Chile enfrenta una crisis de seguridad ¿cómo afecta esta situación al Estado de Derecho y los derechos humanos?
En el mes de abril de 2024, las autoridades del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, junto al Fiscal Nacional de Chile, dieron a conocer los resultados del informe del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos. En dicha presentación, se enfatizó que la tasa a nivel nacional es de 6,3 homicidios consumados cada 100 mil habitantes, lo que representa una disminución de un 6% respecto del año 2022. En contraste con estos datos, solo unos días antes de este anuncio, los resultados de la Encuesta Nacional Bicentenario UC 2023 revelaban que la mayoría de los encuestados se mostraba favorable hacia medidas como el control de identidad preventivo, la aplicación de la ley antiterrorista a grupos que emplean la violencia e, incluso, la reinstauración de la pena de muerte para crímenes graves. En comparación a esta misma pregunta en años anteriores, el apoyo a estas alternativas va en aumento. De ese modo, pareciera ser que la percepción de los chilenos ante los temas de seguridad contrasta con las cifras destacadas por el gobierno.
De acuerdo con el Índice de Paz Global 2024, la posición actual de Chile es la más baja registrada en los últimos 5 años, desde que comenzara un marcado descenso a partir de 2020. A nivel sudamericano, el país se encuentra en tercer lugar, bajo Argentina y Uruguay, y seguido por Bolivia y Paraguay. A nivel global, América del Sur representa la segunda mayor caída en términos de paz (luego de América del Norte).
En este mismo sentido, las cifras en materia de seguridad y Estado de Derecho tampoco son alentadoras para Chile. La iniciativa World Justice Project (WJP), publica todos los años un índice mundial de Estado de Derecho, en el cual la posición de Chile en materia de seguridad y justicia criminal ha descendido en comparación a años anteriores. Así, en los 142 países y jurisdicciones evaluados, se miden diversos factores, como el de “Orden y seguridad”, en el que Chile se sitúa a nivel regional en el lugar número 15 de 32 países. En tanto, respecto al factor “Justicia criminal”, que evalúa la efectividad del sistema penal, Chile se encuentra a nivel regional en la novena posición, con un puntaje de 0.54, por sobre el promedio regional de 0.40.
En algunos meses Chile vivirá un nuevo proceso electoral, correspondiente a la votación de gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y concejales. En épocas de campaña electoral la evaluación de la seguridad interior, así como de las herramientas para combatir la criminalidad, se torna en uno de los principales ejes de la discusión pública, considerando la repercusión que esto tiene en la vida de los ciudadanos.
En este sentido, resulta preocupante la situación que se vive al sur del país, donde se observa un alarmante recrudecimiento de la violencia empleada, la aparición de técnicas delictuales como la tortura y una desoladora impunidad junto a magros resultados judiciales.
Desde la Región del Biobío a la Región de Los Lagos se vive un conflicto de larga data que ha sido una preocupación transversal a nivel político. Sin embargo, los delitos ocurridos en los últimos años han generado también una merma para el Estado de Derecho y el acceso a la justicia de las víctimas.
La actual administración declaró el estado de excepción en estas regiones en mayo de 2022, el que se ha ido ratificando en el Parlamento, extendiéndose por más de 2 años. Si bien este tipo de medidas han significado una menor ocurrencia de delitos, ello no se ha traducido necesariamente en un cese de la violencia. Según detalla el Informe Nº 11 “Violencia Mayor Connotación – Macro Zona Sur NOV-23” de la Multigremial de La Araucanía (enero-noviembre 2023), existe una disminución de un 35% de este tipo de hechos. Sin embargo, en términos territoriales, la región de Los Lagos presenta un preocupante incremento de un 40% de este tipo de hechos.
Ello es concordante con las principales conclusiones del Catastro de Atentados 2018-2022 de Patrones Territoriales de Violencia en Macrozona Sur, de Atisba, que muestra un incremento del territorio en el cual estos hechos ocurren, elevando en 16 veces su superficie, entre 2018 y 2022. En la práctica esto significa un desplazamiento a nuevas localidades y también a zonas urbanas que constituyen puntos neurálgicos.
