Reelección presidencial: una amenaza a la democracia en El Salvador

14 de Septiembre de 2022
Reelección presidencial: una amenaza a la democracia en El Salvador
Tomado de Twitter oficial del Presidente de El Salvador @nayibbukele

La historia política y constitucional de El Salvador demuestra que la reelección presidencial es perjudicial para la democracia y los derechos humanos.

La Constitución salvadoreña, vigente desde 1983 y reformada en 1992 en ocasión de los Acuerdos de Paz, en su artículo Art. 152 establece: “No podrán ser candidatos a Presidente de la República: 1º- El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses” a su vez el art. 154 dispone: “El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.

Aunado a lo anterior debe relacionarse el art. 131 No. 16 de la Constitución que mandata: “Corresponde a la Asamblea Legislativa: Desconocer obligatoriamente al Presidente de la República o al que haga sus veces cuando terminado su período constitucional continúe en el ejercicio del cargo. En tal caso, si no hubiere persona legalmente llamada para el ejercicio de la Presidencia, designará un Presidente Provisional”.

Antecedentes de la reelección presidencial en El Salvador

Como precedente constitucional inmediato a dicha disposición, se encuentra la Constitución Política de El Salvador de 1950 que en su art. 65 señala: “El ciudadano que haya desempeñado a cualquier título la Presidencia de la República no podrá ser Presidente, Vice-Presidente o Designado en el período presidencial inmediato”. 

A diferencia de otros países de Latinoamérica que de 1950 hasta 1990, condicionaron la posibilidad de reelección del presidente, El Salvador se caracterizó por prohibirla de manera absoluta, esto debido al innegable rechazo popular hacia la reelección inmediata, producto de la Dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez “El Brujo”.

El General Hernández Martínez, quien ejerció la presidencia del 02 de diciembre de 1931 hasta el 9 de mayo de 1944 -entonces por dos periodos     , fue unos de los más grandes genocidas de la historia de El Salvador, pues bajo su mandato se perpetró la masacre de 1932 donde más de 30 mil indígenas/campesinos fueron fusilados en lo que llegaría a ser “la matanza” y en algunos casos hasta pueblos enteros desaparecieron. Huelga mencionar que, en la Constitución de Hernández Martínez, de 1939, también se prohibió la reelección, salvo la excepción que el dictador se concedió a sí mismo.

La reelección en la Constitución actual

Debe destacarse que la actual Constitución salvadoreña en su art. 88 reza: “La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección”, es decir, se establece el derecho constitucional del pueblo a la insurrección a efecto de salvaguardar la forma de gobierno, a contrario sensu debe entenderse que cualquier forma o intento de reelección atentatoria contra la forma de gobierno democrática que emana del texto constitucional.

No obstante, debe existir claridad jurídica e histórica en cuanto a los motivos que originan la prohibición constitucional respecto a la Reelección Presidencial. En la actualidad puede observarse con preocupación una clara intención por parte del gobierno de turno a romper con esa norma constitucional basándose en artilugios judiciales provenientes de una Sala de lo Constitucional dependiente del Órgano Ejecutivo.

Golpe de Estado técnico, fraude constitucional y reelección presidencial

Debe recordarse de a partir del Golpe de Estado Técnico acaecido en contra del Órgano Judicial el 1 de mayo de 2021 mediante el cual la Asamblea Legislativa de El Salvador, sin procedimiento previo, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, electos y nombrados constitucionalmente, con el único propósito de imponer de forma inconstitucional nuevos magistrados afines al Órgano Ejecutivo particularmente a la Presidencia de la República, quienes han emitido una resolución a todas luces inconstitucional autorizando la reelección presidencial inmediata, aun cuando la Constitución salvadoreña la prohíbe expresamente.

Según los Magistrados afines al oficialismo, la prohibición del artículo 152 ya citado no prohíbe la reelección presidencial al actual presidente, sino que prohíbe participar en las próximas elecciones presidenciales al último expresidente, particular forma de establecer un fraude a la Constitución, partiendo de la misma interpretación de la carta magna y que a su vez denota ausencia de un análisis integral de su normativa o de un adecuado ejercicio hermenéutico.        

Es innegable púes que el equilibrio de poderes se ha roto en El Salvador, y frente a esta circunstancia en palabras del abogado salvadoreño Gilberto Canjura Velásquez “debemos entender que se ha interrumpido el Estado Constitucional y Democrático de Derecho y en consecuencia cualquier cosa podría suceder” y es que la instauración de la reelección presidencial ocurre dentro un marco que refleja una crisis institucional muy marcada por el deterioro de la independencia judicial.      

La Sala de lo Constitucional, en lugar de regular el poder político dentro de los límites establecidos por la Constitución, ha sido funcional a los intereses presidenciales, emitiendo resoluciones como la antes citada que permite la reelección. Así pues, queda en evidencia la dependencia política del Órgano Judicial respecto del Presidente de la República, lo cual es una condición necesaria para lograr la reforma constitucional orientada a la reelección indefinida, y que incluso presidentes sin apoyos legislativos o impopulares pueden lograr la reelección si controlan un Tribunal con poder de control de constitucionalidad.

Reflexión final

En el pasado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, había establecido en precedentes jurisprudenciales que existe una prohibición de reelección próxima o inmediata, sucesiva o continua, así como de permanencia en el cargo de Presidente de la persona que ya lo haya ejercido a cualquier título, concluyendo que la Constitución sí habilita la reelección discontinua, siempre que entre el ejercicio de la Presidencia de la República por elección y el ejercicio por reelección, medien dos períodos presidenciales.       

Sin embargo, dados los antecedentes y crisis institucional actual, existe la probabilidad de que se esté allanando el camino para la reelección presidencial y en consecuencia a una Dictadura, las cuales en América Latina usualmente han ido siempre acompañadas del militarismo, que ha sido una característica particular desde el inicio del actual gobierno.

Si bien es cierto en la actualidad en El Salvador se atraviesa por una crisis en la que las instituciones no están cumpliendo con sus principales funciones, por favorecer a determinados intereses políticos partidarios, no queda otra labor que  acudir en defensa del Estado Constitucional y Democrático de Derecho luchando por el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, particularmente el Tribunal Supremo Electoral que como principal garante de los procesos electorales debe mantener su independencia y aplicar un control directo de constitucionalidad evitando en el futuro la inscripción de candidaturas que den paso a la amenaza de una posible reelección presidencial.

Citación académica sugerida: Citación académica sugerida: Canjura, Óscar. Reelección presidencial: una amenaza a la democracia en El Salvador. Agenda Estado de Derecho. 2022/09/14. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/reeleccion-presidencial-una-amenaza-a-la-democracia-en-el-salvador/

Palabras clave: Reelección presidencial, EL Salvador, Corte Suprema de Justicia.

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ACERCA DEL AUTOR
Óscar Gilberto Canjura Zelaya

Abogado y notario de la República, licenciado en Ciencias Jurídicas y maestro en Derecho de Empresa por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), con estudios especializados en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Políticas Publicas. Miembro de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estado consultivo ante la ONU. miembro fundador de la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador.

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