurales, había declarado como objetivo de su segundo mandato una nueva Constitución para Chile. Así, cinco días antes de terminar su último período en 2017, presentó un proyecto de reforma que no encontró la mayoría legislativa necesaria para su aprobación.

Según voces expertas, una modernización equilibrada de la Constitución chilena es una oportunidad para un contrato social más justo. De hecho, al inicio del proceso constitucional en 2021, el expresidente de derecha Sebastián Piñera aún confiaba en que una reforma constitucional, adoptada democráticamente, ofrecería una oportunidad para que el proceso fuera reconocido y respetado por la ciudadanía.

En la sociedad chilena existen reformas pendientes para reforzar el autogobierno local, dar a la población indígena voz y voto en los aspectos que les afectan y salvaguardar mejor las normas de derechos humanos reconocidas, entre algunos de los muchos temas por resaltar. Pero, sobre todo, este nuevo proyecto constitucional busca, idealmente, remediar el defecto de nacimiento de la actual Constitución, esto es, su creación en plena dictadura militar.

Una Convención Constitucional dominada por la izquierda

Pese al propósito de reparación social y unidad que buscó el proceso constituyente iniciado en 2021, la sociedad chilena sigue dividida sobre la necesidad de una sustitución constitucional. Si bien los partidarios de la reforma ganaron el plebiscito de octubre de 2020 con casi un 80% de los votos, la participación del padrón electoral apenas superó el 50%. En el mismo referéndum, la mayoría de los ciudadanos se inclinó por una Convención Constitucional elegida en su totalidad por votación popular, en lugar de una Convención Mixta Constitucional, integrada por parlamentarios en ejercicio y ciudadanos elegidos a partir de una elección.

De esta manera, en conjunto con las elecciones municipales de mayo de 2021, tuvo lugar una elección paralela de los 155 miembros de la Convención Constitucional. Del número total de integrantes, 17 asientos se reservaron para representantes indígenas, considerando que, en el último censo, el 9% de los chilenos se identificaron como pertenecientes a la población mapuche.

Tras la elección, la tendencia política de los candidatos elegidos para integrar la Convención Constitucional fue clara: la mayoría de los convencionales pertenecían al espectro independiente y a la izquierda política. Por el contrario, los representantes de los partidos identificados en el sector de la centroderecha, estuvieron claramente subrepresentados.

Pese a que es posible sostener que este último resultado es culpa de los propios partidos de la centroderecha, ya que no se posicionaron con la suficiente fuerza ante unas elecciones tan emblemáticas. También hay que decir que es bastante común en América Latina que el péndulo oscile fuertemente de izquierda a derecha (y viceversa) de elección a elección. A menudo, los gobiernos y presidentes de derecha e izquierda (a veces extremadamente) se turnan. Así, la elección de la Convención Constitucional tuvo lugar algunos años después de la de un presidente conservador, por lo que era previsible que el péndulo de la voluntad electoral girara hacia la izquierda. En el marco de estas elecciones – celebradas más de un año después del inicio de la pandemia de la COVID-19, especialmente virulenta en América Latina – no sólo los más desfavorecidos, sino también amplios sectores de la clase media, sentían las aflicciones por las crecientes carencias económicas de las que fueron víctimas, castigando electoralmente a quienes ellos consideraban como los responsables políticos de tal crisis.

Puntos clave del proyecto de Constitución

El alcance de la propuesta de sustitución constitucional es abrumador. Un total de 388 artículos y 57 disposiciones transitorias se incluyeron en el texto final. El 4 de julio de 2022, un pequeño libro de más de 160 páginas fue entregado, ceremoniosamente, al nuevo presidente de izquierda, Gabriel Boric.

Pero no sólo es el volumen el que hace dudar de cuántos ciudadanos han leído realmente el texto, lo que es digno de mención, sino que también una serie de palabras clave, dan al proyecto de Constitución un carácter que, en muchos aspectos, lo hace aparecer como un contramodelo del ordenamiento jurídico existente: la nueva Constitución aspira a ser plurinacional, intercultural, ecológica y regional. Aunado a lo anterior, la representación equitativa también ocupa un destacado espacio, al igual que los vocablos género y perspectiva de género, sin que este último término se describa con suficiente detalle.

