Nuevo Plan Estratégico de la CIDH: una oportunidad para mantener los vasos llenos y rellenar algunos vacíos. Parte 1
7 de Junio de 2022
Foto: Presidencia - El Salvador
¿Cuáles son los mecanismos y procedimientos que deben preservarse y fortalecerse en el Plan Estratégico de la CIDH para 2022-2026?
Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y el blog de DPLF.
DPLF es una organización regional integrada por profesionales de diversas nacionalidades, cuyo mandato es promover el Estado de derecho en América Latina a través del análisis y propuesta, la cooperación con organizaciones e instituciones públicas y privadas, el intercambio de experiencias y las acciones de cabildeo e incidencia.
Desde marzo del presente año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra realizando un proceso de consulta para la elaboración de su Plan Estratégico 2022-2026. Dicho documento es una hoja de ruta programática y de desarrollo institucional, y su elaboración constituye una oportunidad para que los y las usuarias del Sistema Interamericano y la propia CIDH reflexionen sobre cuales acciones han funcionado bien y cuáles deberían ser perfeccionadas. Partiendo de la premisa de que la CIDH ha logrado un aumento considerable de su presupuesto; planta de personal y pronunciamientos; este artículo hace un balance de ciertas actividades y mecanismos vinculados a los pilares de promoción y monitoreo.
De los mecanismos creados en los últimos años, los GIEIs en torno a las crisis de derechos humanos en Bolivia (2019) y Nicaragua (2018), y para investigar la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en México (2014), fueron una apuesta particularmente exitosa.
Dicha iniciativa permitió que expertos/as de reconocida trayectoria realicen una evaluación objetiva sobre graves violaciones a los derechos humanos. Los tres grupos publicaron informes exhaustivos, con sus hallazgos sobre los hechos examinados, y con una serie de recomendaciones para la consecución de justicia, verdad y reparación, y para la corrección de fallas estructurales que favorecieron las violaciones investigadas.
De forma novedosa, el GIEI de Nicaragua dirigió varias recomendaciones a los demás Estados miembros de la OEA y a los bancos multilaterales, para que, en el marco de sus competencias, adopten medidas para contener la capacidad de la dictadura sandinista de reprimir las voces críticas. Los demás GIEIS (Bolivia y Ayotzinapa) fueron sucedidos por mecanismos especiales de seguimiento, con un enfoque en las medidas estructurales de no repetición.
Ante el éxito de los GIEIs, la CIDH debería considerar la creación de grupos análogos. Particularmente en los temas emergentes que ameritan una robusta capacidad institucional para generar nuevos estándares (v.g., cambio climático, empresas y derechos humanos, corrupción y Estado de derecho), la Comisión podría crear grupos de trabajo permanentes, con un formato similar a los de la Comisión Africana, conformados tanto por expertos/as independientes como por comisionados/as. Ello le permitiría aprovechar el conocimiento especializado de expertos/as, compartir la labor de búsqueda de fondos y concentrar esfuerzos en funciones que, por diversas razones, no son susceptibles al apoyo externo.
Creados en 2018 y 2019, respectivamente, los mecanismos especiales de seguimiento para Nicaragua (MESENI) y Venezuela (MESEVE) cuentan con un grupo de funcionarios/as de la Secretaría Ejecutiva (SE) dedicados al monitoreo de los referidos países.
En el caso de Nicaragua, el mecanismo fue constituido en la ciudad de Managua, en junio de 2018, con la anuencia del gobierno. En diciembre de 2018 la dictadura orteguista prohibió la presencia de la CIDH en el país y el equipo del MESENI se trasladó a Washington, D.C.
El volumen de medidas cautelares otorgadas, solicitudes de medidas provisionales sometidas a la Corte IDH, comunicados de prensa publicados y, en general, la celeridad con la que la CIDH suele pronunciarse sobre hechos ocurridos en Nicaragua y Venezuela, son indicios de que el MESENI y el MESEVE han tenido un efecto positivo, al menos desde una mirada cuantitativa.
