En el contexto de los mega incendios que han golpeado a Chile en estos primeros meses del 2023, el Fiscal Nacional enfatizaba la calidad de víctima de la industria forestal, mientras que el Subsecretario del Interior respondía señalando que la principal víctima de los incendios era el país. Este cruce de declaraciones se da en un contexto en que los incendios han provocado –a la fecha– a lo menos 25 muertes, más de 440 mil hectáreas de bosques quemados e innumerables familias que han tenido que enfrentar el desplazamiento, la destrucción de viviendas y escuelas. A seis años del pasado mega incendio forestal, son nuevamente comunidades rurales y grupos de especial protección las principales víctimas de esta catástrofe.    

En un debate público marcado por la búsqueda de responsabilidades y ganancias políticas, es necesario poner paños fríos a la discusión. El análisis de los factores, consecuencias y medidas de prevención de los mega incendios no es ni sencillo ni uniforme. Tal como lo ha mencionado el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 el cambio climático, la actividad humana, la creciente área de interfaz urbano-rural, el incremento de plantaciones forestales de especies de alta inflamabilidad, y los cambios en el uso del suelo afectan -entre otras- la magnitud de los incendios. Por su parte, los efectos son múltiples, se observan en el medio ambiente, la biodiversidad, la economía, y principalmente en las personas que sufren los impactos físicos y psicológicos de estas catástrofes.

Para complementar dicho análisis, quisiera reivindicar el desarrollo doctrinal de un enfoque de derechos humanos en el análisis de catástrofes (y su escueto desarrollo en la discusión y política pública chilena). Para ello quisiera proponer algunas ideas en las que un enfoque de derechos humanos podría colaborar en el análisis y respuesta a catástrofes como las que se están observando en este momento en Chile.

Lo primero que cabe destacar es que, ante una catástrofe como los mega incendios, todo el catálogo de derechos humanos puede verse potencialmente afectado. Pensemos en la limitación de derechos civiles, como la libertad de desplazamiento asociado a estados de excepción constitucional. Repasemos también en los derechos sociales, como el derecho a la vivienda o a la salud o las consecuencias que acarrea el desplazamiento forzado. La Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres estima que 200 millones de personas se han visto afectadas por catástrofes cada año, durante las dos últimas décadas. Piense en los derechos civiles y políticos, como el impacto potencial en el derecho de propiedad o en cómo los populismos en debates álgidos, en estos contextos, pueden limitar la participación en la vida política. Y así sucesivamente.

En segundo lugar, es importante destacar que los efectos en materia de derechos humanos tienden a afectar de manera desproporcionada a grupos de especial protección. Sabemos, por ejemplo, que la pobreza y la marginación empeoran la situación de las víctimas de las catástrofes. En Chile, por ejemplo,  el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha estimado que la escasez hídrica y el cambio climático (como ya hemos visto, factores de los mega incendios forestales) afectan principalmente a personas del mundo rural −en especial, mujeres e indígenas− con algunos de los más altos índices de pobreza del país, menor acceso a infraestructura de agua potable, y ausencia −en el caso del pueblo mapuche−de garantías de sus derechos ancestrales sobre las aguas, todas características que se concentran en poblaciones de la zona centro-sur de Chile, donde justamente existe la mayor densidad de monocultivos de especies forestales exóticas de rápido crecimiento (pino radiata y eucaliptus).

Y si lo dicho hasta ahora se trata de elementos de contexto o previos a los incendios, en la fase posterior nos encontramos con posibles nuevas violaciones de los derechos humanos, que dependen en gran medida del marco institucional que se haya creado a nivel local. Si la esencia de las catástrofes es, en primer lugar, la falta de preparación y la vulnerabilidad social, la acción preventiva se convierte en un elemento clave de la gestión de catástrofes. Entre los problemas a los que suelen enfrentarse las personas afectadas por las consecuencias de las catástrofes se encuentran: la desigualdad de acceso a la asistencia; la discriminación en la prestación de ayuda; la reubicación forzosa; la violencia sexual y de género; la pérdida de documentación; el retorno o reasentamiento inseguro o involuntario; y los problemas de restitución de la propiedad.

Desde esta perspectiva, se vuelve fundamental la aplicación de un Enfoque Basado en los Derechos Humanos (EBDH) para la gestión de catástrofes, que surge como resultado de obligaciones internacionales que han adoptado los Estados. Dicho enfoque debería  servir como herramienta para la generación de marcos normativos nacionales y políticas nacionales e internacionales de ayuda y asistencia humanitaria. Así, además de aprobar un marco legislativo y establecer un aparato administrativo (como aquel generado por la Ley 21.364 en el caso chileno), los Estados están obligados a generar coherencia política y actuar con diligencia. Desde esta perspectiva, es necesario que la política de gestión de desastres dialogue, por ejemplo, con la política de cambio climático, con la institucionalidad en materia de agua, con una política de ordenamiento territorial y con la regulación de la empresa privada, en este caso forestal. En segundo lugar, que se aplique a las mismas un enfoque de derechos humanos. Ambos elementos, la coherencia y el enfoque en derechos humanos, son hoy inexistentes en el marco chileno.

Aunque la responsabilidad de respeto y garantía de los derechos humanos recae principalmente en el Estado, las empresas tienen la responsabilidad de respetarlos. Más allá del marco regulatorio nacional (que actualmente no consagra la debida diligencia obligatoria de derechos humanos), las empresas tienen una responsabilidad en materia de derechos humanos y se les exige que generen sistemas y procesos de derechos humanos efectivos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por los daños que causan o con los cuales están relacionados. Es preciso mencionar que, si bien estas obligaciones empresariales se basan en un marco voluntario (los Principios Rectores en materia de derechos humanos y empresas), existe una creciente tendencia a regular la debida diligencia de empresas de manera obligatoria. Un debate que en el contexto de los mega incendios también se ha abierto a nivel nacional.

En definitiva, la discusión pública sobre catástrofes podría nutrirse de buena manera por un análisis que tome en consideración un foco en derechos humanos y de la naturaleza, que ponga en el centro a las víctimas, que comprenda el catálogo completo de derechos, y que tome en consideración a los grupos históricamente discriminados.  Esto permitiría generar cierto grado de coherencia política y a seguir las directrices de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido enfática en mencionar que los Estados y las empresas deben llevar a cabo una debida diligencia en materia de derechos humanos, un proceso continuo de gestión que se ajuste a sus circunstancias (sector, contexto, tamaño, etc.) para respetar los derechos humanos. Estas son solo algunas ideas que podrían reforzar el debate y -espero sinceramente- contribuir a la prevención de futuras catástrofes. Ojalá no pasen otros seis años y un nuevo incendio antes de que se incorpore este enfoque en el debate nacional.