Dos avances de la Corte IDH en 2020 sobre igualdad y no discriminación

26 de Enero del 2021

En 2020 la Corte IDH decidió cuatro casos con avances jurisprudenciales importantes sobre igualdad y no discriminación. Voy a comentarlos en dos grupos

1. Ejercicio discriminatorio de potestades policiales de detención

En el caso Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina, una de las víctimas fue interceptada y detenida por la policía “con fines de identificación”, debido a que se consideró que su actitud era “sospechosa”. En la patrulla fue obligado a bajarse los pantalones y la ropa interior. Luego fue procesado y condenado penalmente. La policía fundamentó la detención en que estaba nervioso y no estaba vestido conforme a la zona por la que transitaba. La Corte IDH consideró que de estas razones un observador razonable no podía inferir objetivamente la posible comisión de un ilícito.

Esto hubiera sido suficiente para establecer la arbitrariedad de la detención, sin embargo, la Corte IDH decidió ir más allá y establecer que las razones que sustentaron la detención con fines de identificación -en realidad- respondieron a preconceptos y estereotipos sobre la apariencia y vestimenta de la víctima, y sobre el comportamiento aceptable en presencia policial. Indicó que dichos estereotipos traen aparejada una presunción de culpabilidad contra toda persona que, a criterio de la policía, encaje en los mismos, impidiendo una evaluación en cada caso de las razones objetivas que justifiquen la sospecha. Así, la Corte concluyó que la detención fue discriminatoria, además de arbitraria.

En el caso Acosta Martínez vs. Argentina, se aborda la detención, seguida de muerte de una persona afro-uruguaya en las inmediaciones de una discoteca, después de que la policía recibiera una denuncia sobre la presencia de una persona armada. El señor Acosta fue detenido e introducido en la patrulla porque supuestamente se encontraba en estado de ebriedad. Allí sufrió lesiones y falleció cuando iba a ser trasladado al centro médico. La Corte IDH consideró que la causal prevista en el edicto aplicado (estado de ebriedad) era ambigua y trascendía el ejercicio legítimo del poder punitivo. Aunque la Corte pudo quedarse en este punto para determinar la arbitrariedad de la detención, decidió analizar los hechos bajo la lupa del derecho a la igualdad y no discriminación.

En este análisis, la valoración probatoria de la Corte IDH resulta particularmente importante, tomando en cuenta que, aunque se alegaba discriminación racial, no había ninguna referencia explícita para fundamentar el alegato. La Corte consideró suficiente el hecho de que las únicas personas interpeladas por la policía fueron afrodescendientes y que fueron detenidas sin que les hubieran encontrado armas. Agregó que la amplitud de la causal le permitió a la policía darle “a posteriori” una “apariencia de legalidad” a su actuación, aunque en realidad se basó en perfiles raciales. Los elementos circunstanciales del caso, la existencia de una normativa que otorgaba un amplio nivel de discrecionalidad y la constatación de un contexto general de violencia policial y uso de perfiles raciales en el país, fueron suficientes para concluir que hubo discriminación racial. 

Estos dos casos vienen a consolidar la línea relacionada con discriminación por el uso de perfiles raciales o relacionados a la percepción de la situación socio-económica de una persona en el ejercicio de las potestades de los cuerpos de seguridad del Estado, aunque no existan referencias explícitas a las categorías prohibidas de discriminación. Destaco que la valoración probatoria en el caso Acosta Martínez, dando especial relevancia a los elementos circunstanciales y de contexto, es coherente con formas de discriminación menos explícitas. Además, la Corte IDH dictó medidas de no repetición consistentes con estos hallazgos, particularmente, cambios normativos, capacitaciones enfocadas en la prohibición del uso de estereotipos y perfiles raciales y la producción de estadísticas sobre denuncias de detenciones arbitrarias y discriminatorias, a la par de un sistema de registro y estadísticas sobre la población afrodescendiente en el país. Una novedad reciente es este último componente estadístico de las medidas de no repetición en este tipo de casos. Con algo de optimismo, esto también puede considerarse un punto de partida para que el SIDH empiece a relacionar prácticas discriminatorias en la actuación policial como una – de muchas – causas estructurales de disparidades raciales o socio-económicas en la población penitenciaria. 

2. Ausencia de medidas positivas para enfrentar/revertir desventajas reales

Paso a comentar otro gran avance respecto de la dimensión sustantiva del principio de igualdad y no discriminación y las obligaciones positivas de los Estados.

