Semana de los Derechos Humanos en Uruguay: 153° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

3 de Noviembre de 2022
Semana de los Derechos Humanos en Uruguay: 153° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Fuente: Sitio web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entre el 10 y el 21 de octubre de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró su 153 Período Ordinario de Sesiones en Uruguay, ¿cuáles fueron sus principales hallazgos? Informe especial para Agenda Estado de Derecho.

El más alto tribunal que juzga sobre violaciones de derechos humanos en la gran mayoría de los Estados del continente americano, se desplazó hasta Uruguay para sesionar durante dos semanas, en la tierra de su actual Presidente, el Juez Dr. Ricardo C. Pérez Manrique.

No es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sesiona en Uruguay. Lo había hecho anteriormente en el      2019, pero con una integración de jueces diferente. En enero de 2022 asumieron cuatro nuevos jueces (Nancy Hernández López, Verónica Gómez, Patricia Pérez Goldberg y Rodrigo Mudrovitsch), entre los cuales se encuentran tres mujeres, lo que hace pensar que le dará una nueva perspectiva a los pronunciamientos del tribunal.

En esta oportunidad, se realizaron tres audiencias públicas de casos contenciosos y se deliberaron tres sentencias. Además, se desarrollaron tres seminarios públicos donde se trataron temas relativos a la defensa de los derechos humanos y el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

El primer seminario se llevó a cabo en el Palacio Legislativo en Montevideo, el martes 11 de octubre, con el título “Corte Interamericana de Derechos Humanos, Estado de Derecho y Control de convencionalidad’’. Se dividió en tres paneles, donde expusieron cada uno de los jueces interamericanos, profesores de las cinco Facultades de Derecho uruguayas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay y el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario.

El segundo, titulado “Funcionamiento y líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, fue en la ciudad de Punta del Este, el martes 18 de octubre, y contó con ponencias de los jueces Verónica Gómez, Humberto Antonio Sierra Porto y Nancy Hernández López.

El último, que trató el tema del “Impacto del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos’’, se desarrolló en la ciudad de Colonia el jueves 20 de octubre y contó con intervenciones del Secretario de la Corte IDH, Pablo Saavedra Alessandri, y profesores de la Universidad CLAEH.

Audiencias públicas de casos contenciosos

La Corte IDH celebró de manera presencial audiencias de tres casos contenciosos: Comunidad de La Oroya vs. Perú; Asociación Civil Memoria Activa vs. Argentina; y María y otro vs. Argentina. Las audiencias fueron abiertas al público y participaron abogados, académicos, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y público en general.

Caso Comunidad de La Oroya vs. Perú

Este fue el primer caso que trató la Corte IDH en su estancia en Uruguay y se relacionó con la alegada responsabilidad internacional del Estado peruano por los supuestos perjuicios causados a un grupo de pobladores de la Comunidad de La Oroya, una pequeña ciudad minera situada en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, como consecuencia de actos de contaminación realizados por un complejo metalúrgico instalado en dicha comunidad, que estuvo operando por casi un siglo. La audiencia pública se realizó el miércoles 12 y jueves 13 de octubre, en el Edificio MERCOSUR, en Montevideo.

Durante la sesión, declararon varios pobladores de la localidad y alegaron que el incumplimiento del Perú con sus obligaciones internacionales, permitió que la actividad minera generara altos niveles de contaminación que impactaron seriamente en su salud. Uno de los peritos, manifestó que el nivel de contaminación presente en esa comunidad es igual o superior al de la central nuclear de Chernóbil.

Las presuntas víctimas argumentaron que el Estado no cumplió con la debida diligencia y sus deberes de regular, supervisar y fiscalizar el comportamiento de las empresas privadas y estatales, con respecto a la potencial afectación a los derechos humanos de los habitantes de la comunidad, así como su obligación general de prevenir violaciones a los derechos humanos. Además, el Estado tampoco habría adoptado las medidas adecuadas para hacer frente a los riesgos ocasionados por la exposición al plomo y la contaminación ambiental en la salud de niños, niñas y adolescentes (NNA) de la comunidad.

Este se trata del primer caso presentado en el SIDH que documenta una situación de contaminación del medio ambiente, que provocó graves perjuicios a la vida y la salud de una población por la exposición a metales pesados y otras sustancias nocivas. Así, este asunto permitirá a la Corte IDH avanzar en su jurisprudencia, promover y fortalecer estándares de protección a los derechos humanos en las obligaciones estatales para la protección de poblaciones que puedan estar  en  particular  situación  de vulnerabilidad, como los NNA y los adultos mayores.

Caso Asociación Civil Memoria Activa vs. Argentina

La audiencia pública del segundo caso se desarrolló el jueves 13 y viernes 14 de octubre en el Edificio MERCOSUR. Trató sobre la presunta responsabilidad internacional del Estado respecto de uno de los hechos más trágicos de la historia reciente de la Argentina y la región: el atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 en la ciudad de Buenos Aires, hecho que provocó la muerte de 85 personas y heridas de gravedad de otras 151.

