La independencia judicial en Guatemala está amenazada por ataques sistemáticos contra operadores de justicia, cooptación judicial y persecución política, debilitando el Estado de derecho y la democracia en el país. ¿Por qué?

La independencia judicial en Guatemala atraviesa su momento más frágil desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996. Los ataques sistemáticos contra jueces, fiscales y abogados que han combatido la corrupción reflejan una estrategia deliberada para debilitar el Estado de derecho. La captura institucional ha dejado de ser una denuncia abstracta para convertirse en una realidad cotidiana que permea todos los niveles del sistema judicial.

El desmantelamiento de los mecanismos de justicia inició con la salida de la CICIG en 2019, pero se aceleró durante la administración de Alejandro Giammattei. El Ministerio Público, encabezado por Consuelo Porras, ha impulsado una serie de procesos judiciales contra operadores de justicia independientes, forzando su exilio y criminalizando su labor. Este fenómeno no solo constituye un retroceso institucional, sino también una advertencia para quienes aún permanecen dentro del sistema y buscan actuar con integridad.

Uno de los casos emblemáticos es el de la jueza Erika Aifán, quien enfrentó constantes amenazas y presiones hasta su salida del país. En mi caso, como exjefe de la FECI, también enfrenté una persecución directa que me obligó al exilio. Este artículo  contiene un análisis, pero también un testimonio personal sobre el uso del aparato judicial como herramienta de represión política. La persecución judicial ha adquirido un carácter sistemático y no deja lugar a dudas sobre la intencionalidad del aparato estatal.

La cooptación de las Cortes  es un problema central. Aunque en 2024 finalmente se realizó la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, el proceso estuvo marcado por una falta de transparencia y fuertes cuestionamientos sobre la idoneidad e independencia de varias de las personas seleccionadas. Lejos de representar una solución, la nueva conformación de las cortes ha profundizado la desconfianza pública y ha reforzado la percepción de control político sobre el sistema de justicia. Esta situación ha sido acompañada de un debilitamiento deliberado de los mecanismos de fiscalización ciudadana.

La llegada al poder del presidente Bernardo Arévalo en 2024 generó expectativas de renovación institucional y fortalecimiento del Estado de derecho. Sin embargo, su gobierno no ha logrado revertir la cooptación del sistema judicial ni avanzar en garantías efectivas para la independencia de los jueces. A pesar de su retórica democrática y su compromiso con la transparencia, el Ejecutivo se ha mostrado limitado frente al poder persistente de actores tradicionales que controlan las instituciones de justicia.

La falta de acciones contundentes para desmontar las redes de corrupción judicial y proteger a los operadores independientes ha decepcionado a amplios sectores de la sociedad civil, que esperaban un cambio de rumbo más decidido. Esta inacción ha sido interpretada por algunos como una forma de continuidad, en la que el discurso de cambio no se traduce en una transformación estructural real. Mientras tanto, abogados en el exilio denuncian que sus casos están siendo reabiertos o reinterpretados de forma arbitraria. Esta práctica evidencia la falta de garantías para un debido proceso y el uso instrumental del derecho penal para castigar la disidencia. La criminalización selectiva representa un mensaje de intimidación hacia quienes aún defienden los principios de legalidad y justicia.

El impacto va más allá del gremio judicial. La población pierde confianza en las instituciones cuando las decisiones judiciales responden a intereses y no a la ley. Esta crisis de legitimidad debilita la democracia y abre espacios para el autoritarismo. Además, desalienta la participación ciudadana y genera apatía hacia los mecanismos institucionales de resolución de conflictos. En este contexto, los sectores más vulnerables se ven especialmente afectados, ya que el acceso a la justicia se convierte en una ilusión inalcanzable. La desprotección judicial también agrava otros derechos fundamentales como la salud, la educación y la seguridad, cuyos reclamos legítimos quedan sin resolución cuando los tribunales actúan bajo presión política.

A nivel internacional, organismos como la ONU y la CIDH han emitido informes y comunicados expresando preocupación por la situación. Sin embargo, las medidas de presión diplomática han tenido resultados limitados. El Estado guatemalteco ha desestimado reiteradamente las recomendaciones y ha continuado con su estrategia de silenciamiento judicial. La impunidad frente a las violaciones a la independencia judicial representa un desafío mayúsculo para la comunidad internacional, que debe repensar sus estrategias de apoyo y vigilancia.

La resistencia existe, aunque dispersa. Algunas organizaciones sociales, colectivos de abogados y entidades internacionales siguen denunciando los abusos. Pero su acción enfrenta amenazas, estigmatización y una opinión pública polarizada. La narrativa oficial acusó a los jueces independientes de «politizar la justicia», mientras protege a funcionarios con antecedentes de corrupción. La manipulación discursiva es parte del aparato de control que busca deslegitimar toda oposición. Esta narrativa se reproduce en medios afines al poder, alimentando la desinformación y el miedo entre la ciudadanía.

Para revertir esta situación, es necesario recuperar la autonomía del Ministerio Público, garantizar procesos transparentes en la elección de magistrados y restablecer condiciones para el retorno seguro de operadores de justicia exiliados. También urge promover una cultura jurídica basada en la ética, el profesionalismo y la rendición de cuentas. Además, se deben fortalecer los mecanismos de protección a jueces y fiscales que aún ejercen su labor en el país, así como garantizar la independencia presupuestaria de las instituciones del sector justicia. Sin estas condiciones mínimas, cualquier reforma será meramente simbólica y no logrará revertir la descomposición estructural del sistema.

Otro punto clave es la necesidad de abrir el debate sobre una eventual reforma constitucional para combatir la impunidad y que blinde al sistema de justicia frente a la cooptación partidaria. Ello requiere voluntad política y presión social constante. La ciudadanía debe involucrarse en los procesos de elección, fiscalización y denuncia, promoviendo una agenda cívica que sitúe la independencia judicial como prioridad democrática. La participación activa de la sociedad civil es crucial para construir un modelo de justicia legítimo y sostenible. Esta participación debe ir acompañada de campañas de educación cívica y formación legal, que empoderen a la población y fortalezcan la cultura del Estado de Derecho.

Guatemala se encuentra en una encrucijada. O consolida su deriva autoritaria, o impulsa una regeneración institucional desde la ciudadanía y los sectores democráticos. La independencia judicial no es solo una garantía para los jueces; es una condición indispensable para que todos los derechos puedan ser exigidos y protegidos. La historia reciente ha demostrado que, sin jueces independientes, no puede haber justicia, ni verdad, ni reparación para las víctimas.

El2026 será especialmente decisivo para el futuro institucional del país. Están programadas las elecciones para renovar a las máximas autoridades del sistema de justicia y control institucional: el Fiscal General del Ministerio Público, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Contralor General de Cuentas y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La forma en que se desarrollen estos procesos, su transparencia y legitimidad, marcarán el rumbo de la democracia guatemalteca en los próximos años. Este momento exige vigilancia, denuncia y participación activa de todos los sectores democráticos. En juego está no solo el futuro del sistema judicial, sino la posibilidad misma de una Guatemala democrática y con justicia para todos.