Como se podrá advertir, este es el punto más controversial en el debate sobre el aborto, por lo que es necesario hacer algunas puntualizaciones previas. 

Previo a la despenalización, el ordenamiento jurídico no fijaba un plazo para que las mujeres con discapacidad intelectual accedieran a un aborto por violación, de modo que incluir plazos implicaría contravenir el principio de no regresividad y volver aún más excepcional la causal. 

Por otra parte, los plazos son incompatibles con un sistema de causales. Los efectos y daños que ocasiona una violación sexual subsisten con independencia del tiempo de gestación en el que se encuentre una víctima. La afectación de los derechos no desaparece a medida que avanza el estado de gestación sino que se incrementa. 

Es usual que se genere alarma cuando se propone una ley con plazos pasado el segundo o tercer trimestre o más aún, sin plazos. Este temor lleva inmerso el prejuicio de que las mujeres mienten y ocultan en una violación, embarazos no planificados y que se encuentran en etapas avanzadas. 

Este prejuicio pierde de vista que identificar tempranamente un embarazo supone contar con información y recursos suficientes, que en un contexto de violación se torna más complejo. De ahí que los embarazos en etapas avanzadas sean precisamente de las mujeres que enfrentan mayor vulnerabilidad: niñas, adolescentes, mujeres con discapacidad, mujeres empobrecidas, mujeres indígenas, etc. 

La Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género (2011) reveló que solo 8,4% de niñas o adolescentes avisó de manera inmediata haber vivido violencia sexual y el 40% avisó mucho tiempo después o nunca. Esto responde a que las niñas no son conscientes de la naturaleza del hecho de violencia sino hasta luego de mucho tiempo de haberlo vivido o cuando sus embarazos se encuentran muy avanzados.

De este modo, fijar un plazo impide el acceso a un aborto para aquellas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad, tornándolo en una barrera de acceso. 

Conviene entonces preguntarnos: ¿cómo una niña, adolescente o mujer violada llega a una etapa avanzada de embarazo? De esta forma se podrá comprender, por un lado, las barreras estructurales de acceso que enfrentan las mujeres, y por otro, se evita poner en ellas la responsabilidad de la violación. 

El proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo en lo material recoge los estándares más altos de derechos humanos, al no fijar plazos ni requisitos restrictivos, limitar la objeción de conciencia, reconocer la posibilidad de consentir de niñas y adolescentes, entre otros; no obstante, en lo formal no logra utilizar un lenguaje claro, sencillo y accesible, que no requiera la traducción de parte de abogados, ni mucho menos su interpretación en los juzgados. Se trata de un asunto de importancia, sobre todo para garantizar en la práctica el acceso al aborto para todas las mujeres.