Recientemente, en Argentina se anunció que con la firma de los ex jueces Eugenio Zaffaroni y Lucila Larrandart, juristas piden un juicio político a la Corte. En concreto, contra  los ministros Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz invocando la causal de mal desempeño y la comisión de posibles delitos, en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional.

El juicio político en Argentina es un mecanismo de control ejercido por el Congreso Nacional, cuyo fin es la destitución de un funcionario, que puede tener lugar por: i) el mal desempeño, ii) la comisión de delitos en el ejercicio de las funciones y iii) crímenes comunes; estando a cargo del Poder Legislativo su desarrollo, correspondiendo a la Cámara de Diputados acusar y a la Cámara de Senadores juzgar al funcionario acusado, necesitando en ambos casos el voto afirmativo de los dos tercios de los miembros presentes.

En la Argentina, los funcionarios que pueden ser destituidos mediante este procedimiento son el Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete, Ministros y los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, todos estos mencionados en el artículo 53 de la Constitución Nacional, a los que debemos agregar al Procurador General y al Defensor General de la Nación, quienes son las cabezas del Ministerio Público, de acuerdo a la Ley Orgánica N° 24.946.

Pese al número de funcionarios que pueden ser removidos, el juicio político solamente ha sido utilizado para desplazar a miembros del Máximo Tribunal en 1946 y 2003, lo que demuestra que es un procedimiento poco habitual y que en contadas ocasiones ha logrado su cometido, ya que en la gran mayoría de las presentaciones no se ha logrado la mayoría necesaria para que prospere la acusación o bien para alcanzar la destitución en la etapa del Senado, a lo que se puede agregar que en algunos casos los magistrados investigados optaron por renunciar a sus cargos, por lo que el procedimiento no continuó (esto ocurrió en 1899 con el juez Luis Varela; en 1946 con Roberto Repetto y Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez en el año 2003).

Este pedido de juicio político en contra de los ministros de la Corte, se fundamenta en el supuesto mal desempeño en que habrían incurrido, luego del fallo que autorizó la impartición de clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En esta causa, a través de 3 votos (uno conjunto de Maqueda y Rosatti, y dos individuales por parte de Lorenzetti y Rosenkrantz), se hizo lugar a la demanda presentada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que las clases presenciales podían continuar siendo dictadas, al no haber encontrado la Corte debidamente fundada la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional en torno a la suspensión de las clases presenciales, considerando además que la decisión iba en contra del federalismo consagrado en la Constitución Nacional.

El mal desempeño es un concepto jurídico indeterminado, susceptible de las más amplias interpretaciones, que podemos definir como aquella o aquellas conductas contrarias al correcto desenvolvimiento en una función pública que, sin llegar a configurar un delito, dañan de manera grave la honorabilidad del cargo que se está ejerciendo. Se argumenta en la presentación dada a conocer, que el mal desempeño estaría dado por el hecho de que los ministros, al momento de decidir, no consultaron a los expertos en materia sanitaria, por lo que se habrían arrogado el conocimiento científico suficiente para evaluar si una medida (suspensión de clases presenciales en el AMBA) iba a impactar o no en la lucha de la pandemia.

De la lectura del fallo (considerando 27 del voto de Maqueda y Rosatti; considerando 17 del voto de Rosenkrantz y considerando 16 del voto de Lorenzetti) surge con claridad que en ningún momento los integrantes de la Corte analizaron la bondad o la utilidad de las medidas sanitarias, limitándose solamente a considerar que las mismas deben ser adoptadas respetando el federalismo argentino, teniendo siempre presente que la emergencia “no es una franquicia para violar el derecho vigente”. 

Es decir, en resumidas cuentas, que se está cuestionando el contenido de la sentencia, la cual fue dictada, entendemos, conforme lo establece la Constitución Nacional, por lo que no se estaría en presencia de un mal desempeño.

Los jueces que integran el Poder Judicial, sin importar el tribunal que estén ocupando, deben cumplir con lo dispuesto por la Constitución Nacional y las leyes que se dictan en su consecuencia, ya que de esta manera se da certeza a los ciudadanos al momento de tener que concurrir a los estrados judiciales, como así también deben guiarse por lo establecido por los tratados internacionales, algunos de los cuales en el caso argentino tienen jerarquía constitucional.

Por otro lado, pretender enjuiciar a un magistrado solamente por el contenido de la sentencia, resulta intolerable desde la perspectiva constitucional y convencional, afectando de manera directa a la independencia del Poder Judicial, ya que sería un poder político, que en el caso del juicio político es el Congreso, el último interprete de un conflicto judicial, por sobre los criterios de los tribunales, trastocando de manera severa la separación de poderes que debe regir en una democracia constitucional.

Si se llegara a aceptar esta línea de pensamiento, los jueces deberían tener en cuenta lo que al poder político podría no llegar a agradarle en el dictado de una sentencia, en vez de sujetarse a lo establecido en las normas.

Este pedido de juicio político, se enmarca en una serie de cuestionamientos que viene sufriendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el hecho de no haber fallado en el sentido esperado por algunos sectores políticos, lo que se ve agravado si tomamos en cuenta que uno de los denunciantes es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generando un precedente grave en el sistema interamericano, en contra de lo establecido en el artículo 70.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Señalamos lo anterior, ya que el mencionado artículo establece que “[n]o podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte ni a los miembros de la Comisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones.”, lo que puede ser traducido de la siguiente manera: los jueces no pueden ser perseguidos por el contenido de sus sentencias, salvo en aquellos casos que se probará el mal desempeño o la comisión de un delito al momento de su dictado.

Pretender enjuiciar a los jueces solamente por el contenido de sus sentencias, tal como nos enseña María Angélica Gelli en su obra “Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada” afecta a la independencia del Poder Judicial ya que sería un órgano de naturaleza política (en el caso del juicio político en la Argentina, el Senado) el último interprete de los conflictos judiciales, por sobre el criterio de los magistrados, por lo que en el futuro los jueces deberían tener en cuenta lo dicho en los procesos de destitución que hubieran ocurrido anteriormente.

Para cerrar, resulta oportuno recordar las reflexiones de Hamilton en “El Federalista”, sobre  la robustez del Poder Judicial, que no tiene “ni la bolsa ni la espada”, es decir que carece de armas y de dinero, por lo que es necesario que los procedimientos de remoción no se dejen llevar por los calores políticos del momento, lo que ocurriría si cada vez que una sentencia no nos agrada, pudiéramos sin más iniciar la destitución de los jueces, alejándonos cada vez más de uno de los objetivos de la Constitución Nacional, que en su preámbulo lo resume de la siguiente manera: “afianzar la justicia”.