Racismo y violencia policial: las otras pandemias de Brasil y las Américas

2 de Septiembre del 2020
Racismo y violencia policial: las otras pandemias de Brasil y las Américas

En días recientes, se han producido nuevas protestas contra el racismo en Estados Unidos. Se trata de movilizaciones que recuerdan a las ocurridas hace unos meses, cuando millones de personas en todo el mundo se indignaron al ver el asesinato brutal de George Floyd, un hombre negro, a manos de un agente policial blanco en la ciudad estadounidense de Minneapolis. En ciudades norteamericanas, europeas, latinoamericanas, africanas y asiáticas, miles de personas salieron a las calles en grandes aglomeraciones a pesar de la pandemia para denunciar otras patologías estructurales: el racismo y la violencia policial.

Aunque el reclamo de #BlackLivesMatter (Las Vidas Negras Importan) adquirió repercusión global, se enfocó casi exclusivamente en el contexto estadounidense, a pesar de que la doble problemática de racismo y violencia policial se manifiesta de una forma aún más aguda y urgente en América Latina, particularmente en Brasil. Las policías brasileñas ejercen modalidades de violencia indiscutiblemente autoritarias, con alarmantes tasas de letalidad implementadas según un marcado filtro racial y con pocos mecanismos de control externo, como se verá a continuación.

El ejercicio del monopolio de la violencia por parte de las policías brasileñas no solo constituye un repositorio del autoritarismo —incompatible con la democracia y el Estado de Derecho—, sino que representa otra pandemia que la sociedad brasileña debe afrontar. Al igual que la COVID-19, esta pandemia policial afecta desproporcionadamente a las comunidades empobrecidas y racializadas, con un saldo preocupante de víctimas fatales. 

El filtro racial de la violencia policial

En un evento virtual reciente, organizado por la agrupación brasileña Deporte por la Democracia, Débora Silva, fundadora del Movimiento Mães de Maio y madre de un joven negro asesinado por la policía en mayo de 2006, compartió sus reflexiones sobre la violencia policial racializada en Brasil y declaró que los jóvenes negros brasileños “al nacer ya son sentenciados a la muerte”. Al examinar las cifras de letalidad policial en Brasil, se puede confirmar la acertada observación de Débora Silva.

Según el informe anual del Foro Brasileño de Seguridad Pública, las policías brasileñas mataron a más de 6.200 personas en 2018, 11% de todas las muertes violentas intencionales en el país. De éstas, 75% de las víctimas fatales eran negras, comparado con 55% de la población negra brasileña. La desigualdad es aun mayor en ciertos estados. En el Estado de São Paulo, un análisis realizado por el Ombudsman policial demostró que 65% de las víctimas fatales de la policía en 2017 eran negras, comparado con menos del 40% de la población paulista.

Estos patrones de violencia revelan un claro filtro racial: el color de piel resulta ser un determinante importante de la intervención policial. Investigaciones académicas han demostrado que criterios raciales influyen en las requisas de personas y arrestos efectuados por las policías brasileñas. Pero no han sido solo los expertos quienes han señalado estas discrepancias raciales. En 2013 fue publicada una orden de servicio emitida por la policía en la ciudad de Campinas, en la que agentes policiales recibieron la orden de enfocarse en personas negras al realizar requisas en un vecindario pudiente. Unos años después, el comandante de la unidad de “élite” de la Policía Militar de São Paulo, la ROTA, fue aún más directo al declarar que “la forma de realizar requisas tiene que ser diferente” en un barrio rico y blanco como Jardins, en comparación con zonas periféricas, donde reside la mayoría de la población negra y pobre.

Estas prácticas policiales (re)producen la ciudadanía estratificada, una condición en la cual los derechos ciudadanos y la relación entre la ciudadanía y el Estado son determinados por criterios de raza, clase social o ubicación geográfica. En el caso de la violencia policial, esta ciudadanía diferenciada por raza o estrato social tiene implicaciones de vida o muerte, lo que representa una amenaza grave para la democracia y el Estado de Derecho.

Un monopolio de violencia sin control democrático

Un contexto democrático en el cual la actuación policial –incluso el uso de la fuerza letal– es determinado por características de raza y clase social es la antítesis del Estado de Derecho. La promesa de la democracia es que sus instituciones actuarán para contener el monopolio de violencia del Estado dentro del marco del Estado de Derecho. Sin embargo, lejos de alcanzar el control civil democrático, lo que hemos observado de manera reiterada en Brasil ha sido la complicidad de las instituciones en estos patrones de violencia de estado descontrolada y racializada, sea por omisión o comisión.

A nivel federal, el presidente Jair Bolsonaro y su entonces Ministro de Justicia, Sérgio Moro, presentaron un proyecto de ley para ampliar la figura de la legítima defensa, que fue criticado por organismos de derechos humanos por favorecer la impunidad en casos de violencia policial letal. Aunque la versión final de la ley “anticrime” no incluyó ese aspecto, el clima de impunidad sigue vigente, manifiesto en el notable aumento de las tasas de letalidad policial. En São Paulo, la letalidad policial ha alcanzado los niveles más altos en casi dos décadas, con más de 500 civiles muertos en el primer semestre de 2020, mientras la ley federal “anticrime” y un decreto estaduahan obstaculizado la investigación de casos de letalidad policial. En Río de Janeiro, tras un año de niveles históricos de muertes causadas por la policía, más de 1.800 en 2019, una investigación del periódico New York Times constató que “agentes [policiales] disparan sin restricciones, protegidos por superiores y por líderes políticos.”

A pesar de este grave panorama, algunos acontecimientos recientes son alentadores, y reflejan una mayor disposición por parte de las instituciones democráticas de controlar la violencia policial. El Ministerio Público del Estado de São Paulo emitió un pronunciamiento oficial contra la norma previamente citada que impedía el avance de centenares de investigaciones de letalidad policial. En Río de Janeiro, una medida temporaria del Supremo Tribunal Federal prohibió las operaciones policiales en las favelas durante el transcurso de la pandemia de la COVID-19, lo que ha supuesto una reducción de 72% en las muertes ocurridas en el contexto de operaciones policiales en estas comunidades.

Aún queda por ver si las instituciones democráticas actuarán para frenar la violencia policial descontrolada a largo plazo, en contraste con la indiferencia institucional ante el impacto devastador de la COVID-19. Ambos fenómenos son dos caras de la misma moneda, manifestaciones de la pandemia original brasileña, el racismo estructural.

Citación académica sugerida: González, Yanilda María: Racismo y violencia policial: las otras pandemias de Brasil y las Américas. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/racismo-y-violencia-policial-las-otras-pandemias-de-brasil-y-las-americas/

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ACERCA DE LA AUTORA
Yanilda María González

Es profesora de políticas públicas en la Harvard Kennedy School, especialista en violencia policial y reformas policiales en América Latina. Su libro Authoritarian Police in DemocracyContested Security in Latin America será publicado en noviembre por Cambridge University PressRecibió su doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Princeton. Más información.

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