La importancia de magistradas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

16 de Febrero del 2021
La importancia de magistradas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Este año, se renuevan mandatos tanto en la Corte como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Resulta fundamental que las personas nominadas cuenten con la idoneidad, imparcialidad y experiencia como así también de una reconocida trayectoria en derechos humanos. Aunque esto no es todo. Además, es necesario que los Estados nominen teniendo en cuenta el balance de género. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH o Corte) se renovarán cuatro de sus siete integrantes. Actualmente, existe solo una jueza en su composición, quien finaliza su mandato este año. Resulta primordial que en la nueva conformación de la Corte haya (i) nominaciones transparentes; (ii) mujeres y, además, que estas tengan (iii) perspectiva de género.

Por esto, me gustaría resaltar tres retos que asumen, no los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en sí, sino los Estados al momento de nominar.

1. Nominaciones transparentes

El proceso en el ámbito interno es sumamente importante y, a su vez, poco difundido. En éste, suelen participar unos pocos actores estatales y, en general, las decisiones suelen ser adoptadas en el marco del Poder Ejecutivo. Además, los procedimientos de nominación carecen en su mayoría de publicidad y transparencia. Inclusive, al existir una falta de regulación de estos procesos, nada garantiza que durante la toma de decisiones se tenga en cuenta el balance de género ni la perspectiva de género a momento de nominar. En este sentido, se requiere que existan procedimientos a nivel interno de nominación públicos y transparentes y que, además, incluyan la paridad de género como un criterio obligatorio al momento de considerar quiénes podrían ser los/as nacionales que ocupen puestos en el ámbito internacional. A su vez, es necesario que estas propuestas sean discutidas con la sociedad civil y la academia. Promover espacios de participación por fuera del Estado permite que estos actores se involucren en la toma de decisiones, opinen, evalúen las candidaturas existentes, propongan perfiles de personas expertas y cuestionen los propuestos para ocupar estos cargos.

2. La nominación de mujeres

Un argumento fundamental para entender por qué los Estados deben proponer candidatas mujeres se relaciona con la justicia y la igualdad y el compromiso asumido en el marco del derecho internacional de los derechos humanos (por ejemplo, CEDAW). Resulta importante tener presente que las decisiones que se adoptan a nivel internacional generan un fuerte impacto en la sociedad, como así también en las relaciones entre los Estados, la protección de los derechos, entre otros. Así, las mujeres, que representan más de la mitad de la población mundial, no deberían estar excluidas de estas decisiones. Como segundo punto, la participación de mujeres contribuye a la noción de imparcialidad y otorga tanto legitimidad normativa, por cuanto se garantiza el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades, como legitimidad sociológica. En definitiva, si sólo unos pocos (varones) diseñan, implementan y monitorean las normas que se elaboran para toda la sociedad, la legitimidad de sus decisiones podría ser puesta en duda.

En lo que respecta a la Corte, su composición en términos de género ha sido fuertemente desigualitaria. Desde su creación (1979) al 2000 “tuvo un total de 24 miembros: 23 hombres y una sola mujer. Al 2005, el número aumentó a 27 jueces: 25 hombres y dos mujeres. Al 2010, llegó a 32: 28 hombres y 4 mujeres. Finalmente, al 2015, el total fue de 35 jueces: 31 hombres y 4 mujeres. En términos de porcentajes, las mujeres al 2000 representaban el 4,67% del total. Al 2005, el 41%. Al 2010 al 12, 5%. Y al 2015 el 11, 43%”.

En gran parte, la falta de mujeres en estos espacios tiene como principal causa la falta de nominaciones realizadas por los Estados. Así, sin considerar el número de mujeres nominadas para ocupar cargos en puestos vinculados tradicionalmente a tareas de cuidado y roles de género, (por ejemplo, el Comité CEDAW y el Comité de los Derechos del Niño) los Estados o bien no postulan candidatos/as o, si lo hacen, no postulan mujeres. A modo de ejemplo, según un informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho (UBA) junto con la Campaña GQUAL, de las nominaciones realizadas por la mayoría de los países de Latinoamérica entre el 2000 y el 2017, de un total de 239 nominaciones, si se excluyen los mencionados Comités, las nominaciones de mujeres no superaron el 18%.

