La Declaración de Beijing contiene no solo objetivos y medidas aplicables a los Estados, sino que también a los medios de difusión nacional e internacional. Dentro de ellas se encuentran, por ejemplo, “establecer directrices profesionales y códigos de conducta respecto de los materiales de contenido violento, degradante o pornográfico”.

En este sentido, Naciones Unidas se ha encargado de regular la relación entre las empresas y derechos humanos a través de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas. Estos principios se sustentan en las premisas que tanto los Estados como las empresas se ven obligados a respetar los derechos humanos, entendiéndose por ellos los internacionalmente reconocidos.

Dentro de los principios fundacionales en la materia, el número 13 establece como obligaciones para las empresas el evitar que sus actividades provoquen consecuencias negativas sobre los derechos, y prevenir o mitigar consecuencias con ocasión de sus servicios. Dentro de los principios operativos se establece que, para identificar y evaluar tales consecuencias, deben recurrir a expertos en la materia e incluir consultas sustantivas con los grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas.

En el caso de lo ocurrido en Gran Hermano de Chile, podemos advertir que no existía un protocolo para abordar casos de violencia verbal o física en vivo, ya que no hubo un actuar inmediato por parte de producción ni de los conductores, quienes consideraron que el participante Crespo solo exponía su punto de vista. Es más, al día siguiente, obligaron a la participante afectada a reconciliarse con su agresor ofreciéndole una serie de premios para ella y sus compañeros.

Pese a lo anterior, cabe señalar que, cuando ocurrió una situación de mayor gravedad, como fue el abuso sexual de un participante a otra mientras dormían, sí hubo una respuesta por parte del programa y se activaron protocolos. Lo que resulta preocupante es que todo ello surgió luego de la denuncia de la afectada y no hubo una reacción en el momento en el que ocurría el acto delictivo.

En definitiva, el rol y la responsabilidad de los medios de difusión se basa en el deber de evitar la propagación de estereotipos en contra de la mujer y tomar acción en el momento en que ocurran situaciones de violencia. El problema concreto es que pareciera que, la industria televisiva no ha cambiado nada con el paso del tiempo y prefieren mostrar situaciones que generen más rating, antes que prevenir hechos de violencia en vivo. Nos queda mucho por avanzar, pero es valorable advertir que los televidentes no se quedan inmóviles y ocupan los recursos existentes hoy en día —como las redes sociales—para manifestarse y alzar la voz ante situaciones de violencia en contra de las mujeres.