Semana de los Derechos Humanos en Uruguay: 153° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
3 de Noviembre de 2022
Entre el 10 y el 21 de octubre de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró su 153 Período Ordinario de Sesiones en Uruguay, ¿cuáles fueron sus principales hallazgos? Informe especial para Agenda Estado de Derecho.
El más alto tribunal que juzga sobre violaciones de derechos humanos en la gran mayoría de los Estados del continente americano, se desplazó hasta Uruguay para sesionar durante dos semanas, en la tierra de su actual Presidente, el Juez Dr. Ricardo C. Pérez Manrique.
No es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sesiona en Uruguay. Lo había hecho anteriormente en el 2019, pero con una integración de jueces diferente. En enero de 2022 asumieron cuatro nuevos jueces (Nancy Hernández López, Verónica Gómez, Patricia Pérez Goldberg y Rodrigo Mudrovitsch), entre los cuales se encuentran tres mujeres, lo que hace pensar que le dará una nueva perspectiva a los pronunciamientos del tribunal.
En esta oportunidad, se realizaron tres audiencias públicas de casos contenciosos y se deliberaron tres sentencias. Además, se desarrollaron tres seminarios públicos donde se trataron temas relativos a la defensa de los derechos humanos y el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
El primer seminario se llevó a cabo en el Palacio Legislativo en Montevideo, el martes 11 de octubre, con el título “Corte Interamericana de Derechos Humanos, Estado de Derecho y Control de convencionalidad’’. Se dividió en tres paneles, donde expusieron cada uno de los jueces interamericanos, profesores de las cinco Facultades de Derecho uruguayas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay y el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario.
El segundo, titulado “Funcionamiento y líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, fue en la ciudad de Punta del Este, el martes 18 de octubre, y contó con ponencias de los jueces Verónica Gómez, Humberto Antonio Sierra Porto y Nancy Hernández López.
El último, que trató el tema del “Impacto del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos’’, se desarrolló en la ciudad de Colonia el jueves 20 de octubre y contó con intervenciones del Secretario de la Corte IDH, Pablo Saavedra Alessandri, y profesores de la Universidad CLAEH.
La Corte IDH celebró de manera presencial audiencias de tres casos contenciosos: Comunidad de La Oroya vs. Perú; Asociación Civil Memoria Activa vs. Argentina; y María y otro vs. Argentina. Las audiencias fueron abiertas al público y participaron abogados, académicos, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y público en general.
Este fue el primer caso que trató la Corte IDH en su estancia en Uruguay y se relacionó con la alegada responsabilidad internacional del Estado peruano por los supuestos perjuicios causados a un grupo de pobladores de la Comunidad de La Oroya, una pequeña ciudad minera situada en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, como consecuencia de actos de contaminación realizados por un complejo metalúrgico instalado en dicha comunidad, que estuvo operando por casi un siglo. La audiencia pública se realizó el miércoles 12 y jueves 13 de octubre, en el Edificio MERCOSUR, en Montevideo.
Durante la sesión, declararon varios pobladores de la localidad y alegaron que el incumplimiento del Perú con sus obligaciones internacionales, permitió que la actividad minera generara altos niveles de contaminación que impactaron seriamente en su salud. Uno de los peritos, manifestó que el nivel de contaminación presente en esa comunidad es igual o superior al de la central nuclear de Chernóbil.
Las presuntas víctimas argumentaron que el Estado no cumplió con la debida diligencia y sus deberes de regular, supervisar y fiscalizar el comportamiento de las empresas privadas y estatales, con respecto a la potencial afectación a los derechos humanos de los habitantes de la comunidad, así como su obligación general de prevenir violaciones a los derechos humanos. Además, el Estado tampoco habría adoptado las medidas adecuadas para hacer frente a los riesgos ocasionados por la exposición al plomo y la contaminación ambiental en la salud de niños, niñas y adolescentes (NNA) de la comunidad.
Este se trata del primer caso presentado en el SIDH que documenta una situación de contaminación del medio ambiente, que provocó graves perjuicios a la vida y la salud de una población por la exposición a metales pesados y otras sustancias nocivas. Así, este asunto permitirá a la Corte IDH avanzar en su jurisprudencia, promover y fortalecer estándares de protección a los derechos humanos en las obligaciones estatales para la protección de poblaciones que puedan estar en particular situación de vulnerabilidad, como los NNA y los adultos mayores.
La audiencia pública del segundo caso se desarrolló el jueves 13 y viernes 14 de octubre en el Edificio MERCOSUR. Trató sobre la presunta responsabilidad internacional del Estado respecto de uno de los hechos más trágicos de la historia reciente de la Argentina y la región: el atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 en la ciudad de Buenos Aires, hecho que provocó la muerte de 85 personas y heridas de gravedad de otras 151.
