Seis claves para reducir la inseguridad ciudadana y consolidar el Estado de Derecho en América Latina

19 de Noviembre de 2021
Seis claves para reducir la inseguridad ciudadana y consolidar el Estado de Derecho en América Latina
Sebastián Januszevski: Flickr

¿Cuál es la relación entre la confianza en las instituciones y la disminución de la inseguridad ciudadana?

La seguridad ciudadana es un bien público que los Estados deben proveer para prevenir y controlar delitos y violencias, asegurar el cumplimiento de normas de convivencia y el funcionamiento de los sistemas de justicia y penitenciario. La evidencia nos demuestra que sin seguridad no hay democracia, crecimiento, ni desarrollo.

Por ello, preocupa que América Latina y el Caribe (ALC) sea la región más insegura. Con apenas el 9% de la población mundial, en ALC se comete el 33% de los homicidios del mundo (UNODC, 2018). Además, 75% de su población teme ser víctima de un delito (Latinobarómetro, 2020), en comparación con 29% a escala mundial (Gallup, 2020). De hecho, uno de cada tres latinoamericanos considera que la delincuencia es el principal problema del país (LAPOP, 2014-2019).

La delincuencia genera un alto costo económico y social por pérdidas en capital humano, afectaciones al bienestar y seguridad ciudadana, y obstáculos al desarrollo económico. Se calcula que el crimen y la violencia le cuestan a la región en promedio 3.5% del PIB (BID, 2017). Además, 25% de las empresas consultadas por el Banco Mundial en 150 países considera que la delincuencia es la principal restricción para hacer negocios en ALC (Banco Mundial, 2018).

Para afrontar este desafiante panorama, es imprescindible contar con instituciones de seguridad y justicia fortalecidas, que gocen de legitimidad y confianza ciudadana; consolidar el Estado de Derecho, y reducir la vulnerabilidad de poblaciones en riesgo.

Desafíos que afrontan las instituciones de seguridad y justicia

Uno de los problemas que afrontan las instituciones encargadas de proveer servicios de seguridad y justicia es la baja confianza ciudadana y el deterioro de su legitimidad. Actualmente, la confianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad y justicia en ALC está en un promedio de 35% (Latinobarómetro, 2018), comparada con un 70% a escala mundial (Gallup, 2018). La confianza es baja porque las instituciones no son percibidas como fuente de servicios efectivos a la ciudadanía.

Las instituciones de seguridad y justicia están rebasadas en su capacidad para atender la demanda ciudadana y la tasa de resolución de delitos es muy baja: se condenan 24 delincuentes por cada 100 víctimas, mientras que en Europa esa tasa es de 81 (UNODC, 2018). La baja digitalización de los servicios y procesos contribuye con estos retrasos. Además, existe una amplia desigualdad en el acceso a servicios de seguridad y justicia para las poblaciones más vulnerables.

Además, la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno en el sector de seguridad y justicia es baja. Aunque varios países de ALC como Colombia, Chile, México, Argentina, entre otros, han desarrollado estrategias de seguridad nacional mediante políticas para reducir la violencia y el delito, la implementación resulta desafiante por los bajos niveles de comunicación, planeación, coordinación, e integración entre los ámbitos nacional y local. Asimismo, las políticas y programas no reconocen la interdependencia que existe entre las diferentes instancias del sistema de seguridad y justicia, lo cual impide lograr una efectiva política criminal (BID 2017).

 La baja confianza ciudadana en los sistemas de seguridad ciudadana y justicia en ALC y los altos índices de criminalidad son dos caras de la misma moneda. Para romper este círculo vicioso, es necesario atacar los dos problemas.

Medidas que pueden adoptar las instituciones de seguridad y justicia para reducir la inseguridad

Para lograr una reducción en los niveles de inseguridad y la consolidación del Estado de Derecho, se deben mejorar los niveles de legitimidad y confianza de las instituciones de seguridad y justicia mediante el fortalecimiento de sus procesos, recursos humanos y capacidad de atención ciudadana. El objetivo final es construir instituciones efectivas y eficientes, que provean servicios adecuados de seguridad y justicia (prevención, control, investigación, judicialización, condena y rehabilitación). Para ello es necesario, entre otras opciones:

1) Mejorar la justicia procedimental, para generar círculos virtuosos de legitimidad, confianza y efectividad, mediante procesos justos y respetuosos. Más que el resultado, los ciudadanos valoran que las acciones y el trato recibido sean justos. Esta percepción de justicia se relaciona con mayor confianza en las instituciones y en sus decisiones. Las víctimas pueden ser las principales evaluadoras del sistema de seguridad y justicia. Si perciben que la denuncia es un mecanismo efectivo para judicializar los delitos y que conduce a penas proporcionales, tendrán confianza en el sistema, aumentarán las demandas y por ende la efectividad del sistema.

