La CIDH urge a los Estados de las Américas a actuar decisivamente frente a la epidemia de enfermedades no transmisibles
7 de Diciembre de 2023
Los impuestos saludables y las etiquetas de advertencia en alimentos podrían transformar la salud en Latinoamérica. La CIDH insta a los Estados a tomar medidas decisivas contra las enfermedades no transmisibles, revelando el poder de la acción política en los derechos humanos.
¿Qué tienen en común los impuestos saludables, los empaquetados neutros de cigarrillos, el etiquetado frontal de advertencia en comestibles y bebidas, o las restricciones de marketing a productos no saludables? Son algunas de las medidas que deben tomar los Estados para prevenir la creciente epidemia de enfermedades no transmisibles (ENT), atendiendo a sus obligaciones en materia de derechos humanos. Así lo destaca la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su reciente informe Las Enfermedades no Transmisibles y los Derechos Humanos en las Américas, el primero en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en abordar, de forma amplia y a profundidad, la relación entre ENT y derechos humanos, así como en desarrollar las obligaciones de los Estados en la materia.
Las ENT como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, causan alrededor del 81% de las muertes en la región y tienen profundas implicaciones para la equidad y el desarrollo de las personas y los países en un contexto de crisis climática. Ya que estas enfermedades pueden ser prevenidas, a través de diversas medidas dirigidas a configurar de forma más saludable los entornos en los que nacemos, crecemos y nos desarrollamos, el informe establece de forma explícita que los Estados no pueden permanecer pasivos. Por el contrario, tienen obligaciones concretas dirigidas a prevenirlas y abordarlas.
El informe constituye un respaldo fundamental para los Estados de la región que, con el apoyo decidido de la sociedad civil, han liderado la adopción de medidas innovadoras, basadas en la evidencia científica, para prevenir las ENT, y que han enfrentado la constante oposición de diversos actores económicos que buscan mantener sus ganancias a costa de la salud pública y los derechos humanos. Así, los Estados han tenido que afrontar múltiples tácticas de las industrias de productos no saludables, entre ellos la de tabaco, alcohol y comestibles y bebidas no saludables, que incluyen el uso del lobby, pasan por la manipulación de la ciencia y llegan hasta el litigio nacional e internacional.
La CIDH es enfática en señalar que, en el contexto de la epidemia de ENT, los Estados deben tomar medidas necesarias “para prevenir su desarrollo a nivel poblacional” (párr. 141) y tienen el deber de asumir un “rol proactivo para modificar aquellos factores que facilitan el desarrollo de ENT” (párr. 167), por ejemplo, desincentivando el consumo de productos asociados a su desarrollo.
Así, la CIDH se distancia de la idea errónea de que las ENT son principalmente autoinfligidas y resalta el rol que tienen las empresas en la propagación de estas enfermedades; que le ha ganado a la epidemia de ENT la reputación de ser una “epidemia industrial”. No hay espacio para la inacción. Por el contrario, los Estados tienen la obligación de regular, supervisar y fiscalizar la actividad de las empresas que producen, distribuyen y promocionan productos no saludables, así como regular los servicios de salud relacionados con la detección y tratamiento de las ENT. Es decir, los mecanismos de auto-regulación establecidos por las industrias no pueden servir de excusa a los Estados para no cumplir con su obligación de adoptar medidas para prevenir y abordar estas enfermedades.
La CIDH destaca el deber de los Estados de adoptar medidas que sean efectivas de acuerdo con la mejor evidencia científica, libre de conflicto de interés. Además, se refiere al deber de identificar, prevenir y regular los conflictos de interés, así como de tomar medidas para prevenir y abordar la influencia indebida de las industrias a ser reguladas, en el ciclo de elaboración e implementación de las políticas públicas y regulaciones.
