Ecuador limita por el norte y sur con Colombia y Perú respectivamente, dos de los tres principales productores de cocaína de la región, y desde inicios del siglo XXI mantiene una economía dolarizada. Su papel en las estructuras de tráfico internacional de narcóticos se ha incrementado durante las dos últimas décadas, principalmente a través de bandas locales que han colaborado con estructuras de delincuencia organizada transnacional radicadas en Colombia, México, Europa y más recientemente Brasil.

En el 2014 se aprobó el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que implementaba como propuesta la estructuración de un solo cuerpo normativo que abarcara todos los aspectos de la legislación penal. El COIP no fue estructurado en un contexto de delincuencia organizada como principal problema de seguridad, en tal sentido, pese a cumplir con la Convención de Palermo, en el marco procesal y de ejecución de penas ameritaba reformas al respecto.

De otra parte y hacia el  2016, con el acuerdo de paz entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los equilibrios de poder en las estructuras delincuenciales se vieron afectados por un conjunto de nuevos actores que, negándose a la deposición de armas, optaron por iniciar operaciones autónomas con especial incidencia en la frontera norte del Ecuador.

A nivel nacional, desde el 2017, a través de un conjunto de decisiones gubernamentales se optó por suprimir ciertas instituciones y disminuir ciertos gastos considerados excesivos, entre estos Ministerios coordinadores de seguridad y servicios de inteligencia.

En este contexto, en el (2018) se suprimió el Ministerio de Justicia, entidad encargada del control y supervisión del sistema de rehabilitación social del país. Esto supuso la pérdida paulatina de control del sistema penitenciario por parte del Gobierno y su captura por parte de grupos de delincuencia organizada, principalmente el más grande, denominado Los Choneros, dirigido por Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, quien fue asesinado en el 2020.

Así, para el  2021, luego de que la pandemia de COVID-19 acentuara la profunda recesión económica e incrementara dramáticamente los niveles de desigualdad en el país, se desató una guerra de sucesión entre los miembros de Los Choneros, originada a partir de la muerte de su antiguo líder, y que desencadenó en la conformación de varias agrupaciones nuevas que empezaron a repartirse y a adueñarse de diferentes territorios del país, primordialmente del perfil costanero, todos ellos con sus propios liderazgos y alianzas , tanto con estructuras criminales locales, como internacionales.

Esta división territorial, incluyó los centros de privación de libertad del país que, convertidos en cuarteles de operaciones de las estructuras, registraron varias masacres con cientos de reos fallecidos desde el inicio del      conflicto. Existen ya varios informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando al Estado ecuatoriano por su negligencia en el manejo del sistema penitenciario.

 A lo anterior se suma el dramático cambio de los patrones de consumo de drogas en Estados Unidos  de acuerdo a la UNODC, de cara a la llamada “epidemia de los opioides”, que se ha manifestado principalmente a través del consumo de fentanilo, el cual ha marcado la disminución en el tráfico de cocaína hacia Norteamérica, y llevado a que parte de los pagos a las estructuras locales sean realizados con droga, generándole a estas organizaciones la necesidad de comercializarlo internamente para monetizarlo, incrementando notoriamente la violencia en las calles.

La creciente necesidad de presencia armada para el control territorial llevó a que las organizaciones diversificaran sus actividades hacia las extorsiones, secuestros, sicariato y otras, cuyos índices se incrementaron a nivel nacional los últimos dos años.

A lo anterior hay que sumarle una presencia considerable de fondos ilícitos presentes en la economía local, tal y como se desprende de una publicación reciente del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) que de acuerdo con el método utilizado estima en al menos 3,500 millones de dólares de dinero sucio lavado en el país durante el 2021.