Inicialmente se mencionó una serie de recomendaciones de las Naciones Unidas en la construcción y puesta en práctica de un Plan Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, del análisis de las etapas proyectadas, puede verse cierta debilidad en la participación sugerida por el organismo internacional. En este sentido, la fase preparatoria transitada se compone de escasas consultas las que, en su mayor parte, se dirigieron a funcionarios de algunos organismos públicos (por ejemplo, intendencias o agencias locales de organismos públicos ubicadas en algunas zonas del territorio). En menor medida, se desarrollaron convocatorias a jóvenes estudiantes de Facultades de Derecho, o nucleados en el Instituto Nacional de la Juventud, ambas instancias realizadas en Montevideo.

Debe tenerse presente que Uruguay es un país altamente centralizado, con casi la mitad de su población residente en la capital. Esta desigual distribución poblacional se refleja en el acceso a derechos, donde se presentan zonas con debilidades significativas en la protección y ejercicio de ciertos derechos humanos. Esto revela una baja presencia del Estado en zonas más distantes de la capital del país, donde se encuentran los organismos estatales decisores. Por tal razón, preocupa la ausencia de esa mirada hacia las distintas regiones del país y sus particularidades, así como de amplios sectores de la sociedad civil organizada (por ejemplo, asociaciones locales de vecinos, organizaciones no gubernamentales o sindicatos). Asimismo, de acuerdo al cronograma trazado, las etapas cumplidas han excedido largamente las fechas previstas para su cierre, lo que retrasa el pasaje a otras fases proyectadas. A vía de ejemplo, la fase preparatoria debía culminar en agosto de 2021, pero su finalización se dio tan solo un año después. La segunda fase, de relevamiento de propuestas, debía culminar en julio del pasado año 2022 pero aún no se ha cerrado y resta transitar las siguientes cuatro fases.

Contrasta con la recomendación dada por las Naciones Unidas la afirmación de la Directora de la SDH acerca de que el Plan que se proyecta tiene determinado enfoque político-ideológico correspondiente al actual gobierno. Es posible inferir de tal aseveración un posicionamiento que se centra solo en el gobierno y en su línea política, excluyendo la necesaria mirada de otros sectores de la política. Este aspecto, debilita la posibilidad de consensos en la elaboración de políticas de Estado que se prolonguen a través de las distintas administraciones de gobierno, para una efectiva protección a los derechos humanos.

Otro elemento que preocupa es que no se ha explicitado cuáles son los objetivos específicos del Plan, dado que, si bien se enumeran algunos en el proyecto elaborado en el año 2021, luego, la actual dirección, menciona en los medios de prensa  otros ejes como prioritarios.