Paraguay debe proteger a quienes luchan por los derechos humanos

5 de Julio de 2022
Paraguay debe proteger a quienes luchan por los derechos humanos
Crédito foto: Canva

Paraguay no cuenta con una ley que proteja a quienes defienden los derechos humanos. Sin embargo, un proyecto actualmente en discusión podría saldar esta deuda.

El aporte de las y los defensores de derechos humanos es fundamental para fortalecer la democracia de cualquier país ya que su labor procura, de distintas maneras, promocionar, avanzar o proteger la concreción de estos derechos, y con más fuerza, cuando se activa en favor de las personas que sufren una situación de especial vulnerabilidad a causa de factores como la desigualdad, la discriminación, la exclusión o la pobreza.

Sin embargo, los derechos de las y los defensores de derechos humanos se ven violados en varias partes del mundo y principalmente en países en los que existe una debilidad institucional que no garantiza, a cabalidad, el Estado Social de Derecho. Este es el caso de Paraguay, donde estas personas ven afectados sus derechos a través de distintas formas como la persecución, el amedrentamiento o la criminalización, situaciones que se profundizan contra quienes se dedican a defender la tierra, el ambiente, la paz, el acceso a la justicia, la diversidad sexual o la libertad de expresión.

En este orden de ideas, existe un uso indebido del sistema penal que se centra, marcadamente, por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial, en contra de los derechos de las defensoras y defensores de derechos de las tierras y territorios colectivos. El caso de la abogada María Esther Roa es un ejemplo de esta situación. Roa ejerció su derecho de manifestación y expresión, al participar en una concentración para denunciar hechos de corrupción cometidos por la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, y fue imputada por el Ministerio Público por supuestas violaciones a las restricciones impuestas por el Estado paraguayo durante la pandemia.

Por su parte, un ejemplo de criminalización colectiva a la defensa de derechos humanos es el caso que tiene como imputadas a las campesinas Angelina Silva, Ana María Santander de Jara, Jorgelina Coronel y Rosana Mabel Bareiro Dávalos, quienes fueron procesadas penalmente por el hecho punible de “invasión de inmueble ajeno”, cuando en realidad forman parte de una comisión vecinal de campesinos sin tierra.

También existen varios casos de estigmatizaciones, hostigamientos y persecuciones en contra de defensores/as indígenas en el marco de la protección de sus tierras, territorios y medio ambiente que están referidos en algunos materiales nacionales como los informes anuales de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y de Amnistía Internacional o en el libro titulado Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en el Chaco Paraguayo. Relatos de Lucha por la Tierra de Maximiliano Mendieta, por citar algunos. 

Es por esta situación que organismos de protección internacional de derechos humanos han recomendado a Paraguay la adopción de un mecanismo legal de protección de estas personas. Resalta el especial énfasis que se le ha dado a esta observación desde el Examen Periódico Universal (EPU), un único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) con la finalidad de avanzar y mejorar la situación y la vigencia de los derechos humanos en todos los países que forman parte de la ONU.

La esperanza se centra en un proyecto de ley

Entre 2016 y 2017, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) presentó un proyecto de ley sobre libertad de expresión, protección a periodistas, trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos. No obstante, a pesar de la urgente necesidad, su aprobación no se concretó. De todas formas, este hito constituyó un buen comienzo para empezar a concienciar, institucionalmente, sobre la necesidad de una legislación que proteja a estas personas.

Así las cosas, luego de que, por cinco años, varias organizaciones de la sociedad civil, así como activistas de derechos humanos, exigieran la promulgación de esta legislación, a la fecha, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores (Comisión) se está trabajando un proyecto de ley en el marco de un mecanismo de protección de defensoras y defensores de derechos humanos, que se denomina Proyecto de ley sobre protección a personas, grupos de personas y comunidades en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Se trata de un anteproyecto, que aún no se ha presentado al Congreso, y que aunque en su título preliminar se destaca a las personas defensoras de derechos humanos, también es importante que se incluya a comunicadores y periodistas que ejercen una importante función en este sentido.

Por tanto, es importante resaltar que la Comisión viene trabajando con varias organizaciones, activistas y especialistas en derechos humanos, lo que aporta al proceso un importante componente democrático, así como la posibilidad de consensuar principios fundamentales como el de la interculturalidad, la igualdad de género, la lucha contra la impunidad, la transparencia, la protección, la eficacia, el principio de igualdad y no discriminación, el derecho internacional de los derechos humanos y las sanciones, entre otros aspectos. 

Es importante hacer énfasis en que el mecanismo de protección debe centrarse en un conjunto de elementos jurídicos e interculturales que, ajustados y relacionados entre sí, busquen proteger —integralmente— el trabajo y activismo de los defensores de derechos humanos. Así también es fundamental trabajar para avanzar hacia una cultura de derechos humanos, en la que la población pueda comprender el esencial aporte de las personas defensoras de derechos humanos al Estado Social de Derecho.

Por último, como se ha podido observar, en Paraguay esta clase de legislación no avanza rápidamente considerando que, lastimosamente, no es prioridad para los legisladores ni para las autoridades. Pese a eso, este proyecto de legislación debería concretarse ya que el Estado paraguayo tiene la obligación internacional de garantizar los derechos de aquellas personas que luchan por la justicia, uno de los pilares de la democracia constitucional. 

Citación académica sugerida: Mendieta, Maximiliano. Paraguay debe proteger a quienes luchan por los derechos humanos, Agenda Estado de Derecho, 2022/07/05. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/paraguay-debe-proteger-a-quienes-luchan-por-los-derechos-humanos/

Palabras clave: Defensores de Derechos Humanos, Mecanismo de Protección, Paraguay, proyecto de ley

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ACERCA DEL AUTOR
Maximiliano Mendieta

Máster en Derechos Humanos por la Universidad de Waikato, Nueva Zelanda, donde se recibió con los máximos honores. Profesor, Investigador y Defensor de Derechos Humanos y Justicia Penal. Universidad Americana.

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Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

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Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

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Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

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Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Su investigación se enfoca en temas relacionados con Governanza Multinivel e Integración de Mercados, Regionalismo Comparado y Derecho Internacional Público. Obtuvo su PhD en la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Ha publicado en inglés y castellano, en Latinoamérica e internacionalmente.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.