A finales de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado de atención sobre los obstáculos para ejercer la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela: se ha documentado el cierre de operaciones de uno de los principales servicios de televisión por suscripción, el bloqueo de medios digitales, y la detención de periodistas y personal de salud que ha informado sobre la evolución del coronavirus en el país. Se trata, como señala el organismo, de un “cierre del espacio cívico”, situación que obstaculiza el “ejercicio del rol democrático”.

En tiempos de pandemia, los venezolanos están aún más desconectados. El 19 de mayo de 2020, muchos televidentes encontraron, sorpresivamente, una alerta en sus pantallas: “Sin señal del satélite”. 

Cerca de 1,9 millones de suscriptores pasaron a tener fuera de órbita su servicio de televisión por suscripción. Ese día, Directv apagó su señal para Venezuela. Según varias versiones, la empresa estadounidense decidió retirar su operación local debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos y por la ausencia de acuerdos con autoridades venezolanas.

Casi 10 millones de familias asistieron a la escena en la que ocurrió la reducción de la oferta informativa y de entretenimiento para los venezolanos: el cese de la señal del único servicio satelital que cubría 45% del mercado de TV paga a escala nacional. Esta no solo era la empresa más grande del sector de telecomunicaciones, también arropaba toda la geografía nacional, incluso llegaba a zonas donde no hay rastros de los servicios de internet, telefonía fija o señal para celulares.

La noche anterior al apagón de Directv, en una alocución televisada, las autoridades nacionales reportaron que Venezuela acumulaba 618 casos de contagios por el nuevo coronavirus. Para ese momento, en términos numéricos, el impacto del virus era mucho menos agresivo que en el resto de los países de la región.

Aunque los números eran bajos, las cifras de casos reportados por Covid-19 no eximían a Venezuela. El Global Health Security Index lo ubicó como el país de mayor riesgo en América y uno de los 21 con altas vulnerabilidades en el mundo. En abril, Naciones Unidas lanzó el Plan Global de Respuesta Humanitaria Covid-19 para atender a más de 20 países con emergencias sanitarias, incluida Venezuela. 

Para el momento del apagón de Directv, la nación sudamericana cumplía una cuarentena estricta. Solo operaban algunos sectores priorizados, como mercados, farmacias, establecimientos de comida y otras entregas a domicilio. El resto de la población cumplía, por lo menos oficialmente, medidas de distanciamiento social y de confinamiento. Mientras tanto —así fue en Caracas—, algunos comercios trabajaban a todo riesgo evadiendo las medidas del Estado de alarma dictadas por el gobierno.

Era una época de estadías prolongadas en casa. Más de 17 millones de venezolanos, que suma un poco más de la mitad de población nacional, disfrutaban de los servicios por suscripción. De ellos, 9,5 millones encendían sus televisores conectados a la señal de Directv: 4 de cada 10 familias, según registros oficiales. 

Con el control remoto de Directv, los usuarios podían hacer zapping, encontrar versiones plurales en torno a la pandemia y una diversidad de contenidos que se extendía por más de 100 canales. Ahí también se contaba una veintena de medios nacionales, públicos y privados, en los que la voz predominante era la gubernamental.

Su parrilla incluía una amplia oferta de medios extranjeros, aunque su programación había mermado en los últimos 15 años. Las medidas de censura impuestas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) obligaron, a esta y a otras empresas, a retirar del aire cerca de 10 canales internacionales entre 2009 y 2019. La mayoría de ellos era estaciones de noticias como CNN en Español, NTN24 de Colombia, o la Televisión Nacional de Chile. Estos y otros medios fueron silenciados de manera definitiva; otros como Antena 3 o la Deutsche Welle fueron removidos temporalmente, por transmitir contenidos políticos que el gobierno consideraba sensibles.

Estas medidas significaron una vulneración a los derechos a la información y la libertad de expresión, que se consagran en los artículos 57 y 58 de la Constitución de Venezuela. Pero, a pesar de estos cortes en los catálogos de canales, las señales privadas eran una alternativa para el consumo de contenidos diversos en Venezuela. Esto era así no solamente en las zonas urbanas o en las principales ciudades del país. La TV paga se extendía, incluso, en los estados con mayor ruralidad, como Amazonas, la zona indígena más extendida del territorio nacional, donde la televisión privada alcanzaba 134% por cada 100 hogares. En ese estado había 40.000 suscriptores en los servicios de televisión, mientras que los servicios de internet fija o convencional solo sumaban 19.000 clientes.

