El Salvador y la autocratización en marcha
3 de Octubre de 2023
Se analiza cómo el desmantelamiento del sistema de rendición de cuentas sienta las bases para la corrupción, la impunidad y la profundización de un proyecto autoritario en El Salvador.
En todo sistema político democrático existen dos tipos de control de rendición de cuentas:
i. la rendición de cuentas horizontal, que por lo general se encuentra regulada en la Constitución (Cn) y es ejercida por las mismas instituciones del sistema, y
ii. la rendición de cuentas vertical que consiste en los mecanismos al alcance de la ciudadanía para controlar las actuaciones de las instituciones públicas.
En El Salvador la institucionalidad a cargo del control horizontal ha sido desarticulada por dos vías: la cooptación institucional con la elección de titulares afines al Ejecutivo y la neutralización de quienes ya ocupaban sus cargos.
El momento decisivo de la ruptura del Sistema de Rendición de Cuentas (RdeC) en el país, fue el 1 de mayo de 2021, al tomar posesión de las decisiones de la Asamblea Legislativa una bancada afín al oficialismo con los votos suficientes para lograr cualquier tipo de votación.
Utilizando dicho caudal legislativo en esa fecha, se aprobó la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional (SC) y del Fiscal General (FGR) y la imposición de personas sometidas al poder del Órgano Ejecutivo en dichos cargos, en contravención a las disposiciones y normas constitucionales aplicables al caso, como el artículo 187 de la Constitución de la República de El Salvador.
Las destituciones se produjeron contraviniendo importantes precedentes jurisprudenciales dictados por la Sala de lo Constitucional (Sentencia de amparo Ref. 44-C-96 y sentencia de inconstitucionalidad Ref. 19-2012) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Schonenberg vs El Salvador), según los cuales ningún funcionario puede ser separado de su cargo sino hasta cumplir el período para el cual fue electo, salvo que incurra en motivo legal para su destitución, siguiendo en todo caso el respectivo procedimiento para darle la oportunidad de alegar su defensa.
La cooptación del Sistema RdeC inició en agosto de 2020 con el desmantelamiento del Instituto de Acceso a la Información (IAIP). Esa progresiva desarticulación se ha consolidado con la elección de nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el 23 de agosto de 2023.
Esta institución es sumamente importante en el Sistema de Rendición de Cuentas, ya que le corresponde la fiscalización de la Hacienda Pública en general y de la ejecución del presupuesto en particular, ello comprende practicar auditoría externa financiera y operacional -o de gestión- a toda entidad que administre recursos del Estado; así como evaluar y examinar los resultados alcanzados, la legalidad, eficiencia, efectividad y economía de la gestión pública (art. 5 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República).
La neutralización del Órgano Judicial se produjo a causa de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, que posibilitaron la destitución de un tercio de los jueces y juezas del país, y que actualmente permiten a la Corte Suprema de Justicia remover a cualquier juez o jueza de su cargo de forma arbitraria, así como utilizar el trasladado como castigo, por dictar resoluciones que no son del agrado de personas ligadas al Ejecutivo.
Sumado a lo anterior, el coma inducido en el que se encuentra el sistema de control por las recientes reformas electorales, consistentes en la modificación de la magnitud de las circunscripciones y la fórmula electoral, estarían asegurando la eliminación del pluralismo político y la instalación de un partido hegemónico.
En cuanto a la RdeC vertical, a cargo esencialmente desde la ciudadanía, también ha sufrido un duro revés al limitar y cancelar el ejercicio de derechos y libertades, al no existir garantías plenas para el acceso a la información y las libertades de expresión y de prensa, así como el miedo a represalias por su ejercicio, aunado a la instrumentalización de la institucionalidad cooptada.
En consecuencia, podemos afirmar que el sistema de control horizontal en El Salvador no despliega sus funciones. Por ende, las exigencias para verificar los límites del poder del Presidente de la República son anuladas.
Un sistema democrático supone el funcionamiento adecuado de ambos mecanismos de control. Según un informe de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). El Salvador se encuentra entre los países que se han convertido en “autocracias” desde 2021.
Por otro lado, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, El Salvador de la posición 104 en 2020, ha pasado a la 116 de 180 países, incrementándose por ende la percepción de la corrupción .
Sin embargo, a nivel nacional no existen mecanismos eficaces para su control al carecer de instituciones que lo ejerzan, así como de transparencia para que la ciudadanía pueda activar el sistema de Rendición de Cuentas en la búsqueda de resultados sancionatorios.
La Asamblea Legislativa, como institución que posee entre sus funciones más importantes el contrapeso frente a las amplias facultades del Ejecutivo ha renunciado a ejercer el control al no interpelar a funcionarios, dejar de lado la creación de Comisiones Especiales para estudiar e investigar tanto las posibles ilegalidades como las omisiones atribuibles a funcionarios en el ejercicio de su cargo.
Dicha Asamblea no ha elegido a funcionarios independientes que asumirán el resto de las instituciones de control, algunas personas electas, incluso, habían sido sancionadas por el Tribunal de Ética Gubernamental por favorecer a familiares y otras cargan con graves señalamientos por sus vínculos con sociedades actualmente bajo investigación, por lo que existen serias dudas sobre su imparcialidad.
Este es el caso de la reciente elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la Republica que según el artículo 195 de la Constitución salvadoreña tiene a su cargo vigilar la recaudación, la custodia, el compromiso y la erogación de los fondos públicos, así como su aprobación, por lo que como entidad contralora debe ser independiente y ajena a cualquier intervención del órgano controlado.
La Sala de lo Constitucional en sentencias emitidas en los procesos de inconstitucionalidad Ref. 49-2011, Ref. 3-2015/9-2015/22-2015 (acumulados) y Ref. 116-2017, entre otras, profundizó en el procedimiento de selección de los titulares de la Corte de Cuentas y sus requisitos, con especial énfasis en su desvinculación partidaria e independencia de quienes tendrían a su cargo el control de las cuentas públicas.
Lo anterior, no fue debidamente atendido por la Asamblea Legislativa en la reciente elección del 23 de agosto de 2023, al elegir presidenta de la autoridad a quien era hasta ese momento comisionada del Instituto de Acceso a la Información, institución que ha ido negando cada vez más el acceso a la información pública de la ciudadanía.
Resulta, entonces, cuestionable que se nombre en el vértice de la contraloría de cuentas a funcionarios que no solo han demostrado falta de independencia, sino que han sido parte de la estructura que ha limitado los derechos de los salvadoreños. Y es que uno de los patrones de corrupción es el reciclaje de funcionarios incondicionales en instituciones de control para asegurar la impunidad al neutralizar los contrapesos, tal como ocurre en El Salvador donde la Rendición de Cuentas ha dejado de existir.
Citación académica sugerida: López, Ruth Eleonora y Sisco, Jonatan. El Salvador y la autocratización en marcha. Agenda Estado de Derecho. 2023/10/02. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-salvador-y-la-autocratizacion-en-marcha/
Palabras claves: El Salvador; Rendición de cuentas; corrupción; transparencia.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
