¿Cómo garantizar el acceso al aborto por violación en Ecuador?

22 de Septiembre de 2021
¿Cómo garantizar el acceso al aborto por violación en Ecuador?
Crédito foto: Adolfo Lujan / Flickr

En Ecuador se despenalizó el aborto para todos los casos de violación, pero se ha señalado que es necesaria una ley para garantizar el acceso en igualdad de condiciones. 

Una vez que Ecuador ha logrado judicialmente la despenalización del aborto para todos los casos de violación —no solo para las mujeres con discapacidad mental—, se vuelve urgente discutir la ley que regulará su acceso, ahora que la Defensoría del Pueblo ha presentado su proyecto en la Asamblea para su debate y aprobación. No es posible cerrar el debate sobre la despenalización sin que el acceso al servicio de aborto esté garantizado. 

Eliminar la conducta punible sin asegurar el acceso al aborto de todas las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación, implicaría legalizar un privilegio, por lo que cualquier ley que se debata deberá considerar los distintos contextos y realidades de todas las mujeres. No se trata solamente de tener la posibilidad de decidir, sino que existan las condiciones para que esa decisión sea posible para todas

Si toda víctima de violencia sexual puede acceder a un aborto, con independencia de su edad, color de piel, etnia, ubicación geográfica, condición económica, de discapacidad, migratoria u otra situación de vulnerabilidad, entonces el aborto en casos de violación será un derecho. Lograrlo solo será posible con una ley que se construya “desde los márgenes al centro”, es decir, una ley que no imponga barreras de acceso sino que las revierta al incluir las realidades de todas las mujeres.  

La diferencia está en el papel que asume el Estado para garantizar a todas por igual la posibilidad de decidir, en reconocer la ausencia del Estado al garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Ejes para el debate

Aunque son varios los temas sobre los cuales se puede abordar un análisis sobre la ley de acceso al aborto en casos de violación, mencionaré los de mayor complejidad y sin los cuales no es posible discutir otros tantos. Me referiré a los requisitos y los plazos. 

¿Cuál debe ser el requisito para acceder a un aborto en casos de violación?

La ruta de acceso a un aborto en casos de violación debe significar un proceso sencillo, ágil, seguro y no revictimizante, por lo que cualquier requisito que se incluya debe estar orientado a facilitarlo y no a entorpecerlo.

Tras prohibir como requisito una sentencia condenatoria por violación, la Corte Constitucional mencionó la denuncia penal, un examen médico o declaración juramentada como opciones —no exhaustivas— para que el legislador las tenga en cuenta. Pero, tal como recoge la propuesta del Movimiento de Mujeres y Feministas del Ecuador, los requisitos propuestos por la Corte limitarían el acceso solamente a mujeres en condiciones más favorables, dejando por fuera a quienes afrontan constantemente barreras de acceso a la justicia y a los servicios de salud. 

Una mujer que habita en zonas marginales o rurales tiene mayor dificultad para acudir a la justicia a interponer una denuncia, por la escasa disponibilidad de operadores de justicia en esas zonas. Un ejemplo de ello es la Isla Isabela en la provincia insular de Galápagos, cuyas habitantes deben viajar en barco durante 3 días o en avión por 3 horas, para acceder a servicios de justicia en la ciudad de Guayaquil.

Una declaración juramentada, en tanto supone erogación de recursos, constituye una limitación para aquellas mujeres que carecen de recursos o se encuentran en dependencia económica: mujeres empobrecidas, en situación de movilidad, privadas de la libertad, por ejemplo, encontrarían en este requisito una barrera para el acceso. 

El examen médico es un mecanismo poco efectivo, además de revictimizante. La Corte IDH, en el caso J vs Perú, advirtió que los exámenes médicos no necesariamente reflejan la ocurrencia del delito, porque no toda violencia sexual ocasiona lesiones físicas o enfermedades verificables, poniendo en peligro el acceso a un aborto. 