Los medios digitales tampoco podían ser una opción para compensar la ausencia de diversidad informativa en los medios audiovisuales. El confinamiento impuso un desafío para los ciudadanos: adaptarse y sobrellevar un plan de trabajo o estudio a distancia en un país con una penetración de internet de 59% por cada 100 habitantes. Este porcentaje indica que la brecha digital se extiende entre 4 de cada 10 venezolanos. Además, consumen contenidos con una precaria velocidad de conexión a internet. En promedio nacional, el índice de navegación es inferior a 1,5 megabit por segundo, una cifra que es cuatro veces menor al promedio de América Latina, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe y el Laboratorio de Mediciones de Internet (MLAB).

Los usuarios todavía lidian con fallas constantes en los servicios de internet fijo y móvil que ralentizan la experiencia digital. Son frecuentes las interrupciones del servicio eléctrico que desconectan a las familias durante buena parte del día. Durante mayo, por lo menos 20 de los 23 estados del país sufrieron apagones de internet. 

Además de las fallas técnicas, también hubo medidas que afectaron el acceso a información diversa. El 15 de mayo, Runrunes, un medio digital informativo, empezó a experimentar bloqueos desde Cantv, una empresa estatal que abarca 80% de la torta de los servicios de conexión fija. Este sitio web —que además soporta una de las cuatro escasas unidades de periodismo de investigación que quedan en el país— se sumó a la lista de 139 sitios web bloqueados en Venezuela entre 2019 y 2020, según el Observatorio Abierto de Interferencia de Internet (OONI) y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela). En ese registro ya han entrado los principales medios con fines periodísticos del país.

“Obtener información fiable sobre el brote de la Covid-19 puede ser un salvavidas”, ha insistido la Unesco, pero en Venezuela la prensa tampoco ha sido una opción para tender puentes entre las noticias y los ciudadanos. Al menos 17 periódicos dejaron de circular durante la cuarentena. Algunos de ellos retomaron sus operaciones y, para el 1 de julio de 2020, solo estaban en la calle 22 diarios. La mayoría de ellos imprimen a modo de sobrevivencia, circulan con pocas páginas, con un tiraje bajo y no salen todos los días. Lo hacen una, dos o tres veces por semana, con restricciones de insumos o gasolina que limitan el transporte.

La Covid-19 tomó a Venezuela en medio de una profunda crisis, por razones políticas y económicas, en el ecosistema de medios impresos. El país contaba con 109 periódicos en 2013, pero esa lista se ha achicado. Para 2020, 87 periódicos han desaparecido, algunos han dado el salto a la web y otros han claudicado en el camino.

Los vacíos informativos se hacen cada vez más profundos. Así se puede percibir en los 11 estados donde ningún medio circula de manera impresa. Los kioscos de periódicos han cambiado su razón de ser y eso es lo que menos venden. Esto pasa en las provincias de Amazonas, Apure, Cojedes, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas y Zulia. 

Pocos medios impresos, estaciones de radio, televisión y medios digitales mantienen la cobertura de la pandemia. Los periodistas reportean pese a los obstáculos con los que operan sus casas editoriales, pero estas no son las únicas limitaciones. 

En las calles han conseguido otras restricciones para informar sobre la Covid-19. Entre el 12 de marzo y el 5 de junio hubo ocho detenciones arbitrarias de periodistas, según IPYS Venezuela. Las prohibiciones para cubrir la pandemia han venido, principalmente, de los cuerpos de seguridad del Estado, y varios de los reporteros han quedado con causas judiciales abiertas luego de haber sido arrestados. Esta situación no solo se trata de una vulneración de la libertad personal, que se sustenta en el artículo 44 de la Constitución, sino que también constituye una amenaza para las garantías del ejercicio del periodismo, según lo establecen los estándares interamericanos de libertad de expresión, publicados por la Organización de Estados Americanos.

Pero los periodistas no han sido los únicos. Espacio Público, una ONG de libertad de expresión, ha documentado cuatro detenciones arbitrarias de médicos, enfermeros y bioanalistas, quienes se atrevieron a denunciar la crisis de salud y las deficiencias para atender la emergencia por la Covid-19.

Para la Organización de Naciones Unidas, la detención en tiempos de coronavirus impone un doble castigo, considerando los grandes riesgos de propagación de enfermedades en centros de detención. Además, David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, instó a los gobiernos a liberar a todos los periodistas encarcelados en el mundo y a detener la criminalización del periodismo. Pese a eso, en Venezuela continúan los arrestos y los obstáculos para quienes ejercen el derecho a informar.