Los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario durante el Estado de Excepción y el Conflicto Armado Interno en Ecuador

31 de Enero de 2024
Los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario durante el Estado de Excepción y el Conflicto Armado Interno en Ecuador
Foto. Twitter @PoliciaEcuador

El artículo explora los desafíos de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Ecuador durante el Estado de Excepción y el Conflicto Armado Interno, destacando tensiones y consideraciones clave

Durante los últimos años, la seguridad en Ecuador se ha venido deteriorando debido a varias razones, entre las cuales destacan la falta de una política pública integral en seguridad con una visión multidimensional, la crisis económica, la baja inversión social, el crecimiento de la industria ilegal, la penetración de organizaciones criminales en estructuras del Estado y la fragilidad de la institucionalidad.

En el 2023 Ecuador fue el país más violento de la región; se registraron 7.592 muertes violentas, lo que representa más de 40 muertos por cada 100.000 habitantes, un aumento del 64.9% respecto al año anterior. Esto se agrava por una fuerte crisis carcelaria, con reportes de masacres al interior de los recintos dominados por bandas criminales.

Con la llegada del nuevo presidente Daniel Noboa, se marcó un cambio en la estrategia de seguridad acompañada de la sustitución de autoridades en los mandos policiales y militares.

En la sesión del 07 de enero de 2024, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, definió una nueva estrategia para mitigar la situación actual del país, sugiriendo la declaración de un estado de excepción. Un día después, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores reportó la fuga de Adolfo Macias, alias “Fito“, líder de la banda de los “Choneros”, una de las más grandes y peligrosas del país.

Fito había sido sentenciado a 34 años de prisión por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato, siendo denunciado también por el candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio por amenazas durante la campaña.

En respuesta a ello, mediante el decreto ejecutivo 110 del 08 de enero de 2024,  se declaró estado de excepción por grave conmoción interna durante 60 días.    

Con ello, se movilizaron fuerzas armadas y policía a nivel nacional, suspendiendo los derechos de libertad de reunión, inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia (en centros de rehabilitación social) y libertad de tránsito de 23h00 a 5h00. También se declaró a los centros de privación de la libertad y zonas periféricas como zonas de seguridad, para controles de policía y fuerzas armadas.

Noche del terror en Ecuador y declaratoria del conflicto armado interno

En respuesta al Estado de excepción, las organizaciones criminales llevaron a cabo lo que se denominó la “noche del terror“. Durante este tiempo, se tomó un canal de televisión en vivo, se secuestró a su personal y hubo fugas de personas privadas de la libertad, incluyendo a Fabricio Colon Pico, presuntamente implicado en planificar atentados en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

La respuesta del presidente Noboa fue, mediante el decreto ejecutivo 111  de 09 de enero de 2024, reconocer la existencia de un conflicto armado interno (CAI) e identificar a 21 organizaciones del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas.

Según el Gobierno, en los primeros días de vigencia del decreto y el reconocimiento del CAI, se han incautado 10.539 kilos de droga, 1.003 armas de fuego, 1.222 armas blancas, 35.772 municiones y más de 4.000 explosivos. En adicional, se recuperaron autos 538 autos robados y 353 motocicletas, así mismo, se detuvieron a 2.763 personas de los cuales el 6% de ellos son procesados por terrorismo, es decir 158 personas.

Por otro lado, se reportaron 12 atentados a infraestructura policías y 13 a infraestructura públicas y privadas. Pese a ello, el Gobierno afirma que ha surgido efecto el accionar de fuerzas armadas y policía nacional, pues resultado del decreto de excepción la cantidad de muertes violentas diarias en el país ha caído a 6.

Si bien se ha mostrado resultados en datos estadísticos, no se ha hecho referencia respecto a la situación de los detenidos, si han sido procesados, qué cantidad de ellos han recibido prisión preventiva y respectos que delitos han sido procesados.