En particular, en lo que respecta a las nominaciones de Ecuador, Chile y Argentina a la Corte IDH en el periodo 2000-2017, hubo seis elecciones (2000, 2003, 2006, 2009, 2012 y 2015). Ecuador nominó en dos oportunidades a dos varones y uno solo fue elegido. Chile nominó en tres oportunidades, dos varones y una mujer, los tres fueron electos. Argentina nominó en dos oportunidades, pudiendo nominar en cuatro. En ambas oportunidades en las que nominó, optó por nominar hombres, ambos electos. Estos datos nos hablan de la oportunidad y la necesidad de que los Estados postulen mujeres para cumplir con el compromiso igualitario.

3. Perspectiva de género

Resulta esencial la nominación de candidatas mujeres que cuenten con perspectiva de género. Esto significa analizar la realidad con una mirada que aspire a tomar en cuenta y valorar de forma igualitaria los intereses y necesidades tanto de varones como mujeres. Así, evaluar las problemáticas con una perspectiva de género implica un trato justo respecto a las necesidades de género. Es decir, entender las necesidades y vulneraciones específicas de cada género con la intención de que todas las personas puedan ver reconocidos y garantizados sus derechos y, eventualmente, obtener reparaciones por sus violaciones.

Por otro lado, la igualdad de género no solo debe ser un objetivo a alcanzar en las normas e instrumentos internacionales, además debe pasar a ser una realidad. Numerosos son los instrumentos que consagran la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres. La CEDAW, por ejemplo, en su artículo 8 requiere a los Estados parte «tomar todas las medidas apropiadas para garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a sus gobiernos a nivel internacional y participar en el trabajo de las organizaciones internacionales.» Así, teniendo en cuenta el artículo y su posterior interpretación por el Comité CEDAW, resulta evidente que “los Estados Partes tienen el deber de garantizar la igualdad de género en el acceso a posiciones en los tribunales internacionales y los organismos internacionales que juegan un papel clave en el desarrollo del derecho internacional y los derechos humanos.”

Sin embargo, la igualdad real de oportunidades sigue siendo difícil de alcanzar, sobretodo si la mayoría de las personas que ocupan estos espacios son varones. Específicamente en la región latinoamericana las desigualdades son cada vez más acentuadas, situación que se ha reforzado durante la pandemia, en tanto que genera impactos diferenciados entre varones y mujeresEl contexto de fuertes desigualdades en el que se encuentra sumida la región, torna aún más relevante la presencia de mujeres que trabajen con perspectiva de género en la Corte IDH. Cada vez serán más complejos los casos que lleguen a la Corte, por esto necesitarán de una mirada estructural y con perspectiva de género que permita resolver las problemáticas bajo una perspectiva respetuosa de los derechos humanos. Así, resulta fundamental que al interior de la Corte exista una pluralidad de voces que pueda evidenciar las distintas cuestiones que atañen a la región, identificado especialmente la situación en la que se encuentran los grupos en situación de vulnerabilidad.

Diversos son los desafíos a los que se enfrenta el SIDH , por ejemplo en relación a la ratificación y cumplimiento de sus instrumentos constitutivos, como así también a lograr un real cumplimiento de las decisiones de sus órganos. Sin embargo, los tres retos mencionados se presentan como un desafío específico que deben asumir los Estados al momento de nominar. El alcance de estos objetivos podría aspirar a lograr una justicia más igualitaria y representativa. Además, interpela al SIDH, responsable de garantizar y respetar los derechos humanos en la región, específicamente a respetar el derecho a la igualdad de todas las personas, sin discriminación alguna. Para esto es necesario una mirada que reconozca la situación de desigualdad estructural en la región y el impacto diferenciado que afecta a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Citación académica sugerida: Ciancaglini Troller, Agatha: La importancia de magistradas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos , 2021/02/16, https://agendaestadodederecho.com/la-importancia-de-magistradas-en-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos/

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ACERCA DE LA AUTORA
Agatha Ciancaglini Troller

Abogada (UBA), Docente en la Facultad de Derecho (UBA), integrante del DECYT 2030 “La enseñanza del derecho con perspectiva de género. Reflexiones sobre las aulas”. Especialización en género y políticas públicas (CLACSO).

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Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.