El 28 de abril de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó su Resolución 2/2026 sobre Políticas Fiscales y Derechos Humanos en las Américas. En ella, la CIDH sistematiza estándares sobre cómo alinear la generación y asignación de recursos públicos con principios como la igualdad y no discriminación y la rendición de cuentas (temas abordados previamente en sus informes sobre pobreza, empresas, y políticas públicas, y sus Resoluciones sobre pandemia y sobre clima, entre otros). La Resolución se emitió un año después de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU hiciera algo similar mediante su declaración sobre Política tributaria y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

En esta entrada no voy a profundizar en temas específicos de la Resolución, que ya han sido discutidos en otros espacios, sino a dar un paso atrás para situar su importancia transversal en un contexto de grandes desafíos para los organismos internacionales de derechos humanos (y otras instituciones multilaterales). Estos organismos hoy enfrentan falta de financiamiento, cuestionamientos a su efectividad y legitimidad, resistencia abierta de varios gobiernos, y críticas a las agendas “acotadas” que han priorizado, al mismo tiempo que cuestionamientos por inmiscuirse en cuestiones domésticas de los Estados.

Asumiendo que el proyecto del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) merece ser defendido (y, tomando en serio las críticas bienintencionadas, fortalecido), la Resolución 2/2026 de la CIDH ofrece una respuesta incipiente pero promisoria a algunas de las objeciones mencionadas. Este argumento se apoya en cuatro razones.

Primero, la Resolución se contrapone a la crítica que ve al DIDH como un instrumento elitista, abstracto, y distanciado de las realidades y demandas locales. Por el contrario, los estándares de la Resolución fueron construidos “de abajo para arriba”, a partir de peticiones sostenidas durante más de una década por organizaciones y movimientos de toda la región. Como ejemplos pueden verse las audiencias temáticas de la CIDH sobre política fiscal y derechos humanos de 2015, 2018 y 2023.

En segundo lugar, los organismos internacionales son criticados en ocasiones por la falta de transparencia y rendición de cuentas sobre su funcionamiento. La Resolución 2/2026 modela en cambio un procedimiento abierto y participativo. La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), que impulsó la Resolución, incluyó el tema en su plan de trabajo luego de una serie de consultas. En la preparación de la Resolución también se crearon espacios de participación en distintos países, se recibieron insumos por escrito, y se convocó a una audiencia de oficio.

En tercer lugar, la Resolución contrarresta una crítica a los derechos humanos enfocada en su interpretación restringida a algunos derechos civiles y políticos, su poco involucramiento con temas de desigualdad económica, o su priorización de algunos grupos en detrimento de otros. Por el contrario, la Resolución 2/2026 se enfoca en cuestiones esenciales para asegurar un nivel de vida adecuado a amplios sectores de la población y abordar las desigualdades estructurales.

No es llamativo que esto haya sucedido en el marco de la OEA. Como señala la propia Resolución, la Carta de la OEA aborda la eliminación de la pobreza crítica, la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza, y la promoción de sistemas impositivos adecuados y equitativos. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH) establece el deber de pagar impuestos para el sostenimiento de los servicios públicos. En una región caracterizada por fuertes desigualdades, muchas constituciones nacionales también se refieren a la progresividad o la equidad tributaria.

En cuarto lugar, algunos sectores critican a los organismos internacionales por exceder sus mandatos e inmiscuirse en temas de política doméstica. Estimo que esta es la crítica central del voto disidente razonado del comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana en la Resolución, y que debe tomarse en serio. Sin embargo, creo que la Resolución no adolece de dicho problema, ni es más detallada que otros documentos y decisiones del mismo Sistema.

La Resolución recuerda desde sus considerandos el margen de acción con el que cuentan los Estados, en contraposición a la preocupación del voto disidente por la imposición de un determinado modelo económico. Cabe recordar que las discusiones sobre si los estándares de derechos humanos exigen un sistema económico particular están saldadas ya, al menos, desde 1990. En ese año, el Comité DESC de la ONU, interpretando los deberes del Estado bajo el PIDESC, esclareció que las obligaciones del Pacto no exigen ni excluyen ningún “tipo específico de gobierno o de sistema económico (…) con la única salvedad de que todos los derechos humanos se respeten en consecuencia” (aunque se ha argumentado recientemente que originalmente para juristas y diplomáticos latinoamericanos, los derechos sociales requerían el reconocimiento de la autoridad de los Estados para reorganizar la economía).

