Rol y Medidas de la CIDH para el combate contra la Covid-19

17 de Junio de 2020

¿Cómo comprender el impacto del COVID-19 en las Américas bajo la perspectiva de los derechos humanos? ¿Cuál ha sido la actuación de la Comisión Interamericana para proteger y promover los derechos humanos frente a una pandemia tan dramática y avasalladora?

Tres son los desafíos estructurales que caracterizan la singularidad y la especificidad de la región latinoamericana: i) la profunda desigualdad económica y social; ii) el patrón histórico de discriminación contra grupos en situación de vulnerabilidad; y iii) los dilemas de la institucionalidad democrática. Estos desafíos estructurales se ven exacerbados, acentuados y agravados por el impacto del COVID-19.

América Latina ostenta el mayor grado de desigualdad del planeta. Cinco de los diez países más desiguales del mundo se encuentran en América Latina, entre ellos, Brasil. En esa región, 30% de la población vive en condición de pobreza, de los cuales un 11% vive en pobreza extrema. El 25% no tiene acceso al agua potable y el 53% depende del trabajo informal.

Desde una perspectiva étnico-racial, aproximadamente el 25% de la población latinoamericana es afrodescendientes. En lo que se refiere a los pueblos indígenas, se estima que corresponden al 10% de la población de América Latina. Los indicadores sociales demuestran el sistemático, histórico y estructurador patrón de discriminación, exclusión y violencia que afecta a los grupos afrodescendientes e indígenas en la región, así como las mujeres, los niños y niñas están sujetos a formas múltiples de discriminación (overlapping discrimination). Como afirma Michelle Bachelet, “el virus no es discriminatorio; pero su impacto es”. A título de ejemplo, en Brasil existe una mayor letalidad de afrodescendientes, además de una situación de vulnerabilidad crítica de los pueblos indígenas; en los Estados Unidos, los afrodescendientes y los hispanos tienen el doble de probabilidades de morir de la pandemia que los blancos.

En la encuesta Latinobarómetro 2018 sobre el apoyo a la democracia en América Latina, apenas un 48% de los entrevistados consideraron que la democracia era preferible a cualquier otra forma de gobierno. Como señala el Pew Research Center, las alternativas no democráticas están respaldadas por un 23% en Brasil, otro 27% en México, y un 18% en Argentina. En general, los países de la región se concentran de la mitad hacia abajo en el ranking de indicadores como el Transparency International Corruption Index y el Rule of Law Index. En este escenario, la pandemia presenta la mayor prueba para la Democracia y el Estado de Derecho en la región, teniendo en cuenta que, bajo el argumento de que “los tiempos excepcionales demandan medidas excepcionales”, con el Poder Ejecutivo fortalecido y con un mayor protagonismo de las Fuerzas Armadas, existe el riesgo de abuso y arbitrio en la restricción de los derechos y libertades fundamentales, bajo la excusa de luchar contra el COVID-19.

Es en ese contexto político, social y cultural que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desarrolla su mandato transformador en la protección y defensa de los derechos humanos, con un enfoque basado en los estándares interamericanos, siempre con la centralidad en las víctimas, en el resguardo de su dignidad y en la prevención de su sufrimiento. El sistema interamericano tiene la potencialidad de contribuir al fortalecimiento de los derechos humanos, a la democracia y al Estado de Derecho en la región más desigual y violenta del mundo.

El 27 de marzo de 2020, la CIDH anunció la instalación de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19), para monitorear el impacto en los derechos humanos de las poblaciones y grupos en situación de vulnerabilidad en el contexto de la pandemia, en los 35 países de la región. El balance, el impacto y los resultados alcanzados se presentan en el Comunicado de Prensa del 16 de mayo último. El 10 de abril, la CIDH aprobó la Resolución No.01/2020 sobre “Pandemia y Derechos Humanos”, con 85 recomendaciones a los Estados, a la luz de los estándares interamericanos y del principio pro persona. Realza la Resolución el deber de los Estados de adoptar el enfoque centrado en los derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal de enfrentamiento a la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, con la debida observancia de la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos; la igualdad y no discriminación; la perspectiva de género, diversidad e interseccionalidad; la inclusón; la accountability; el respeto al Estado de Derecho; y el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados.

La Resolución No.01/2020 de la CIDH tiene como objetivo responder a los tres desafíos estructurales de la región ya mencionados, a través de recomendaciones que resaltan los deberes y obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos.

