¿Hacia dónde se dirige el Ministerio Público de Guatemala?

15 de Julio de 2022
¿Hacia dónde se dirige el Ministerio Público de Guatemala?
Crédito foto: Twitter MP Guatemala

¿Cuáles son los elementos mínimos que deben integrar una agenda de preservación del Ministerio Público de Guatemala?

El Ministerio Público de Guatemala se afianzó como una institución referente a nivel regional debido a los importantes cambios que impulsó entre mediados del 2009 y comienzos del 2018. En este período, iniciado por la breve gestión del fiscal general Velásquez Zárate y profundizado luego por las fiscales generales Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana, se reorganizó su estructura orgánica a partir de un modelo de gestión orientado a entregar respuestas diferenciadas a cada conflicto.

A su vez, la institución adoptó una decisión política de enorme trascendencia como lo fue orientar sus recursos hacia la persecución penal de los delitos de mayor complejidad, logrando por ejemplo una reducción en la tasa de homicidios, de 6.498 en 2009 a 4.778 en 2015. Esto es, una reducción de una tasa del 46.4 al 29.5 por cada cien mil habitantes, un descenso del 36.3%     .

Sin embargo, en la última gestión de la institución a cargo de Consuelo Porras (recientemente renovada por otro período), se produjo un retroceso muy notorio en la posición del Ministerio Público. Un ejemplo, está dado por las acciones de hostigamiento en contra de fiscales que tenían a su cargo casos emblemáticos de corrupción. Tal como hemos marcado recientemente, uno de los hitos más preocupantes de esta situación estuvo dado por la destitución del Fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, ordenada por la Fiscal General de la República, a mediados del año 2021, que llevó al exilio en Estados Unidos del ex fiscal Sandoval.

El hecho de que la conducción y las políticas del Ministerio Público de Guatemala estén en disputa es demostrativo de la centralidad que ha logrado forjar en el entramado institucional del país. Esto es, un protagonismo que anteriormente le permitió avanzar decididamente en la desarticulación de estructuras criminales que históricamente operaron incluso desde el interior del Estado.

Ahora bien, el Ministerio Público se encuentra en tensión en toda América Latina. En los últimos años, su avance decidido sobre la criminalidad y determinados grupos de poder hizo que se volviera un balón en disputa para contenerlo y limitar su actuación. No hay que desconocer que hasta hace veinte o veinticinco años, se trataba de una institución inexistente, muy desconocida o extremadamente débil. Por ejemplo, en Guatemala, en el año 1991 solo había 24 fiscales para aproximadamente 9 millones de habitantes en todo el territorio del país; o en Chile, en donde las fiscalías se suprimieron en el año 1927 y volvieron a funcionar recién a partir del año 2000.

Por lo tanto, no es de extrañar que en la actualidad se haya convertido en una institución tensionada por distintos intereses en juego: de un lado, aquellos que genuinamente pretenden empujar las fiscalías hacia un modelo de toma de decisiones en donde los recursos estén focalizados en la criminalidad compleja que incide en la calidad del Estado de derecho, como las estructuras de narcotráfico o lavado de dinero; y del otro, aquellos que procuran convertir a las fiscalías en entidades burocráticas y estáticas que no incidan seriamente en la criminalidad.

Hacia la construcción de una agenda institucional del Ministerio Público

Para superar esta tensión, en el caso guatemalteco es necesario tener claridad sobre los elementos mínimos que deben integrar una agenda de preservación del Ministerio Público. En este sentido, podríamos enumerar tres factores principales que debieran estar presentes en esta agenda.

En primer lugar, resguardar la autonomía e independencia de la Fiscalía y de los fiscales en particular. En los últimos años se ha observado un menoscabo muy profundo en la labor autónoma de ciertos fiscales que tenían a su cargo investigaciones en casos de corrupción.

Un aspecto elemental de una Fiscalía en un Estado de derecho es su relación con garantizar que “los fiscales cuenten con los recursos técnicos y materiales suficientes y con los apoyos humanos necesarios para desarrollar adecuada y oportunamente su trabajo y para realizar investigaciones eficaces”. Es decir, se trata de un hecho condenable que la autoridad de la institución sea quien ejerza una presión pública para detener o cambiar el curso de determinadas investigaciones. Con ello también nos referimos a la objetividad e independencia fiscal, entendida como la priorización de los intereses de la persecución penal y no la gestión de los intereses de los grupos o factores de poder político o económico.

Segundo, se debe garantizar la seguridad personal de los fiscales. Guatemala tiene antecedentes de amenazas o directamente homicidios de fiscales relacionados con su función. Por lo mismo, y dado el escenario de complejidad que se abre a partir de este año con la renovación del mandato de la Fiscal General, se vuelve indispensable garantizar que quienes ejerzan la función puedan contar con las garantías mínimas por parte de las autoridades para evitar afectaciones a su integridad.

Por último, es prioritario profundizar en una visión estratégica de la persecución penal, es decir, superar la lógica del caso individual y avanzar en la investigación de las estructuras que regulan la criminalidad. En el caso de Guatemala, existe experiencia acumulada en torno a la superación de la investigación particularizada de los casos y la consolidación de un modelo de persecución inteligente. Esto significa entender que la criminalidad se ha complejizado de tal manera que ya no se puede perseguir cada caso individualmente, sino que existen conexiones entre ellos que deben ser abordadas desde una perspectiva común y muchas veces trasnacional.

Ahora bien, este paradigma de actuación no debe confundirse con el montaje de casos que estén basados en hechos inexistentes que tengan como objetivo criminalizar a jueces, fiscales y defensores de derechos humanos en el país. Esto es algo que ha caracterizado a la actual gestión del Ministerio Público y que daña severamente su posición de objetividad.

La profundización de los retrocesos es muy probable en el caso del Ministerio Público de Guatemala, pero tener claridad sobre este ciclo histórico y su agenda de trabajo es indispensable. 

 

Te puede interesar: Elección de la Fiscal General en Guatemala: Contradicciones y legalismos

Citación académica sugerida: González Postigo, Leonel: ¿Hacia dónde se dirige el Ministerio Público de Guatemala?, Agenda Estado de Derecho, 2022/07/15. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/hacia-donde-se-dirige-el-ministerio-publico-de-guatemala/

Palabras clave: Guatemala; Ministerio Público; independencia fiscal

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Leonel González Postigo

Director de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)

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Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

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Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

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Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

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Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

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Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Su investigación se enfoca en temas relacionados con Governanza Multinivel e Integración de Mercados, Regionalismo Comparado y Derecho Internacional Público. Obtuvo su PhD en la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Ha publicado en inglés y castellano, en Latinoamérica e internacionalmente.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.