Entre las medidas que recomienda, el informe destaca el rol de los impuestos saludables, que contribuyen a reducir el consumo de productos no saludables a través del aumento de su precio. De esta manera, se reduce la carga de enfermedad y los costos que deben asumir las personas en atención médica, al tiempo que aumentan la calidad de vida y la productividad de las personas, y generan ingresos para los Estados que pueden utilizarse para promover la salud y otros derechos. De este modo, la CIDH considera que este tipo de impuestos son progresivos por su capacidad de generar impactos redistributivos positivos y promover la equidad. En la región, Barbados se destaca por gravar las bebidas azucaradas de conformidad con los lineamientos de la OMS, que recomienda un impuesto que aumente el precio de estos productos en un 20% o más del precio de venta final. Y, recientemente, en Colombia, el impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas, que había sido atacado por ser supuestamente contrario al derecho a la igualdad, fue declarado constitucional.
La CIDH también señala que los Estados deben restringir la publicidad, promoción y patrocinio de productos asociados al desarrollo de ENT, particularmente, aunque no de manera exclusiva, para evitar la exposición de niños, niñas y adolescentes (NNA) a dichas tácticas y protegerles de sus impactos perjudiciales. La CIDH resalta que dichas restricciones, así como limitaciones a disponibilidad de los productos asociados al desarrollo de ENT, deben alcanzar los ambientes escolares, así como otros entornos que NNA frecuentan, tales como parques y lugares de juego, al igual que las instituciones de salud. En Colombia, hace años, la Corte Constitucional declaró constitucional la prohibición total de patrocinio, publicidad y promoción de productos de tabaco, resaltando que no vulneraba los derechos a la información y a la libertad de expresión, ni las libertades económicas. Por su parte, en Brasil diversos estados y municipalidades han restringido la publicidad de productos comestibles y bebidas no saludables en ambientes escolares.
Adicionalmente, la CIDH nota que el etiquetado de productos asociados al desarrollo de ENT garantiza el derecho de las personas a recibir información clara, sencilla y de fácil comprensión sobre los productos que consumen, así como de sus riesgos. Así, considera que el uso de éstos debe extenderse a todos los productos relacionados con el desarrollo de ENT, incluídos los productos comestibles y bebidas no saludables. En relación con estos últimos, una importante cantidad de países de la región han adoptado el etiquetado frontal de advertencia: Chile, Perú, Canadá, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina y México. En este último país, la medida enfrenta amparos, paradójicamente un mecanismo judicial de protección de derechos, interpuestos por la industria de bebidas y comestibles, que han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El informe de la CIDH representa una importante oportunidad para que los Estados puedan evaluar el cumplimiento de sus obligaciones en relación con la prevención y abordaje de ENT, de modo que actúen de manera integral y decisiva en contra de esta epidemia que crece a la sombra de industrias que internalizan beneficios económicos y externalizan costos a nivel social.
Igualmente, el informe da impulso a las políticas públicas y normativas que se han adoptado en diferentes Estados, particularmente, frente a los alegatos de las industrias de productos no saludables de que estas medidas son contrarias a los derechos humanos. El reto para los países que han avanzado en este sentido es lograr la implementación efectiva de las medidas adoptadas, a pesar de los litigios y de las estrategias que puedan utilizarse por las entidades reguladas para no cumplirlas debidamente.
Citación académica sugerida: Castagnari, Valentina; Tovar Ramírez, Ariadna y Guerrero, Aura. La CIDH urge a los Estados de las Américas a actuar decisivamente frente a la epidemia de enfermedades no transmisibles. Agenda Estado de Derecho. 2023/12/07. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-cidh-urge-a-los-estados-de-las-americas-a-actuar-decisivamente-frente-a-la-epidemia-de-enfermedades-no-transmisibles/
Palabras clave: Derecho a la salud, impuestos saludables, salud, alimentación, enfermedades no transmisibles
Asociada de la Iniciativa Salud y Derechos Humanos del Instituto O’Neill para el derecho a la Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown.
Consultora Senior de la Iniciativa Salud y Derechos Humanos del Instituto O’Neill para el derecho a la Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown.
Asociada de la Iniciativa Salud y Derechos Humanos del Instituto O’Neill para el derecho a la Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
