La protesta social: Una aproximación a un derecho democrático fundamental

15 de Febrero de 2021
La protesta social: Una aproximación a un derecho democrático fundamental

¿Cuál es el contenido mínimo del derecho a la protesta y qué impacto tiene en la construcción de la democracia?

En los últimos años han sido numerosas las protestas dadas en la región, destacándose los casos de Colombia, Chile, Nicaragua, Brasil, Perú y Ecuador. Muchas de esas protestas son una crítica a la gestión gubernamental y a la creciente tentación autocrática, así como la búsqueda por reivindicar demandas sociales y rebatir la ausencia de canales institucionales efectivos para discutir los temas más sensibles de la vida en común. 

Pese a las reivindicaciones logradas por la reclamación popular y el diálogo social adelantado en Chile, lo que motivó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, el fenómeno general es la intolerancia frente al derecho a la protesta y al desacuerdo que transmite, dándose una respuesta estatal caracterizada por el uso excesivo de la fuerza y la evasión de respuestas a las demandas ciudadanas.

Sin embargo, la protesta se vislumbra como el derecho que puede ayudar a profundizar la democracia y a establecer límites al poder en diversas latitudes. Esta clase de situaciones muestran la necesidad de conocer más acerca del contenido mínimo de la protesta y su impacto en la construcción colectiva de la democracia.

En busca de un concepto mínimo sobre la protesta

La protesta puede definirse como un derecho humano fundamental consagrado en el sistema normativo internacional y en los ordenamientos democráticos constitucionales, pero es especialmente una prerrogativa política que le permite a todas las personas, el desarrollo de las capacidades humanas más relevantes para la evolución de la democracia constitucional, social y deliberativa; es decir, para el autogobierno, la libertad de expresión, el control político y la crítica.

Esto supone que la protesta implica una “titulación social” que le permite a quienes la promueven, o participan de ella, interactuar en diversos escenarios:

i) Dentro del sistema jurídico político conforme a la regulación que se impone al derecho a protestar en la Constitución y las leyes.

ii) Como potencial poder constituyente derivado, ya que el pueblo a través de sus ejercicios deliberativos y de manifestación puede desembocar en el ejercicio del poder de reforma, bien a través de un acto legislativo, un referéndum, o una Asamblea Nacional Constituyente reformatoria;

iii) La posibilidad de que la protesta fundamente la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente capaz de suprimir la constitución vigente, e instaurar una nueva, respondiendo al mapa vigente de factores reales y plurales de poder existentes en la sociedad -como lo ilustra el caso de Chile-.

iv) Como derecho preconstitucional, esto es, como un derecho que promovió y promueve la legitimidad democrática o popular del ordenamiento estatal. Como expresión de soberanía y palabra popular, así como de libertad política y la búsqueda de un mejor orden social.

v) Como derecho supraconstitucional que posee resguardo en el ordenamiento internacional de los derechos humanos, y que reserva para cada pueblo el derecho a darse una nueva constitución y a reclamar ante cualquier situación constitutiva de injusticia, o que elimine el derecho a autogobernarse.

La protesta es una garantía popular que basta con invocar y expresar de acuerdo con fines y medios de libre elección (manifestaciones, marchas, arte, discursos, gritos, etc.), siempre que sean constitucionales, pacíficos, proporcionales y que persigan la concurrencia libre y espontánea de otras personas.

La protesta posee la vocación de crear un discurso público, de recurrir al conocimiento social y de ser sometido a la contradicción dialógica. La protesta no supone necesariamente una vinculación ideológica o política particular, siendo viable la protesta con fines constitucionales, o con intereses políticos de izquierda, de derecha o de grupos indeterminados de interés.

La protesta como indicador de la democracia

La protesta puede ser vista como un derecho o un principio que debe ser desarrollado en la mayor medida posible, lo que supone adoptar medidas institucionales y sociales para evitar su abolición, la discriminación por su ejercicio (como la dada en contra de los estudiantes en Colombia, Nicaragua, Chile o Venezuela), o cualquier restricción o limitación injustificada. Así, la protesta pacífica puede ser vista como un indicador de desarrollo de la calidad de la democracia y de su resiliencia, especialmente útil y reflexivo para el ámbito latinoamericano:

i) La prohibición de abolición del derecho a la protesta en el marco del Estado constitucional, tanto para el legislador ordinario, el constituyente derivado y originario, pues equivaldría a desarticular las bases populares de la democracia y la necesaria difusión del poder en el pueblo.

