La elección de la nueva persona titular del Ministerio Público y la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras

29 de Agosto de 2023
La elección de la nueva persona titular del Ministerio Público y la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
Foto. Twitter oficial MP_Honduras

El texto explora la trascendencia de designar a una nueva persona titular del Ministerio Público en Honduras y su influencia en el desempeño exitoso de la CICIH.

Un Ministerio Público deslegitimado

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la corrupción y la impunidad generalizada, que supera el 90%, son problemas estructurales que han deteriorado la confianza ciudadana en las instituciones del sistema de justicia en Honduras. El más reciente Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) lo refleja claramente, pues el 75.7% de la población tiene poca o ninguna confianza en el Ministerio Público.

Estos datos resultan preocupantes considerando que esta institución juega un papel esencial para acabar con la impunidad y proteger los derechos humanos, pero que se ha convertido en un instrumento de criminalización en contra de las personas defensoras de los derechos humanos, la tierra y el territorio, y en un cómplice necesario de las estructuras de corrupción y narcotráfico que han permeado la institucionalidad del Estado.

Por ello, de acuerdo con el referido Sondeo de Opinión Pública, el 83.7% de la población está de acuerdo con la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) para que desmonte las estructuras de corrupción (50.2%) y de narcos (18.9%), fortalezca el Ministerio Público (14.8%) e investigue el lavado de activos en el sistema financiero nacional (14.5%).

En este sentido, el destino de una posible CICIH está íntimamente ligado a la elección de la nueva persona titular del Ministerio Público, pues esta institución deberá trabajar codo a codo con el mecanismo internacional, y de la voluntad política de quien esté al frente de la Fiscalía General dependerá en gran medida el éxito o fracaso de las acciones que se puedan implementar en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Actores y tareas para que la CICIH sea una realidad

En el proceso de instalación de la CICIH hay al menos tres actores clave: el primero es el Ejecutivo, que ha cumplido con dos tareas esenciales, es decir, el 2 de febrero de 2022 envío una solicitud a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para proceder a la instalación de la CICIH; y el 15 de diciembre de 2022 firmó con la Secretaría General de la ONU el Memorándum de Entendimiento para el establecimiento de la CICIH.

El segundo actor es la Secretaría General de la ONU que ha realizado dos tareas y está en proceso de cumplimiento de otra: Entre el 8 y 14 de mayo envió una misión de evaluación técnica al país para profundizar en la solicitud hecha por el gobierno hondureño; y la semana del 9 de julio envió a un grupo de personas expertas para analizar las fortalezas y debilidades de la institucionalidad y evaluar la normativa alrededor de la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.

Queda pendiente que este grupo de personas expertas elabore y entregue un diagnóstico de lo que encontraron, y planteen las recomendaciones que es necesario implementar por el Estado de Honduras para garantizar las condiciones mínimas que requiere la instalación de la CICIH.

El tercer actor es el Congreso Nacional que juega el papel más importante, ya que, de acuerdo con el Memorándum de Entendimiento, debe realizar varias reformas legales que representan un obstáculo en la lucha contra la impunidad. Hasta el momento, este actor ha derogado tres decretos conocidos como los “Pactos de impunidad”. El primero es el Decreto 93-2021 que está relacionado con el lavado de dinero.

El segundo es el Decreto 57-2020 que le había quitado al Ministerio Público la facultad de acusar cuando hay indicio racional de corrupción y de confiscar documentos de las entidades del Estado en casos de corrupción. El tercero es el Decreto 116-2019, que le dio vida al conocido “Fondo Departamental” y que constituía una fuente de corrupción en el manejo de fondos públicos por parte de personas diputadas.

Aunque aún es necesario que se adopten otras reformas que mejoren las capacidades investigativas del Ministerio Público y que se apruebe una ley de colaboración eficaz, no cabe duda de que el camino avanzado hasta el momento refleja que se está cumpliendo con la garantía de contar con las condiciones básicas para la instalación de la CICIH.

La elección incierta de una nueva persona titular del Ministerio Público

El actual proceso de elección comenzó con un paso en falso porque no se adoptó una ley que regule el procedimiento, y la integridad del proceso quedó bajo la voluntad y discrecionalidad de la Junta Proponente que, en una primera fase, se encarga de seleccionar una lista de cinco personas entre las cuales el Congreso Nacional tiene que elegir a las dos altas autoridades del Ministerio Público.

En este sentido, se hizo caso omiso a las advertencias de la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, quien manifestó que dicho proceso “no ofrece suficientes garantías para reducir al mínimo el riesgo de nombramientos por motivos indebidos” ni “para eliminar la injerencia de los partidos políticos” ni para asegurar la independencia institucional del Ministerio Público.

La Junta Proponente está conformada por 7 personas representantes de diversos sectores: Defensoría del Pueblo, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidades Privadas, Sociedad Civil, Colegio de Abogados y la presidenta y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Comenzó su trabajo de manera esperanzadora porque, ante la inexistencia de una ley, construyó, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, un reglamento y los protocolos necesarios para superar el vacío legal.

Sin embargo, la Junta Proponente adoptó dos decisiones que excluyeron de forma arbitraria al abogado Mario Urquía y al actual coordinador de la Unidad Fiscal contra las Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos. Estas exclusiones sembraron una sombra de duda al buen trabajo que venía realizando la Junta Proponente. El problema no son las exclusiones en sí mismas, sino los débiles y cuestionables argumentos jurídicos que se utilizaron para justificarlas.

Ambos abogados presentaron recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien los admitió sin ordenar que se detuviera el proceso de selección, el cual ha continuado con “normalidad”, pues la Junta Proponente elaboró una lista de 5 personas que envió al Congreso Nacional, en cuyas manos está la decisión final de escoger a las dos personas que asumirán la titularidad de la Fiscalía General y de la Fiscalía Adjunta.

Aunque dentro de la lista de cinco hay nombres que todavía generan esperanza de contar con personas íntegras al frente del Ministerio Público, sobre la elección final pesan dos sombras de incertidumbre: por un lado, la decisión de fondo que tendrá que adoptar la Sala de lo Constitucional sobre los recursos de amparo presentados; y, por otro, las “negociaciones” dentro del Congreso Nacional en donde existe el enorme peligro de que los intereses partidistas se impongan a los intereses generales, y perdamos la oportunidad de rescatar al Ministerio Público para reconstruir su independencia y convertirlo en el aliado natural de la CICIH.

Citación académica sugerida: Mejía Rivera, Joaquín A. La elección de la nueva persona titular del Ministerio Público y la instalación de una CICIH en Honduras. Agenda Estado de Derecho. 2023/08/29. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/nueva-persona-titular-del-ministerio-publico-y-la-instalacion-de-una-comision-internacional-contra-la-corrupcion-y-la-impunidad-en-honduras/

Palabras clave: CICIH, Ministerio Público; fiscalía; Honduras; corrupción.

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ACERCA DEL AUTOR
Joaquín A. Mejía Rivera

Doctor en Derechos Humanos. Investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, y coordinador adjunto del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.