¿Está en riesgo la independencia judicial? Un análisis comparado entre América Latina y Europa
8 de Septiembre de 2026
La independencia judicial es parte integral de un Estado de derecho y de la separación de poderes. Las tendencias actuales —tanto en América Latina como en Europa— muestran que este principio enfrenta presiones y desafíos cada vez más significativos. La coerción política, el debilitamiento metódico del sistema judicial, pero también, en general, un desequilibrio a costa del poder judicial, ponen en peligro el equilibrio institucional. Por lo tanto, es fundamental asegurar ciertas garantías, como, por ejemplo, un proceso de nombramiento adecuado, la inamovilidad en el cargo y la protección frente a presiones externas. Un análisis de las regiones revela que la protección del poder judicial es hoy más importante que nunca.
Hoy más que nunca, los jueces de América Latina se enfrentan a violencia física, amenazas por parte del crimen organizado, así como a campañas de desprestigio o a presiones políticas. Informes recientes de la Asociación Internacional de Jueces (IAJ) y audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncian irregularidades. En Perú, por ejemplo, el juez Oswaldo Ordóñez Alcántara fue destituido de su cargo como represalia por haber expresado su opinión, en noviembre de 2024, a la CIDH durante el debate sobre la situación de la independencia judicial en Perú. En su declaración el juez peruano criticó fuertemente la desestabilización del sistema de justicia por parte del poder ejecutivo. Después de haber participado en la audiencia de la CIDH, la Junta Nacional de Justicia inició una investigación preliminar de oficio debido a una denuncia presentada. La investigación y su separación de cargo fue criticado por varias organizaciones internacionales y visto como un ataque directo contra la independencia judicial. En Bolivia y Ecuador, dos jueces fueron asesinados: El juez Víctor Hugo Claure Hinojoza, un magistrado de alto rango del Tribunal Agrario y Medioambiental, y la jueza Gissela Pachar Huanga en la Sala de lo Penal de Santa Rosa fueron asesinados en el ejercicio de sus trabajos judiciales.
En Argentina por ejemplo, se observa una creciente injerencia del poder ejecutivo sobre los jueces. Eso se muestra por ejemplo en la influencia del poder ejecutivo en el nombramiento de jueces constitucionales. En varios países latinoamericanos se llevan a cabo otras prácticas de intimidación contra los jueces. Entre ellas se incluyen la apertura de procesos penales contra jueces por sus decisiones judiciales y las amenazas contra miembros del poder judicial en Chile, pero también los despidos arbitrarios de jueces de la Corte Constitucional, como en El Salvador,y los despidos y traslados en la judicatura superior como en el caso de Honduras. La aplicación de medidas disciplinarias contra jueces tampoco es algo infrecuente, como ocurre en Perú.
La reciente reforma judicial en México ha sido objeto de críticas particulares. La nueva propuesta del Plan C establece que los jueces de la Suprema Corte serán elegidos directamente por la población. De este modo, se ha eliminado el sistema anterior de nombramientos por parte del poder ejecutivo y se ha establecido un nuevo sistema de nombramientos para los jueces federales. Debido a este nuevo sistema de elección, 1.633 jueces serán destituidos de sus cargos en esta ronda. Esta elección se llevó a cabo por primera vez el 1 de junio de 2025.
Sin embargo, los jueces en América Latina no solo deben temer represalias directas o inmediatas. En Colombia y Chile, las asociaciones denuncian constantes ataques verbales, campañas de intimidación e intervenciones políticas. Además, la infraestructura obsoleta o los problemas sistémicos contribuyen a entorpecer los procesos y a sobrecargar a los tribunales, como ocurre, por ejemplo, en Ecuador.
La Corte Constitucional de Colombia en su sentencia C-285 de 2016 declaró que una reforma sobre el equilibrio de poderes era inconstitucional en la que el Congreso había intentado restablecer el equilibrio institucional y suprimir el Consejo Superior de la Judicatura. Según la Corte, la independencia del poder judicial presupone un autogobierno judicial, gracias al cual el poder judicial dispone de estructuras propias, integradas en el propio poder judicial, para la organización y gestión de sus asuntos.
