Ahora bien, elevar la cesárea electiva a derecho fundamental merece un análisis crítico. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y sociedades médicas globales desaconsejan la cesárea sin indicación clínica, pues expone a “complicaciones no justificadas” y generando una “epidemia de cesáreas” que es intrínsecamente contraria al concepto mismo del parto humanizado. Es una cirugía abdominal mayor que incrementa los riesgos de hemorragia, infecciones, complicaciones por anestesia y, en embarazos posteriores, parto prematuro o placenta previa. Para el recién nacido, aumenta la probabilidad de sufrir problemas respiratorios y retrasa la lactancia materna inmediata.

El informe de la Relatora de la ONU de 2019 advierte sobre un uso excesivo e injustificado de la cesárea. Esta práctica suele estar motivada por criterios de eficiencia y reducción de costos y tiempo en las clínicas. Así, los centros médicos prefieren cirugías rápidas antes que acompañar partos naturales prolongados. En tal sentido, promover la cesárea como libre elección incentiva una sobremedicalización innecesaria del nacimiento. Esto contradice el parto humanizado, que busca devolver el protagonismo natural a la mujer.

En la sentencia no resulta claro pero, de una lectura de la información disponible del caso, se desprende que, la mujer no contó con información adecuada y suficiente, ni por parte de su ginecóloga, que simplemente le enunció una serie de riesgos, generando ansiedad y estrés; ni por parte del personal de salud que le pedía intentar primero el parto vaginal. Los hechos transcritos muestran argumentos de autoridad, sin que se refiera a un proceso real de consentimiento informado, con “información previa, clara, apropiada y suficiente por parte de los profesionales de la salud, basada en la evidencia científica segura, efectiva y actualizada” (num. 9, art. 4, Ley 2244 de 2022). Tampoco la Corte indagó por el acompañamiento que recibió (o no) la mujer, ni por la calidad de la información que efectivamente recibió, elemento que debió ser premisa fundamental para el ejercicio de su autonomía.

No ofrecer información, sustituyendo la autonomía de la paciente, por ejemplo, infantilizándola y minimizando su experiencia, sí constituiría violencia obstétrica, pero la Corte no abordó esa posible expresión. Con ello, parece reducir la violencia a una cuestión objetiva, como si la simple contradicción con el criterio de la mujer pudiera considerarse una barrera, además constitutiva de violencia. Esto banaliza tanto la violencia como el acceso a la justicia.