En la audiencia, las presuntas víctimas alegaron que el Estado de Argentina:
falló en su deber de prevención, ya que conocía la existencia de una situación de riesgo de atentado sobre sitios identificados con la comunidad judía argentina; sin embargo, no adoptó medidas para evitar dicho riesgo, y tampoco llegó a impulsar un plan general de combate al terrorismo.
cometió grandes irregularidades por medio de los órganos estatales que dirigieron la investigación sobre el atentado, que permitieron una demora irrazonable de 8 años en la investigación de los hechos relacionados con el atentado.
fue parte de un proceso de encubrimiento activo de los verdaderos responsables del atentado, ocultando la verdad a los familiares de las víctimas y a la población en general. De esta forma, violó su obligación de realizar una investigación seria y sancionar a todos los responsables de las falencias de la investigación
violó el derecho a acceder a la información vinculada con el atentado y decidió mantener fuera del alcance de los tribunales la documentación clasificada como secreta por los organismos de inteligencia que participaron en las investigaciones; y,
violó el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas.
La sala de audiencias se encontraba repleta de personas que asistieron para presenciar la declaración de los testigos, peritos y alegatos de las partes en el juicio. El recinto del Edificio MERCOSUR estaba rodeado de policías y guardias de seguridad, que se encargaron de custodiar y estar presentes para prevenir cualquier tipo de irregularidad que pudiera producirse durante el desarrollo de tan importante e histórica audiencia.
El clima en la sala fue de tensión. Declararon familiares de las presuntas víctimas. Entre ellas, la mujer de un hombre que murió en el atentado mientras arreglaba un aire acondicionado en la sede de la AMIA, dejándola viuda con una bebé de pocos meses. También declaró la hermana de otra víctima que trabajaba como asistente social en la AMIA y murió con 36 años, dejando huérfanas a sus dos hijas de 6 y 9 años.
Los abogados de la representación del Estado no interrogaron a ninguno de los declarantes (testigos, víctimas ni peritos) y eso causó ofensas. Al final de la audiencia, los abogados se excusaron diciendo que decidieron no hacer preguntas para no ofender y no re victimizar a las víctimas, y terminaron pidiendo disculpas.
El Estado argentino no disputó los argumentos de hecho, de derecho y los reclamos hechos por las presuntas víctimas, sino que reconoció su responsabilidad internacional por no haber prevenido un ataque de tal magnitud y no haber protegido a las víctimas.
Este caso fue el último que escuchó la Corte IDH el día miércoles 19 de octubre en el Centro Cultural AFE, en la ciudad de Colonia. Trató sobre la presunta responsabilidad internacional del Estado argentino en el marco del proceso administrativo y judicial de guarda y adopción del niño “Mariano”, que lo perjudicó a él y a su madre “María”, que tenía 13 años al momento del nacimiento de su hijo. Se alegó que el Estado no adoptó las medidas para que el menor fuera criado por su familia biológica y excluyó injustificadamente a la familia extendida de “María”, la cual había expresado la intención de adoptarlo semanas antes del parto. En su lugar, las autoridades judiciales argentinas entregaron al niño a un matrimonio en carácter de guardadores preadoptivos, sin base legal ni fundamentación alguna. De este modo, el Estado no aseguró que la decisión de adopción fuera libre y en el mejor interés superior del menor de edad.
Las presuntas víctimas alegaron que el Estado incumplió su deber de garantizar el derecho a la familia de “Mariano” y “María” y la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, a la vida familiar, a la protección de la familia, a la igualdad y a la protección judicial.
Además, la Corte IDH tuvo audiencias privadas en donde supervisó el cumplimiento de varias sentencias, entre ellas la del Caso Gelman vs. Uruguay, que declaró la responsabilidad internacional de Uruguay por el incumplimiento de sus obligaciones en relación con hechos ocurridos en la última dictadura militar, su investigación y sanción. También deliberó sobre tres casos contenciosos, la implementación de medidas provisionales que se encuentran bajo su conocimiento y cuestiones procesales de diferentes casos.
Fueron jornadas fructíferas, en donde se discutieron temas significativos que contribuyeron a sensibilizar a las personas y despertar el interés en la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica y el funcionamiento del SIDH en la materia, en especial, el papel jurisdiccional de la Corte IDH.
La Corte IDH mostró ser un tribunal de “puertas abiertas” que quiere salir hacia donde está la gente, mostrar su trabajo y permitir que muchos la conozcan y participen de sus audiencias en países distintos. Fue una gran oportunidad para abogados, académicos, estudiantes, miembros de la sociedad civil y público en general, que cooperó para interiorizarse en el funcionamiento de este órgano regional, presenciar audiencias públicas y actividades académicas.
Citación académica sugerida: Maruri, Sofía. Semana de los Derechos Humanos en Uruguay: 153° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Agenda Estado de Derecho. 2022/11/03. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/semana-de-los-derechos-humanos-en-uruguay/
Palabras clave: Derechos humanos, Uruguay, Corte Interamericana de Derechos Humanos
Abogada por la Universidad de Montevideo (Uruguay). Master en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Oxford (Reino Unido). Profesora de Derechos Humanos en la Universidad de Montevideo (Uruguay). Asesora a legisladores y a organizaciones de la sociedad civil en temas relativos a los derechos humanos.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
