Un número importante de ONGs de la región han llamado a que la solución de la crisis se dirija a un doble fortalecimiento de la CIDH. Por un lado, a que la interpretación de las normas sobre la designación de su personal de confianza se base estrictamente en la decisión política de la CIDH con base en criterios de competencia jurídica y administrativa, buena gobernanza administrativa, y compromiso con los derechos humanos. Y, por el otro, a que se tomen medidas urgentes para evaluar y enfrentar cualquier síntoma de cultura institucional que afecte los derechos humanos y laborales de quienes prestan sus servicios en esta organización.

En cuanto al primer punto, para algunos, el arreglo institucional deseable es que la CIDH alcance la independencia administrativa y financiera de la que goza la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Loable objetivo, pero poco realista en el contexto político actual y prácticamente imposible en el corto plazo. Una solución intermedia puede basarse en una interpretación de las normas actuales. Esta interpretación debe garantizar que las dos instancias (Secretaría General y CIDH) participen armónicamente del proceso de selección. Una interpretación que elimine la participación de una de ellas o asuma el total control del proceso de una sobre la otra debe ser descartada.

Así, para garantizar la independencia y autonomía de la CIDH en su decisión, debe ser la Comisión el órgano que haga el juicio político de escogencia. Es decir, solo la Comisión debería determinar quién es la persona, dentro de los postulantes, que reúnan los requisitos exigidos en las normas vigentes, que mejor va a interpretar el mandato que la CIDH le otorga. El juicio sobre las características cualitativas de los postulantes y la preferencia final debe ser competencia única de la CIDH. No debe haber espacio para que haya un doble juicio de valor a cargo de otro órgano, incluyendo la Secretaría General.

Ahora bien, como la Secretaría General es la responsable institucional por el personal de la OEA y está a cargo de velar por la correcta administración de los recursos humanos y económicos de la Organización debe poder participar sustantivamente. Por tanto, si la Secretaría General considera que existe una imposibilidad jurídica, objetiva, comprobada e insubsanable, no debería estar obligada a cumplir con la designación remitida por la CIDH, y debería comunicarle a la CIDH su decisión motivada.

Dentro de tal categoría de imposibilidades jurídicas, se encontrarían, a manera de ejemplo, la falta de cumplimiento de los requisitos objetivos para el cargo, el descubrimiento de falsedades en los soportes de la hoja de vida presentada por el candidato, la existencia de impedimentos legales para la contratación o para el otorgamiento de permisos de trabajo en la sede donde debe ejercer funciones. Al basarse exclusivamente en criterios jurídicos, la Secretaría no podría hacer un nuevo juicio de valor sobre el candidato designado.

Al mismo tiempo, llegó la hora de que la OEA escuche las voces de las víctimas del acoso laboral. Valdría la pena seguir el ejemplo de otros órganos intergubernamentales que, tras una serie de escándalos, se han movido hacia verdaderas políticas de “tolerancia cero” al acoso en todas sus formas. La situación requiere procedimientos administrativos claros y eficazmente implementados. Es vital que estos procedimientos cuenten con tiempos precisos para investigar. Así como un término definido para que el inspector general emita su informe. También, plazo para que el acusado se defienda. Es igualmente necesario que las instancias de apelación interna cuenten con los recursos que requiere su trabajo y que exista acceso real al tribunal administrativo. Igualmente es prioritario invertir más recursos y capital político a los cambios de cultura, que parten por entrenamientos obligatorios sobre el tema para todos los funcionarios y especialmente los encargados de administración para que sepan lo que se espera de ellos.

Todo esto es difícil de lograr, pero como dice el refrán “no hay que desperdiciar una buena crisis”.