Sin embargo, el DIDH impone obligaciones a los Estados, y por ende límites a su discrecionalidad para definir lo meramente “conveniente”. Un Estado parte de los tratados básicos de derechos humanos no podría alegar que tiene discrecionalidad para dejar de cobrar cualquier clase de impuesto, cobrar solo impuestos a las mujeres, o asignar recursos presupuestarios exclusivamente a las funciones de seguridad y defensa. Estos ejemplos exagerados ilustran que el margen de acción del Estado tiene límites también en materia fiscal.

La Resolución es concreta en los temas que incluye, puesto que no reitera cláusulas de tratados sino que las aterriza al tema fiscal. Por ejemplo, conecta el principio de igualdad con la manera en que la tributación puede aumentar o disminuir desigualdades existentes, o desarrolla la relevancia de la tributación para la vigencia de los principios de un sistema democrático. Sin embargo, no es excesivamente prescriptiva. De hecho, otros organismos internacionales que analizan temas fiscales pueden ser mucho más específicos en sus recomendaciones (como el Fondo Monetario Internacional FMI, que suele recomendar reformas puntuales a sistemas de seguridad social, tributos, o proponer recortes de gastos tarifados). Si bien las recomendaciones de otros organismos, naturalmente, no definen el alcance de la competencia de la CIDH, ellas sirven para ilustrar el grado de detalle que aquéllas pueden alcanzar en materia fiscal.

Veamos algunos ejemplos. La disidencia objeta que se imponga un “determinado nivel de presión fiscal” (par. 36 de la disidencia). Sin embargo, la Resolución en ningún punto hace eso. Por el contrario, expresa que los Estados deben adoptar medidas orientadas a ampliar el espacio fiscal de manera compatible con los derechos humanos, y demostrar que se han esforzado por hacerlo, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones esenciales (pars. 1.8, 1.9). Del mismo modo, la disidencia objeta la definición de “una determinada composición del gasto público” (par. 36), cuando la Resolución solo da pautas de orientación (apartado 3), pero no composiciones detalladas (por ejemplo, con porcentajes fijos) del gasto más allá de derivaciones de obligaciones ya existentes (por caso, orientar el gasto a los principios de igualdad y no discriminación, prever partidas para materializar obligaciones existentes en materia de igualdad, o proteger especialmente los niveles esenciales de los DESCA).

La disidencia también objeta que la Resolución imponga una “determinada estructura tributaria” (par. 36). Aunque la Resolución es más prescriptiva en este punto (a lo largo de su segunda sección), en el fondo no hace más que traducir los principios de la OEA mencionados anteriormente, y las consecuencias de los principios de no discriminación e igualdad sustantiva (por ejemplo, indicando que la carga tributaria debe recaer de manera proporcional sobre quienes cuentan con mayor capacidad contributiva y, “según corresponda”, fortalecer el peso de los tributos directos, par 2.3).

Pienso por último que existe una superposición de ángulos, o énfasis diferentes (no necesariamente incompatibles entre sí). La tributación y “los derechos” tienen muchos puntos de conexión. La Resolución pone el énfasis en un determinado punto de vista de esta relación: dar estándares para una política fiscal “con enfoque” de derechos humanos (en línea con el trabajo previo de la CIDH). Es decir, provee principalmente pautas generales para la actuación del Estado en el plano fiscal. En cambio, el voto disidente pone énfasis en los derechos como límite a la actuación estatal frente al contribuyente, enfocándose en la prohibición de confiscatoriedad y en la protección del derecho de propiedad. En el Sistema Interamericano no hay antecedentes específicos de este último enfoque. Aunque en los países de la región se discuten regularmente casos constitucionales sobre derechos de los contribuyentes, estimo que la Resolución se centra en cambio en orientar el diseño y la ejecución de las políticas fiscales desde las obligaciones de derechos humanos.

En suma, la Resolución 2/2026 es un instrumento relevante no solo por su contenido, sino también porque traducir las consecuencias de las obligaciones existentes de derechos humanos -y de principios fundacionales de la OEA- para un área de actuación pública de gran trascendencia para amplios sectores sociales, como es la política fiscal. De hecho, no fue construida “de arriba hacia abajo”, sino “de abajo hacia arriba” luego de los esfuerzos de más de una década de organizaciones y movimientos de muchos países de la región, y mediante procesos abiertos y participativos que modelan una respuesta posible a algunos de los desafíos que hoy enfrenten los organismos internacionales de derechos humanos.