En este contexto, el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de un comunicado, realizó un llamamiento a Ecuador, para que cualquier medida que busque afrontar la violencia sea “proporcionada y limitada a lo requerido por la situación de seguridad, así como que cualquier restricción debe respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.”

Finalmente, el día 23 de enero de 2024, mediante decreto 135, se modificó las restricciones de movilización a un sistema de semáforos, en donde clasifica el riesgo en alto, medio y bajo. En altos encontramos a Quito la capital, Esmeraldas, Guayaquil y Manta; mientras que en bajo destacan, las Islas Galápagos, Loja, Ambato e Ibarra.

Los derechos humanos y el derecho internacional humanitario frente al Estado de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno

Ante esta crítica situación, el derecho internacional humanitario (DIH) juega un rol fundamental, ya que de ello depende el actuar correcto del Estado ecuatoriano ante este conflicto. El DIH busca que las intervenciones hostiles respeten la dignidad humana. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realiza recomendaciones para la capacitación en esta materia, prevención de vulneración de derechos y promoción de la adopción de legislación.

En cuanto a convenios internacionales, es crucial considerar los convenios de Ginebra y de La Haya con sus protocolos adicionales. En ellos, se encuentran principios transversales como la humanidad, distinción, proporcionalidad y necesidad, fundamentales para el respeto de los derechos humanos, por ejemplo, considerando que los civiles, heridos y personal médico son personas protegidas no beligerantes. Además, se destaca la prohibición de tortura y tratos inhumanos o degradantes.

Entender el DIH en este conflicto es fundamental, ya que, de no hacerlo, conforme el estatuto de Roma, otros tratados y la costumbre, se podrían incurrir en delitos de guerra, con la posibilidad de ser procesados por la Corte Penal Internacional y las responsabilidades que conlleva.

La situación en Ecuador es difícil, pero eso no justifica el no respeto de los derechos humanos, los cuales no deben ser considerados como enemigos del actuar del Estado. Por el contrario, marcan los límites de sus competencias y el uso correcto del monopolio de la fuerza, con el propósito de someter a los grupos armados al imperio del Estado y evitar vulneraciones a personas no participantes en las hostilidades.

El reconocimiento de un CAI ha permitido a la sociedad sentir que el Estado ha retomado el control de la crisis. No obstante, esta no encontrará un fin si no se prioriza en el país el fortalecimiento de instituciones, el sistema democrático, la independencia judicial, se mitiga la pobreza extrema, el desempleo y la falta de garantía de los derechos fundamentales.

Dada la economía débil de Ecuador, se requerirá del apoyo de otros Estados y organizaciones internacionales para retomar el control en la seguridad, erradicar y expulsar de su territorio a organizaciones criminales transnacionales, evitar el resurgimiento de fenómenos ligados al narcotráfico, minería ilegal, trata de personas y delitos ambientales.

Citación académica sugerida: García, Luis. Los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario durante el Estado de Excepción y el Conflicto Armado Interno en Ecuador. Agenda Estado de Derecho, 2024/01/31. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/conflicto-armado-interno-en-ecuador/

Palabras clave: Ecuador, Estado de excepción; conflicto armado interno; derechos humanos; derecho internacional humanitario.

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ACERCA DEL AUTOR
Luis García

Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha realizado estudios de cuarto nivel en derecho minero y se encuentra realizando una especialización en Legal tech en la George Washington University, además se ha certificado como mediador y experto en cultura de paz. Así mismo ha realizado varios diplomados en Panamá, Costa Rica, Uruguay y Colombia relacionados con planificación estratégica, comunicación y generación de políticas públicas. Se ha desarrollado como director jurídico y CEO de ongs locales. Conferencista en materias de migración, liderazgo y anticorrupción. De igualmente, ha trabajado como asesor en la Corte Constitucional del Ecuador, secretario general de la AMC, Asesor Político en procesos electorales seccionales y actualmente forma parte del equipo de la KAS como gerente de proyectos de Ecuador.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.