Constitución boliviana en emergencia: ¿Puede reformarse bajo un estado de excepción?
12 de Noviembre de 2026
¿Puede reformarse la Constitución boliviana bajo Estado de Excepción? La prórroga del decreto hasta diciembre de 2026 frena el acuerdo de reforma parcial.
El reciente Decreto Supremo (D.S.) 5636, del 20 de junio de 2026, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en el territorio boliviano, ha generado un intenso debate sobre los límites del poder en tiempos de crisis. El mismo previó originalmente una vigencia de 90 días calendarios, que fueron ampliados por un plazo igual mediante D.S. 5707 del 14 de septiembre, extendiendo así su cumplimiento hasta diciembre del mismo año.
La Defensoría del Pueblo recordó mediante un pronunciamiento público que esta declaratoria exige pleno respeto a los derechos humanos y su remisión a la Asamblea Legislativa en 72 horas como garantía democrática. Asimismo, Bolivia debe notificar a la OEA la suspensión de derechos y sus fundamentos. La medida gubernamental responde a una coyuntura crítica caracterizada por bloqueos prolongados, violencia y paralización productiva y de servicios esenciales que costaron vidas humanas.
Magda Lidia Calvimontes aclara que en los debates de Asamblea Constituyente se procuró un cambio sustancial al consignar en el texto constitucional el estado de excepción, en vez de estado de sitio cuya aplicación prevaleció en periodos de dictadura (“estado de singularidad”), añadiéndose causas externas al control humano, conocidas como “estado de pluralidad”.
En criterio de Arturo Yáñez, la Constitución Política del Estado (CPE) contiene un régimen confuso, pues si bien faculta al Presidente a dictar la medida ante peligros para la seguridad (arts. 137-140), establece contradictoriamente que los derechos fundamentales y garantías no quedarán en general suspendidos, preservándose el debido proceso y derechos de personas privadas de libertad.
Sin embargo, esta medida excepcional frena en seco la reforma parcial de la Constitución concertada el pasado 03 de septiembre de 2026, entre senadores y diputados de las distintas fuerzas políticas que integran la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pues la CPE prohíbe iniciar este proceso mientras rija la excepción (art. 140-III), en concordancia con el art. 20-III de la Ley 026 del Régimen Electoral.
La doctrina constitucional señala que los estados de emergencia operan frente a la «fuerza normativa de lo fáctico», es decir, cuando circunstancias extraordinarias superan la capacidad de la Constitución para asegurar su propia eficacia en condiciones de normalidad.
Para evitar el quiebre del Estado, se recurre a una legalidad excepcional que permite restringir temporalmente ciertos derechos, basándose en tres criterios fundamentales: 1) Temporalidad (vigencia limitada), 2) Proporcionalidad (medidas restrictivas deben guardar relación directa con la magnitud de la crisis) y 3. Necesidad (solo deben aplicarse si no existen medios menos gravosos para resolver la emergencia).
Señala William Herrera que, en caso de concretarse esta medida, se trataría de una decisión política que exige un conjunto de medidas destinadas a frenar las movilizaciones violentas en el departamento de La Paz. La policía y las Fuerzas Armadas se encargan de garantizar el libre tránsito de los ciudadanos, así como la seguridad ciudadana y jurídica que tanto necesita el país.
Es precisamente frente a esta vulnerabilidad institucional que surge la prohibición de modificar la Ley Suprema. Reformar la Constitución exige un entorno de deliberación democrática que resulta incompatible con las restricciones propias de un régimen de excepción. Si los derechos de reunión, libre tránsito o participación política están limitados, no existen garantías para llevar a cabo campañas electorales, recolección de firmas o una votación libre de coacciones. Como señala Giorgio Agamben, extender artificialmente estas medidas corre el riesgo de convertir la excepción en una «emergencia permanente”.
La controversia jurídica gira en torno a qué implica realmente “iniciar” una reforma cuando el país atraviesa un estado de excepción. En Bolivia, la Constitución prevé dos vías principales para modificar su texto, según el alcance del cambio:
1. La reforma total procede para cambiar la integralidad del texto, bases fundamentales, derechos y garantías, jerarquía normativa o el procedimiento mismo de reforma. Requiere convocar a una Asamblea Constituyente mediante un referendo que puede nacer de la iniciativa ciudadana, del Presidente o por mayoría en la Asamblea Legislativa.