La CIDH debería implementar mecanismos similares en otros países que atraviesan retrocesos democráticos y violaciones generalizadas de derechos humanos, tales como El Salvador, Guatemala y Brasil. Aunque el escenario ideal sería instalarlos en terreno, con la anuencia del gobierno respectivo, la ausencia del asentimiento estatal no debería ser un óbice para crear dichos mecanismos, tal como ocurrió en el caso de Venezuela.
A partir del 2018 el Capitulo IV.A del Informe Anual de la CIDH pasó a incluir un panorama sobre la situación de los derechos humanos en cada país del continente. Este nuevo formato provee una herramienta similar a los informes anuales de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, con el beneficio de contener hallazgos refrendados por un órgano principal de la OEA.
También en 2018 el Capítulo II.E, relativo al estado de cumplimiento de las recomendaciones en informes de fondo y acuerdos de solución amistosa, pasó a incorporar un formato más racional. En 2019, dicho capítulo y, en general, el seguimiento a recomendaciones y acuerdos de solución amistosa, pasaron a pautarse en las Directrices Generales de Seguimiento de Recomendaciones y Decisiones. Paralelamente, se creó una sección específica de seguimiento a recomendaciones al interior de la SE. Tales avances han generado acciones más eficientes en el procesamiento de la información y el registro del estado de cumplimiento de recomendaciones.
Las innovaciones del Informe Anual hubieran sido más virtuosas si su Capítulo IV.B – “lista sucia” de Estados cuyas prácticas en derechos humanos merecen una atención especial – trascendiera a los mismos países de siempre. Los países incluidos en dicho capítulo en los últimos 10 años han sido Cuba y Venezuela, invariablemente, con la presencia fugaz de Honduras en 2012-13 y República Dominicana en 2016. Desde el 2018 Nicaragua completa la tríada invariable del Capítulo IV.B.
Si bien la presencia de Guatemala en el Capítulo IV.B del Informe Anual de 2021 es un paso importante, la no inclusión de países con asesinatos generalizados de defensores/as, como Colombia; o en donde el autoritarismo ha alcanzado niveles críticos, como Brasil y El Salvador; compromete la legitimidad del referido capítulo. Ante la ausencia de países que atraviesan graves retrocesos democráticos y la reiterada y monótona inclusión de la tríada bolivariana, algunos/as estudiosos/as del SIDH han cuestionado la objetividad política del Capítulo IV.B.
En los últimos años la CIDH realizó un número inédito de visitas in loco a países que atravesaron crisis institucionales o situaciones de violencia extrema y amplió las visitas de trabajo lideradas por el relator/a de país o temática. Una práctica positiva ha sido la publicación de un comunicado de prensa, al culminar las visitas, con observaciones preliminares detalladas.
Aunque el incremento de las visitas es meritorio, algunas prácticas recientes deberían ser reconsideradas. Por ejemplo, en febrero de 2020, la CIDH empleó el término “visita in loco” para referirse al intento de recabar información in situ sobre la situación en Venezuela.
Se trata de la única visita o intento de visita in loco realizado por una sola comisionada -la Comisionada Relatora del país- quien no llegó a ingresar Venezuela, debido a la negativa del gobierno de facto de Nicolás Maduro, por lo que condujo la visita desde Colombia. Si bien, el Reglamento y el Estatuto de la CIDH no establecen un quórum mínimo de comisionados/as en una visita in loco, históricamente, éstas han sido conducidas por el pleno o por un número significativo de integrantes.