En el caso Fernández Ortega y otros vs México, la Corte IDH determinó que “la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho” de violación. Por lo tanto, una solicitud del servicio de aborto ante una institución de salud además de ser sencilla, ágil, gratuita y accesible, asegura un acceso sin barreras. En ella, las mujeres declaran que el embarazo es consecuencia de una violación sexual, evitando la valoración de un tercero y dotando de credibilidad sus testimonios. 

Esta es la práctica que actualmente rige en Ecuador para acceder a un aborto por violación de una mujer con discapacidad mental; incluir un requisito más riguroso no solo implicaría limitar su acceso, sino que constituiría una vulneración al principio de no regresividad contemplado en la Constitución. 

¿Debe existir un plazo para acceder a un aborto?

Como se podrá advertir, este es el punto más controversial en el debate sobre el aborto, por lo que es necesario hacer algunas puntualizaciones previas. 

Previo a la despenalización, el ordenamiento jurídico no fijaba un plazo para que las mujeres con discapacidad intelectual accedieran a un aborto por violación, de modo que incluir plazos implicaría contravenir el principio de no regresividad y volver aún más excepcional la causal. 

Por otra parte, los plazos son incompatibles con un sistema de causales. Los efectos y daños que ocasiona una violación sexual subsisten con independencia del tiempo de gestación en el que se encuentre una víctima. La afectación de los derechos no desaparece a medida que avanza el estado de gestación sino que se incrementa. 

Es usual que se genere alarma cuando se propone una ley con plazos pasado el segundo o tercer trimestre o más aún, sin plazos. Este temor lleva inmerso el prejuicio de que las mujeres mienten y ocultan en una violación, embarazos no planificados y que se encuentran en etapas avanzadas. 

Este prejuicio pierde de vista que identificar tempranamente un embarazo supone contar con información y recursos suficientes, que en un contexto de violación se torna más complejo. De ahí que los embarazos en etapas avanzadas sean precisamente de las mujeres que enfrentan mayor vulnerabilidad: niñas, adolescentes, mujeres con discapacidad, mujeres empobrecidas, mujeres indígenas, etc. 

La Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género (2011) reveló que solo 8,4% de niñas o adolescentes avisó de manera inmediata haber vivido violencia sexual y el 40% avisó mucho tiempo después o nunca. Esto responde a que las niñas no son conscientes de la naturaleza del hecho de violencia sino hasta luego de mucho tiempo de haberlo vivido o cuando sus embarazos se encuentran muy avanzados.

De este modo, fijar un plazo impide el acceso a un aborto para aquellas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad, tornándolo en una barrera de acceso. 

Conviene entonces preguntarnos: ¿cómo una niña, adolescente o mujer violada llega a una etapa avanzada de embarazo? De esta forma se podrá comprender, por un lado, las barreras estructurales de acceso que enfrentan las mujeres, y por otro, se evita poner en ellas la responsabilidad de la violación. 

El proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo en lo material recoge los estándares más altos de derechos humanos, al no fijar plazos ni requisitos restrictivos, limitar la objeción de conciencia, reconocer la posibilidad de consentir de niñas y adolescentes, entre otros; no obstante, en lo formal no logra utilizar un lenguaje claro, sencillo y accesible, que no requiera la traducción de parte de abogados, ni mucho menos su interpretación en los juzgados. Se trata de un asunto de importancia, sobre todo para garantizar en la práctica el acceso al aborto para todas las mujeres. 

Citación académica sugerida: Romero Larco, Johanna. ¿Cómo garantizar el acceso al aborto por violación en Ecuador?, Agenda Estado de Derecho, 2021/09/22. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/como-garantizar-el-acceso-al-aborto-por-violacion-en-ecuador/

Palabras clave: Ecuador, aborto por violación, ley

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ACERCA DE LA AUTORA
Johanna Romero Larco

Abogada y docente universitaria (UNPAZ-UTE). Maestría en Derecho Constitucional (UASB). Estudiante de Doctorado en Derecho (UBA).

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.