En Argentina, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la elección pública de jueces para el Consejo de la Magistratura. Así, en el caso Rizzo de 2013, el Tribunal dictaminó que las elecciones públicas ponían en peligro la neutralidad y el funcionamiento del órgano competente para el nombramiento y la imposición de medidas disciplinarias.
Además, en varios países se ha destacado la necesidad de la estabilidad y autonomía financiera para proteger la independencia judicial por parte de los tribunales. El Tribunal Supremo de México dictaminó que los recortes presupuestarios arbitrarios por parte del poder legislativo vulneraban la separación de poderes y, por consiguiente, la independencia judicial. En este sentido, el Tribunal estableció criterios que permiten los recortes presupuestarios al poder judicial solo dentro de límites estrictos y que establecen la autonomía de los jueces sobre sus propios recursos. De manera similar, la Corte Constitucional de Colombia ha sostenido que los recortes o retenciones presupuestarias por parte del poder ejecutivo también vulneran la autonomía judicial.
La Corte IDH ha dejado claro en sentencias precedentes (como López Lone Vs. Honduras) que la libertad de expresión de los jueces está protegida, precisamente en tiempos de crisis, cuando defienden la democracia. Al igual que la Corte Suprema de Justicia de Argentina, la Corte IDH determinó, en el caso Rico Vs. Argentina, que los procedimientos disciplinarios contra los jueces están sujetos a requisitos estrictos y requieren un mecanismo de control por parte de una instancia de recurso independiente.
En la sentencia del caso Quintana Coello y otros Vs. Ecuador, la Corte IDH destacó, precisamente, en relación con la inamovilidad de los jueces, que el despido solo se produce en caso de conducta indebida especialmente grave, mientras que en casos de negligencia o imprudencia pueden contemplarse otras sanciones.
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) muestra tendencias similares. Ante las recientes reformas judiciales en Europa del Este (especialmente en Polonia y Hungría), el TEDH ha dejado claro en repetidas ocasiones que la destitución prematura de jueces y presidentes de tribunales – como en el caso Baka v. Hungría– vulnera el derecho a un juicio justo recogido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
En este caso, el presidente del tribunal, Baka, que anteriormente había criticado públicamente las reformas judiciales del Gobierno de Orbán, fue destituido sin posibilidad de recurso judicial. Como declaró la corte, esta destitución, al igual que la reacción punitiva a sus declaraciones, ponía en peligro el Estado de derecho, sobre todo porque los jueces tienen el derecho y el deber de pronunciarse sobre las reformas judiciales que cuestionan de manera fundamental el Estado de derecho.
Asimismo, el TEDH reforzó la independencia del poder judicial frente a la arbitrariedad política del poder ejecutivo. En el caso Guðmundur Andri Ástráðsson v. Islandia, el TEDH destacó que la injerencia indebida del poder ejecutivo —en este caso, por parte de la ministra de Justicia— en el proceso de nombramiento de jueces vulneraba el derecho a un juez predeterminado por la ley, recogido en el artículo 6 del CEDH.
Sea en América Latina o en Europa: los ataques a la independencia judicial son ataques al propio Estado de derecho. Aunque los gobiernos intentan una y otra vez controlar al poder judicial mediante reformas legislativas, recortes presupuestarios o intervenciones políticas, los tribunales supremos nacionales, así como la Corte IDH y el TEDH, establecen límites claros. Han establecido normas rigurosas, que van desde estrictas disposiciones disciplinarias hasta la protección frente a la destitución arbitraria. La preservación de estas garantías sigue siendo la medida de protección más importante para las democracias liberales de todo el mundo.
Citación académica sugerida: Jakobeit, Anna. La independencia judicial bajo presión: un análisis comparativo entre América Latina y Europa.. Agenda Estado de Derecho. 2026/09/08. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/esta-en-riesgo-la-independencia-judicial-america-latina-europa/
Palabras clave sugeridas: Independencia judicial, América Latina, Europa.
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Aprobó como jurista alemana el Primer Examen Estatal (cualificación jurídica básica). Después hizo su maestría cum laude en Estudios Legales en la Universidad de Torino, Italia. Actualmente está en el período de formación práctica obligatoria (Referendariat), de dos años de duración y bajo supervisión estatal, antes de poder presentar el Segundo Examen Estatal en Alemania. Su especialización incluye el derecho internacional y europeo.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
