Reconocimiento de la crisis climática y ecológica en el proyecto de Nueva Constitución de Chile
30 de Agosto de 2022
El proyecto de Constitución de Chile ha incluido trascendentes artículos que reconocen el cambio climático y la crisis ecológica ¿Cuáles son?
Con el objeto de hacer frente al cambio climático, El proyecto chileno de Nueva Constitución de 2022 robustece la capacidad del Estado para responder a la crisis climática y ecológica. En una reciente publicación (2022) de la Journal of Environmental Law de la Universidad de Oxford, Ghaleigh, Setzer y Welikala, concluyen que una Constitución climática requiere de tres funciones esenciales, a saber: (i) el establecimiento de compromisos clave respecto al cambio climático; (ii) un marco institucional efectivo y cooperador para lograr dichos fines; y, (iii) la articulación de principios generales que gobernarían el marco regulatorio establecido por la legislación ordinaria y el desarrollo de políticas públicas.
Un primer paso para cumplir con las funciones propuestas por Ghaleigh et al. es reconocer el cambio climático. El proyecto constitucional concreta este reconocimiento en su artículo 129, utilizando el término “crisis climática y ecológica”. Esta expresión constituye, comparativamente, un avance respecto al reconocimiento del cambio climático en otras constituciones. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (PICC), define cambio climático como “el cambio en el estado del clima que puede ser identificado por cambios en la media y/o la variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante un período prolongado, generalmente décadas o más”. El enfoque de este concepto es eminentemente científico y describe el cambio climático desde dicho ámbito.
El cambio climático genera impactos adversos para la biodiversidad, las personas, y los sistemas humanos y ecológicos. El proyecto de Nueva Constitución chilena reconoce esta amplitud de los efectos climáticos refiriéndose a la “crisis climática y ecológica”. Este concepto ha sido utilizado, entre otros, por el PICC y el gobierno de los Estados Unidos en su orden ejecutiva 14008 sobre crisis climática. Es decir, al utilizar la expresión “crisis climática y ecológica”, el proyecto constitucional mandata al Estado a desarrollar acciones que consideren las consecuencias sociales, económicas, políticas e institucionales del cambio climático, habilitándola para cumplir las funciones propuestas por Ghaleigh et al.
Una primera función, luego de reconocer la existencia de una crisis climática, es establecer compromisos para enfrentarla. Si bien, el proyecto de Nueva Constitución no define compromisos específicos, sí establece deberes del Estado respecto a su acción climática. El artículo 129, mandata al Estado a “adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, vulnerabilidades y los efectos” de la crisis climática, constituyendo un amparo constitucional para el cumplimiento de los compromisos climáticos de Chile.
La propuesta constitucional explicita dos campos de acción elementales para enfrentar la crisis climática: adaptación y mitigación. En seguida, dispone que estas acciones se enfocan en riesgos, vulnerabilidades y efectos. Esta precisión de enfoque es relevante. Por ejemplo, respecto al deber de tomar medidas de adaptación, el Estado deberá tener en cuenta las vulnerabilidades relacionadas a la crisis climática, generalmente determinada por la capacidad adaptativa y resiliencia de las comunidades frente a los efectos climáticos. Luego, al adaptarse, el Estado deberá ponderar las diferencias de los grupos sociales para enfrentar el cambio climático, aplicando la equidad en su implementación. Algo similar ocurre en materia de mitigación, ya que las acciones del Estado tendientes a reducir las emisiones, tendrán que considerar las vulnerabilidades y riesgos de distintas poblaciones, implementando un enfoque de equidad para concretar una transición justa. Estos ejemplos reflejan que, aun cuando el proyecto chileno no define compromisos climáticos en específico, sí mandata al Estado a ejercer acciones climáticas con enfoque de equidad, habilitándolo para alcanzar dichos compromisos.
Un primer pilar de un marco institucional que robustece el accionar ambiental y climático del Estado son los derechos sustantivos, como el derecho a un ambiente sano, y procedimentales, como el derecho de las personas de participar en la toma de decisiones de carácter ambiental, reconocidos en el proyecto constitucional. Estas garantías, habilitan a los ciudadanos a exigir del Estado el cumplimiento de sus deberes climáticos constitucionales.