2) Fortalecer los procesos de profesionalización y especialización del personal de las instituciones de seguridad y justicia. Si no contamos con instituciones de seguridad y justicia profesionalizadas, no podemos esperar respuestas efectivas a la prevención, control y atención de las violencias. Necesitamos personal capacitado y comprometido con los derechos humanos, claros protocolos y sistemas de evaluación de actuación, y prestaciones para la dignificación y el bienestar social del personal, que impacten efectivamente sobre su carrera.

3) Tener un sistema de información amplio y transparente, que facilite la comunicación entre las instituciones y la sociedad civil. Es decir, un mecanismo de acompañamiento y rendición de cuentas que contribuya a la construcción de estándares mínimos requeridos para mejorar el servicio al ciudadano. Abrir espacios y canales de comunicación entre la ciudadanía y las instituciones promueve la corresponsabilidad en el manejo de la seguridad y convivencia, contribuyendo a mejores condiciones de seguridad.

4) Incorporar herramientas tecnológicas para aumentar sus capacidades, reducir sus costos y mejorar su efectividad. La digitalización de los servicios y procesos permitiría aumentar la conectividad con los ciudadanos y así mejorar la cobertura y el acceso para toda la población. Esto incluye adoptar mecanismos para asegurar la inclusión de las poblaciones más vulnerables. La digitalización también puede contribuir a mejorar la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.

5) Fortalecer espacios de coordinación entre autoridades locales y nacionales, para contar con una eficiente gestión de seguridad a nivel local. Para ello, se deben establecer esquemas de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, intercambiando información confiable desde un sistema moderno que genere insumos para la toma cualificada de decisiones de política pública. Asimismo, se deben fortalecer a los gobiernos locales y promover acuerdos de trabajo conjunto entre las distintas instancias del sistema de seguridad y justicia, con el objetivo de prevenir y reducir violencias y delitos.

6) Poner al ciudadano en el centro. Si las instituciones cumplen las misiones para las que fueron creadas, centrando su razón de ser en el servicio de calidad a la ciudadanía, crece la confianza. Si se mantienen altos niveles de confianza, se fortalece la legitimidad institucional, necesaria para que la ciudadanía sienta las instituciones como propias y por tanto colabore con ellas.

 Los países de la región continuarán estando expuestos a fenómenos y situaciones sociales que exigen contar con una mayor y mejor calidad del servicio, poniendo a prueba la fortaleza y credibilidad de las instituciones de seguridad y justicia. En este sentido, se deben promover estrategias y políticas públicas que consoliden la buena gobernanza y la efectividad de las instituciones de seguridad y justicia, mediante el fortalecimiento de la justicia procedimental, la profesionalización y especialización del personal de estas instituciones, la incorporación de innovaciones tecnológicas para mejorar su efectividad y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Con la ciudadanía siempre en el centro de toda decisión y acción.

Citación académica sugerida: Cedillo López, Bárbara. Seis claves para reducir la inseguridad ciudadana y consolidar el Estado de Derecho en América Latina, Agenda Estado de Derecho, 2021/11/19. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/seis-claves-para-reducir-la-inseguridad-ciudadana-y-consolidar-el-estado-de-derecho-en-america-latina/

América Latina, confianza, instituciones, justicia, legitimidad, seguridad ciudadana, inseguridad, Estado de Derecho.

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ACERCA DE LA AUTORA
Bárbara Cedillo López

Consultora internacional y experta en temas de seguridad ciudadana y justicia en América Latina y el Caribe (ALC). Recientemente trabajó en el Clúster de Seguridad Ciudadana y Justicia del Departamento de Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde la sede en Washington, D.C., se enfocó en operaciones de préstamo y actividades de conocimiento para los países de ALC. Asimismo, ha sido consultora del Departamento de Seguridad Pública de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de otras áreas en el Banco Mundial. Anteriormente, trabajó en el área de comunicación social del Consejo de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República en México. Es Maestra en Seguridad por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y Licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 

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