ii) Entre más exigencias jurídicas, políticas y cargas deliberativas existan para limitar el derecho a la protesta, como trámites especiales y tipos de ley en detrimento de regulaciones del ejecutivo, más garantías existen para que las personas puedan influir e impactar en el proceso democrático y su acción y discurso no dependan o se subordinen ante la ley, o una decisión administrativa.

iii) Entre más deban tolerarse las manifestaciones y medios de la protesta, incluso aquellos que incomodan y limitan otros derechos, como la movilidad de aquellos que no protestan o no comparten lo reclamado públicamente, más cultura democrática existirá, al igual que priorización social y política de la protesta como un conducto para la resolución de los dilemas sociales, o de los problemas más típicos de la vida pública, justo los más descuidados en Latinoamérica (la pobreza, la desigualdad, la acumulación de poder, la corrupción, el elitismo, el centralismo, etc.).

iv) La admisibilidad de la protesta como derecho a cuestionar, a llamar la atención, a usar el espacio público, a reivindicar, a gritar, a exponer, a convencer, etc., también debe suponer el deber de admitir ser criticado y convencido por la razón ajena, más en ámbitos multiculturales y diversos políticamente.

Esto supone, que en un ámbito social con cultura democrática no deben existir derechos absolutos, ya que se eliminaría la contradicción y el diálogo como medio para la resolución parcial y permanente de los desacuerdos morales y políticos; empero, también debe admitirse que sí pueden construirse derechos prioritarios, más tratándose de capacidades que fomentan la construcción del conocimiento social y la incorporación al proceso político de los más débiles, de las minorías o de las mayorías excluidas.

v) La protesta social puede conducir reclamaciones y denuncias estructurales para el futuro de la organización política, la preservación del diálogo y la coexistencia social, incluso puede reflejar un choque político severo, dado por fuera de las descripciones, análisis y visiones de los partidos políticos y del poder público; esto puede generar expresiones violentas de la fuerza pública y tensiones entre actores sociales e institucionales, el uso mutuo de medios extremos, más cuando de por medio hay rabia, ira, exclusión y un estallido social (ej. bloqueo permanente de vías, o el uso de armas propias del conflicto armado para reprimir la manifestación popular, e incluso para apuntar contra los protestantes, etc., tal como se ha dado en Colombia y Nicaragua).

En cualquier caso, no puede utilizarse la fortaleza o dificultad que revela la protesta como prisma social para desarticular las bases del Estado de derecho, particularmente para invertir la prevalencia del poder civil sobre el poder militar, la exigencia del uso último, necesario y proporcional de la fuerza y la preservación del debido proceso, la libertad y participación, así como de los demás derechos que hacen de la protesta un macro -derecho (una capacidad democrática que concita el ejercicio libre de otros derechos como la libertad de expresión, de conciencia, el libre desarrollo de la personalidad, la reunión, asociación, autogobierno, participación, libre discurso, la no segregación, etc.).  

La verificación de esta clase de indicadores concurre con la consolidación de fenómenos de acumulación del poder y de erosión democrática. La protesta se convierte en una voz de la sociedad oprimida o limitada en sus derechos para confrontar pacífica y dialógicamente el autoritarismo y retornar al curso de la práctica colectiva de la democracia y el Estado de Derecho.

Darle forma a la protesta

Un concepto mínimo sobre la protesta requiere reclamar públicamente, pero especialmente, construir un contenido, la crítica o el discurso de la reivindicación deseados, así como los objetivos que se persiguen y que definirán los límites del desacuerdo y de las posibles soluciones. Esto no solo asegura un proceso de comunicación y negociación efectivo con los actores públicos, sino que permite la comprensión, rechazo e integración del resto de la comunidad política. La protesta requiere justificaciones morales, políticas, económicas y jurídicas, que los demás puedan aceptar y discutir en un plano de igualdad, respeto, reconocimiento y consideración. Estas razones no solo deben justificar la movilización y la crítica social, también deben hacer admisibles los medios utilizados y evidenciar el compromiso ineludible por la expresión pacífica y dialógica.

Citación académica sugerida: Jiménez Ramírez, Milton César. La protesta social: Una aproximación a un derecho democrático fundamental, Agenda Estado de Derecho, 2022/02/15. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-protesta-social-una-aproximacion-a-un-derecho-democratico-fundamental/

Palabras clave: protesta, protestas, democracia

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ACERCA DEL AUTOR
Milton César Jiménez Ramírez

Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España; docente investigador del

Departamento de Jurídicas de la Universidad de Caldas (Colombia).

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.