Las reformas urgentes frente a la crisis de desapariciones en México Segunda parte. Horizonte y soluciones: hacia dónde debería ir México
En la segunda entrega del especial México ante la crisis de desapariciones, Agenda Estado de Derecho conversó con Karina Ansolabehere, investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM..
Esta entrevista busca identificar posibles rutas de acción concretas, viables y medibles a partir de la investigación académica comparada y la evidencia empírica. El debate político e institucional generado por la decisión del CED corre el riesgo de consumir la energía disponible en una discusión sobre legitimidades formales, mientras el problema central —más de 132.000 personas desaparecidas y una impunidad que supera el 98%— sigue creciendo. Karina Ansolabehere lleva más de una década investigando el fenómeno desde la sociología jurídica y la ciencia política: quién desaparece, por qué, cómo responden las instituciones y qué reformas concretas permitirían cambiar el paradigma de investigación y búsqueda.
El Observatorio que dirige ha producido evidencia comparada que permite identificar las brechas estructurales más urgentes: desde la capacidad forense hasta la autonomía de las fiscalías, pasando por la necesidad de articular búsqueda, investigación penal y reparación en una política integral. Su perspectiva aporta al especial propuestas ancladas en datos reales.
AED: Agenda Estado de Derecho
KA: Karina Ansolabehere
KA: Si tuviera que señalar las acciones inmediatas para atender la crisis de desapariciones en México, priorizaría tres medidas.
La primera sería definir e implementar un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Este plan permitiría establecer con claridad los distintos componentes de la búsqueda y orientar las acciones de manera más eficaz. Sabemos que existen diferentes modalidades, como la búsqueda en vida, la búsqueda forense y la búsqueda generalizada, por lo que contar con una estrategia integral permitiría delimitar responsabilidades, coordinar esfuerzos y optimizar recursos. La segunda medida sería atender de manera seria la crisis de identificación y la crisis forense. Es indispensable desarrollar estrategias que agilicen la identificación de los cuerpos resguardados en los servicios médicos forenses, con el objetivo de ofrecer respuestas a las familias que llevan años esperando conocer el paradero de sus seres queridos. La tercera medida sería fortalecer la prevención de las desapariciones. Es fundamental diseñar e implementar una estrategia integral que permita reducir los factores de riesgo, prevenir nuevas desapariciones y evitar que esta crisis siga creciendo.
KA: Aun cuando no soy especialista en esta área y mi trabajo se ha concentrado principalmente en la búsqueda, considero que,frente a un universo de más de 72 mil cuerpos sin identificar, es evidente que el reto exige estrategias de identificación generalizada. Ya no es posible responder únicamente con los mecanismos tradicionales; se requiere desarrollar e incorporar tecnologías, metodologías y capacidades que permitan acelerar los procesos de identificación y dar respuestas oportunas a las familias.
KA: Las fiscalías en México requieren reformas estructurales en muchos ámbitos. Sin embargo, en materia de desapariciones, más que una nueva reforma institucional, considero que lo urgente es un cambio de estrategia metodológica. Con la magnitud de la crisis, el enfoque de investigar caso por caso resulta insuficiente. Es necesario trabajar con macrocasos, identificar patrones y adoptar enfoques de macrocriminalidad, como ya se ha hecho en países como Colombia, para avanzar en verdad y justicia en contextos de violaciones masivas.
KA: En cuanto al Poder Judicial, el principal cuello de botella sigue estando en las fiscalías: muchas investigaciones ni siquiera llegan a judicializarse. No obstante, el Poder Judicial también tiene un papel fundamental. Particularmente, el artículo 15 de la Ley de Amparo le impone obligaciones relevantes cuando existe presunción de desaparición forzada. Ahí es indispensable una actuación proactiva, no burocrática, entendiendo que las primeras horas son determinantes.
Además, el Poder Judicial cuenta con herramientas jurídicas suficientes para responder a esta crisis como el control de convencionalidad, los estándares desarrollados por el Sistema Interamericano y la valoración de la prueba circunstancial, ampliamente reconocida en la jurisprudencia internacional. No aprovechar ese desarrollo sería desconocer avances jurídicos ya consolidados.
KA: Sobre una política pública integral, mi impresión es que hoy México no necesita agregar más complejidad institucional, sino hacer funcionar mejor lo que ya existe. Antes de construir nuevos mecanismos, necesitamos consolidar un verdadero Programa Nacional de Búsqueda que establezca prioridades, coordine acciones y estabilice la política pública en la materia.
A partir de esa base, cada institución debe asumir con claridad su responsabilidad. Es decir, quienes buscan deben contar con prioridades y capacidades claras; quienes investigan deben adoptar estrategias acordes con la magnitud del fenómeno; y quienes juzgan deben responder considerando el contexto excepcional de la crisis.
Las soluciones deben estar a la altura del problema. Una crisis de esta dimensión no puede enfrentarse con herramientas diseñadas para casos aislados. Requiere respuestas extraordinarias, coordinadas y proporcionales a la magnitud del desafío.
KA: Creo que es importante ser precisos. Yo no diría que el gobierno mexicano haya rechazado la cooperación internacional. Lo que manifestó fue su desacuerdo con la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención. Son dos cosas distintas: una es rechazar la cooperación internacional y otra es discrepar de una decisión adoptada por un órgano de tratados.
Además, vale la pena recordar que otros mecanismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han realizado recientemente observaciones e informes sobre la situación de las desapariciones en México, y la dinámica ha sido diferente. Por eso, no considero que México sea un país cerrado, en términos generales, a la cooperación internacional.
En ese contexto, creo que el mejor escenario para que la cooperación técnica internacional beneficie efectivamente a las víctimas y sus familias es concentrarla en áreas prioritarias y de alto impacto. Pienso, por ejemplo, en el diseño e implementación de un Programa Nacional de Búsqueda, en el fortalecimiento de las capacidades forenses y en el desarrollo de estrategias de investigación basadas en patrones y macrocasos, acordes con la magnitud de la crisis.
Me inclinaría más por una cooperación orientada a fortalecer las capacidades institucionales existentes que por crear nuevos mecanismos extraordinarios de supervisión. Lo más útil, desde mi perspectiva, es que esa cooperación contribuya a que las instituciones responsables de buscar, investigar e identificar personas puedan cumplir mejor y con mayor eficacia las funciones que ya tienen encomendadas.
Citación académica sugerida: Ansolabehere, Karina. México ante la crisis de desapariciones: análisis, respuestas y horizontes. Segunda parte. Horizonte y soluciones: hacia dónde debería ir México. Agenda Estado de Derecho. 2026/08/28. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/las-reformas-urgentes-frente-a-la-crisis-de-desapariciones/
Es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, Máster en Sociología Económica por la Universidad Nacional de General San Martín, y Doctora en Ciencias Sociales con Especialización en Ciencias Políticas por la FLACSO México. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores con el Nivel III.
Fundadora y coordinadora principal del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México (ODIM) del IIJ-UNAM, creado en 2015-2016 a raíz de las desapariciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y convertido en uno de los repositorios de investigación sobre el fenómeno más importantes del país. Autora, entre otras, de Disappearances in the Post-Transition Era in Latin America (Oxford University Press, 2021, coedición con B.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
