Las batallas por la verdad: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia en el contexto de las comisiones de la verdad en América Latina

23 de Noviembre del 2020

La Comisión de la Verdad en Colombia ha tenido que librar muchos obstáculos para ver la luz y para mantenerse. Se ha enfrentado a un cambio de gobierno hostil al Acuerdo de Paz y al Sistema de Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), a ataques por parte de sectores conservadores y, recientemente, a las restricciones a la movilidad derivadas de la pandemia del COVID-19. No obstante, la Comisión también muestra la fortaleza de su diseño, que toma en cuenta las experiencias innovadoras de la justicia transicional colombiana y sus ejercicios de memoria (en especial el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH), además de los distintos ejercicios de comisiones de la verdad en la región. 

La Comisión de la Verdad en Colombia se crea en 2017 por medio del Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017 en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP del 24 de noviembre de 2016. Su mandato de tres años inició el 28 de noviembre de 2018 y termina en la misma fecha del 2021. Esta Comisión comparte el carácter extrajudicial de las comisiones de la región, aunque tiene varias particularidades.  Algunos de sus distintivos derivan del largo periodo histórico que abarca su mandato, el cual comprende todo el conflicto armado colombiano, además de sus antecedentes. La complejidad, duración y diversidad de actores en este conflicto, abarca un periodo de más de cincuenta años, si tomamos en cuenta el surgimiento de las FARC-EP.     

Hasta la creación de la Comisión de la Verdad en Colombia, los periodos más largos considerados en los mandatos de otras comisiones de la verdad en la región eran: Paraguay de 1954–2003 (49 años) y Brasil que comprendía de 1946-1988 (42 años), pero con un énfasis particular en el periodo de la dictadura militar de 1965-1985.  Ambas comisiones derivan de dictaduras militares, por lo que el periodo más amplio de mandato de una comisión en la región emanada de un conflicto armado interno es el de la Comisión de la Verdad de Colombia, sólo seguida y de lejos, por la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala que revisó el periodo comprendido entre 1962-1996 (34 años).    

Para entender la magnitud del trabajo al que se enfrenta la Comisión de la Verdad, se observarán algunos detalles sobre su mandato, alcance y objeto de estudio.  Ante un periodo de conflicto armado tan largo, el reto es titánico para la Comisión de la Verdad, sobre todo si se considera su mandato, limitado a 3 años para presentar un Informe final.  Si bien es el periodo más amplio de operación de una comisión de la verdad en la región, sigue antojándose corto. Lo anterior, derivado de la complejidad y duración del conflicto armado colombiano y la escalonada sucesión de esfuerzos de previos de memoria y una desmovilización parcial de actores armados durante un largo periodo de tiempo. Sobre todo, la Comisión opera con los antecedentes de memoria plasmados en los informes del CNMH, algunos informes regionales, comisiones de investigación sobre hechos específicos y un Informe más general emitido por el Grupo de Memoria Histórica (creado durante el proceso de desmovilización de paramilitares conocido como Justicia y Paz y que después se institucionalizaría en el CNMH) en 2013 denominado ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad.  Todos estos esfuerzos implican un acervo documental impresionante, pero también responden a mandatos, momentos históricos y enfoques muy distintos al de la Comisión de la Verdad.

Otro factor que añade complejidad al mandato de la Comisión de la Verdad en Colombia, son sus diferentes enfoques.  De manera general es una Comisión que refleja la pluralidad del estado colombiano en su configuración, en su priorización del trabajo en las regiones que fueron el escenario del conflicto armado y con enfoques metodológicos bien delineados desde el comienzo.  El nombramiento de comisionados y comisionadas, al igual que de los titulares de los otros órganos de la SIVJRNR, fue realizado siguiendo un proceso muy riguroso de imparcialidad, representación y cooperación con sectores institucionales y no gubernamentales de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. 

Frente a la presencia regional, la Comisión de la Verdad colombiana se define como un órgano de trabajo en las regiones, lo que se presenta como una excepción en un país fuertemente centralizado en los intereses políticos, económicos y culturales de Bogotá.  Finalmente, la metodología aplicada incorpora un enfoque que incluye: niños y niñas, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, género, étnico y psicosocial.  Estas categorías no son limitantes, ya que, en el actual periodo de trabajo de la Comisión, ha hecho un trabajo muy importante sobre campesinos, cuestión que sólo se mencionaba de manera reducida en la Comisión de la Verdad de Brasil, en la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, la Comisión de Verdad y Justicia en Paraguay y la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú.  El trabajo de la Comisión de la Verdad de Colombia es bastante innovador, sobre todo al añadir la categoría de descampesinización derivada del desplazamiento forzado de campesinos por el conflicto armado. 

En cuanto al enfoque de género, la Comisión lo ha trabajado desde un comienzo como un eje transversal, de manera más robusta que los primeros intentos en la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, la Comisión de la Verdad en Ecuador y la de Brasil. Esto deriva a un planteamiento transversal en todo el informe, una paridad de género en su estructura y la creación de una coordinación de género con funciones transversales en su organigrama a diferencia de una dirección aislada como el caso peruano. Como en todos los rubros, ha habido algunas aportaciones provenientes de la sociedad civil y una coordinación en la metodología, por ejemplo, la propuesta de la Ruta Pacifica de MujeresEn temas relativos a la población LGTBI, la Comisión avanza en el reconocimiento del sufrimiento particular de dichas personas durante el conflicto armado, sumando al trabajo innovador que ya había sido adelantado en algunos informes del CNMH. La implementación de un enfoque de género que incluya a la población LGTBI marca un hito en la historia de las comisiones de la verdad en la región en las que dichas personas sólo habían sido incluidas explícitamente en secciones de los informes en la Comisión de la Verdad en Brasil y en la Comisión de la Verdad de Ecuador. 

Finalmente, hay que tomar en consideración que la Comisión opera simultáneamente dentro de un complejo sistema de reparaciones, búsqueda de personas y establecimiento de responsabilidades penales en el SIVJRNR. La labor de la Comisión resulta esencial para reforzar el proceso de paz, al igual que la de la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz.   Por ello, pese al gran reto de un conflicto armado sin parangón en la región, la institucionalidad para la paz colombiana también fue diseñada para estar a la altura de dichas circunstancias. 

Citación académica sugerida: Rábago Dorbecker, Miguel: Las batallas por la verdad: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia en el contexto de las comisiones de la verdad en América Latina, 2020/11/23, https://agendaestadodederecho.com/esclarecimiento-de-la-verdad-en-colombia/

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ACERCA DEL AUTOR
Miguel Rábago Dorbecker

Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, Maestro en Estudios Latinoamericanos en la UNAM y cuenta con un Postítulo por la Universidad de Chile. Profesor de la Universidad de los Andes.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.