Estado de Excepción y abusos generalizados en El Salvador

1 de Marzo de 2023
Estado de Excepción y abusos generalizados en El Salvador
Tomado de twitter ComunicacionSV

El Salvador llega a los once meses de estado de excepción con más de sesenta y dos mil personas detenidas ¿Cuál es el balance desde la perspectiva de derechos humanos y el Estado de Derecho?

El Salvador cumple once meses en estado de excepción, decretado por la Asamblea Legislativa, a petición del presidente Nayib Bukele, tras una escalada de homicidios presuntamente cometidos por pandillas en marzo de 2022.

Este régimen legal extraordinario, ha sido cuestionado por exceder el plazo máximo de 60 días de vigencia que prevé el artículo 30 de la Constitución política, y la jurisprudencia constitucional. Esta indica que un alza en la criminalidad, aunque pueda ser una emergencia, no encaja en esos supuestos, ya que, en ese tipo de circunstancias, las leyes existentes y las instituciones establecidas deberían ser suficientes para enfrentar el problema.    

El estado de excepción también es problemático porque como lo he dicho anteriormente suspende garantías propias del debido proceso las cuales no deberían recortarse en ninguna circunstancia en un régimen democrático, como lo reafirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su Opinión Consultiva OC-9/87.

Reformas penales regresivas

Como parte de este escenario de deterioro de la institucionalidad, se ha dado un acelerado proceso de reformas penales a los Códigos Penal y Procesal Penal de El Salvador, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, la Ley Reguladora de las Actividades relativas a las Drogas, y la Ley Penal Juvenil, de corte inquisitivo, que entrañan violaciones a derechos humanos.

En su conjunto estas reformas facilitan que cualquier persona sea señalada en forma anónima de cometer un delito, permanezca en detención provisional oficiosa sin límite de tiempo, sea condenada con prueba viciada, con testigos de referencia, entre otros, facilitando el uso abusivo del régimen de excepción.      

Los cambios normativos también reviven provisiones que habían sido superadas en el ordenamiento jurídico salvadoreño, como el juzgamiento penal en rebeldía o en ausencia del acusado, aunque el artículo 12 de la Constitución política lo prohíbe.

Muchas de estas reformas son abiertamente contradictorias con la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), tales como las referidas al juzgamiento por jueces sin identidad.  Según la Corte IDH este tipo de configuración de tribunales, al impedir al procesado conocer la identidad del juzgador, no le permite valorar su competencia e idoneidad, y obstaculiza el derecho de una persona procesada a recusar a su juzgador. A ello deben sumarse las enmiendas que criminalizan a periodistas por informar acerca de la situación que enfrenta el país o de las políticas represivas impulsadas desde el Gobierno.

Detenciones arbitrarias

Armados con estas herramientas legales, policías y militares han llevado a cabo detenciones masivas e indiscriminadas de personas: 62,975 según el más reciente dato oficial. En su mayoría son jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad, acusados del delito de agrupaciones ilícitas, cuya redacción legal es de tal amplitud que permite y facilita las aprehensiones de personas sin ningún fundamento.      

Si a esa cifra le sumamos las más de 37 mil personas que ya se encontraban privadas de libertad en las cárceles salvadoreñas en 2020, actualmente, el país tiene cerca de 100 mil personas encarceladas, lo que corresponde aproximadamente al 1.6% de su población total. El Salvador, en pocos meses, pasó a ser el país con la tasa per cápita de personas privadas de libertad más alta del mundo.

El Gobierno reporta que estas capturas representan un duro golpe al crimen, en particular a las pandillas y que, por tanto, no se detendrán. Sin embargo, denuncias registradas por organizaciones de derechos humanos indican que esta estrategia para enfrentar la crisis de seguridad está implicando un alto costo en materia de libertad e integridad.

La narrativa empleada por el gobierno ha incentivado e incluso avalado estas violaciones de derechos humanos. Públicamente se da apoyo incondicional a las fuerzas de seguridad, cualquiera sea su comportamiento, mientras se exige a los policías cuotas de arrestos diarios. Además, el presidente Bukele ha buscado amedrentar a los escasos jueces y juezas independientes que permanecen dentro del sistema de justicia y que podrían investigar estos abusos.

En este tipo de escenarios, el control judicial de las detenciones debería funcionar como una garantía de libertad, para evitar la criminalización de personas inocentes, pero también para detectar y sancionar prácticas como la tortura, asegurando que las personas detenidas sean oídas, procesadas y si correspondiese, condenadas, luego de un debido proceso. Sin embargo, ello no ha ocurrido, y las reformas legales han contribuido en gran medida a reducir o eliminar los principios básicos que deben observarse en un Estado de derecho.

Según las organizaciones que representan legalmente a personas acusadas, los derechos a la defensa, y a ser oído por jueces competentes, independientes e imparciales son desconocidos incluso en sus niveles mínimos, y ante esta crisis el poder judicial no ha desempeñado  el papel que se esperaría de quien está llamado a controlar que la privación de la libertad por parte del Estado no sea ilegal ni arbitraria.

Familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos bajo ataque

Estos atropellos han llevado a que seres queridos y comunidades de personas detenidas reclamen y se organicen, dando paso al surgimiento de un colectivo de familiares. El gobierno ha desoído estas demandas, y más bien ha continuado en la lógica de criminalizarles, lo mismo que a las organizaciones de derechos humanos que las acompañan.      

Según el discurso oficial, todo tipo de defensa o resistencia contra la violación de derechos es considerada un atentado contra el Gobierno, mientras que los actos realizados por el mismo Gobierno, cualesquiera que sean, son justificados en nombre de un interés social más grande: la seguridad ciudadana.

Aunque la magnitud de las detenciones ha generado un problema social, gran parte de la población salvadoreña, cansada de las distintas formas de violencia de las pandillas, apoya una justicia penal autoritaria. Esto sin advertir que, al sacrificar el Estado de derecho se pueden tener mejoras repentinas, que en el largo plazo es una receta para más violencia, como lo demuestran múltiples ejemplos de la región, tales como la fallida experiencia de combate al narcotráfico en el noroeste de México usando a las fuerzas armadas, y en Honduras, el crimen organizado infiltrado en una policía con enfoque militarizado, mientras crecía de forma alarmante la cifra homicidios.       

Una autocracia no se tolera ni, aunque la mayoría la respalde, pues esa es la puerta para la comisión de abusos de derechos humanos generalizados.

Citación académica sugerida: Arteaga Rubio, Leonor: Estado de Excepción y abusos generalizados en El Salvador. Agenda Estado de Derecho. 2023/03/01. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/estado-de-excepcion-y-abusos-generalizados-en-el-salvador/

Palabras clave: El Salvador; Estado de excepción; pandillas; derechos humanos; Bukele

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ACERCA DE LA AUTORA
Leonor Arteaga Rubio

Abogada salvadoreña de la Fundación para el Debido Proceso. Dirige el Programa de Impunidad y graves violaciones de derechos humanos. Desde 2018 es Comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado en El Salvador (CONABÚSQUEDA), cargo que ejerce ad-honorem.

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Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.