Asimismo, el proyecto de Nueva Constitución establece la Defensoría de la Naturaleza, institución dedicada exclusivamente a fiscalizar a las entidades estatales y privadas para el “cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos ambientales y derechos de la naturaleza”. Finalmente, el proyecto constitucional en su disposición transitoria trigésima séptima, establece que, en un año contado desde la entrada en vigencia de la Nueva Constitución, el Presidente de la República deberá constituir una Comisión de transición socio ecológica. Esta comisión tiene como principal objeto diseñar propuestas legislativas y de políticas públicas, para implementar las normas del capítulo de naturaleza y ambiente del proyecto constitucional. Esto último, es un paso inequívoco en la construcción de un marco institucional que concrete, a través de políticas de Estado, los avances ecológicos del proyecto de Nueva Constitución.
El proyecto constitucional también refuerza el marco institucional para fines climáticos, al reconocer como deber del Estado la promoción de la cooperación y solidaridad internacional para “afrontar la crisis climática”. Por ejemplo, la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, refuerza la garantía de derechos ambientales procedimentales, habilitando a los Estados a aumentar su ambición climática tomando en cuenta a las comunidades vulnerables. Chile es también parte del Acuerdo de París, tratado que promueve la cooperación en materias como adaptación, mitigación, transparencia, transferencia de tecnologías, fortalecimiento de capacidades, entre otros. Estos acuerdos reflejan una política exterior ambiental y climática que promueve la cooperación internacional. En el contexto de crisis climática, por el dinamismo de sus efectos y su carácter transnacional, el camino de la cooperación debe seguir progresando. El proyecto de Nueva Constitución canaliza una política exterior que siga fortaleciendo la cooperación internacional y participación en acuerdos para enfrentar la crisis climática, robusteciendo el marco institucional para los fines climáticos de Chile.
En esto, el proyecto chileno avanza sustancialmente, incluyendo principios jurídicos que facilitarán el funcionamiento del marco climático constitucional y regulatorio. La propuesta contempla el principio de progresividad, precautorio, preventivo, de justicia ambiental, de solidaridad intergeneracional, de responsabilidad y de acción climática justa. Por ejemplo, el principio de progresividad, contemplado en el Acuerdo de París en su artículo 4.3, implica un aumento de ambición permanente, pudiendo, cualquier retroceso en nuestras políticas o promesas climáticas, ser calificada como inconstitucional.
La solidaridad intergeneracional, reconocido bajo el principio de equidad de la Convención Marco sobre Cambio Climático en su artículo 3, estimula un diseño de políticas de largo plazo que miren el bienestar de las generaciones futuras. Recientemente, este principio fue comentado a nivel de derecho constitucional comparado a propósito del fallo de la Corte Constitucional Alemana en Neubauer et al. v. Alemania, donde la Corte invocando el principio de equidad intergeneracional, reconocido por la Constitución alemana, obligó al Estado alemán a aumentar sus compromisos de mitigación climática.
Finalmente, un principio innovador del proyecto constitucional es el de “acción climática justa”, que busca incorporar criterios de equidad en las medidas climáticas. Con Ezio Costa, creemos que este principio contempla, al menos, tres ámbitos de desarrollo: mitigación, adaptación y transición justa. Además, advertimos que incorporar este principio en la NC, “constituiría un avance en relación con la organización jurídica e interpretación de otras normas, que facilite y dinamice las respuestas de nuestro Estado frente a la crisis climática”. Con todo, sostenemos que este principio tiene un carácter “emergente y flexible, facilitando la transversalidad de los desafíos y obligaciones en torno al cambio climático”.
Es prudente afirmar que el proyecto de Nueva Constitución de Chile representa un avance sustantivo en materia climática, estableciendo deberes y principios que pueden habilitar al Estado a cumplir con sus funciones y compromisos climáticos. Ciertamente, Chile tiene mucho que avanzar en la materia, pero la propuesta constitucional habilita al Estado a impulsar un proceso de adaptación institucional que pueda hacer frente de manera más efectiva, eficiente y equitativa la crisis climática y ecológica, marcando también un camino de progreso para futuras constituciones en el planeta.
Citación académica sugerida: Cisterna Gaete, Pedro. Reconocimiento de la crisis climática y ecológica en el proyecto de Nueva Constitución de Chile, Agenda Estado de Derecho, 2022/08/30. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/reconocimiento-de-la-crisis-climatica-y-ecologica-en-el-proyecto-de-nueva-constitucion-de-chile/
Palabras clave: Chile, Proyecto de Constitución Política, Crisis climática, Medio ambiente
Abogado, Universidad de Concepción. LL.M. Global Environment and Climate Change Law, Universidad de Edimburgo. PhD in Law Candidate, Universidad de Edimburgo.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
