IA para la democracia del Ágora al algoritmo
29 de Septiembre de 2026
El artículo analiza el potencial de la inteligencia artificial para fortalecer la deliberación democrática, a partir de la Habermas Machine, y examina sus riesgos para el consenso, la transparencia y la legitimidad democrática.
En la Pnyx de la antigua Atenas, los ciudadanos decidían el destino de las polis depositando pequeñas piedras «blancas o negras» en una urna. Aquella acción era entonces el mejor mecanismo de manifestación de la voluntad que las personas encontraron para acordar consensos y medir los resultados. Hoy, más de dos milenios después, la inteligencia artificial se agrega como instrumento adicional para facilitar la deliberación democrática.
Experimentos científicos recientes, como la llamada Habermas Machine liderada por Google DeepMind en colaboración con investigadores académicos de instituciones como la Universidad de Oxford, tienen como reto solucionar uno de los problemas que la democracia no ha podido superar, partiendo de la pregunta: ¿cómo podemos deliberar entre millones de personas cuando nuestra capacidad de escucharnos, comprendernos y encontrar puntos en común se ve tan limitada?
Y aquí es en donde entra en juego la inteligencia artificial: ¿puede un LLM ayudarnos a comprendernos y entendernos mejor? De acuerdo con el estudio, el «56 % de los participantes así lo prefirieron»
La Habermas Machine recibe su nombre del filósofo alemán Jürgen Habermas, quien, desde su teoría de la acción comunicativa, plantea la idea de «la situación ideal de habla». Se trata de un escenario hipotético en el que la comunicación se encuentra libre de coacción y los participantes pueden intervenir bajo condiciones de simetría. En ese espacio ideal no existen las jerarquías de quién debe hablar primero o quién debe ser escuchado o qué argumento tiene mayor valor por la popularidad de quien lo pronuncia. Todos tienen, al menos en principio, la misma posibilidad de cuestionar, proponer y responder las cuestiones de orden político.
Ahora bien, el funcionamiento técnico de este experimento se puede resumir en dos componentes principales, explicados por Christopher Summerfield. Por un lado, un modelo generativo produce distintas declaraciones grupales a partir de las opiniones privadas de los participantes. Por otro lado, un modelo de recompensa personalizado estima qué tan probable es que cada participante respalde cada una de esas declaraciones grupales. Posteriormente, una función de elección social —el método Schulze— que permite comparar las distintas alternativas y seleccionar aquella que presenta una mejor propiedad de consenso y, finalmente, los participantes pueden criticar la declaración seleccionada y esas nuevas observaciones se incorporan a la Habermas Machine para que genere una versión revisada.
En términos simples, los participantes pueden expresar primero sus posiciones de manera privada; la IA genera posibles puntos de encuentro, luego estima el nivel de aceptación individual de cada uno y utiliza un mecanismo de elección colectiva para identificar una posible propuesta de consenso. El resultado es sometido nuevamente a la consideración de los participantes que finalmente aprueban o no el resultado brindado.
Este sistema permite realizar una deliberación estructurada sin necesidad de que las personas se reúnan físicamente, evitando los sesgos comunes al interactuar cara a cara o la presión social o el deseo de «ganar» un argumento a toda costa.
El valor del experimento, entonces, no radica únicamente en el uso de inteligencia artificial para procesar opiniones, no, su verdadero valor está en el intento de reconstruir tecnológicamente algo que las democracias modernas parecen haber perdido en medio de su propia escala: un espacio común para escucharnos.
Ese espacio, dicho sea de paso “virtual” se parece, en cierto sentido, al antiguo Ágora. Un lugar en el que las personas no solamente expresan lo que piensan, sino que se enfrentaban a las ideas de los demás, descubrían aquello que compartían y, eventualmente, cambiaban sus propias posiciones.
Aquí está, sin embargo, la principal tensión. Si la inteligencia artificial puede convertirse en una nueva infraestructura para la deliberación democrática, entonces ya no basta con preguntarnos si funciona y qué tan efectiva es, debemos también preguntar bajo qué reglas funciona, quién las define y quién puede cuestionarlas. La cuestión, por tanto, deja de ser exclusivamente tecnológica y se convierte en una cuestión de legitimidad democrática.
Porque trasladar parte de la deliberación al lenguaje de los algoritmos implica correr varios riesgos, uno de ellos es la «alineación en la IA deliberativa» el riesgo de que los sistemas sean diseñados, entrenados o ajustados para producir determinados resultados dentro del proceso deliberativo, como lo explicó Summerfield consiste en que, al establecer qué opiniones deben ser consideradas relevantes, cuáles deben destacarse y cómo deben integrarse para construir una declaración común, el algoritmo deja de ser un simple intermediario “neutral” y empieza a participar, aunque sea indirectamente, en la construcción del consenso común.
Un sistema diseñado para encontrar puntos de acuerdo puede terminar privilegiando las opiniones que resulten más fáciles de integrar y, con ello, relegar las voces minoritarias. La búsqueda de consenso podría terminar paradójicamente invisibilizando aquellas voces que en una democracia cambian nuestra forma de pensar o en este caso deliberar cierto asunto. A esto se le conoce como «cámara de eco», al personalizar el mensaje con el fin de ayudarnos a comprender mejor a los demás puede encerrarnos en versiones individualizadas del debate.
A esto se le suma otro problema más profundo: la transparencia. No es suficiente que cada uno de los ciudadanos tenga la posibilidad de expresar su opinión; también necesita tener la garantía de saber cómo funciona realmente la IA, en otras palabras, necesita poder auditar, supervisar y aprobar el código que va a definir los lineamientos de ponderación que serán evaluados. Sin embargo, esto no significa que al hacer público su funcionamiento técnico ni que se tomen las medidas necesarias para sus riesgos asociados, las decisiones sean justas, representativas o democráticamente aceptables.
Por eso, la discusión no debe reducirse en decidir entre democracia tal como la conocemos o la inteligencia artificial, como si fueran categorías incompatibles, no, consiste en establecer qué condiciones deberán cumplirse para que una tecnología diseñada específicamente para ayudarnos a deliberar mejor no termine adquiriendo, sin que nos demos cuenta y, de manera silenciosa, una autoridad o poder que nunca le otorgamos.
La antigua Ágora tenía sus limitaciones, cierto. Pero había algo que difícilmente podía ocultarse y era que quienes hablaban estaban allí, frente a frente a los demás, y sus palabras podían ser controvertidas públicamente. En una democracia virtual, asistida por los algoritmos e IA, esa interacción entre nosotros podría desaparecer, ya no siempre estaremos frente a quien piensa distinto, sino frente a un algoritmo que selecciona, ordena, resume y nos presente aquello que considera relevante.
Cuando la inteligencia artificial comienza a intervenir en la formulación del consenso, cabe hacernos una pregunta de legitimidad democrática ¿Es esta la democracia que queremos construir? Y, más importante aún, ¿Es esta la democracia para las generaciones que vienen?
Citación académica sugerida: Valencia Cáceres, Andrés Felipe. IA para la democracia: del ágora al algoritmo,. Agenda Estado de Derecho. 2026/09/29. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/ia-para-la-democracia-del-agora-al-algoritmo/
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.