En los delitos por hechos de corrupción, especialmente los que comenten, quienes ocupan los niveles de responsabilidad más altos, las garantías de independencia e imparcialidad de fiscales y jueces son indispensables para lograr enjuiciamientos, obtener sentencias condenatorias y evitar impunidad. En el Informe Corrupción y Derechos Humanos (2019), la Comisión Interamericana de Derechos Humano alerta sobre las prácticas de corrupción que afectan el sistema de administración de justicia. Esta otra corrupción, la que se desenvuelve entre los operadores del sistema de justicia, se liga al incumplimiento de la obligación de investigar (por ejemplo, el cierre de investigaciones sin agotar las diligencias pertinentes o la protección de las altas autoridades involucradas en actos o sistemas de corrupción) por tanto, de sancionar a quienes cometen actos de corrupción.

La obligación de investigar hechos de corrupción deriva de la obligación general de proteger y garantizar el Estado de Derecho. Su incumplimiento, de acuerdo con la Comisión y la Corte Interamericanas, genera impunidad (falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena) lo que propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas (ver. Myrna Mack Chang vs Guatemala; Gómez Palomino vs Perú; Masacre de Pueblo Bello vs Colombia; Masacres de Rio Negro vs Guatemala y otros). Para la Comisión Interamericana cuando la conducta de corrupción es imputable a un particular, la falta de investigación (con seriedad) compromete la responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento del deber de actuar e investigar con la debida diligencia. En cambio, cuando las conductas de corrupción implican la participación de agentes estatales, el incumplimiento de los Estados es a una obligación especial de esclarecer los hechos y juzgar a los responsables. “En casos de corrupción, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas afectaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los involucrados de manera inmediata (CIDH, 2009. Párrafo 266).

Por la importancia que tiene la investigación de los casos de corrupción, la Corte IDH enfatiza que el deber de investigar debe estar orientado hacia la determinación de la verdad, por tanto, la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, la sanción de los responsables de los hechos está orientado a una finalidad especial específica consistente en que no haya impunidad.