El poder estatal nicaragüense se ha arrogado un derecho al atropello que consuma impunemente el atropello al derecho, dado que:

i. El Ministerio de Gobernación no aceptó los informes financieros ni la documentación anexa de las instituciones universitarias para cumplimentar requisitos en tiempo y forma. Esta negativa fue estratagema para que la Asamblea Nacional decretara la cancelación alegando que las entidades no habían cumplido con presentar sus informes financieros y que sus juntas directivas estaban acéfalas.

ii. La cancelación, confiscación y ocupación en tiempo récord se practicó desde la ilegalidad e inconstitucionalidad. No se garantizaron el debido proceso ni el derecho a la defensa a favor de las universidades afectadas conforme con las garantías establecidas en el art. 34 de la Constitución Política de Nicaragua (Cn). Tampoco se les permitió hacer uso de recursos legales para impugnar tales acciones contra su patrimonio universitario. De hecho, el art. 44 Cn prohíbe explícitamente la confiscación.

iii. El decreto de cancelación no está fundamentado en el art. 24 de la Ley 147 sobre personas jurídicas sin fines de lucro. El art. 25 de la misma ley previene que los bienes y acciones de asociaciones canceladas tendrán el destino que prevengan sus actas constitutivas. Únicamente, en defecto de lo anterior, es que pueden pasar a ser propiedad del Estado.

iv. Conforme el art. 56 de la Ley 89 sobre autonomía universitaria de las instituciones de educación superior, el CNU es un órgano de coordinación y asesoría. Al tenor del art. 58 de la misma ley, el CNU no tiene atribuciones de ocupar e intervenir universidades privadas. Ya existe una reforma para darle legalidad sobrevenida a todo lo actuado por vías de hecho.

v. En virtud del art. 125 Cn y los arts. 8, 9 y 12 de la referida ley No 89, las universidades públicas y privadas han gozado de autonomía universitaria, lo cual les confiere un estatus jurídico especial, precisamente para protegerse de los abusos y excesos de los gobiernos de turno. De acuerdo con este artículo constitucional “Sus bienes y rentas no podrán ser objeto de intervención, expropiación ni embargo”

vi. El atropello a las libertades de pensamiento, cátedra y expresión, contravienen lo contemplado en los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, promulgados por la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los que dejan claro que la libertad académica implica el derecho de toda persona a tener acceso a procesos de enseñanza-aprendizaje de forma libre y sin temor a represalias.