Estando en Colombia, la delegación fue ampliada con la incorporación de la Relatora Especial sobre DESCA y de la Comisionada relatora sobre Derechos de los Migrantes. Si no bastara el uso poco habitual del término “in loco” para calificar la presencia en un país ajeno al examinado, al incluir a Venezuela en el Capítulo IV.B del Informe Anual de 2020, la CIDH incumplió el art. 59.8 de su propio Reglamento, el cual establece que:
Cuando un Estado incluido en el Capítulo IV.B del Informe Anual haya sido objeto de una visita in loco, no se le incorporará en dicho capítulo del Informe Anual correspondiente al año de la visita. El monitoreo de la situación de los derechos humanos de ese año en dicho Estado se realizará a través del informe de país preparado en relación con la visita in loco.
En este caso, se incluyó a Venezuela en el Capítulo IV.B el mismo año en que la CIDH expresó formalmente haber realizado una visita in loco, y publicó un conjunto de observaciones y recomendaciones, y no un informe de país, tal como exige la norma reglamentaria. Pero más allá de las incongruencias de esta visita in/ex loco, la Comisión debería adoptar una política más predecible sobre el momento de publicación de los informes de país y su marco temporal. Así lo demuestran las visitas a El Salvador, en 2019, Chile, en 2020, y a Brasil, en 2018, cuyos informes de país fueron publicados 22, 24 y 28 meses después, respectivamente.
En el caso de Chile, el informe vino a la luz a pocas semanas del término del gobierno de Piñera, cuyas políticas dieron lugar a la visita. En Brasil, el informe frustró la expectativa de que los constantes manotazos al Estado de derecho por parte de Bolsonaro serían examinados. Con relación a El Salvador, una parte considerable de la evaluación contenida en el informe guarda relación con una realidad totalmente ajena a la del momento de su publicación, cuando Nayib Bukele ya había convertido el país en un experimento demagógico antidemocrático.
En aras de dotar las visitas in loco de una mayor previsibilidad, la CIDH debería adoptar una política general aclarando el marco temporal de los hechos escrutados y un plazo máximo para concluir el informe de país.
En el último quinquenio la CIDH mantuvo un elevado ritmo de producción de informes temáticos, varios de los cuales emplean abordajes novedosos y cubren temas de la agenda regional de derechos humanos en los que los estándares interamericanos eran aún incipientes. Es el caso de los informes: Derecho a la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales, Empresas y Derechos Humanos, Corrupción y Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Tribales de la Panamazonía y la Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación en contextos electorales.
Si bien estos y otros informes son un aporte invaluable, es necesario que la Comisión reflexione sobre el impacto de publicaciones sobre asuntos en donde hay escasez de parámetros de actuación estatal vis-à-vis aquellos que se limitan a reiterar estándares sistematizados en documentos de la propia CIDH, Corte IDH, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y por entidades estatales o académicas. Por otro lado, es importante seguir fortaleciendo los mecanismos de seguimiento de las recomendaciones de los informes temáticos, con un registro de respuestas y medidas adoptadas por los Estados.
Habiéndose hecho un balance de las acciones y mecanismos implementados exitosamente por la CIDH en el último quinquenio, nos parece necesario abordar críticamente, con el mejor ánimo de fortalecer el trabajo del organismo interamericano, las prácticas que relucen vasos medio vacíos. Para ello, invitamos a que lean la Parte 2 del artículo, que será publicado en la próxima semana en este mismo espacio.
Citación académica sugerida: Cerqueira, Daniel. Nuevo Plan Estratégico de la CIDH: una oportunidad para mantener los vasos llenos y rellenar algunos vacíos, Parte 1. Agenda Estado de Derecho. 2022/06/07. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/nuevo-plan-estrategico-de-la-cidh-una-oportunidad-para-mantener-los-vasos-llenos-y-rellenar-algunos-vacios-parte-1/
Palabras clave: CIDH; Sistema Interamericano; plan estratégico; GIEIS
Magíster en Estudios Legales Internacionales con distinción honorífica por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos y licenciado en Derecho por la Universidad Federal de Minas Gerais y en Relaciones Internacionales por la Pontifícia Universidad Católica de Minas Gerais, ambas en Brasil. De enero de 2006 a enero de 2014 trabajó como abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