2. La reforma parcial aplica para modificar la parte orgánica de la Constitución. Nace del respaldo ciudadano o de dos tercios de la Asamblea Legislativa, requiriendo además la revisión del Tribunal Constitucional para garantizar que no se invadan áreas de una reforma total.
En ambos caminos, la última palabra la tiene la ciudadanía a través de un referendo aprobatorio. Por ello, un acuerdo político firmado entre bancadas parlamentarias no activa automáticamente el proceso de consulta pública. Estos candados formales buscan proteger a la Carta Magna de los apetitos políticos de coyuntura, garantizando que el pacto social solo se modifique tras un debate sereno, amplio y democrático.
Por tanto, el acuerdo político parlamentario de reformar la Constitución anunciado el 03 de septiembre de 2026, no activa por sí mismo el referendo de reforma parcial, pues no cumple con las formas estrictas previstas para su iniciativa.
El diseño del estado de excepción varía profundamente en América Latina. En el caso del Perú, su ordenamiento divide este régimen en dos figuras: el Estado de Emergencia (máximo 60 días frente a perturbaciones del orden interno) y el Estado de Sitio (hasta 45 días en caso de guerra). Sin embargo, la aplicación reiterada de estos regímenes suele crear una suerte de «Estado dentro del Estado» donde las fuerzas de seguridad imponen sus propias reglas en las zonas militarizadas.
En Colombia, se establece que durante los estados de excepción (como el de Conmoción Interior) no se puede suspender la vigencia de la Constitución, pero, además, su jurisprudencia constitucional ha sido enfática en que el Congreso mantiene plenas facultades para ejercer el control político. Por su parte, la Constitución de Ecuador de 2008 también prohíbe expresamente la disolución de la Asamblea Nacional y el inicio de procesos de reforma constitucional mientras rija un estado de excepción, al no ser el clima propicio para rediseñar el pacto social.
Estos ejemplos muestran que el blindaje a la Constitución no es un capricho boliviano, sino una garantía democrática regional. Modificar las reglas del juego mientras los ciudadanos tienen su libertad de tránsito, reunión o protesta restringida, es abrirle la puerta al autoritarismo. Por ello, el art. 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte IDH (OC-8/87 de 06 de octubre de 1987), dispone que los estados de excepción deben ser objetivamente justificables y estar reservados exclusivamente para preservar la democracia en casos de extrema gravedad, no como una herramienta ordinaria de orden público.
Gobernar en tiempos de crisis siempre es un desafío, pero recurrir al estado de excepción como mecanismo de gestión ordinaria desnaturaliza su propósito y debilita la confianza ciudadana. Cuando un país entra a la sala de emergencias, los médicos —o en este caso, los gobernantes— necesitan actuar con rapidez, pero sin desconectar los aparatos de soporte vital de la democracia. La prohibición de reformar la Constitución en tiempos de excepción es precisamente una válvula de seguridad que exige la luz del día y un debate libre para tomar las decisiones más trascendentales del país.
El nudo político boliviano solo podrá desatarse al recuperar la plena normalidad democrática. Mientras tanto, la independencia judicial, el control parlamentario y el respeto a las garantías básicas seguirán siendo el mejor antídoto frente a las tentaciones autoritarias que suelen rondar en los pasillos de la urgencia.
Citación académica sugerida: Ortuste Telleria, Betty Carolina. Entre la crisis y la Constitución: el debate sobre la reforma en tiempos de excepción.. Agenda Estado de Derecho. 2026/11/12. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/constitucion-boliviana-en-emergencia/
Palabras clave sugeridas: Estado de Excepción, Reforma Constitucional, Derechos y Garantías constitucionales.
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Doctora en Derecho (PhD) por la Universidad del País Vasco y postdoctorada por la U. Mediterranea Di Reggio Calabria (Italia). Docente de pre y postgrado. Directora del Servicio Jurídico Departamental de Santa Cruz (Bolivia) y Secretaria Ejecutiva de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC).
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