El proyecto comienza, clásicamente, con la siguiente frase: “Chile es un Estado social y democrático de derecho”. Junto con ello, en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, ha surgido un texto constitucional completamente moderno.

Otro aspecto positivo, es el reconocimiento de más derechos a la población indígena, por ejemplo, en el ámbito de la educación. Entre otras cosas, lo anterior se refiere al uso de su propia lengua, especialmente el mapudungún del pueblo mapuche, el cual habita, mayoritariamente, en el sur de Chile. Además de los mapuches, la Constitución nombra a otros diez “pueblos y naciones indígenas”, de ahí el término “plurinacionalidad” al que se hacía mención anteriormente, vocablo que también utiliza la Constitución boliviana.

Además, a la “naturaleza” se le concede su propia subjetividad jurídica, es decir, se la hace portadora de sus propios derechos. Esto debe enmarcarse en el contexto del rápido desarrollo de la legislación medioambiental, especialmente en América Latina, donde, por ejemplo, en Colombia, Brasil y Ecuador, ya hay varias decisiones judiciales sobre los derechos de la naturaleza. Chile quiere dar un paso más y robustecer su propia jurisdicción medioambiental.

El texto constitucional hace referencia, en varias ocasiones, a la cultura jurídica y a los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas. Este fenómeno del “pluralismo jurídico”, poco conocido en Europa, tampoco es una peculiaridad chilena, sino que se discute en casi todos los Estados latinoamericanos.

El Tribunal Constitucional se debilita

En la medida en que un instrumento como la Constitución, sólo menciona los conceptos fundamentales y exige, en general, su cumplimiento, no hay nada que decir en contra. El marco constitucional se completará con leyes subordinadas y más concretas. En otras palabras, es más difícil si se establecen requisitos muy específicos en el texto constitucional. Un ejemplo de ello, es el artículo 350, el cual estipula un mínimo del 50% de mujeres para todas las “instituciones estatales autónomas”. En este sentido, en marzo de 2022, los expertos en Derecho Constitucional de la Comisión de Venecia, a la que se pidió que evaluara el estado constitucional chileno, señalaron que, aun reconociendo todos los esfuerzos deseables para lograr una representación equitativa en el nombramiento de los cargos públicos, la decisión de una cuota rígida de género ante el criterio de competencia profesional, podría perjudicar el funcionamiento eficaz del sistema.

Por otro lado, algunas disposiciones en el ámbito del Poder Judicial siguen pareciendo problemáticas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que en la práctica ha fallado de forma bastante conservadora, deberá renunciar a algunas de sus competencias. Asimismo, los derechos de participación de los distintos órganos del Estado en los nombramientos de cargos de la función jurisdiccional (que en la práctica han garantizado un cierto equilibrio de las distintas posiciones políticas) se limitarán y, en su lugar, se agruparán y transferirán a un Consejo de la Justicia. No se sabe si este Consejo tomará, entonces, decisiones independientes y equilibradas.

Por último, varias disposiciones del proyecto de Constitución parecen innecesarias, por cuanto no representan realmente ninguna protección constitucional. Un ejemplo es el artículo 60(1), según el cual “toda persona tiene derecho a practicar deporte, actividad física y ejercicio”.

Intereses particulares en lugar de paz social

Las críticas al proyecto constitucional son múltiples. Al no sorprendente rechazo del proyecto, por parte de las fuerzas que no se sienten suficientemente representadas en la Convención Constitucional, se suman otras voces de la política y la sociedad. Varios chilenos y chilenas, que no se oponen a la necesidad de un cambio constitucional, no consideran acertado el texto que ahora se somete a votación, al menos con el contenido propuesto en el proyecto actual.

El intento de dotar a Chile de más paz social y de un marco sólido para años y décadas con una nueva Constitución, debe considerarse probablemente, incluso antes del referéndum, como un fracaso.

