En Ecuador se ha profundizado una crisis de seguridad. En este artículo el autor analiza las causas que la provocaron y los enfoques para combatirla.
Ecuador atraviesa desde hace dos años una profunda crisis de seguridad. Una ola de delitos del catálogo de la delincuencia organizada, como extorsiones (conocidas en la jerga local como vacunas), robos de autos, secuestros, asaltos a negocios, narcotráfico y asesinatos han puesto en estado de alerta a la ciudadanía. El indicador más alarmante es el de muertes violentas.
Hasta el 23 de julio de 2023, se han registrado 3,500 homicidios intencionales -entre ellos el del alcalde más votado del país y el de un candidato presidencial–, lo que nos ubica como el tercer país con la tasa más alta de Sudamérica, solo por debajo de Venezuela y Colombia.
Ecuador limita por el norte y sur con Colombia y Perú respectivamente, dos de los tres principales productores de cocaína de la región, y desde inicios del siglo XXI mantiene una economía dolarizada. Su papel en las estructuras de tráfico internacional de narcóticos se ha incrementado durante las dos últimas décadas, principalmente a través de bandas locales que han colaborado con estructuras de delincuencia organizada transnacional radicadas en Colombia, México, Europa y más recientemente Brasil.
En el 2014 se aprobó el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que implementaba como propuesta la estructuración de un solo cuerpo normativo que abarcara todos los aspectos de la legislación penal. El COIP no fue estructurado en un contexto de delincuencia organizada como principal problema de seguridad, en tal sentido, pese a cumplir con la Convención de Palermo, en el marco procesal y de ejecución de penas ameritaba reformas al respecto.
De otra parte y hacia el 2016, con el acuerdo de paz entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los equilibrios de poder en las estructuras delincuenciales se vieron afectados por un conjunto de nuevos actores que, negándose a la deposición de armas, optaron por iniciar operaciones autónomas con especial incidencia en la frontera norte del Ecuador.
A nivel nacional, desde el 2017, a través de un conjunto de decisiones gubernamentales se optó por suprimir ciertas instituciones y disminuir ciertos gastos considerados excesivos, entre estos Ministerios coordinadores de seguridad y servicios de inteligencia.
En este contexto, en el (2018) se suprimió el Ministerio de Justicia, entidad encargada del control y supervisión del sistema de rehabilitación social del país. Esto supuso la pérdida paulatina de control del sistema penitenciario por parte del Gobierno y su captura por parte de grupos de delincuencia organizada, principalmente el más grande, denominado Los Choneros, dirigido por Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, quien fue asesinado en el 2020.
Así, para el 2021, luego de que la pandemia de COVID-19 acentuara la profunda recesión económica e incrementara dramáticamente los niveles de desigualdad en el país, se desató una guerra de sucesión entre los miembros de Los Choneros, originada a partir de la muerte de su antiguo líder, y que desencadenó en la conformación de varias agrupaciones nuevas que empezaron a repartirse y a adueñarse de diferentes territorios del país, primordialmente del perfil costanero, todos ellos con sus propios liderazgos y alianzas , tanto con estructuras criminales locales, como internacionales.
Esta división territorial, incluyó los centros de privación de libertad del país que, convertidos en cuarteles de operaciones de las estructuras, registraron varias masacres con cientos de reos fallecidos desde el inicio del conflicto. Existen ya varios informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando al Estado ecuatoriano por su negligencia en el manejo del sistema penitenciario.
A lo anterior se suma el dramático cambio de los patrones de consumo de drogas en Estados Unidos de acuerdo a la UNODC, de cara a la llamada “epidemia de los opioides”, que se ha manifestado principalmente a través del consumo de fentanilo, el cual ha marcado la disminución en el tráfico de cocaína hacia Norteamérica, y llevado a que parte de los pagos a las estructuras locales sean realizados con droga, generándole a estas organizaciones la necesidad de comercializarlo internamente para monetizarlo, incrementando notoriamente la violencia en las calles.
La creciente necesidad de presencia armada para el control territorial llevó a que las organizaciones diversificaran sus actividades hacia las extorsiones, secuestros, sicariato y otras, cuyos índices se incrementaron a nivel nacional los últimos dos años.
