El caso X v. Camboya: contexto omitido, oportunidad perdida

17 de Octubre de 2023
El caso X v. Camboya: contexto omitido, oportunidad perdida
Foto. Deepak kumar en Unsplash.

¿De qué manera la decisión en el caso X v. Camboya de la CEDAW, sobre los derechos de una mujer rural defensora de derechos humanos, impacta en los derechos de las mujeres en nuestra región?

En junio de 2023, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW, o Comité) emitió su decisión en el caso X v. Camboya, donde determinó la responsabilidad internacional del Estado por no proteger a X, una defensora de los derechos humanos, en sus disputas con la empresa KDC International.

Aunque la decisión representa una victoria para X y un avance en la jurisprudencia de derechos humanos respecto al despojo de tierras y mujeres rurales, el Comité no analizó un aspecto fundamental del contexto camboyano y, de esta manera, perdió la oportunidad de desarrollar una teoría más matizada sobre la violencia y discriminación enfrentadas por defensoras de derechos humanos alrededor del mundo.

La decisión en breve

X y su marido tenían un título de propiedad sobre la tierra en una aldea rural de Camboya. La empresa de desarrollo KDC International, con la aprobación implícita del Estado, impidió el uso de las tierras en esta aldea y, eventualmente, las destruyó. Frente a estos abusos, X luchaba por sus derechos y los derechos de su comunidad. Fue amenazada de muerte por KDC International y sujeta a procesos penales por el Estado, el cual además no respondió a varias peticiones de X respecto a sus derechos.

El Comité CEDAW determinó que el Estado de Camboya había violado los derechos de X porque no la había protegido de la violencia y discriminación que sufrió de las manos de KDC International. Además, no había cumplido con su obligación de eliminar la discriminación interseccional enfrentada por X como mujer rural y había respondido a su activismo con criminalización, en lugar de acceso a la justicia. Por eso, el Comité recomendó al Estado asegurar los derechos de X como dueña de sus tierras y defensora de derechos humanos, así como los derechos a la tierra y a la justicia de otras mujeres rurales.

El Comité no analizó estereotipos de género en esta decisión, a pesar de la mención de, por lo menos, un estereotipo en la petición de X. Al describir la criminalización que enfrentó por causa de su activismo, X explicó que ‘las mujeres suelen verse mucho más afectadas que los hombres dada la opinión generalizada de que las mujeres son “más débiles” que los hombres y se dejan intimidar con mayor facilidad y “eficacia”’. El Comité CEDAW no tomó nota de la función de este estereotipo en el caso de X. Lo único que hizo fue comentar, en general, que ‘los defensores de los derechos humanos de las mujeres rurales a menudo corren riesgo de sufrir violencia cuando trabajan’. En vez de abordar el contexto específico de X, el Comité reprodujo la asunción esencialista de que las mujeres, especialmente las mujeres del Sur Global (porque en su trabajo sobre mujeres rurales las Naciones Unidas típicamente enfocan en las mujeres rurales del Sur Global), suelen ser víctimas aun cuando actúan como defensoras de derechos humanos.

Contexto omitido

Si el Comité CEDAW hubiera abordado el contexto específico del caso de X, habría descubierto que las defensoras de derechos humanos en Camboya toman decisiones estratégicas de romper con o apelar a los estereotipos de género, como aquello subrayado por X y varios otros que explico a continuación. Estas estrategias funcionan para aumentar o disminuir su vulnerabilidad a la discriminación y la violencia, a veces simultáneamente.

Las defensoras de derechos humanos camboyanas han resistido a, y hasta rompido, los estereotipos de género. Su mera participación en activismo las involucra en la esfera pública y masculina, mientras reduce el tiempo que dedican a labores domésticos y cuidado de la niñez. Este cambio a veces ha instigado a la participación más activa del hombre en las tareas del hogar, pero también ha resultado en casos de violencia doméstica. Algunas de sus protestas también han indicado un rechazo de estereotipos de género, como el acto de quitarse la ropa, el cual contradice las normas de pudor y timidez asociadas con las mujeres. Cuando el Estado o una empresa las recibe con violencia, no solo suprime la defensa de derechos, sino también intenta castigar a las mujeres por desafiar estereotipos.

Al mismo tiempo, la presencia de mujeres en los movimientos para el derecho a la tierra en Camboya ha ido aumentando por varias razones relacionadas con los estereotipos de género. Una es que las mujeres camboyanas en general tienen mayor responsabilidad que los hombres en el mantenimiento de la casa, que se ve afectada por el despojo de tierra, por lo que su activismo representa una extensión de su rol tradicional de esposa y madre. Las defensoras han apelado a este estereotipo en algunas de sus acciones; por ejemplo, han usado sombreros con nidos durante sus protestas para enfatizar su conexión con sus hogares. Otra es que las mujeres son percibidas como más pacíficas que los hombres, así que su participación en las líneas del frente de las protestas supuestamente resultará en menos violencia. Los hombres siguen involucrados en puestos de menor visibilidad, pero de igual o quizás mayor importancia (existen debates sobre esto, así como por lo menos un caso en que los hombres reemplazaron a las mujeres en posiciones de liderazgo tan pronto como su movimiento pasó de las protestas informales a una organización más institucionalizada).

Estas interacciones complejas de estereotipos son fundamentales para entender la situación de las defensoras rurales camboyanas. Las manifestaciones de las defensoras subrayan su agencia y poder y, al mismo tiempo, revelan las raíces de la discriminación y la violencia contra ellas y la dificultad de lograr una transformación duradera en los roles de género.

Oportunidad perdida

Al omitir un análisis de este aspecto del contexto camboyano, el Comité CEDAW perdió la oportunidad de promover una visión matizada de las razones por las cuales las defensoras de derechos humanos enfrentan violencia y discriminación, no solo en este caso, sino que en general. Una visión como aquella ha sido promovida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual reconoce que la decisión de defensoras de luchar por sus derechos, muchas veces en sí constituye un acto de desafiar estereotipos de género y raza sobre las esferas y actitudes adecuadas a su sector demográfico. Y una visión que, además, toma en cuenta que los actos realizados por las defensoras pueden desafiar o perpetuar los estereotipos, dependiendo de la estrategia adoptada.

Aunque el Comité perdió la oportunidad para hacer este análisis en el caso de X, no lo hizo para siempre. Sugiero que el Comité elabore una recomendación general sobre la defensa de derechos, incluido un análisis interseccional, y a fondo, de la función de los estereotipos de género en su labor. Tener una teoría de los estereotipos de género, como la raíz de la violencia y la discriminación contra defensoras de derechos humanos, lo hará más atento a la presencia de estos estereotipos en futuros casos, y menos propenso a perpetuar la idea esencialista de que las mujeres rurales sufren de alguna vulnerabilidad innata por su género y raza.

Citación académica sugerida: Tueller, Jessica. El caso X c. Camboya: contexto omitido, oportunidad perdida. Agenda Estado de Derecho 2023/10/17. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-caso-x-v-camboya/

Palabras clave: Camboya, defensa de derechos humanos, CEDAW, derechos de las mujeres.

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ACERCA DE LA AUTORA
Jessica Tueller

Forrester Fellow en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tulane.

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Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

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Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

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Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.