Nicaragua: ¿agoniza la sociedad civil?

3 de Agosto de 2022
Nicaragua: ¿agoniza la sociedad civil?
Tomada de la Asamblea Nacional

El régimen de Nicaragua ha cancelado la personalidad jurídica de más de mil organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo impacta esto en su funcionamiento?

En el transcurso de 2022, el gobierno de Daniel Ortega ha ordenado a la Asamblea Nacional de Nicaragua, la cancelación de personerías jurídicas de cientos de asociaciones sin fines de lucro, una arremetida sin precedentes contra el derecho de asociación que ya suma más de 1,200 organizaciones cerradas desde 2018 cuando estalló una profunda crisis sociopolítica y se prevé que la cifra ascienda a 1790 o más. ¿Agoniza la sociedad civil en Nicaragua?

Antecedentes

La historia de las organizaciones sociales en Nicaragua se remonta a la época de la dictadura de los Somoza en el siglo XX cuando surgieron y tomaron impulso varios movimientos sociales, sindicatos y otras formas de organización social como organizaciones de beneficencia.

La característica general del contexto y de funcionamiento de esas formas organizativas es que no se reconocían derechos ciudadanos, la autonomía era sumamente baja o nula, así como los niveles de auto organización; por otra parte, existían organizaciones en abierta confrontación con la dictadura, pero no eran reconocidas ni contaban con institucionalidad.

Con la revolución sandinista en los años 80, se crearon numerosas organizaciones en todo el país y se masificó la participación ciudadana en asuntos públicos. Las formas organizativas más frecuentes fueron las organizaciones de masas, sindicatos, gremios, ONG y organizaciones sectoriales, organizaciones de mujeres, de trabajadores del campo, comunales, de poblaciones indígenas, cooperativas, de jóvenes, de trabajadores de la salud, entre otras.

La mayoría de estas organizaciones estuvieron vinculadas con el proyecto político de la revolución y su autonomía fue relativa, pues estaban atrapadas entre los intentos de cooptación por parte del gobierno y las fuerzas opositoras de la época. La autoorganización fue un proceso inducido tanto por el partido de gobierno como por la oposición.

En esa época se presentaron los primeros intentos de autonomía, la lucha por derechos sociales, económicos, civiles y políticos. Muchas de estas organizaciones estuvieron enfocadas en la defensa de la revolución, mientras que otro grupo importante se oponía a ella y algunas más estaban dedicadas a la promoción de intereses específicos.

El auge de las organizaciones de la sociedad civil

Durante la época de la transición política en la década  de los noventa, se produjo una explosión de organizaciones de tal manera que no sólo permanecieron las que ya existían, sino que se crearon numerosas organizaciones nuevas. La sociedad civil se amplió y diversificó sustancialmente en ese período. Surgieron más movimientos sociales, organizaciones locales, organizaciones sectoriales y diversas formas organizativas para la participación ciudadana.

También es cierto que se produjo un proceso de oenegización con el nacimiento de numerosas asociaciones sin fines de lucro que comenzaron a llenar los vacíos del Estado en materia de servicios sociales, especialmente a poblaciones en condiciones vulnerables. Surgieron numerosas redes, se diversificaron las organizaciones según sus intereses específicos; se promovió la ampliación de derechos ciudadanos, los intentos de influir en políticas públicas, y se incrementó la presión para abrir espacios públicos a la participación ciudadana.

Entre el 2000 y 2007, se amplió y consolidó el espacio organizativo de la sociedad civil, se incrementaron las iniciativas de coordinación, la construcción de plataformas para el ejercicio de derechos, la creación de espacios de participación para el diálogo entre el Estado y la sociedad, la elaboración de propuestas de políticas, iniciativas para fiscalizar la administración pública a diferentes niveles, entre otras actividades.

Todas estas formas de asociación ciudadana alcanzaron autonomía e independencia del Estado, y una buena parte de ellas asumieron una posición crítica respecto a diversos aspectos de la gestión pública tanto a nivel local como nacional.

