Estado de Excepción y abusos generalizados en El Salvador
1 de Marzo de 2023
El Salvador llega a los once meses de estado de excepción con más de sesenta y dos mil personas detenidas ¿Cuál es el balance desde la perspectiva de derechos humanos y el Estado de Derecho?
El Salvador cumple once meses en estado de excepción, decretado por la Asamblea Legislativa, a petición del presidente Nayib Bukele, tras una escalada de homicidios presuntamente cometidos por pandillas en marzo de 2022.
Este régimen legal extraordinario, ha sido cuestionado por exceder el plazo máximo de 60 días de vigencia que prevé el artículo 30 de la Constitución política, y la jurisprudencia constitucional. Esta indica que un alza en la criminalidad, aunque pueda ser una emergencia, no encaja en esos supuestos, ya que, en ese tipo de circunstancias, las leyes existentes y las instituciones establecidas deberían ser suficientes para enfrentar el problema.
El estado de excepción también es problemático porque como lo he dicho anteriormente suspende garantías propias del debido proceso las cuales no deberían recortarse en ninguna circunstancia en un régimen democrático, como lo reafirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su Opinión Consultiva OC-9/87.
Como parte de este escenario de deterioro de la institucionalidad, se ha dado un acelerado proceso de reformas penales a los Códigos Penal y Procesal Penal de El Salvador, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, la Ley Reguladora de las Actividades relativas a las Drogas, y la Ley Penal Juvenil, de corte inquisitivo, que entrañan violaciones a derechos humanos.
En su conjunto estas reformas facilitan que cualquier persona sea señalada en forma anónima de cometer un delito, permanezca en detención provisional oficiosa sin límite de tiempo, sea condenada con prueba viciada, con testigos de referencia, entre otros, facilitando el uso abusivo del régimen de excepción.
Los cambios normativos también reviven provisiones que habían sido superadas en el ordenamiento jurídico salvadoreño, como el juzgamiento penal en rebeldía o en ausencia del acusado, aunque el artículo 12 de la Constitución política lo prohíbe.
Muchas de estas reformas son abiertamente contradictorias con la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), tales como las referidas al juzgamiento por jueces sin identidad. Según la Corte IDH este tipo de configuración de tribunales, al impedir al procesado conocer la identidad del juzgador, no le permite valorar su competencia e idoneidad, y obstaculiza el derecho de una persona procesada a recusar a su juzgador. A ello deben sumarse las enmiendas que criminalizan a periodistas por informar acerca de la situación que enfrenta el país o de las políticas represivas impulsadas desde el Gobierno.
Armados con estas herramientas legales, policías y militares han llevado a cabo detenciones masivas e indiscriminadas de personas: 62,975 según el más reciente dato oficial. En su mayoría son jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad, acusados del delito de agrupaciones ilícitas, cuya redacción legal es de tal amplitud que permite y facilita las aprehensiones de personas sin ningún fundamento.
Si a esa cifra le sumamos las más de 37 mil personas que ya se encontraban privadas de libertad en las cárceles salvadoreñas en 2020, actualmente, el país tiene cerca de 100 mil personas encarceladas, lo que corresponde aproximadamente al 1.6% de su población total. El Salvador, en pocos meses, pasó a ser el país con la tasa per cápita de personas privadas de libertad más alta del mundo.
El Gobierno reporta que estas capturas representan un duro golpe al crimen, en particular a las pandillas y que, por tanto, no se detendrán. Sin embargo, denuncias registradas por organizaciones de derechos humanos indican que esta estrategia para enfrentar la crisis de seguridad está implicando un alto costo en materia de libertad e integridad.
La narrativa empleada por el gobierno ha incentivado e incluso avalado estas violaciones de derechos humanos. Públicamente se da apoyo incondicional a las fuerzas de seguridad, cualquiera sea su comportamiento, mientras se exige a los policías cuotas de arrestos diarios. Además, el presidente Bukele ha buscado amedrentar a los escasos jueces y juezas independientes que permanecen dentro del sistema de justicia y que podrían investigar estos abusos.
En este tipo de escenarios, el control judicial de las detenciones debería funcionar como una garantía de libertad, para evitar la criminalización de personas inocentes, pero también para detectar y sancionar prácticas como la tortura, asegurando que las personas detenidas sean oídas, procesadas y si correspondiese, condenadas, luego de un debido proceso. Sin embargo, ello no ha ocurrido, y las reformas legales han contribuido en gran medida a reducir o eliminar los principios básicos que deben observarse en un Estado de derecho.
Según las organizaciones que representan legalmente a personas acusadas, los derechos a la defensa, y a ser oído por jueces competentes, independientes e imparciales son desconocidos incluso en sus niveles mínimos, y ante esta crisis el poder judicial no ha desempeñado el papel que se esperaría de quien está llamado a controlar que la privación de la libertad por parte del Estado no sea ilegal ni arbitraria.
Estos atropellos han llevado a que seres queridos y comunidades de personas detenidas reclamen y se organicen, dando paso al surgimiento de un colectivo de familiares. El gobierno ha desoído estas demandas, y más bien ha continuado en la lógica de criminalizarles, lo mismo que a las organizaciones de derechos humanos que las acompañan.
Según el discurso oficial, todo tipo de defensa o resistencia contra la violación de derechos es considerada un atentado contra el Gobierno, mientras que los actos realizados por el mismo Gobierno, cualesquiera que sean, son justificados en nombre de un interés social más grande: la seguridad ciudadana.
Aunque la magnitud de las detenciones ha generado un problema social, gran parte de la población salvadoreña, cansada de las distintas formas de violencia de las pandillas, apoya una justicia penal autoritaria. Esto sin advertir que, al sacrificar el Estado de derecho se pueden tener mejoras repentinas, que en el largo plazo es una receta para más violencia, como lo demuestran múltiples ejemplos de la región, tales como la fallida experiencia de combate al narcotráfico en el noroeste de México usando a las fuerzas armadas, y en Honduras, el crimen organizado infiltrado en una policía con enfoque militarizado, mientras crecía de forma alarmante la cifra homicidios.
Una autocracia no se tolera ni, aunque la mayoría la respalde, pues esa es la puerta para la comisión de abusos de derechos humanos generalizados.
Citación académica sugerida: Arteaga Rubio, Leonor: Estado de Excepción y abusos generalizados en El Salvador. Agenda Estado de Derecho. 2023/03/01. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/estado-de-excepcion-y-abusos-generalizados-en-el-salvador/
Palabras clave: El Salvador; Estado de excepción; pandillas; derechos humanos; Bukele
Abogada salvadoreña de la Fundación para el Debido Proceso. Dirige el Programa de Impunidad y graves violaciones de derechos humanos. Desde 2018 es Comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado en El Salvador (CONABÚSQUEDA), cargo que ejerce ad-honorem.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