Con respecto con desafío estructural de la profunda desigualdad, la Resolución potencia los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, exigiendo a los Estados  que den especial prioridad a la protección de los derechos a la vida y la salud, mediante la adopción de medidas inmediatas y urgentes, con la debida diligencia, respaldando el deber del Estado de prevenir y mitigar los daños, y poniendo a disposición el máximo de los recursos disponibles para la efectividad del derecho a la salud – en su concepción holística e integral. Se destaca que la protección del derecho a la salud (salud física, psíquica y mental) debe incluir sus determinantes básicos y sociales, a comprender el derecho al agua potable, el derecho a la alimentación y una vivienda adecuada, incluyendo también la protección social a través de subsidios, renta básica y otras medidas de apoyo económico. Enfatiza el derecho a acciones, programas y políticas públicas basados en la mejor evidencia científica, mediante procedimientos transparentes, independientes, participativos, claros e inclusivos – con un respaldo del derecho a la ciencia y la responsabilidad del Estado de salvar vidas y evitar muertes, adoptando las debidas diligencias en el marco del deber legal de prevención. También es necesario mencionar el deber de los Estados de exigir y fiscalizar que las empresas respeten los derechos humanos.

En lo que tañe al desafío estructural de la discriminación histórica, la Resolución No.01/2020 presenta relevantes recomendaciones dirigidas a los grupos en especial situación de vulnerabilidad, enfatizando el deber reforzado de protección estatal a las personas mayores, las personas privadas de libertad, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas migrantes y refugiadas, los niños, niñas y adolescentes, las personas LGBTI, los afrodescendientes, y las personas con discapacidades. Dichas recomendaciones exigen que los Estados, por ejemplo, adopten programas de prevención a la pandemia en los idiomas tradicionales de los pueblos indígenas; expandan canales alternativos de denuncia y fortalezcan los programas de protección frente a la violencia contra las mujeres y las personas LGBTI con protocolos específicos, desde las perspectivas de género y orientación sexual; revisen los casos de prisión preventiva (que alcanzan el promedio regional del 40% de la población carcelaria), buscando convertirlas en medidas alternativas de privación de libertad, con especial atención a las personas mayores y mujeres embarazadas, entre otras medidas relevantes.

En cuanto al desafío estructural relacionado con los dilemas de la institucionalidad democrática, la Resolución exige de los Estados que en cualquier restricción de derechos y libertades se observen estrictamente los principios de legalidad, proporcionalidad y temporalidad, a fin de cumplir con las finalidades legítimas de proteger a la salud. Reafirma la importancia del funcionamiento de los poderes, sobre todo, los procedimientos judiciales idóneos para la protección de derechos y libertades, así como la garantía de los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información, siendo estos pilares esenciales del régimen democrático. La vigilancia digital debe limitarse estrictamente a la rigurosa protección de los derechos individuales, al principio de no discriminación y a las libertades fundamentales. De conformidad con el artículo 27, párrafo 3º de la Convención Americana, debido a la pandemia, 12 Estados de la región notificaron al Secretario General de la OEA sobre la suspensión de derechos hasta abril pasado, a saber: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Uruguay, Perú, República Dominicana y Surinam.

Por un lado, la pandemia es capaz de demostrar que la efectividad de los derechos civiles y políticos en su plenitud (por ejemplo, el derecho a la libre circulación, el derecho de reunión, el derecho de manifestación, entre otros) está absolutamente condicionada a la efectividad de los derechos sociales (en este caso, el derecho a la salud pública). Por otro lado, también es capaz de señalar que la efectividad de los derechos sociales está absolutamente condicionada a la efectividad de los derechos civiles y políticos (por ejemplo, el derecho a la información es esencial para el derecho a la salud – la eficaz prevención de la pandemia requiere información transparente, clara y confiable, y el derecho a la propiedad intelectual no puede ser un obstáculo para la realización del derecho a la salud, exigiendo cláusulas de flexibilidad). Como recuerda Bachelet“the universality of the threat from COVID-19 creates the most compelling argument there has ever been for universal and affordable access to health care, because no-one is safe until everyone is safe”.

Finalmente, se lanzan recomendaciones concernientes a la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas, ya que los desafíos globales requieren respuestas globales, a través de una mayor articulación y coordinación de las políticas públicas a nivel global.

El dramático impacto del COVID-19 y su naturaleza multidimensional fomentan un tiempo de profunda transformación y reinvención, marcado por decisiones cruciales. Habrá un mundo pre-COVID y un mundo post-COVID. En su esencia, la pandemia advierte que compartimos las mismas amenazas, miedos y riesgos, pero también advierte que compartimos la misma humanidad y la capacidad resiliente de construir y reconstruir sociedades más inclusivas, sostenibles, justas y solidarias, en las que todos y todas sean libres e iguales en dignidad y derechos.

Citación académica sugerida: Piovesan, Flávia: Rol y Medidas de la CIDH para el combate contra la Covid-19, 2020/06/17, https://agendaestadodederecho.com/rol-y-medidas-de-la-cidh-para-el-combate-contra-la-covid-19/

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ACERCA DE LA AUTORA
Flávia Piovesan

Segunda Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Profesora Doctora de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo en Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Desarrolló estudios de post-doctorado en Harvard Law School, Oxford University y Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.