Hace 10 años, El Salvador dio un salto importante en materia de derechos humanos al aprobar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), una ley que nació de la ciudadanía para la ciudadanía y que busca superar la cultura del secreto en las instituciones públicas. Sin embargo, a pesar de ser un instrumento de empoderamiento ciudadano y de lucha contra la corrupción, su aplicación no ha sido fácil y ha presentado importantes retos.

Uno de estos retos, ha sido tratar de mantener la independencia del ente garante, batalla que se ha venido perdiendo en el tiempo. Recientemente, el Órgano Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa un pliego de reformas a la LAIP que, de aprobarse, equivaldría a derogarla. Esto dejaría al país sumido en una oscuridad burocrática, con serios problemas de transparencia, además de presentar un claro retroceso para la lucha contra la corrupción. 

Si pudiera hacerse una radiografía de la situación de El Salvador antes de contar con la LAIP, sería posible destacar que la regla era el secretismo y las excepciones eran la transparencia y la rendición de cuentas. El ejercicio del poder se efectuaba en las sombras, a espaldas de la sociedad. No obstante, al aprobarse esta ley se dio un gran paso histórico, que buscó dejar atrás las penumbras y el secreto y dar lugar a la transparencia. 

La LAIP fue catalogada como una de las mejores leyes en América Latina, debido a aspectos importantes como contar con un ente garante conformado por comisionados que venían de ternas propuestas por sectores de la sociedad civil, elegidos por el presidente de la República. Esto dio pie a considerar que, si la sociedad civil participaba en dicha elección, el ente garante iba a ser independiente e iba a velar por el cumplimiento de la ley. Con el tiempo esto fue obstaculizado, a grado tal que, a la fecha, dicho ente está cooptado por el Órgano Ejecutivo y carece de independencia. 

En el último año, ha habido un claro debilitamiento del acceso a la información y graves retrocesos para la consolidación de una cultura de transparencia. En agosto de 2020, la Presidencia de la República aprobó de manera inconsulta varias reformas al Reglamento de la LAIP, que implican un exceso de sus facultades reglamentarias. Esto llevó a que distintas organizaciones presentaran demandas de inconstitucionalidad, las cuales, al cierre del presente análisis, se encuentran en trámite.

Por otro lado, los más recientes procesos de elección de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se han caracterizado por presentar irregularidades, falta de transparencia y nombramientos de funcionarios no idóneos para los cargos. Todo lo anterior, ha ocasionado un serio declive en la autonomía e independencia del IAIP.

La pandemia por COVID-19 ha sido un escenario en el que se ha hecho cada vez más presente la opacidad y la falta de rendición de cuentas. A nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a “asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el COVID-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público”. No obstante, instituciones como el Ministerio de Salud reservaron información de suma importancia relacionada con el proceso de vacunación masiva contra COVID-19.

Otro retroceso sucedió en julio de 2021, cuando el Órgano Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de reformas a la LAIP, cuyas principales modificaciones planteadas son las siguientes:

1. La posibilidad de clasificar como reservada toda la información oficiosa.

2. Inicialmente se propuso la inclusión de las declaraciones de probidad de inicio y cese de funciones de los funcionarios y empleados públicos, como parte de la información clasificada como confidencial. 

3. El procedimiento de elección de comisionados del IAIP se dejaría a discreción del presidente de la República.

4. El otorgamiento de más facultades al presidente del IAIP, las cuales disminuyen su naturaleza de ente colegiado, en el cual las decisiones son tomadas por mayoría en el Pleno.

5. La ampliación de los plazos de respuesta de las solicitudes de información, pasando de 10 a 20 días hábiles.

6. La posibilidad de imponer sanciones a particulares que cometan infracciones a la LAIP.

La aprobación de las propuestas de reformas a la LAIP equivaldría a su derogatoria. La población se quedaría sin una herramienta clave para la lucha contra la corrupción y, por lo tanto, la Asamblea Legislativa debería rechazar dicha propuesta. Estos retrocesos abren los espacios a la opacidad y a la corrupción. Es lamentable que una ley como la LAIP, que representó un hito histórico en El Salvador, hoy esté en riesgo de quedar totalmente anulada. 

Es importante contar con una LAIP fortalecida, para que se garantice el derecho de acceso a la información pública a todas las personas. En materia de derechos fundamentales, el acceso a la información pública no puede ir hacia atrás, solo puede avanzar por la vía de la expansión y no por la vía de la limitación, que es lo que se pretende hacer con la reforma presentada al congreso salvadoreño. 

Por lo tanto, es recomendable adoptar los nuevos estándares establecidos en la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los cuales buscan otorgar más garantías para el ejercicio de dicho derecho fundamental. En ese sentido, un paso a favor de la transparencia sería aprovechar este momento coyuntural para realizar reformas a la LAIP, tomando como base 10 de los aspectos señalados por la Ley Modelo 2.0:

1. Incluir más categorías de información oficiosa.

2. Deber de motivar cuando la información es inexistente.

3. Participación ciudadana en los mecanismos de clasificación de información.

4. Datos abiertos y en formatos procesables.

5. No declaratorias genéricas de información.

6. No declaratorias de reserva de información relacionada con casos de corrupción.

7. Aplicar la prueba del daño y la prueba del interés público.

8. Fortalecer los requisitos para optar al cargo de comisionado.

9. La carga de la prueba en los procedimientos sobre negativa de acceso a la información recae en la autoridad pública.

10. Debe existir una actualización del régimen de excepciones.

Han transcurrido 10 años desde la entrada en vigencia de la LAIP, por ende y ante el debilitamiento que ha habido del acceso a la información pública, es necesario revisar qué aspectos pueden fortalecerse para contar con una ley más efectiva. Adicionalmente, se vuelve imprescindible que los entes obligados respeten sus disposiciones y que sus actuaciones estén encaminadas a fomentar una cultura de transparencia. De aprobarse las reformas, el 28 de septiembre no estaríamos celebrando el Día Internacional del Saber, sino de la opacidad, y esto no es aceptable para los salvadoreños. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental que nadie debe quitarnos.