El Grupo de Trabajo ha señalado las acciones aún no realizadas en cada uno de los aspectos mencionados anteriormente, proponiendo mecanismos que resuelvan las dificultades detectadas y reclamando la atención a las víctimas. Las recomendaciones del Grupo de Trabajo deben ser atendidas por el Estado uruguayo, asumiéndolas como “una tarea impostergable”, como señala el informe.

Estas recomendaciones deberían ser adoptadas sin demora, no solamente para lograr resultados, sino porque las observaciones formuladas por el Grupo de Trabajo dan cuenta de la falta de atención del Estado de las obligaciones contraídas al ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

En concreto, adoptar una política de Estado que incluya una convocatoria pública desde sus más altas autoridades, para instar a la aportación de información sobre la ubicación de los restos de los detenidos desaparecidos, permitiría una búsqueda más certera, que logre hallazgos en menor tiempo. Esta recuperación contribuiría a la determinación de las causas de la muerte y, junto al contexto histórico que pueda descubrirse con la determinación del lugar de ubicación de los restos, aportar datos relevantes en el conocimiento de las circunstancias previas a la muerte.

Todo ello sería un importante progreso en la realización del derecho a conocer la verdad, lo cual integra la reparación que se merecen las familias. Así lo ha sostenido la CIDH al indicar que, al mismo tiempo que es una obligación de los Estados derivada de las garantías de justicia, el derecho a la verdad también constituye una forma de reparación en casos de violaciones de derechos humanos.

La memoria se construye con la reunión de la mayor cantidad de datos de lo ocurrido, por lo que la localización de los restos de las personas detenidas y desaparecidas, así como conocer los sucesos previos a su desaparición, son aportes relevantes para conocer los hechos históricos. De esta manera, se superarían las versiones elaboradas por los perpetradores para justificar sus crímenes u ocultar las razones de sus acciones ilícitas.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que las actuaciones judiciales permanecieron por décadas paralizadas mientras estuvo vigente la ley de caducidad, que impedía todo tipo de investigación a cargo del Poder Judicial y que, tal como fue reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del caso Gelman vs. Uruguay, se trató de una ley de manifiesta incompatibilidad con la Convención Americana que obstaculizaba el progreso de las causas judiciales sobre graves violaciones de derechos humanos. Sin perjuicio de ello, desde que se han retomado los juicios, el progreso de las acciones judiciales ha estado plagado de obstáculos que el sistema de administración de justicia no ha sabido superar eficientemente. La estrategia procesal de los imputados ha resultado exitosa para demorar las investigaciones, siendo deber del Estado asegurar que estas acciones procesales no se traduzcan en dilaciones indebidas, asegurando la celeridad de los juicios.

Merece especial preocupación la dificultad constatada por el Grupo de Trabajo en la jurisprudencia uruguaya, respecto a que aún no ha consensuado en calificar estos delitos como de lesa humanidad. Lo anterior, habilita a que proyectos de ley, como el que propone la prisión domiciliaria de presos de avanzada edad, pueda ser considerada como una alternativa posible para alterar el régimen de sanción dispuesto a los autores de tales crímenes. Esto contravendría frontalmente con el derecho internacional, en especial la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los delitos de Lesa Humanidad. Además, constituye una nueva agresión a las víctimas, depreciando el rol de la justicia en relación a los crímenes contra la humanidad, desde que, luego de un proceso tardío, la condena dictada no logre su efectivo cumplimiento, rompiendo el equilibrio establecido entre el delito y la pena.

Adicionalmente, el grupo señaló la necesidad de visibilizar otras desapariciones forzadas, abarcando a las personas que estuvieron detenidas, quienes pasaron extensos lapsos donde se ignoraba su suerte y se negaba por las autoridades estatales la detención, configurando hipótesis de desaparición forzada sufrida previo a sus enjuiciamientos y prisión. En tal sentido, es deber del Estado reconocer también a estas víctimas, en la dimensión de la desaparición forzada ocurrida durante el terrorismo de Estado, desde que solo se les reconoce en sus calidades de presos políticos.

El Grupo también destaca la ocurrencia actual de desapariciones en el marco de situaciones de explotación sexual o de trata de personas. Al respecto, observa la omisión o debilidad de actuaciones estatales en la investigación de este tipo de delitos, lo que podría derivar en hipótesis de desaparición forzada respecto de algunas de sus víctimas.

Las Observaciones también hacen mención a la reinstalación de relatos tendientes a diluir la responsabilidad por los crímenes cometidos por el Estado, así como otros procesos de menoscabo a las acciones colectivas sobre la memoria de los hechos, señalando la necesidad de sostener una política integral de memoria.

Finalmente, el Grupo reclama la necesidad de adecuar las leyes reparatorias existentes con las normas internacionales de derechos humanos, en tanto la actual normativa es limitativa y excluyente de colectivos de víctimas, recordando que debe regir el principio pro persona en estos casos. Lo anterior va en línea con los reclamos que, durante años, las víctimas han hecho con relación a la modificación de las leyes reparatorias, en tanto, por ejemplo, se las excluye de la atención en salud y se les niega la calidad de víctimas, situación que ha sido identificada internamente por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo del Uruguay.