Quizás el mejor ejemplo de ello sea lo ocurrido en agosto de 2023, cuando un ataque incendiario cometido por la “Resistencia Mapuche Malleco” destruyó una posta, una escuela, una capilla, una sede vecinal y vehículos en Traiguén, Provincia de Malleco, en la Región de la Araucanía, con motivo de la detención del comunero Benjamín Artemio Coñopan. Como destaca el ex Coordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona Sur de Chile, Pablo Urquízar, para quienes estudian este fenómeno, existe una vinculación clara entre los ataques y los presos pertenecientes a orgánicas radicalizadas, que se autodenominan presos políticos, aun cuando se encuentren cumpliendo condena por delitos violentos. Ello se traduce, en la práctica, en que una decisión judicial en sus procesos gatilla atentados en la comunidad, que son posteriormente reivindicados por estas orgánicas, como es el caso descrito.
Servicios públicos como municipalidades, también se han visto afectados, llegando incluso a ver perjudicado su normal funcionamiento. En enero de 2024 -un mes marcado por un alto número de hechos violentos (18 casos de acciones violentas y 21 personas afectadas)- la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile presentó una declaración pública haciendo un llamado a las autoridades a velar por la seguridad de los trabajadores municipales, luego que dos trabajadores sufrieran un ataque incendiario y, posteriormente, aparecieran frases con amenazas en algunas viviendas en el sector de Pidima en Ercilla.
Como se ha señalado, el año 2023 presentó una baja comparativa en los hechos de violencia. Sin embargo, no debe olvidarse que 2022 fue sindicado como el año “más violento y sanguinario desde que comenzaron los atentados en la Macrozona Sur”, de acuerdo con las declaraciones del Presidente la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez. Dado lo anterior, el gobierno celebra cifras que comparan con un periodo extremadamente violento. Más aún, en 2021, en Collipulli ocurrió un impactante caso de secuestro, tortura y homicidio, perpetrado por doce comuneros, el que actualmente se encuentra iniciando su etapa de juicio oral.
En términos geográficos, esta zona presenta especiales características que han representado una dificultad en términos de acceso oportuno a los lugares donde se cometen los delitos. Las tácticas de apoderamiento territorial y corte de caminos, dificultan la labor de las policías y los órganos persecutores penales, generando desprotección para las víctimas e impunidad para los grupos delictivos. En términos judiciales es muy probable que ello derive en una cifra de delitos que queda fuera del sistema judicial, socavando el Estado de Derecho.
Por otra parte, las amenazas a víctimas, testigos, fiscales y jueces podrían también impedir el normal desarrollo de los procesos judiciales, acrecentando la sensación de inseguridad y afectando la confianza en las instituciones democráticas.
Chile vive un escenario preocupante en términos de seguridad. En este sentido, es destacable el avance en el trabajo de actualización de la ley Antiterrorista. Esta norma busca, principalmente, agravar el régimen de penas ante delitos de estas características, así como facilitar las medidas investigativas para superar aquellos obstáculos que han dificultado una aplicación eficiente y oportuna de la ley.
Sin embargo, es necesario que la situación de violencia sea abordada a nivel nacional y no solo regional, como un tema crítico, con acciones contundentes que permitan restaurar la seguridad y fortalecer el Estado de Derecho y el acceso a la justicia para todos los ciudadanos del país.
Citación académica sugerida: Martínez, Andrea. Crisis de seguridad en la macrozona sur de Chile y su impacto en el Estado de Derecho. Agenda Estado de Derecho. 2024/07/30. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/crisis-de-seguridad-en-la-macrozona-sur-de-chile/
Palabras clave: Chile, seguridad y derechos humanos, Estado de Derecho en Chile.
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Abogada titulada de la Universidad Diego Portales de Chile, con diplomados en «Nuevas Tendencias en Contratos y Daños» por la Pontificia Universidad Católica de Chile (2010) y en «Desarrollo Institucional: Convención Constituyente» por la Universidad Autónoma de Chile (2020-2021). Se ha desempeñado tanto en el sector privado como en el público, destacando su labor como asesora y coordinadora legislativa del Ministerio de Desarrollo Social (2011-2014 y 2018-2020). En el ámbito de la investigación, fue subeditora de «Sentencias Destacadas. Anuario de Doctrina y Jurisprudencia» en 2021 y 2022.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.