Ahora bien, la academia, salubristas y actores de la sociedad civil, ya habían realizado múltiples advertencias, específicamente 2244 recomendaciones se realizaron al proyecto de Resolución 810, alertando sobre la necesidad de un modelo de etiquetado basado en la mejor evidencia científica libre de conflicto de intereses afirmando que para lograr los objetivos de salud pública y desincentivar el consumo de comestibles ultraprocesados, el modelo más efectivo era el del etiquetado octagonal. Sin embargo, el Ministerio de Salud ignoró a estos actores y promulgó una reglamentación con el sello circular, que no contaba con estudios de impacto y no cumplía con la finalidad de “advertir”. 

El no escuchar a tiempo estas recomendaciones podría reflejarse en el efecto de la medida, pues aunque una nueva regulación basada en la evidencia es en principio muy positiva para el alcance de los objetivos de salud pública, el Ministerio en aras de garantizar una transición razonable para las empresas, permite que existan etiquetados circulares y octogonales en el mercado al mismo tiempo. Es decir, coexisten durante un tiempo ambos modelos de etiquetado frontal.  Esto, en el marco de un proceso de agotamiento de etiquetas, mediante el cual la industria podrá sacar de sus inventarios aquellos productos que ya tenían sellos circulares, hasta junio del 2024.

Es importante señalar que esta realidad no la ha experimentado ningún otro país de la región en donde la medida se haya implementado, por lo que la transición que plantea la nueva Resolución, aunque es necesaria, puede erosionar temporalmente el efecto del sello octogonal, cuyo impacto ya ha sido corroborado en otros países (Chile, México, Perú, entre otros).

Asimismo, la nueva regulación continua permitiendo la incorporación de sellos positivos, los cuales, a criterio de diversos académicos y salubristas, impactan en las elecciones de consumo de las personas, al presentar un producto como “bueno”, por no superar el límite de algunos nutrientes críticos como sal, azúcar o sodio, pero ignorando el hecho de que ese producto podría contener ciertos aditivos, saborizantes u otras sustancias, cuyo consumo en exceso tiene impactos en la salud, especialmente en niños y niñas. 

Finalmente, el proceso colombiano deja dos lecciones claves para la región: por una parte, cómo los litigios pueden ser utilizados como herramientas que permitan la exigibilidad de políticas públicas en garantía de los estándares nacionales e internacionales, en paralelo a las actividades de incidencia. De otra parte, la lección más relevante para la región desde la experiencia colombiana, es que los tomadores de decisiones, cuando se trata de medidas de salud pública, deberían diseñar acciones regulatorias basadas en la mejor evidencia científica libre de conflicto de interés, pues de lo contrario se limitan los impactos de la medida.