La fuerza organizativa y de participación ciudadana promovió la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana (Ley 475) en el 2003, para reforzar el marco jurídico relativo a los derechos de asociación, de participación ciudadana y la auditoría social, dando pie a      enriquecedoras experiencias en diferentes localidades y niveles. Este fue un período en el que Nicaragua transitó de la democracia representativa a la participativa, pues los ciudadanos, además de elegir a sus gobernantes, buscaban incidir, influir y comprobar la acción estatal.

Primer episodio de confrontación

Con el regreso de Daniel Ortega a la presidencia en 2007, la democracia participativa que se había venido construyendo se transformó rápidamente a un modelo de “democracia directa”, promovido por el propio gobierno y estuvo asentado sobre lo que llamaron el “poder ciudadano”. Para eso se organizaron a los Consejos del Poder Ciudadano, los Comités de Liderazgo Sandinista, los Gabinetes de la familia y otras formas de organización pro-gobierno.

Simultáneamente avanzó un proceso de sustitución de actores en los diferentes espacios de participación ciudadana que se habían creado con anterioridad para desalojar a las organizaciones autónomas de sociedad civil e incorporar a las progubernamentales. Con eso, el sistema de participación y las organizaciones sociales quedaron completamente al margen de los espacios institucionales, toda vez que el gobierno de Ortega mantuvo una política hostil hacía la sociedad civil.    

Estallido social de 2018 y el nuevo panorama organizativo

El estallido social de 2018 cambió significativamente el panorama organizativo de Nicaragua. Las primeras acciones pasaron de ser autoconvocadas por grupos de ciudadanos para convertirse rápidamente en formas de organización que tenían entre sus rasgos la horizontalidad, nuevos liderazgos, composición diversa, estructuras flexibles y pequeñas, canales de comunicación variados, mensajes y discursos diversos.

De esos grupos se conformó un movimiento cívico de carácter amplio en todo el país. Estas nuevas formas de organización social se sumaron a las que ya existían antes de 2018 para dar vida a un enorme capital social y político de organización ciudadana. Dos de las expresiones más destacadas fueron:

I. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) conformada por los actores y organizaciones que fueron convocados para participar en el diálogo nacional que se instaló en mayo de 2018 y cerró en 2019 por la falta de voluntad del gobierno de Ortega de encontrar una salida pacífica y democrática a la crisis.

II. La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) con numerosas organizaciones y movimientos sociales, ONGs y otros actores.

Ambas plataformas existen todavía a pesar de los duros golpes que han experimentado por la represión gubernamental, especialmente desde finales de 2020 hasta la actualidad.

2021-2022, un nuevo episodio de confrontación: cierre masivo de organizaciones

El último episodio en la confrontación que Ortega mantiene con la sociedad civil ha consistido en el descabezamiento del movimiento cívico con el encarcelamiento de sus líderes más destacados en 2021, la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en 2021 y una nueva ley de ONGs en 2022, así como la cancelación masiva de personerías jurídicas a asociaciones sin fines de lucro, bajo el argumento de que no cumplen con la nueva legislación.

Entre las organizaciones canceladas se encuentran: filantrópicas como Operación Sonrisa, educativas como el Foro Eduquemos, culturales como la Academia de la Lengua de Nicaragua, científicas como la Academia de Ciencias de Nicaragua, de desarrollo, médicas, universitarias, religiosas y defensoras de derechos humanos.

Con esto, Daniel Ortega pretende eliminar toda forma de organización ciudadana autónoma, además de reafirmar la narrativa oficial sobre el estallido social de descontento como un “intento de golpe de estado”. Pero, como se dijo antes, la sociedad nicaragüense ha construido un inmenso capital social de organización y participación ciudadana que trasciende la formalidad de las personerías jurídicas, está vivo y es el pilar fundamental para la transición que se avecina.

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Citación académica sugerida: Cuadra Lira, Elvira. Nicaragua: ¿agoniza la sociedad civil?. Agenda Estado de Derecho. 2022/08/03. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/nicaragua-agoniza-la-sociedad-civil/

Palabras clave: Nicaragua; libertad de asociación; sociedad civil

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ACERCA DE LA AUTORA
Elvira Cuadra Lira

Socióloga nicaragüense con más de 20 años de experiencia en investigación sobre democracia, juventudes, cultura política, análisis de conflictos y seguridad en Nicaragua y Centroamérica. Autora y co-autora de diversos libros y ensayos.

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Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.