El actual proceso de elección comenzó con un paso en falso porque no se adoptó una ley que regule el procedimiento, y la integridad del proceso quedó bajo la voluntad y discrecionalidad de la Junta Proponente que, en una primera fase, se encarga de seleccionar una lista de cinco personas entre las cuales el Congreso Nacional tiene que elegir a las dos altas autoridades del Ministerio Público.

En este sentido, se hizo caso omiso a las advertencias de la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, quien manifestó que dicho proceso “no ofrece suficientes garantías para reducir al mínimo el riesgo de nombramientos por motivos indebidos” ni “para eliminar la injerencia de los partidos políticos” ni para asegurar la independencia institucional del Ministerio Público.

La Junta Proponente está conformada por 7 personas representantes de diversos sectores: Defensoría del Pueblo, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidades Privadas, Sociedad Civil, Colegio de Abogados y la presidenta y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Comenzó su trabajo de manera esperanzadora porque, ante la inexistencia de una ley, construyó, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, un reglamento y los protocolos necesarios para superar el vacío legal.

Sin embargo, la Junta Proponente adoptó dos decisiones que excluyeron de forma arbitraria al abogado Mario Urquía y al actual coordinador de la Unidad Fiscal contra las Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos. Estas exclusiones sembraron una sombra de duda al buen trabajo que venía realizando la Junta Proponente. El problema no son las exclusiones en sí mismas, sino los débiles y cuestionables argumentos jurídicos que se utilizaron para justificarlas.

Ambos abogados presentaron recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien los admitió sin ordenar que se detuviera el proceso de selección, el cual ha continuado con “normalidad”, pues la Junta Proponente elaboró una lista de 5 personas que envió al Congreso Nacional, en cuyas manos está la decisión final de escoger a las dos personas que asumirán la titularidad de la Fiscalía General y de la Fiscalía Adjunta.

Aunque dentro de la lista de cinco hay nombres que todavía generan esperanza de contar con personas íntegras al frente del Ministerio Público, sobre la elección final pesan dos sombras de incertidumbre: por un lado, la decisión de fondo que tendrá que adoptar la Sala de lo Constitucional sobre los recursos de amparo presentados; y, por otro, las “negociaciones” dentro del Congreso Nacional en donde existe el enorme peligro de que los intereses partidistas se impongan a los intereses generales, y perdamos la oportunidad de rescatar al Ministerio Público para reconstruir su independencia y convertirlo en el aliado natural de la CICIH.