La preocupación por la crisis de seguridad es auténtica, e involucra a toda la sociedad chilena incluyendo tanto a nacionales como a extranjeros. El derecho a vivir en ambientes seguros y ajenos a la delincuencia y el crimen organizado, debiese ser prioritario considerando el impacto que esto tiene en el ejercicio de la generalidad de derechos fundamentales. Sin embargo, es honestamente poco probable que una tramitación exitosa de este proyecto de ley pueda significar una contribución efectiva al combate de la delincuencia, y un ejercicio adecuado del control a la inmigración. Por el contrario, el proyecto de ley parece sintonizar retóricamente de manera muy clara con aquellos discursos electoralmente rentables, que conciben al combate de la inmigración como una de sus principales banderas de lucha.

La mera tipificación del delito no asegura, en absoluto, que sea perseguido y efectivamente sancionado, como quedó demostrado con anterioridad a la vigencia de la actual legislación migratoria. Cuando en el país se cometen crímenes de gravedad que requieren del esfuerzo conjunto de toda la institucionalidad del sistema procesal penal, parece poco realista que el Ministerio Público, los tribunales de justicia y la autoridad migratoria administrativa inviertan tiempo y recursos en el esclarecimiento y sanción de todos y cada uno de los ingresos clandestinos a territorio chileno, sumado a las dificultades probatorias relativas a la comisión del delito, cuya evidencia descansará, generalmente, en la sola confesión de la persona migrante de haber ingresado a través de un paso no habilitado al país.

Una re-tipificación del delito de ingreso irregular constituye un retroceso en el enfoque con que el Estado chileno se ha aproximado a las migraciones desde la Ley N° 21.325, al regresar no sólo retóricamente, sino que jurídicamente, a mecanismos de control migratorio que consideran a las personas migrantes como individuos peligrosos para la seguridad interior, y estereotipan la inmigración irregular asociándola directamente a la delincuencia. La tipificación del ingreso irregular como delito o la regulación de la expulsión del país como una herramienta ordinaria del sistema procesal penal, son consecuencia de la incorporación de consideraciones de política criminal a la política migratoria, a través de un fenómeno que ha sido bautizado por la profesora de derecho estadounidense, Juliette Stumpf, como “criminalización del derecho migratorio” o “crimigracion” (Crimmigration).

A través de la “crimigración”, plantea Stumpf, se provee de insumos teóricos y jurídicos para justificar decisiones que supongan la exclusión, y con ello la privación y/o restricción de la población migrante. Al trasladar parte importante del eje de la “cuestión migratoria” al ámbito de la política criminal y el sistema procesal penal, el aparato estatal robustece sus dispositivos coactivos para el control de la inmigración, amenazando principios básicos de una democracia constitucional, como es el respeto y garantía de los derechos humanos, tales como el derecho a no ser discriminado en razón del origen nacional, étnico o racial, el derecho de acceso a la justicia, el derecho a defensa, y el derecho a la libertad personal. Junto con ello, se persigue complacer a un electorado mayoritariamente hostil a las migraciones, y legitimar por esa vía, la adopción de medidas que no dirigen el foco a los migrantes irregulares que delinquen, sino que a los migrantes irregulares en su conjunto, aunque las causas de su desplazamiento y sus situaciones particulares poco tengan que ver con el delito o el crimen organizado.