En Paraguay, el acceso a la justicia para las mujeres enfrenta obstáculos arraigados, reflejados en altas tasas de feminicidio y violencia de género. ¿Cómo hacer frente a esta problemática?
Garantizar que todas las personas, sin excepción, tengan acceso a la justicia es un elemento crucial en el marco de un Estado Social de Derecho. En el caso de Paraguay, este compromiso es asumido a nivel constitucional y por su pertenencia al sistema interamericano e internacional de derechos humanos. Pero, ¿qué pasa cuando la mitad de la población encuentra limitaciones a este derecho, en especial cuando son víctimas de violencia?
Para las mujeres, acceder al sistema de protección estatal es un camino lleno de obstáculos. Las barreras del sistema y las altas tasas de impunidad en casos de violencia de género evidencian patrones históricos de discriminación y estereotipos de género que siguen presentes. Esto se traduce en que, en la práctica, los hechos de violencia de género no sean vistos como “realmente” importantes y que las denuncias sean minimizadas una vez que las mujeres tratan de acceder al sistema de protección judicial.
La violencia basada en género está presente en la vida de las mujeres y niñas paraguayas, y los casos de feminicidio son la expresión más extrema de estas violencias. En lo que va del año (enero a septiembre de 2023), el Observatorio del Ministerio de la Mujer ya ha registrado 30 casos de feminicidios y 29 casos en grado de tentativa. Otro indicador útil para dimensionar la gravedad del asunto puede encontrarse en los casos de violencia familiar, con más de 16.000 denuncias ingresadas al Ministerio Público tan solo desde enero a junio de este año —más de 90 por día. Además, el Instituto Nacional de Estadística estima que, a nivel país, 8 de cada 10 mujeres de 18 años y más ha sufrido algún tipo de violencia basado en género, al menos una vez a lo largo de sus vidas.
Cuando se intenta conocer más sobre la judicialización de los casos, solo existe información disponible sobre crímenes de feminicidio —diferenciado en el ámbito penal de otros tipos de homicidio desde 2016 con la Ley N° 5777 de protección integral para las mujeres. Según un informe de ONU Mujeres, de los 92 expedientes judiciales por feminicidio registrados entre 2017 y 2020, tan solo 22 contaban con sentencia hasta diciembre de 2020, lo que representa un 23,9% del total. De los casos de feminicidio en grado de tentativa (83 expedientes en trámite), apenas el 8,4% contaba con sentencia (7 expedientes). Estas cifras —las existentes y las que no figuran en los registros públicos— nos muestran un alarmante panorama de mora judicial e impunidad de los agresores.
Los casos de violencia de género en Paraguay son una muestra de que el sistema de protección actual no funciona, pero es necesario entender cómo llegamos a este punto y qué se necesita para cambiar la situación. Desde hace años, las instituciones estatales apuestan por campañas de sensibilización e instan a las mujeres a denunciar y solicitar medidas de seguridad, pero a la hora de acudir al sistema de protección judicial, la realidad es que las mujeres encuentran constante desinformación, revictimización e inclusive negligencia para que se cumplan las leyes vigentes. Con cada feminicidio vemos que las víctimas hicieron todo lo que el Estado les dijo que hagan: ellas fueron a denunciar en numerosas ocasiones, solicitaron medidas judiciales y acudieron a la policía, fiscalía y juzgados de paz.
El Consultorio Jurídico Feminista —una organización de abogadas voluntarias que ofrecen asesoría legal gratuita— analizó esta situación en su informe “Barreras y nudos críticos en el tratamiento de las denuncias por violencia basada en género”. En este documento se identifica que el quiebre del sistema de protección es la suma de muchas fallas humanas (intencionales o no) que podían haber sido prevenidas, convirtiéndose en un patrón recurrente de obstáculos que impiden a las mujeres acceder a la justicia. Las situaciones más frecuentes reportadas por quienes llaman a la línea del Consultorio son de incredulidad por parte de operadores judiciales y negligencia en el deber de atención. En muchos casos, los funcionarios directamente se niegan a tomar las denuncias de violencia doméstica a menos que la situación sea percibida como suficientemente grave.
Esta conducta de no creer, o no tomar en serio, las voces de las mujeres se repite durante todo el proceso judicial que se ve marcado por actitudes indiferentes y juicios de (des)valor por parte del funcionariado, así como orientaciones poco claras o incorrectas sobre los pasos a seguir durante el proceso. Un ejemplo claro encontrado en la publicación del CJF es que en algunos juzgados de paz de la capital se solicita que las mujeres cuenten con patrocinio de abogada/o, denuncia policial previa, o tener a mano la cédula de identidad, a pesar de que todo esto es contrario a las leyes vigentes. El resultado de estas conductas negligentes es muy grave pues efectivamente impide que las mujeres obtengan ayuda que podría ser crucial para proteger sus vidas y las de sus familias. Asimismo, el informe de ONU Mujeres también encuentra actitudes similares por parte de fiscales que se oponen constantemente a clasificar los asesinatos de mujeres usando la figura de feminicidio. Esto evidencia el descreimiento de la violencia de género vivida por las víctimas, inclusive cuando ellas ya no están.
La persistencia de las barreras en estos casos no es simplemente un problema legal, sino un fenómeno profundamente arraigado en la cultura, que también se conecta con la falta de voluntad política y la distribución insuficiente de recursos. A pesar de que en los últimos 40 años hubo avances significativos en leyes para la protección formal de los derechos de las mujeres, nos encontramos en una encrucijada donde la impunidad sigue siendo una realidad que socava la confianza en el sistema judicial y perpetúa un ciclo de violencia de género inaceptable.
Frente a esto es necesario contar con respuestas prácticas, basadas en la experiencia de quienes han intentado denunciar y quienes han asistido en estos casos. El informe del Consultorio Jurídico Feminista ofrece 11 recomendaciones concretas para desatar los nudos en el acceso a la justicia centradas en la difusión de información de forma sencilla como el contenido de las leyes vigentes, contactos útiles y un flujograma con pasos a seguir durante los procesos judiciales; capacitaciones y programas de educación en prevención para operadores/as de justicia, estudiantes y el público general; evaluación de políticas públicas y canales de denuncia por mal desempeño en la atención; presupuesto y recursos adecuados; y, políticas para mejorar la situación de quienes sufrieron violencia de género.
No existe una única solución para abordar la situación actual y mejorar el acceso a la justicia de las mujeres, pero sí existen datos y conocimiento generado por la larga trayectoria de organizaciones de la sociedad civil, como el CJF. Las instituciones públicas que forman parte del sistema de protección en Paraguay tienen la capacidad para reforzar el Estado Social de Derecho y garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres. Para ello, es indispensable que a nivel estatal se asuma un compromiso interinstitucional para cortar con las raíces culturales y los estereotipos de género machistas que sostienen estas violencias.
Citación académica sugerida: Colmán, Violeta. Justicia feminista en Paraguay: un elemento esencial del Estado Social de Derecho. Agenda Estado de Derecho. 2023/12/22. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/iusticia-feminista-en-paraguay/
Palabras clave: Paraguay; género; Estado de Derecho.
Abogada, especialista en políticas públicas. Consultorio Jurídico Feminista.
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.