Crisis de seguridad en Ecuador: pasado, presente y futuro

11 de Octubre de 2023
Crisis de seguridad en Ecuador: pasado, presente y futuro
Fuente. Policía Ecuador (@PoliciaEcuador)

En Ecuador se ha profundizado una crisis de seguridad. En este artículo el autor analiza las causas que la provocaron y los enfoques para combatirla.

Ecuador atraviesa desde hace dos años una profunda crisis de seguridad. Una ola de delitos del catálogo de la delincuencia organizada, como extorsiones (conocidas en la jerga local como vacunas), robos de autos, secuestros, asaltos a negocios, narcotráfico y asesinatos han puesto en estado de alerta a la ciudadanía. El indicador más alarmante es el de muertes violentas.

Hasta el 23 de julio de 2023, se han registrado 3,500 homicidios intencionales -entre ellos el del alcalde más votado del país y el de un candidato presidencial, lo que nos ubica como el tercer país con la  tasa más alta de Sudamérica, solo por debajo de Venezuela y Colombia. 

Pasado

Ecuador limita por el norte y sur con Colombia y Perú respectivamente, dos de los tres principales productores de cocaína de la región, y desde inicios del siglo XXI mantiene una economía dolarizada. Su papel en las estructuras de tráfico internacional de narcóticos se ha incrementado durante las dos últimas décadas, principalmente a través de bandas locales que han colaborado con estructuras de delincuencia organizada transnacional radicadas en Colombia, México, Europa y más recientemente Brasil.

En el 2014 se aprobó el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que implementaba como propuesta la estructuración de un solo cuerpo normativo que abarcara todos los aspectos de la legislación penal. El COIP no fue estructurado en un contexto de delincuencia organizada como principal problema de seguridad, en tal sentido, pese a cumplir con la Convención de Palermo, en el marco procesal y de ejecución de penas ameritaba reformas al respecto.

De otra parte y hacia el  2016, con el acuerdo de paz entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los equilibrios de poder en las estructuras delincuenciales se vieron afectados por un conjunto de nuevos actores que, negándose a la deposición de armas, optaron por iniciar operaciones autónomas con especial incidencia en la frontera norte del Ecuador.

A nivel nacional, desde el 2017, a través de un conjunto de decisiones gubernamentales se optó por suprimir ciertas instituciones y disminuir ciertos gastos considerados excesivos, entre estos Ministerios coordinadores de seguridad y servicios de inteligencia.

En este contexto, en el (2018) se suprimió el Ministerio de Justicia, entidad encargada del control y supervisión del sistema de rehabilitación social del país. Esto supuso la pérdida paulatina de control del sistema penitenciario por parte del Gobierno y su captura por parte de grupos de delincuencia organizada, principalmente el más grande, denominado Los Choneros, dirigido por Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, quien fue asesinado en el 2020.

Así, para el  2021, luego de que la pandemia de COVID-19 acentuara la profunda recesión económica e incrementara dramáticamente los niveles de desigualdad en el país, se desató una guerra de sucesión entre los miembros de Los Choneros, originada a partir de la muerte de su antiguo líder, y que desencadenó en la conformación de varias agrupaciones nuevas que empezaron a repartirse y a adueñarse de diferentes territorios del país, primordialmente del perfil costanero, todos ellos con sus propios liderazgos y alianzas , tanto con estructuras criminales locales, como internacionales.

Esta división territorial, incluyó los centros de privación de libertad del país que, convertidos en cuarteles de operaciones de las estructuras, registraron varias masacres con cientos de reos fallecidos desde el inicio del      conflicto. Existen ya varios informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando al Estado ecuatoriano por su negligencia en el manejo del sistema penitenciario.

 A lo anterior se suma el dramático cambio de los patrones de consumo de drogas en Estados Unidos  de acuerdo a la UNODC, de cara a la llamada “epidemia de los opioides”, que se ha manifestado principalmente a través del consumo de fentanilo, el cual ha marcado la disminución en el tráfico de cocaína hacia Norteamérica, y llevado a que parte de los pagos a las estructuras locales sean realizados con droga, generándole a estas organizaciones la necesidad de comercializarlo internamente para monetizarlo, incrementando notoriamente la violencia en las calles.

La creciente necesidad de presencia armada para el control territorial llevó a que las organizaciones diversificaran sus actividades hacia las extorsiones, secuestros, sicariato y otras, cuyos índices se incrementaron a nivel nacional los últimos dos años.

