Después de casi 35 años del final de la dictadura militar brasileña de 1964-1985, surge la primera condena por crímenes de lesa humanidad, perpetrados por agentes del régimen de la época. El fallo del juez federal Silvio Gemaque ha reconocido como crimen la desaparición forzada del opositor político Edgar de Aquino Duarte, practicada en 1971.

Duarte fue secuestrado el 13 de junio de 1971. Fue mantenido incomunicado y testigos indicaron que fue sometido a tortura. El acusado, Carlos Alberto Augusto, participó en su captura, siguiendo un patrón de la dictadura. Aunque sea un primer fallo unipersonal y, por lo tanto, todavía falta que sea sometido a revisión por otras cortes brasileñas, se trata de una decisión de gran importancia. La condena está basada en amplia evidencia. Sus fundamentos fueron que el crimen de desaparición forzada fue practicado en un contexto de ataque generalizado y sistemático, siendo, así, un crimen contra la humanidad, de acuerdo con el Estatuto de Roma. Este crimen también está reconocido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como una “violación pluriofensiva de derechos”. Brasil, por lo tanto, también debe someterse a normas internacionales y regionales de derechos humanos. 

Para comprender el simbolismo de este fallo, es necesario tener en cuenta la Ley de Amnistía brasileña de 1979. Esta ley fue el resultado de movimientos sociales que presionaron por el fin de la dictadura y la amnistía de opositores políticos. Sin embargo, el gobierno de la época logró incluir en el texto la expresión “crímenes conexos”, que abriría la posibilidad de una interpretación por la cual la amnistía también alcanzaba a los agentes de la dictadura. Durante décadas, fiscales y jueces en Brasil aceptaron esta idea, pese a que la Constitución de 1988 solamente considera la amnistía para opositores, en el artículo 8º de su acto transitorio.

En 2010, el Colegio Federal de Abogados, después de una discusión pública, presentó una demanda al Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño para que reconociera la inconstitucionalidad de la interpretación de la Ley de Amnistía que beneficiaba a los militares y otros agentes de la represión, la llamada ADPF 153. En esta ocasión, la corte refutó la petición y, aunque la Constitución de 1988 establece la protección a los derechos humanos, decidió que la amnistía es recíproca y legítima. Contra este fallo, se ha interpuesto un recurso que hasta la fecha no se ha decidido. 

En el mismo 2010, las actuaciones del Estado brasileño fueron revisadas por la Corte IDH en el caso Gomes Lund. En este asunto, el tribunal  decidió que Brasil violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos por la omisión de procesar y juzgar violaciones que ocurrieron en la llamada Guerrilla del Araguaia, un foco de resistencia armada a la dictadura, fulminado por las fuerzas armadas en los años setenta. En este sentido, la Corte IDH expresamente se opuso al criterio jurisprudencial sostenido por el STF.

Desde 2011, la posición de la Fiscalía Federal brasileña es que se debería cumplir con la condena de la Corte IDH. Hasta ahora, casi cincuenta procesos han sido analizados en la Justicia Federal brasileña, pero siempre se suspenden con base en el fallo del STF (ADPF 153). Así, el reciente veredicto de condena por crímenes de lesa humanidad en la persona de Edgar de Aquino Duarte es el resultado de una lucha de décadas de familiares de opositores políticos, movimientos sociales y fiscales federales. Esta batalla ganó fuerza en 2018, cuando la Corte IDH condenó el Estado brasileño por la tortura y muerte del periodista Vladimir Herzog, también en los años setenta.