¿Hacia dónde se dirige el Ministerio Público de Guatemala?

15 de Julio de 2022
¿Hacia dónde se dirige el Ministerio Público de Guatemala?
Crédito foto: Twitter MP Guatemala

¿Cuáles son los elementos mínimos que deben integrar una agenda de preservación del Ministerio Público de Guatemala?

El Ministerio Público de Guatemala se afianzó como una institución referente a nivel regional debido a los importantes cambios que impulsó entre mediados del 2009 y comienzos del 2018. En este período, iniciado por la breve gestión del fiscal general Velásquez Zárate y profundizado luego por las fiscales generales Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana, se reorganizó su estructura orgánica a partir de un modelo de gestión orientado a entregar respuestas diferenciadas a cada conflicto.

A su vez, la institución adoptó una decisión política de enorme trascendencia como lo fue orientar sus recursos hacia la persecución penal de los delitos de mayor complejidad, logrando por ejemplo una reducción en la tasa de homicidios, de 6.498 en 2009 a 4.778 en 2015. Esto es, una reducción de una tasa del 46.4 al 29.5 por cada cien mil habitantes, un descenso del 36.3%     .

Sin embargo, en la última gestión de la institución a cargo de Consuelo Porras (recientemente renovada por otro período), se produjo un retroceso muy notorio en la posición del Ministerio Público. Un ejemplo, está dado por las acciones de hostigamiento en contra de fiscales que tenían a su cargo casos emblemáticos de corrupción. Tal como hemos marcado recientemente, uno de los hitos más preocupantes de esta situación estuvo dado por la destitución del Fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, ordenada por la Fiscal General de la República, a mediados del año 2021, que llevó al exilio en Estados Unidos del ex fiscal Sandoval.

El hecho de que la conducción y las políticas del Ministerio Público de Guatemala estén en disputa es demostrativo de la centralidad que ha logrado forjar en el entramado institucional del país. Esto es, un protagonismo que anteriormente le permitió avanzar decididamente en la desarticulación de estructuras criminales que históricamente operaron incluso desde el interior del Estado.

Ahora bien, el Ministerio Público se encuentra en tensión en toda América Latina. En los últimos años, su avance decidido sobre la criminalidad y determinados grupos de poder hizo que se volviera un balón en disputa para contenerlo y limitar su actuación. No hay que desconocer que hasta hace veinte o veinticinco años, se trataba de una institución inexistente, muy desconocida o extremadamente débil. Por ejemplo, en Guatemala, en el año 1991 solo había 24 fiscales para aproximadamente 9 millones de habitantes en todo el territorio del país; o en Chile, en donde las fiscalías se suprimieron en el año 1927 y volvieron a funcionar recién a partir del año 2000.

Por lo tanto, no es de extrañar que en la actualidad se haya convertido en una institución tensionada por distintos intereses en juego: de un lado, aquellos que genuinamente pretenden empujar las fiscalías hacia un modelo de toma de decisiones en donde los recursos estén focalizados en la criminalidad compleja que incide en la calidad del Estado de derecho, como las estructuras de narcotráfico o lavado de dinero; y del otro, aquellos que procuran convertir a las fiscalías en entidades burocráticas y estáticas que no incidan seriamente en la criminalidad.

Hacia la construcción de una agenda institucional del Ministerio Público

Para superar esta tensión, en el caso guatemalteco es necesario tener claridad sobre los elementos mínimos que deben integrar una agenda de preservación del Ministerio Público. En este sentido, podríamos enumerar tres factores principales que debieran estar presentes en esta agenda.

En primer lugar, resguardar la autonomía e independencia de la Fiscalía y de los fiscales en particular. En los últimos años se ha observado un menoscabo muy profundo en la labor autónoma de ciertos fiscales que tenían a su cargo investigaciones en casos de corrupción.

Un aspecto elemental de una Fiscalía en un Estado de derecho es su relación con garantizar que “los fiscales cuenten con los recursos técnicos y materiales suficientes y con los apoyos humanos necesarios para desarrollar adecuada y oportunamente su trabajo y para realizar investigaciones eficaces”. Es decir, se trata de un hecho condenable que la autoridad de la institución sea quien ejerza una presión pública para detener o cambiar el curso de determinadas investigaciones. Con ello también nos referimos a la objetividad e independencia fiscal, entendida como la priorización de los intereses de la persecución penal y no la gestión de los intereses de los grupos o factores de poder político o económico.

Segundo, se debe garantizar la seguridad personal de los fiscales. Guatemala tiene antecedentes de amenazas o directamente homicidios de fiscales relacionados con su función. Por lo mismo, y dado el escenario de complejidad que se abre a partir de este año con la renovación del mandato de la Fiscal General, se vuelve indispensable garantizar que quienes ejerzan la función puedan contar con las garantías mínimas por parte de las autoridades para evitar afectaciones a su integridad.

Por último, es prioritario profundizar en una visión estratégica de la persecución penal, es decir, superar la lógica del caso individual y avanzar en la investigación de las estructuras que regulan la criminalidad. En el caso de Guatemala, existe experiencia acumulada en torno a la superación de la investigación particularizada de los casos y la consolidación de un modelo de persecución inteligente. Esto significa entender que la criminalidad se ha complejizado de tal manera que ya no se puede perseguir cada caso individualmente, sino que existen conexiones entre ellos que deben ser abordadas desde una perspectiva común y muchas veces trasnacional.

Ahora bien, este paradigma de actuación no debe confundirse con el montaje de casos que estén basados en hechos inexistentes que tengan como objetivo criminalizar a jueces, fiscales y defensores de derechos humanos en el país. Esto es algo que ha caracterizado a la actual gestión del Ministerio Público y que daña severamente su posición de objetividad.

La profundización de los retrocesos es muy probable en el caso del Ministerio Público de Guatemala, pero tener claridad sobre este ciclo histórico y su agenda de trabajo es indispensable. 

 

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Citación académica sugerida: González Postigo, Leonel: ¿Hacia dónde se dirige el Ministerio Público de Guatemala?, Agenda Estado de Derecho, 2022/07/15. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/hacia-donde-se-dirige-el-ministerio-publico-de-guatemala/

Palabras clave: Guatemala; Ministerio Público; independencia fiscal

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ACERCA DEL AUTOR
Leonel González Postigo

Director de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)

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