¿Qué debería incluir la nueva Constitución chilena para atender la economía de los cuidados? ¿Por qué es importante? ¿Debería existir un derecho al cuidado?
Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y el Observatorio Nueva Constitución
El Observatorio Nueva Constitución es un centro de estudios conformado por una alianza de colaboración entre académicos, expertos en políticas públicas y miembros de universidades e instituciones internacionales que buscan analizar el proceso constituyente chileno.
El objetivo del Observatorio Nueva Constitución es verificar el cumplimiento de estándares internacionales asociados a este tipo de procesos, así como de las reglas dadas a partir del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución de noviembre de 2019. También busca cooperar por medio de actividades de formación constitucional y extensión académica, y de la generación de propuestas en áreas que puedan ser de interés para el proceso.
El Observatorio tiene como antecedente el libro 7 propuestas para la nueva Constitución de Chile, en el que algunos de los(as) académicos(as) que participan de esta instancia son coautores.
La Convención Constitucional chilena ha pasado a la historia como el primer órgano constituyente paritario del mundo. Reflexionar desde una perspectiva feminista sobre las bases estructurales de la desigualdad de género en el modelo actual chileno, a través de los cuidados, resulta no solo pertinente para la construcción de una nueva sociedad, sino esencial para la sostenibilidad de la vida. ¿Qué es la economía de los cuidados? ¿Cuál es la influencia de los cuidados en la economía? ¿Es el cuidado no remunerado una base silente del modelo económico y sus desigualdades?
Desde hace algunas décadas, y de la mano de la economista estadounidense Nancy Folbre, se ha instalado, al menos en el mundo académico, el concepto de la economía de los cuidados. Sus investigaciones a través de los años han explorado la relación entre política económica y feminismo. Particularmente, ha estudiado las labores de cuidado, dentro y fuera de la economía formal.
Académicas, economistas y agrupaciones feministas, como la Asociación Internacional para la Economía Feminista, han definido qué significan los cuidados. Para el proyecto Care Work and the Economy, el trabajo de cuidados es explicado como el trabajo y las relaciones entre personas que son necesarias para la salud, el bienestar, la mantención y protección de todas y todos, jóvenes o viejas/os, con cuerpos capacitados, con capacidades diferentes o frágiles en cualquier sentido. De esta manera, los cuidados están en la base de nuestra condición humana. Todas las personas recibimos a diario cuidados, sean pagados o no.
¿Qué pasaría si se invirtiera en servicios públicos de cuidados? UK Women Budget Group afirma que, por ejemplo, si en Reino Unido se invirtiera un 2% del PIB en la industria de cuidados, se crearían 1.5 MM de nuevos trabajos. Si la misma cantidad fuese invertida en construcción, solo serían 750 M de nuevos empleos.
Para Forbes, la inversión pública en la economía de los cuidados puede generar dividendos para todos y todas, al mejorar la productividad. Un mejor acceso a la salud, la educación, el cuidado infantil y el cuidado de ancianos y ancianas, también puede ayudar a sanar las dolorosas divisiones basadas en la raza, etnia, género y clase social, al mejorar, o más bien igualar, las oportunidades para todas las personas.
La importancia de los cuidados es multidimensional. Por un lado, es un trabajo que sostiene la vida de personas y comunidades. Por otro, es uno de los sectores económicos en mayor crecimiento. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que, globalmente, “los trabajos relacionados con el cuidado crecerán de 206MM a 358MM en el año 2030, solamente asociado a cambios demográficos”.
Desafortunadamente, y tal como afirma Care Work and the Economy, la mayoría del trabajo de cuidados sigue sin ser contabilizado en términos macroeconómicos, porque no es remunerado y es ejecutado mayoritariamente por familiares dentro de los hogares o las comunidades.
Un esfuerzo común que están haciendo distintas asociaciones feministas y centros de estudio en el mundo, es contabilizar esta contribución para impulsar políticas económicas que promuevan y defiendan la equidad socioeconómica y de género.
La COVID-19 ha puesto en el corazón de la crisis el trabajo de cuidados, asumido históricamente por las mujeres. Ha quedado en evidencia que el acto de cuidar y ser cuidado se encuentra en la base sobre la que existe la vida humana, funciona el planeta y se desenvuelven las economías. Se habla de la crisis de los cuidados, pues es un problema que se reproduce socialmente y que pone en jaque la esencia del modelo económico. No es un problema de oferta y demanda, sino de la dirección general hacia la que se encuentra orientada la vida social.
Yo Cuido es una asociación chilena de cuidadoras informales de personas en situación de dependencia, pioneras en visibilizar el anónimo y silencioso trabajo de las cuidadoras en Chile. Las fundadoras de Yo Cuido afirman que, en su vida cotidiana, “se ven afectadas áreas tanto en lo social, laboral, mental, físico, emocional, por lo que baja la calidad de vida del cuidador, repercutiendo en su cuidado y su entorno”, y por tanto “no somos considerados como sujeto de derecho dentro del impacto que conlleva cuidar de manera permanente”.
Las mujeres integrantes de esta asociación sostienen que la Ley 40.422 es insuficiente, pues define al cuidador como toda persona que proporciona asistencia permanente, gratuita o remunerada, para la realización de actividades de la vida diaria, en el entorno del hogar, a personas con discapacidad, estén o no unidas por vínculos de parentesco, pero no subsana ni prevé la inclusión social y laboral, ni vela por la igualdad de oportunidades de las cuidadoras.
