Córdoba y otro vs. Paraguay: los derechos de la niñez y la adolescencia ante casos de sustracción y restitución internacional
10 de Abril de 2023
En su próximo período de sesiones, la Corte Interamericana celebrará audiencia en un caso en el que tendrá que decidir acerca de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el marco de la sustracción y restitución internacional de menores.
Durante 2023, se espera la celebración de la audiencia pública del caso Córdoba y otro vs. Paraguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre eventuales violaciones de los derechos de un padre y su hijo, en el marco de los procedimientos de restitución internacional de este último, a consecuencia de su sustracción por parte de su madre.
En estas líneas, se presentan los antecedentes generales del caso, para luego desarrollar algunas ideas sobre el fenómeno de la sustracción internacional de niñas, niños y adolescentes, los respectivos procedimientos de restitución, y la oportunidad que este caso representa para la jurisprudencia de la Corte IDH.
Los hechos que originan el presente caso se remontan a enero de 2006, fecha en que el niño D. es trasladado por su madre desde su domicilio en Argentina a Paraguay, sin contar con la autorización del padre. Ese mismo año, el padre inició un proceso de restitución internacional, en el cual se ordenó el retorno de D. Sin embargo, la madre desapareció con el niño, siendo solo encontrados en 2015. Luego de ser hallado, los tribunales paraguayos decretaron diversas medidas, incluyendo el establecimiento de un régimen de relacionamiento progresivo entre D., su padre y la familia paterna. Sin embargo, en 2017, se decretó la permanencia del niño en Paraguay.
El caso llega ante la Corte IDH tras el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluye que Paraguay, al no adoptar medidas para asegurar la restitución del niño, es responsable por la vulneración de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, vida privada, protección a la familia, derechos de la niñez y protección judicial, reconocidos en diversas disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
La globalización experimentada en las últimas décadas no sólo ha permitido flujos rápidos de bienes, servicios o acceso a la información, sino que también ha fomentado y facilitado la migración internacional. Este fenómeno ha cambiado las sociedades modernas, causando directas repercusiones en las niñas, niños y adolescentes, en sus familias, y en las relaciones que existen entre estas personas.
Un ejemplo de lo anterior lo constituyen las separaciones transfronterizas de parejas binacionales, las que pueden concluir con el traslado o retención forzosa e ilícita de sus hijas/os en un país distinto del de su residencia habitual, lo que se denomina sustracción/secuestro internacional.
La sustracción generalmente causa numerosos efectos perjudiciales para la niña, niño o adolescente, y para el progenitor que se queda en el país de origen. Una común consecuencia es la pérdida de contacto entre sí, con la familia extensa y con el entorno cercano. En este marco, un estudio que buscó conocer los efectos de la sustracción en niñas, niños y adolescentes y sus progenitores, indicó que el período de separación suele cambiar para siempre la relación entre hijas/os y el progenitor que queda atrás. Por su parte, otra investigación con personas adultas que fueron sustraídas durante su niñez, reveló diversos efectos negativos sufridos por ellas, independientemente de la edad o etapa de desarrollo al momento de la separación (en un 74% de los casos, se refirió haber padecido efectos adversos muy significativos).
Teniendo presentes los perniciosos efectos de la sustracción, y la necesidad de respetar entre los Estados los derechos de custodia y de visita (legales o judiciales), la comunidad internacional acordó definir procedimientos sumarios para la restitución de niñas, niños y adolescentes. Es así como surge el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (Convención de La Haya).
La Convención de La Haya buscó establecer un sistema de cooperación entre Autoridades Centrales de cada Estado contratante, para asegurar un retorno rápido de la niña, niño o adolescente a su país de residencia habitual, salvo que apliquen en el caso excepciones específicas. Así, presume que su interés superior está relacionado con la restauración del statu quo, debiendo retornar al país de origen para que eventualmente se discutan ante sus tribunales cuestiones de fondo. Adicionalmente, establece la obligación de adoptar medidas temporales para facilitar el retorno y la protección de los derechos de las personas afectadas.
El mismo objetivo tuvo la adopción de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, cuyo procedimiento también sigue las reglas antes indicadas.