El caso Roche Azaña y otros vs. Nicaragua trata del uso indiscriminado de la fuerza por agentes de seguridad de Nicaragua en un punto migratorio contra un automóvil en el que se transportaban migrantes ecuatorianos. Las víctimas del caso fueron dos hermanos, uno murió y el segundo quedó gravemente herido. Lo relevante para este análisis es la situación del hermano sobreviviente y sus padres de cara al proceso penal que culminó con la absolución de los funcionarios. El hermano sobreviviente permaneció en estado de coma –producto de los disparos– durante el tiempo probatorio y por eso no fue interrogado. Cuando salió del estado de coma, ni él ni sus padres pudieron participar en el proceso porque no fueron informados de su existencia, a pesar de que el derecho de las víctimas a ser oídas en los procesos respectivos está consolidado en el sistema interamericano.

Lo novedoso es el enfoque de igualdad y no discriminación que la Corte IDH incorporó al análisis, destacando que, en la práctica, fue la condición de migrante de Roche Azaña la causa de su falta de participación en el proceso. Pero la sentencia no se quedó en concluir que la violación al derecho a ser oído fue además discriminatoria por motivos de estatus migratorio. La Corte fue más allá de este enfoque restringido a la dimensión negativa y agregó que existía una “situación de desigualdad real” por su condición de migrante que exigía del Estado medidas especiales para reducir o eliminar obstáculos y lograr un acceso igualitario a la justicia.

Otro caso es Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antonio de Jesus y sus familiares vs. Brasil, sobre la explosión de una fábrica de fuegos artificiales en la que fallecieron 60 personas y seis quedaron heridas, mayormente mujeres y niñas y niños afrodescendientes en situación de pobreza. La Corte IDH declaró una serie de violaciones, entre otras, por la falta de supervisión y fiscalización de la fábrica. Específicamente, analizó el derecho a las condiciones justas y equitativas de trabajo desde varias perspectivas. El que interesa a estas líneas es que la Corte dio el paso de empezar a llenar de contenido lo dicho en casos anteriores sobre la obligación estatal de “revertir o cambiar situaciones discriminatorias”, considerando la inercia prolongada del Estado.

Así, la Corte IDH constató una situación de discriminación estructural por motivos de pobreza y en intersección con otras categorías, y estableció que por ello las víctimas no estuvieron “en condiciones de acceder a otra fuente de ingresos” por lo que debieron aceptar un trabajo en las condiciones deplorables de la fábrica. En casos anteriores la Corte había hablado de discriminación estructural a modo de contexto para visibilizar riesgos agravados de violaciones de derechos humanos. En este caso la Corte dio el paso muy necesario de analizar de manera autónoma la falta de medidas para enfrentar o buscar revertir la exclusión y marginación estructural subyacente y que dio lugar a las violaciones principales en el caso.

Este enfoque tuvo claras consecuencias en las reparaciones que incluyeron la implementación de “un programa de desarrollo socioeconómico especialmente destinado para la población” del municipio que haga frente “a la falta de alternativas de trabajo”.

Aunque con hechos radicalmente distintos, estos casos tienen en común el establecimiento de violaciones autónomas al derecho a la igualdad y no discriminación por la omisión estatal en adoptar medidas deliberadas de compensación frente a situaciones de desigualdad real, una más individual y otra con tintes más colectivos.

Conclusión

Los avances comentados abren puertas necesarias y oportunas sobre las múltiples formas que pueden tomar las violaciones al derecho a la igualdad y no discriminación. Los dos casos argentinos fortalecen el enfoque respecto de formas no explícitas de discriminación en el ejercicio del poder público. Los casos nicaragüense y brasilero le dan contenido concreto – y con consecuencias en la responsabilidad estatal – a las obligaciones positivas de los Estados para compensar o revertir desigualdades de hecho, además de ofrecer remedios para hacerlas exigibles. Estos aportes vienen a sumarse a pasos incipientes anteriores sobre ambos temas, ampliando el espectro de protección del SIDH en una materia cuya vigencia y urgencia es indiscutible, como crudamente nos ha mostrado la pandemia.

Citación académica sugerida: Serrano Guzmán, Silvia: Dos avances de la Corte IDH en 2020 sobre igualdad y no discriminación, 2021/01/26, https://agendaestadodederecho.com/dos-avances-de-la-corte-idh-en-2020-sobre-igualdad-y-no-discriminacion

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ACERCA DE LA AUTORA
Silvia Serrano Guzmán

Silvia Serrano Guzmán es abogada, actualmente se desempeña como Directora Asociada de la Iniciativa del O’Neill Institute for National and Global Health Law de la Universidad de Georgetown, donde también es Profesora Adjunta. Anteriormente, se desempeñó como Coordinadora de la Sección de Casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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