A lo anterior hay que sumarle una presencia considerable de fondos ilícitos presentes en la economía local, tal y como se desprende de una publicación reciente del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) que de acuerdo con el método utilizado estima en al menos 3,500 millones de dólares de dinero sucio lavado en el país durante el 2021.
Con base en estos antecedentes, las respuestas normativas no se han hecho esperar. En primer lugar, en agosto de 2022 se expidió una normativa que regulaba y delimitaba mejor el uso legítimo de la fuerza por parte de las instituciones del Estado, y más recientemente, en marzo de 2023, la Ley orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral.
Esta última propone fundamentalmente un conjunto de nuevas potestades investigativas a la fiscalía y modificaciones a varios tipos penales, cuyas críticas no se hicieron esperar. La mayoría de ellas, señalaban un excesivo poder investigativo a la Fiscalía General del Estado, sin necesidad de autorizaciones judiciales, lo que pudiera resultar más peligroso que el mal que enfrentaba.
A estos dos proyectos se le han sumado más de 15 declaratorias de estados de excepción a nivel nacional, con limitaciones de derechos e intervención de las Fuerzas Armadas, que han resultado poco efectivos, tal es el caso de la ciudad de Durán, en la provincia del Guayas, donde en pleno estado de excepción han asesinado a varios funcionarios e incluso a un concejal municipal.
Asimismo, en abril del presente año el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE), emitió un pronunciamiento donde declaraba terroristas a los grupos de delincuencia organizada, reculando al poco tiempo sobre su alcance.
En lo procesal, se ha viabilizado la creación de los Juzgados Anticorrupción con sede en la capital, Quito, pero con jurisdicción nacional, con la finalidad de juzgar delitos de corrupción y delincuencia organizada. Sin embargo, hasta la fecha, no están muy claras las condiciones según las cuales son competentes para operar en estas unidades, y su producción de resoluciones aún es marginal en comparación con las unidades convencionales.
Finalmente, es preciso advertir que salvo la expedición de la Ley Orgánica de Extinción de Domino en el 2021 (que requiere de sentencia condenatoria), y una reforma a la Ley Orgánica de Prevención de Lavado de Activos, no se ha visibilizado ninguna iniciativa contundente en la lucha económica contra el crimen organizado.
A lo anterior hay que sumar el hecho de que la ejecución y asignación presupuestaria en materia de seguridad ha sido deficiente, particularmente durante los últimos dos años, principalmente debido a ajustes y temas burocráticos, por lo que la disparidad de fuerzas entre organizaciones criminales y agentes del orden es latente. A esto hay que agregar la ingente desigualdad (de las más altas de Latinoamérica) que existe en el país y que se ha trasformado en un verdadero semillero para futuros delincuentes.
Es imperativo que la política de seguridad se aborde desde un enfoque ‘multiarístico’ que ataque los diferentes componentes estructurales de la crisis: desigualdad social, abandono penitenciario, detección e incautación de flujos económicos ilegales y mejores controles fronterizos. Estos enfoques deben abarcar no solo reformas normativas, sino políticas públicas y ejecuciones presupuestarias inmediatas. De lo contrario las consecuencias podrían agravarse.
En lo legislativo la reforma de la Ley de Extinción de Dominio para su aplicación sin la necesidad de sentencia ejecutoriada. En lo ejecutivo, restructurar las instituciones de inteligencia y rehabilitación social, retomando el control de los centros penitenciarios, a la par de una fuerte inversión social en educación e intervención en los estratos más vulnerables de la población.
Citación académica sugerida: Cassanello Foghini, Nino. Crisis de seguridad en Ecuador: pasado, presente y futuro. Agenda Estado de Derecho. 2023/10/11. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/crisis-de-seguridad-en-ecuador/
Palabras clave: seguridad; Ecuador; crisis; crimen organizado; delincuencia.
Abogado con mención en Derecho Económico por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG), Magister en Derecho Penal, por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), Docente de posgrado de la materia de Delincuencia Organizada y Seguridad del Estado UEES, en la maestría de Derecho Penal. Docente de Derecho Penal, en pregrado de la materia Derecho Penal. Universidad Técnica Empresarial de Guayaquil (UTEG). Ex Subsecretario General Anticorrupción de la Presidencia de la República del Ecuador.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.