La propuesta constitucional lleva entrañada a sólo una parte del espectro político chileno. Hay un intento excesivo de anclar ciertas posiciones políticamente controvertidas de forma inalterable, junto a ideas y elementos modernos como la jurisdicción medioambiental y la protección de los derechos fundamentales. Cuestiones como el establecimiento de cuotas de paridad en los cargos públicos, como lo propone la nueva Constitución, son aún hoy debatibles y merecen una mayor reflexión.

De este modo, ciertas cosas quedan expuestas como lo que son: intereses particulares que se pretenden cimentar constitucionalmente en la propuesta chilena. Sin embargo, una buena Constitución vive del hecho de que sólo proporciona un marco que deja espacio para futuros desarrollos, y no se anticipa inadmisiblemente, reduciendo el margen de maniobra a cero, en algunas cuestiones.

Probablemente, la Ley Fundamental Alemana ha resultado ser especialmente duradera porque, el estancamiento entre los principales partidos en el Consejo Parlamentario  obligó a los participantes a llegar a un acuerdo y, desde el principio, ninguna de las partes consiguió poner su propio sello en el texto. Esto es diferente a lo que ocurre en Chile en pleno 2022.

A la vista de la historia reciente de Chile, algunas de las exigencias formuladas en el proyecto de Constitución pueden parecer comprensibles. Sin embargo, un marco constitucional no debe estar inspirado en deseos, sino que debe ser, sobre todo, capaz de funcionar y perdurar. Precisamente esto parece cuestionable. Una posible erosión del Estado de Derecho, un número creciente de cargos y autoridades, cuotas fijas, derechos de veto de gran alcance, intervenciones unilaterales en los procesos de libre mercado, un derecho de huelga extremadamente amplio y otros elementos del proyecto constitucional chileno de 2022, parecen un modelo de otra Constitución latinoamericana que no está a la altura de su pretensión, esto es, ser la base de un país en desarrollo con éxito. La decepción de los numerosos desfavorecidos que esperan una rápida mejora de sus condiciones de vida gracias a una sustitución constitucional, parece ya preprogramada.

¿Cuál será el resultado del referéndum?

El entusiasmo por una nueva Constitución ha ido disminuyendo desde el referéndum de 2020, y el éxito del proyecto de reforma, actualmente, carece de toda seguridad. Las últimas encuestas predicen un resultado ajustado. El bando del “Rechazo”, es decir, quienes están en contra de la propuesta de nueva Constitución, sigue con casi cinco puntos porcentuales de ventaja por sobre los partidarios de la opción “Apruebo”.

La expresidenta Bachelet, ahora Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, espera una victoria del bando reformista. Por el contrario, varios otros ex presidentes se están posicionando en contra del proyecto. El actual mandatario chileno, Gabriel Boric, había calificado relativamente pronto el éxito de este proceso de sustitución constitucional, como una elección del destino. En recientes declaraciones de finales de julio, ya hablaba de las modificaciones necesarias para volver a cambiar el texto constitucional tras la votación. De este modo, ha intentado que la opinión pública se incline por una mayoría a favor de la nueva Constitución. Para Chile, sin embargo, sólo cabe esperar un documento más equilibrado.

Citación académica sugerida: Rank, Hartmut. ¿Una nueva Constitución para Chile? El actual proyecto constitucional que divide al país, Agenda Estado de Derecho, 2022/08/23. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/una-nueva-constitucion-para-chile-el-actual-proyecto-constitucional-que-divide-al-pais/

Palabras clave: Constitución, Chile

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ACERCA DEL AUTOR
Hartmut Rank

Director del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica

Nacido en 1977, es director del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer desde 2021. De 2017 a 2021 fue jefe del Programa de Estado de Derecho de la KAS en el sureste de Europa. Anteriormente, fue destinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán a la Misión de la OSCE en Moldavia en 2014-2017 y trabajó para la GIZ en Ucrania y como abogado en Alemania y Ucrania. Estudió derecho en Leipzig, San Petersburgo, Potsdam y Londres, y economía en Liverpool. El Sr. Rank es abogado, mediador empresarial y traductor público de ucraniano y ruso. Su experiencia profesional se centra en el derecho europeo e internacional, los derechos de las minorías, la política multilateral de desarrollo, la OSCE y las formas extrajudiciales de resolución de conflictos.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.