Cabe hacer presente que, si bien ambos acuerdos solo se ocupan de asuntos procedimentales, los Estados deben asegurar que estos procesos se conduzcan respetando y garantizando el ejercicio de los derechos de las personas interesadas. De esta forma, las decisiones que se adopten, ya sea para dar lugar a la restitución inmediata o para analizar una eventual excepción a este retorno, deben considerar los derechos reconocidos, por ejemplo, en la CADH y en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Se destaca en este último caso, la necesidad de atender como consideración primordial al interés superior del niño, niña o adolescente, y a que sea oído/a y participe en las decisiones que se adopten.
La reflexión anterior cobra una enorme relevancia si se tiene presente que estudios recientes han demostrado que el 80% de las personas que sustraen, corresponden a las cuidadoras principales o conjuntas de su hija/o (sus madres en el 73% de los casos). Así, se vuelve imprescindible la consideración de las circunstancias específicas de cada niño, niña o adolescente durante los procedimientos de retorno inmediato.
Con Córdoba y otro vs. Paraguay, la Corte IDH adoptará su primera decisión de fondo respecto de un caso de sustracción/restitución internacional, debiendo abordar el marco legal que caracteriza a estos casos, compuesto por normas de derecho internacional privado de familia, de derechos humanos, y de derechos de la niñez y adolescencia.
Para esto, y tal como fue indicado en el informe de la CIDH, corresponderá analizar las alegadas violaciones de derechos a la luz del “corpus juris internacional de protección de las niñas y los niños”, noción utilizada habitualmente en la jurisprudencia de la Corte IDH (desde el caso Niños de la Calle, en 1999). Este concepto apunta a la necesidad de recurrir a diversos instrumentos internacionales y decisiones de órganos de derechos humanos, para darle contenido a las disposiciones de la CADH, particularmente al artículo 19 (derecho de niñas, niños y adolescentes a medidas de protección especial).
Dentro de todas estas fuentes, será de utilidad considerar, en primer lugar, el nutrido desarrollo jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ante casos similares, las obligaciones estatales han sido determinadas a la luz del derecho al respeto a la vida privada y familiar (artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), acudiendo también a normas de la Convención de La Haya y la CDN (particularmente su artículo 11, sobre la obligación de adoptar medidas para luchar contra los traslados y retención ilícita en el extranjero).
En segundo lugar, la Corte IDH tendrá la posibilidad de hacer referencia al primer dictamen del Comité de los Derechos del Niño en este tema, adoptado en 2022 (J.M. vs. Chile). En esta decisión, el Comité estableció que el Estado violó el derecho de un niño a que su interés superior sea una consideración primordial, al no haber evaluado de manera efectiva los factores que podrían haber constituido una excepción a la obligación de su restitución inmediata.
En suma, el caso Córdoba y otro vs. Paraguay se constituye como una oportunidad para la Corte IDH, al tener que pronunciarse por primera vez sobre un caso de restitución internacional de un niño. En esta instancia, se espera que el tribunal se refiera a las obligaciones para los Estados ante estos casos, interpretando las disposiciones de la CADH a la luz de la CDN y el procedimiento establecido en la Convención de La Haya y su símil interamericano. De esta forma, a través de determinar la eventual responsabilidad de Paraguay en el caso, especialmente en la violación a los derechos a la vida privada, protección a la familia, derechos de la niñez y protección judicial del niño D., podrá continuar con la consolidación del corpus juris de protección de las niñas y los niños.
Citación académica sugerida: Sovino, Maurizio. Córdoba y otro vs. Paraguay: los derechos de niñas, niños y adolescentes ante casos de sustracción y restitución internacional. Agenda Estado de Derecho. 2023/04/10. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/cordoba-y-otro-vs-paraguay-los-derechos-de-la-ninez-y-la-adolescencia-ante-casos-de-sustraccion-y-restitucion-internacional/
Palabras clave: Corte Interamericana de Derechos Humanos; Paraguay; niñez y adolescencia; sustracción internacional; restitución internacional.
Abogado, máster en Derecho Internacional de la Infancia y Derecho Penal. Asesor del Ministerio Público de Chile en materias de violencia sexual y delitos contra niños, niñas y adolescentes.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
