Justicia feminista en Paraguay: un elemento esencial del Estado Social de Derecho

22 de Diciembre de 2023
Justicia feminista en Paraguay: un elemento esencial del Estado Social de Derecho
Foto. Pexels.

En Paraguay, el acceso a la justicia para las mujeres enfrenta obstáculos arraigados, reflejados en altas tasas de feminicidio y violencia de género. ¿Cómo hacer frente a esta problemática?

Garantizar que todas las personas, sin excepción, tengan acceso a la justicia es un elemento crucial en el marco de un Estado Social de Derecho. En el caso de Paraguay, este compromiso es asumido a nivel constitucional y por su pertenencia al sistema interamericano e internacional de derechos humanos. Pero, ¿qué pasa cuando la mitad de la población encuentra limitaciones a este derecho, en especial cuando son víctimas de violencia?

Para las mujeres, acceder al sistema de protección estatal es un camino lleno de obstáculos. Las barreras del sistema y las altas tasas de impunidad en casos de violencia de género evidencian patrones históricos de discriminación y estereotipos de género que siguen presentes. Esto se traduce en que, en la práctica, los hechos de violencia de género no sean vistos como “realmente” importantes y que las denuncias sean minimizadas una vez que las mujeres tratan de acceder al sistema de protección judicial.

Las estadísticas que evidencian la urgencia del problema

La violencia basada en género está presente en la vida de las mujeres y niñas paraguayas, y los casos de feminicidio son la expresión más extrema de estas violencias. En lo que va del año (enero a septiembre de 2023), el Observatorio del Ministerio de la Mujer ya ha registrado 30 casos de feminicidios y 29 casos en grado de tentativa. Otro indicador útil para dimensionar la gravedad del asunto puede encontrarse en los casos de violencia familiar, con más de 16.000 denuncias ingresadas al Ministerio Público tan solo desde enero a junio de este año —más de 90 por día. Además, el Instituto Nacional de Estadística estima que, a nivel país, 8 de cada 10 mujeres de 18 años y más ha sufrido algún tipo de violencia basado en género, al menos una vez a lo largo de sus vidas.

Cuando se intenta conocer más sobre la judicialización de los casos, solo existe información disponible sobre crímenes de feminicidio —diferenciado en el ámbito penal de otros tipos de homicidio desde 2016 con la Ley N° 5777 de protección integral para las mujeres. Según un informe de ONU Mujeres, de los 92 expedientes judiciales por feminicidio registrados entre 2017 y 2020, tan solo 22 contaban con sentencia hasta diciembre de 2020, lo que representa un 23,9% del total. De los casos de feminicidio en grado de tentativa (83 expedientes en trámite), apenas el 8,4% contaba con sentencia (7 expedientes). Estas cifras —las existentes y las que no figuran en los registros públicos— nos muestran un alarmante panorama de mora judicial e impunidad de los agresores.

El Estado insta a denunciar, pero las denuncias caen en el vacío

Los casos de violencia de género en Paraguay son una muestra de que el sistema de protección actual no funciona, pero es necesario entender cómo llegamos a este punto y qué se necesita para cambiar la situación. Desde hace años, las instituciones estatales apuestan por campañas de sensibilización e instan a las mujeres a denunciar y solicitar medidas de seguridad, pero a la hora de acudir al sistema de protección judicial, la realidad es que las mujeres encuentran constante desinformación, revictimización e inclusive negligencia para que se cumplan las leyes vigentes. Con cada feminicidio vemos que las víctimas hicieron todo lo que el Estado les dijo que hagan: ellas fueron a denunciar en numerosas ocasiones, solicitaron medidas judiciales y acudieron a la policía, fiscalía y juzgados de paz.

El Consultorio Jurídico Feminista —una organización de abogadas voluntarias que ofrecen asesoría legal gratuita— analizó esta situación en su informe “Barreras y nudos críticos en el tratamiento de las denuncias por violencia basada en género”. En este documento se identifica que el quiebre del sistema de protección es la suma de muchas fallas humanas (intencionales o no) que podían haber sido prevenidas, convirtiéndose en un patrón recurrente de obstáculos que impiden a las mujeres acceder a la justicia. Las situaciones más frecuentes reportadas por quienes llaman a la línea del Consultorio son de incredulidad por parte de operadores judiciales y negligencia en el deber de atención. En muchos casos, los funcionarios directamente se niegan a tomar las denuncias de violencia doméstica a menos que la situación sea percibida como suficientemente grave.

Esta conducta de no creer, o no tomar en serio, las voces de las mujeres se repite durante todo el proceso judicial que se ve marcado por actitudes indiferentes y juicios de (des)valor por parte del funcionariado, así como orientaciones poco claras o incorrectas sobre los pasos a seguir durante el proceso. Un ejemplo claro encontrado en la publicación del CJF es que en algunos juzgados de paz de la capital se solicita que las mujeres cuenten con patrocinio de abogada/o, denuncia policial previa, o tener a mano la cédula de identidad, a pesar de que todo esto es contrario a las leyes vigentes. El resultado de estas conductas negligentes es muy grave pues efectivamente impide que las mujeres obtengan ayuda que podría ser crucial para proteger sus vidas y las de sus familias. Asimismo, el informe de ONU Mujeres también encuentra actitudes similares por parte de fiscales que se oponen constantemente a clasificar los asesinatos de mujeres usando la figura de feminicidio. Esto evidencia el descreimiento de la violencia de género vivida por las víctimas, inclusive cuando ellas ya no están.

La persistencia de las barreras en estos casos no es simplemente un problema legal, sino un fenómeno profundamente arraigado en la cultura, que también se conecta con la falta de voluntad política y la distribución insuficiente de recursos. A pesar de que en los últimos 40 años hubo avances significativos en leyes para la protección formal de los derechos de las mujeres, nos encontramos en una encrucijada donde la impunidad sigue siendo una realidad que socava la confianza en el sistema judicial y perpetúa un ciclo de violencia de género inaceptable.

Frente a esto es necesario contar con respuestas prácticas, basadas en la experiencia de quienes han intentado denunciar y quienes han asistido en estos casos. El informe del Consultorio Jurídico Feminista ofrece 11 recomendaciones concretas para desatar los nudos en el acceso a la justicia centradas en la difusión de información de forma sencilla como el contenido de las leyes vigentes, contactos útiles y un flujograma con pasos a seguir durante los procesos judiciales; capacitaciones y programas de educación en prevención para operadores/as de justicia, estudiantes y el público general; evaluación de políticas públicas y canales de denuncia por mal desempeño en la atención; presupuesto y recursos adecuados; y, políticas para mejorar la situación de quienes sufrieron violencia de género.

No existe una única solución para abordar la situación actual y mejorar el acceso a la justicia de las mujeres, pero sí existen datos y conocimiento generado por la larga trayectoria de organizaciones de la sociedad civil, como el CJF. Las instituciones públicas que forman parte del sistema de protección en Paraguay tienen la capacidad para reforzar el Estado Social de Derecho y garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres. Para ello, es indispensable que a nivel estatal se asuma un compromiso interinstitucional para cortar con las raíces culturales y los estereotipos de género machistas que sostienen estas violencias.

Citación académica sugerida: Colmán, Violeta. Justicia feminista en Paraguay: un elemento esencial del Estado Social de Derecho. Agenda Estado de Derecho. 2023/12/22. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/iusticia-feminista-en-paraguay/

Palabras clave: Paraguay; género; Estado de Derecho.

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ACERCA DE LA AUTORA
Violeta Colmán

Abogada, especialista en políticas públicas. Consultorio Jurídico Feminista.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.