La elección de la nueva persona titular del Ministerio Público y la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras

29 de Agosto de 2023
La elección de la nueva persona titular del Ministerio Público y la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
Foto. Twitter oficial MP_Honduras

El texto explora la trascendencia de designar a una nueva persona titular del Ministerio Público en Honduras y su influencia en el desempeño exitoso de la CICIH.

Un Ministerio Público deslegitimado

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la corrupción y la impunidad generalizada, que supera el 90%, son problemas estructurales que han deteriorado la confianza ciudadana en las instituciones del sistema de justicia en Honduras. El más reciente Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) lo refleja claramente, pues el 75.7% de la población tiene poca o ninguna confianza en el Ministerio Público.

Estos datos resultan preocupantes considerando que esta institución juega un papel esencial para acabar con la impunidad y proteger los derechos humanos, pero que se ha convertido en un instrumento de criminalización en contra de las personas defensoras de los derechos humanos, la tierra y el territorio, y en un cómplice necesario de las estructuras de corrupción y narcotráfico que han permeado la institucionalidad del Estado.

Por ello, de acuerdo con el referido Sondeo de Opinión Pública, el 83.7% de la población está de acuerdo con la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) para que desmonte las estructuras de corrupción (50.2%) y de narcos (18.9%), fortalezca el Ministerio Público (14.8%) e investigue el lavado de activos en el sistema financiero nacional (14.5%).

En este sentido, el destino de una posible CICIH está íntimamente ligado a la elección de la nueva persona titular del Ministerio Público, pues esta institución deberá trabajar codo a codo con el mecanismo internacional, y de la voluntad política de quien esté al frente de la Fiscalía General dependerá en gran medida el éxito o fracaso de las acciones que se puedan implementar en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Actores y tareas para que la CICIH sea una realidad

En el proceso de instalación de la CICIH hay al menos tres actores clave: el primero es el Ejecutivo, que ha cumplido con dos tareas esenciales, es decir, el 2 de febrero de 2022 envío una solicitud a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para proceder a la instalación de la CICIH; y el 15 de diciembre de 2022 firmó con la Secretaría General de la ONU el Memorándum de Entendimiento para el establecimiento de la CICIH.

El segundo actor es la Secretaría General de la ONU que ha realizado dos tareas y está en proceso de cumplimiento de otra: Entre el 8 y 14 de mayo envió una misión de evaluación técnica al país para profundizar en la solicitud hecha por el gobierno hondureño; y la semana del 9 de julio envió a un grupo de personas expertas para analizar las fortalezas y debilidades de la institucionalidad y evaluar la normativa alrededor de la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.

Queda pendiente que este grupo de personas expertas elabore y entregue un diagnóstico de lo que encontraron, y planteen las recomendaciones que es necesario implementar por el Estado de Honduras para garantizar las condiciones mínimas que requiere la instalación de la CICIH.

El tercer actor es el Congreso Nacional que juega el papel más importante, ya que, de acuerdo con el Memorándum de Entendimiento, debe realizar varias reformas legales que representan un obstáculo en la lucha contra la impunidad. Hasta el momento, este actor ha derogado tres decretos conocidos como los “Pactos de impunidad”. El primero es el Decreto 93-2021 que está relacionado con el lavado de dinero.

El segundo es el Decreto 57-2020 que le había quitado al Ministerio Público la facultad de acusar cuando hay indicio racional de corrupción y de confiscar documentos de las entidades del Estado en casos de corrupción. El tercero es el Decreto 116-2019, que le dio vida al conocido “Fondo Departamental” y que constituía una fuente de corrupción en el manejo de fondos públicos por parte de personas diputadas.

Aunque aún es necesario que se adopten otras reformas que mejoren las capacidades investigativas del Ministerio Público y que se apruebe una ley de colaboración eficaz, no cabe duda de que el camino avanzado hasta el momento refleja que se está cumpliendo con la garantía de contar con las condiciones básicas para la instalación de la CICIH.

La elección incierta de una nueva persona titular del Ministerio Público

El actual proceso de elección comenzó con un paso en falso porque no se adoptó una ley que regule el procedimiento, y la integridad del proceso quedó bajo la voluntad y discrecionalidad de la Junta Proponente que, en una primera fase, se encarga de seleccionar una lista de cinco personas entre las cuales el Congreso Nacional tiene que elegir a las dos altas autoridades del Ministerio Público.

En este sentido, se hizo caso omiso a las advertencias de la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, quien manifestó que dicho proceso “no ofrece suficientes garantías para reducir al mínimo el riesgo de nombramientos por motivos indebidos” ni “para eliminar la injerencia de los partidos políticos” ni para asegurar la independencia institucional del Ministerio Público.

La Junta Proponente está conformada por 7 personas representantes de diversos sectores: Defensoría del Pueblo, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidades Privadas, Sociedad Civil, Colegio de Abogados y la presidenta y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Comenzó su trabajo de manera esperanzadora porque, ante la inexistencia de una ley, construyó, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, un reglamento y los protocolos necesarios para superar el vacío legal.

Sin embargo, la Junta Proponente adoptó dos decisiones que excluyeron de forma arbitraria al abogado Mario Urquía y al actual coordinador de la Unidad Fiscal contra las Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos. Estas exclusiones sembraron una sombra de duda al buen trabajo que venía realizando la Junta Proponente. El problema no son las exclusiones en sí mismas, sino los débiles y cuestionables argumentos jurídicos que se utilizaron para justificarlas.

Ambos abogados presentaron recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien los admitió sin ordenar que se detuviera el proceso de selección, el cual ha continuado con “normalidad”, pues la Junta Proponente elaboró una lista de 5 personas que envió al Congreso Nacional, en cuyas manos está la decisión final de escoger a las dos personas que asumirán la titularidad de la Fiscalía General y de la Fiscalía Adjunta.

Aunque dentro de la lista de cinco hay nombres que todavía generan esperanza de contar con personas íntegras al frente del Ministerio Público, sobre la elección final pesan dos sombras de incertidumbre: por un lado, la decisión de fondo que tendrá que adoptar la Sala de lo Constitucional sobre los recursos de amparo presentados; y, por otro, las “negociaciones” dentro del Congreso Nacional en donde existe el enorme peligro de que los intereses partidistas se impongan a los intereses generales, y perdamos la oportunidad de rescatar al Ministerio Público para reconstruir su independencia y convertirlo en el aliado natural de la CICIH.

Citación académica sugerida: Mejía Rivera, Joaquín A. La elección de la nueva persona titular del Ministerio Público y la instalación de una CICIH en Honduras. Agenda Estado de Derecho. 2023/08/29. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/nueva-persona-titular-del-ministerio-publico-y-la-instalacion-de-una-comision-internacional-contra-la-corrupcion-y-la-impunidad-en-honduras/

Palabras clave: CICIH, Ministerio Público; fiscalía; Honduras; corrupción.

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ACERCA DEL AUTOR
Joaquín A. Mejía Rivera

Doctor en Derechos Humanos. Investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, y coordinador adjunto del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos.

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Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

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Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

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Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

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Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

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Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.