Dentro de los logros alcanzados por las cuidadoras se encuentra el desarrollo de la primera encuesta de cuidados. En ella se catastró información transversal de la realidad de las personas que ejercen labores de cuidado, específicamente de quienes cuidan a personas con discapacidad. Entre otros resultados impactantes, gracias a este trabajo sabemos que las cuidadoras informales dedican, en un 81.7%, todo el día a labores de cuidado, o que la casi totalidad de quienes ejercen las labores de cuidados (97,7%) son efectivamente mujeres.
La asociación Yo Cuido ha tenido dos grandes triunfos en los últimos meses. Por un lado, la transversalidad del trabajo no remunerado de los cuidados y la necesidad urgente de visibilizarlo significó que una de sus fundadoras fuera escogida como Convencional Constituyente. Esta es una clara señal de que, al momento de diseñar una nueva Constitución, tenemos la oportunidad de abordar la crisis de los cuidados repensando la organización social en su conjunto. Por otro lado, en 2018, las mujeres organizadas en Yo Cuido presentaron un proyecto de ley que da preferencia en salud a las personas cuidadoras de personas dependientes, y que fue aprobado unánimemente hace pocas semanas. Mariela Serey, fundadora de la organización y constituyente por el Distrito 6, afirma: “Corrimos el cerco de la desigualdad y la injusticia que miles de mujeres hemos vivido siendo cuidadoras”.
Oxfam International, a través de sus documentos de discusión sobre la crisis de los cuidados y economía feminista, enumera “actos de cuidado”, útiles para abordar la oportunidad de replantear el país que tenemos, entre los cuales se encuentran: repensar nuestro entendimiento y valoración del trabajo y de las y los trabajadores; invertir y asegurar el acceso a infraestructura social y de servicios (educación, vivienda, salud, servicios sociales, derechos sexuales y reproductivos); reimaginar las prácticas económicas para asegurar la justicia social, la cohesión y el bienestar para todas y todos; crear políticas globales de seguridad centradas en las personas y enfocadas en la paz y la justicia, que requieren necesariamente la participación de las mujeres y personas jóvenes en su diseño y ejecución; definir nuevos estándares de buena gobernanza empoderados de ideas feministas y de liderazgos colectivos.
En la región, países como Uruguay, Ecuador y México se han hecho eco de estos “actos de cuidado” en sus normativas. En Uruguay, “el cuidado es tanto un derecho como una función social garantizada por la Ley Nº 19.353. El Sistema de Cuidados nace con el objetivo de generar un modelo de responsabilidad compartida de los cuidados, entre familias, Estado, comunidad y mercado”. En Ecuador, el Plan nacional de Desarrollo 2017-2021 declara como uno de sus objetivos el fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral, protección especial, atención integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de vida de las personas, con énfasis en los grupos de atención prioritaria, considerando los contextos territoriales y la diversidad sociocultural. Además, a principios de este año, fue aprobada la Ley Orgánica sobre el derecho al cuidado en el ámbito laboral para mujeres o personas con capacidad reproductiva que se encuentren en período de embarazo, parto y puerperio, y lactancia o cuidado. Por su parte, el estado de la Ciudad de México garantiza el derecho al cuidado y su provisión a través de un sistema de cuidados, contemplado en el artículo 9 de su Constitución Política: “Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado”.
En Chile actualmente no existe una normativa específica sobre los cuidados de manera integral, como parte de una decisión política de hacerse cargo de la inequidad que el trabajo de cuidados no reconocido supone. Algunas leyes han tratado de abordar la problemática de manera incompleta, poniendo énfasis en aristas específicas como la salud, la niñez, la vejez o la protección social en los casos de la población más vulnerable.
No obstante, hoy se ha instalado en la discusión nacional la necesidad de incluir el derecho al cuidado en la nueva Constitución. A principios de noviembre de este año, en el Día de las personas cuidadoras, la Presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, recibió a las cuidadoras organizadas en la asociación Yo Cuido, mientras paralelamente, dos convencionales constituyentes reflexionaban a partir de este hecho: “La Convención Constitucional avanza y esto nos permite entrar de lleno a la discusión de temas esenciales para dotar a nuestro país de una Constitución digna de los tiempos que corren. En esa dimensión es que resulta necesario poner los cuidados al centro de esta nueva Constitución, dando un debate comprensivo de todas sus áreas para llegar al reconocimiento del cuidado como un derecho social”.
Ya antes, la Corporación Humanas, en su documento Hacia una Constitución Feminista, declaró el derecho a cuidar y ser cuidado entre sus 15 puntos mínimos: “Garantizar el derecho al cuidado de toda persona, desde su nacimiento hasta su muerte, un derecho universal en que el Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad para y entre mujeres y hombres, estableciendo el mandato a la implementación de un sistema nacional e integral de cuidados y el deber de cuidar a quienes cuidan”.
Voces internacionales y locales convergen en la idea de que es este el momento de poner en el centro del desarrollo del país, la sostenibilidad de la vida, y el reconocimiento de que el trabajo de cuidado, no remunerado y remunerado, genera riqueza. En Chile tenemos la posibilidad única de reflexionar sobre un nuevo orden social y económico que salde las deudas históricas con las cuidadoras, reconociendo y visibilizando el aporte al desarrollo colectivo desde múltiples dimensiones, en una nueva Constitución.
Citación académica sugerida: Canales Moreno, Francisca. La importancia de la economía del cuidado en el proceso Constituyente chileno, Agenda Estado de Derecho, 2021/12/14. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-importancia-de-la-economia-del-cuidado-en-el-proceso-constituyente-chileno/
Palabras clave: Chile, Constitución feminista, cuidados, cuidadoras
Licenciada en Ciencias de la Ingeniería e Ingeniera Civil Industrial de la Universidad de Chile. Área de Comunicaciones del Observatorio Nueva Constitución.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.