En la audiencia, las presuntas víctimas alegaron que el Estado de Argentina:

falló en su deber de prevención, ya que conocía la existencia de una situación de riesgo de atentado sobre sitios identificados con la comunidad judía argentina; sin embargo, no adoptó medidas para evitar dicho riesgo, y tampoco llegó a impulsar un plan general de combate al terrorismo.

cometió grandes irregularidades por medio de los órganos estatales que dirigieron la investigación sobre el atentado, que permitieron una demora irrazonable de 8 años en la investigación de los hechos relacionados con el atentado.

fue parte de un proceso de encubrimiento activo de los verdaderos responsables del atentado, ocultando la verdad a los familiares de las víctimas y a la población en general. De esta forma, violó su obligación de realizar una investigación seria y sancionar a todos los responsables de las falencias de la investigación

violó el derecho a acceder a la información vinculada con el atentado y decidió mantener fuera del alcance de los tribunales la documentación clasificada como secreta por los organismos de inteligencia que participaron en las investigaciones; y,

violó el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas.

La sala de audiencias se encontraba repleta de personas que asistieron para presenciar la declaración de los testigos, peritos y alegatos de las partes en el juicio. El recinto del Edificio MERCOSUR estaba rodeado de policías y guardias de seguridad, que se encargaron de custodiar y estar presentes para prevenir cualquier tipo de irregularidad que pudiera producirse durante el desarrollo de tan importante e histórica audiencia.

El clima en la sala fue de tensión. Declararon familiares de las presuntas víctimas. Entre ellas, la mujer de un hombre que murió en el atentado mientras arreglaba un aire acondicionado en la sede de la AMIA, dejándola viuda con una bebé de pocos meses. También declaró la hermana de otra víctima que trabajaba como asistente social en la AMIA y murió con 36 años, dejando huérfanas a sus dos hijas de 6 y 9 años.

Los abogados de la representación del Estado no interrogaron a ninguno de los declarantes (testigos, víctimas ni peritos) y eso causó ofensas. Al final de la audiencia, los abogados se excusaron diciendo que decidieron no hacer preguntas para no ofender y no re victimizar a las víctimas, y terminaron pidiendo disculpas.

El Estado argentino no disputó los argumentos de hecho, de derecho y los reclamos hechos por las presuntas víctimas, sino que reconoció su responsabilidad internacional por no haber prevenido un ataque de tal magnitud y no haber protegido a las víctimas.

Caso María y otro vs. Argentina

Este caso fue el último que escuchó la Corte IDH el día miércoles 19 de octubre en el Centro Cultural AFE, en la ciudad de Colonia. Trató sobre la presunta responsabilidad internacional del Estado argentino en el marco del proceso administrativo y judicial de guarda y adopción del niño “Mariano”, que lo perjudicó a él y a su madre “María”, que tenía 13 años al momento del nacimiento de su hijo. Se alegó que el Estado no adoptó las medidas para que el menor fuera criado por su familia biológica y excluyó injustificadamente a la familia extendida de «María», la cual había expresado la intención de adoptarlo semanas antes del parto. En su lugar, las autoridades judiciales argentinas entregaron al niño a un matrimonio en carácter de guardadores preadoptivos, sin base legal ni fundamentación alguna. De este modo, el Estado no aseguró que la decisión de adopción fuera libre y en el mejor interés superior del menor de edad.

Las presuntas víctimas alegaron que el Estado incumplió su deber de garantizar el derecho a la familia de “Mariano” y “María” y la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, a la vida familiar, a la protección de la familia, a la igualdad y a la protección judicial.

Otros asuntos que trató la Corte IDH

Además, la Corte IDH tuvo audiencias privadas en donde supervisó el cumplimiento de varias sentencias, entre ellas la del Caso Gelman vs. Uruguay, que declaró la responsabilidad internacional de Uruguay por el incumplimiento de sus obligaciones en relación con hechos ocurridos en la última dictadura militar, su investigación y sanción. También deliberó sobre tres casos contenciosos, la implementación de medidas provisionales que se encuentran bajo su conocimiento y cuestiones procesales de diferentes casos.

Conclusiones

Fueron jornadas fructíferas, en donde se discutieron temas significativos que contribuyeron a sensibilizar a las personas y despertar el interés en la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica y el funcionamiento del SIDH en la materia, en especial, el papel jurisdiccional de la Corte IDH.

La Corte IDH mostró ser un tribunal de “puertas abiertas” que quiere salir hacia donde está la gente, mostrar su trabajo y permitir que muchos la conozcan y participen de sus audiencias en países distintos. Fue una gran oportunidad para abogados, académicos, estudiantes, miembros de la sociedad civil y público en general, que cooperó para interiorizarse en el funcionamiento de este órgano regional, presenciar audiencias públicas y actividades académicas.

Citación académica sugerida: Maruri, Sofía. Semana de los Derechos Humanos en Uruguay: 153° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Agenda Estado de Derecho. 2022/11/03. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/semana-de-los-derechos-humanos-en-uruguay/

Palabras clave: Derechos humanos, Uruguay, Corte Interamericana de Derechos Humanos

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ACERCA DE LA AUTORA
Sofía Maruri Armand Ugón

Abogada por la Universidad de Montevideo (Uruguay). Master en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Oxford (Reino Unido). Profesora de Derechos Humanos en la Universidad de Montevideo (Uruguay). Asesora a legisladores y a organizaciones de la sociedad civil en temas relativos a los derechos humanos.

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Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.