A lo anterior hay que sumarle una presencia considerable de fondos ilícitos presentes en la economía local, tal y como se desprende de una publicación reciente del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) que de acuerdo con el método utilizado estima en al menos 3,500 millones de dólares de dinero sucio lavado en el país durante el 2021.

Presente

Con base en estos antecedentes, las respuestas normativas no se han hecho esperar. En primer lugar, en agosto de 2022 se expidió una normativa que regulaba y delimitaba mejor el uso legítimo de la fuerza por parte de las instituciones del Estado, y más recientemente, en marzo de 2023, la Ley orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral.

Esta última propone fundamentalmente un conjunto de nuevas potestades investigativas a la fiscalía y modificaciones a varios tipos penales, cuyas críticas no se hicieron esperar. La mayoría de ellas, señalaban un excesivo poder investigativo a la Fiscalía General del Estado, sin necesidad de autorizaciones judiciales, lo que pudiera resultar más peligroso que el mal que enfrentaba.

A estos dos proyectos se le han sumado más de 15 declaratorias de estados de excepción a nivel nacional, con limitaciones de derechos e intervención de las Fuerzas Armadas, que han resultado poco efectivos, tal es el caso de la ciudad de Durán, en la provincia del Guayas, donde en pleno estado de excepción han asesinado a varios funcionarios e incluso a un concejal municipal.

Asimismo, en abril del presente año el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE), emitió un pronunciamiento donde declaraba terroristas a los grupos de delincuencia organizada, reculando al poco tiempo sobre su alcance.

En lo procesal, se ha viabilizado la creación de los Juzgados Anticorrupción con sede en la capital, Quito, pero con jurisdicción nacional, con la finalidad de juzgar delitos de corrupción y delincuencia organizada. Sin embargo, hasta la fecha, no están muy claras las condiciones según  las cuales son competentes para operar en estas unidades, y su producción de resoluciones aún es marginal en comparación con las unidades convencionales.

Finalmente, es preciso advertir que salvo la expedición de la Ley Orgánica de Extinción de Domino en el 2021 (que requiere de sentencia condenatoria), y una reforma a la Ley Orgánica de Prevención de Lavado de Activos, no se ha visibilizado ninguna iniciativa contundente en la lucha económica contra el crimen organizado.

A lo anterior hay que sumar el hecho de que la ejecución y asignación presupuestaria en materia de seguridad ha sido deficiente, particularmente durante los últimos dos años, principalmente debido a ajustes y temas burocráticos, por lo que la disparidad de fuerzas entre organizaciones criminales y agentes del orden es latente. A esto hay que agregar la ingente desigualdad (de las más altas de Latinoamérica) que existe en el país y que se ha trasformado en un verdadero semillero para futuros delincuentes.

Futuro

Es imperativo que la política de seguridad se aborde desde un enfoque ‘multiarístico’ que ataque los diferentes componentes estructurales de la crisis: desigualdad social, abandono penitenciario, detección e incautación de flujos económicos ilegales y mejores controles fronterizos. Estos enfoques deben abarcar no solo reformas normativas, sino políticas públicas y ejecuciones presupuestarias inmediatas. De lo contrario las consecuencias podrían agravarse.

En lo legislativo la reforma de la Ley de Extinción de Dominio para su aplicación sin la necesidad de sentencia ejecutoriada. En lo ejecutivo, restructurar las instituciones de inteligencia y rehabilitación social, retomando el control de los centros penitenciarios, a la par de una fuerte inversión social en educación e intervención en los estratos más vulnerables de la población.

Citación académica sugerida: Cassanello Foghini, Nino. Crisis de seguridad en Ecuador: pasado, presente y futuro. Agenda Estado de Derecho. 2023/10/11. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/crisis-de-seguridad-en-ecuador/

Palabras clave: seguridad; Ecuador; crisis; crimen organizado; delincuencia.

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ACERCA DEL AUTOR
Nino Cassanello Foghini

Abogado con mención en Derecho Económico por la Universidad Católica  Santiago de Guayaquil (UCSG), Magister en Derecho Penal, por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), Docente de posgrado de la materia de Delincuencia Organizada y Seguridad del Estado UEES, en la maestría de Derecho Penal. Docente de Derecho Penal, en pregrado de la materia Derecho Penal. Universidad Técnica Empresarial de Guayaquil (UTEG). Ex Subsecretario General Anticorrupción de la Presidencia de la República del Ecuador.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.