Gran Hermano Chile y la violencia contra la mujer en la televisión

24 de Octubre de 2023
Gran Hermano Chile y la violencia contra la mujer en la televisión
Foto. Chilevisión.

El caso de Gran Hermano Chile pone de manifiesto la falta de un protocolo efectivo para abordar la violencia contra la mujer en la televisión, lo que plantea cuestiones sobre el respeto a sus derechos humanos.

El reality show “Gran Hermano Chile”, se ha convertido en uno de los programas con más número de denuncias en la historia del Consejo Nacional de Televisión, alcanzando un total de 18.153 denuncias desde su inicio, el pasado 18 de junio. La mayoría de estas se realizaron a partir de una situación de violencia hacia una participante por parte de otro jugador.

El capítulo de las más de once mil denuncias

La madrugada del lunes 14 de agosto, fuimos espectadores de quizá, una de las situaciones más violentas ocurridas durante los últimos años en televisión abierta. Mientras se desarrollaba el episodio de eliminación que se transmite los domingos, y ad-portas de que los conductores dieran a conocer el nombre de la nueva eliminada, el ahora ex participante de 23 años, Lucas Crespo, solicitó la palabra para referirse al origen de los conflictos entre los jugadores.

Lucas, estudiante de psicología, se refirió a una de las participantes que se encontraba en placa de eliminación, Jennifer Galvarini -más conocida como “Pincoya sin Glamour”-como “un guarén”, haciendo énfasis que ella representaba a ese animal por no ser querida y destruir el hogar. Pero los dichos del competidor no se quedaron ahí, agregó que Galvarini no tenía un temple de acero, sino que más bien era una mujer o una niña asustada, cobarde e insegura, que se dedicaba a manipular y mentir a los demás concursantes.

El participante continuó expresándose hasta que, pasado ya cinco minutos, fue interrumpido por uno de los conductores del programa, quien le indicó a Crespo que era pertinente su intervención y que se le respetaba. Posteriormente, los presentadores se retiraron unos minutos para “espiar” lo que seguía ocurriendo en la casa, mientras se mantenía la discusión entre Crespo y Galvarini, donde el primero le reiteraba que no era querida por los demás jugadores y la amenazó de que le haría imposible su estadía en la casa estudio si es que ella se quedaba en el programa. Finalmente, la discusión pasó de ser meramente verbal a una situación más física, donde el jugador ocupó un desodorante para rociar su contenido a Jennifer.

Esta situación nos invita a preguntarnos, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación ante situaciones de violencia verbal y/o física? ¿tienen alguna responsabilidad por no intervenir en este tipo de conflictos?

Las mujeres en constante exposición al riesgo

Las mujeres formamos parte de lo que se conoce como “grupos en situación de vulnerabilidad”. Ello, porque estamos expuestas contantemente al riesgo de sufrir diversas situaciones de violencia o discriminación. Por ejemplo, uno de los ámbitos en que ello ocurre frecuentemente es en los medios de comunicación, ya que a través de estos se propagan estereotipos acerca de las mujeres que en nada ayudan en la lucha por la igualdad de género y por una vida libre de violencia.

Las Naciones Unidas ha entendido por estereotipos de géneros a las visiones generalizadas o ideas preconcebidas sobre los atributos o las características, o los papeles que poseen o deberían poseer o desempeñar las mujeres y los hombres. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado en el marco del caso Campo González y otras vs. México que “la creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer”.

Es en virtud de lo anterior que la comunidad internacional ha buscado formas de asegurarnos una vida sin violencia ni discriminación a través de distintos instrumentos, dentro de los que destacamos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Para y la Declaración de Beijing. En el primer tratado se define la discriminación hacia la mujer, buscando condenar la violencia y estableciendo obligaciones para los Estados en esta materia.

Por su parte, a nivel regional, tenemos a “Belém do Pará”, un instrumento que define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (art. 1), idea reafirmada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Rosendo Cantú y otra vs. México”, en que se indica que “la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es una ofensa a la dignidad humana”. 

Finalmente, tenemos la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, resolución adoptada por Naciones Unidas en el año 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. En ella se establecen objetivos y medidas en diversas esferas, incluyendo sobre mujeres y medios de comunicación.

El rol de los medios de difusión y los canales de televisión

La Declaración de Beijing contiene no solo objetivos y medidas aplicables a los Estados, sino que también a los medios de difusión nacional e internacional. Dentro de ellas se encuentran, por ejemplo, “establecer directrices profesionales y códigos de conducta respecto de los materiales de contenido violento, degradante o pornográfico”.

En este sentido, Naciones Unidas se ha encargado de regular la relación entre las empresas y derechos humanos a través de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas. Estos principios se sustentan en las premisas que tanto los Estados como las empresas se ven obligados a respetar los derechos humanos, entendiéndose por ellos los internacionalmente reconocidos.

Dentro de los principios fundacionales en la materia, el número 13 establece como obligaciones para las empresas el evitar que sus actividades provoquen consecuencias negativas sobre los derechos, y prevenir o mitigar consecuencias con ocasión de sus servicios. Dentro de los principios operativos se establece que, para identificar y evaluar tales consecuencias, deben recurrir a expertos en la materia e incluir consultas sustantivas con los grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas.

En el caso de lo ocurrido en Gran Hermano de Chile, podemos advertir que no existía un protocolo para abordar casos de violencia verbal o física en vivo, ya que no hubo un actuar inmediato por parte de producción ni de los conductores, quienes consideraron que el participante Crespo solo exponía su punto de vista. Es más, al día siguiente, obligaron a la participante afectada a reconciliarse con su agresor ofreciéndole una serie de premios para ella y sus compañeros.

Pese a lo anterior, cabe señalar que, cuando ocurrió una situación de mayor gravedad, como fue el abuso sexual de un participante a otra mientras dormían, sí hubo una respuesta por parte del programa y se activaron protocolos. Lo que resulta preocupante es que todo ello surgió luego de la denuncia de la afectada y no hubo una reacción en el momento en el que ocurría el acto delictivo.

En definitiva, el rol y la responsabilidad de los medios de difusión se basa en el deber de evitar la propagación de estereotipos en contra de la mujer y tomar acción en el momento en que ocurran situaciones de violencia. El problema concreto es que pareciera que, la industria televisiva no ha cambiado nada con el paso del tiempo y prefieren mostrar situaciones que generen más rating, antes que prevenir hechos de violencia en vivo. Nos queda mucho por avanzar, pero es valorable advertir que los televidentes no se quedan inmóviles y ocupan los recursos existentes hoy en día —como las redes sociales—para manifestarse y alzar la voz ante situaciones de violencia en contra de las mujeres.

Citación académica sugerida: Carsalade, Javiera. Gran Hermano Chile y la violencia contra la mujer en la televisión. 2023/10/24. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/gran-hermano-chile-y-la-violencia-contra-la-mujer-en-la-television/

Palabras clave: Violencia de género, empresas televisivas, estereotipos de género, discriminación en contra de la mujer.

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ACERCA DE LA AUTORA
Javiera Paz Carsalade Martínez

Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Talca.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.