El Acuerdo de Escazú. Tratado clave para enfrentar la crisis climática y de derechos humanos
17 de Noviembre de 2023
El artículo resalta cómo el Acuerdo de Escazú desempeña un papel fundamental en la respuesta a la crisis climática, al fomentar la participación pública y la transparencia en cuestiones ambientales.
La adopción por parte de 24 países y la ratificación de 15 de ellos del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe conocido como Acuerdo de Escazú (AE), no ha podido ser más oportuna, teniendo en cuenta que nos enfrentamos a la peor crisis climática y de derechos humanos.
En los últimos 50 años las emisiones de gases de efecto invernadero se han incrementado de 17 mil millones de toneladas de CO2, a 40 mil 600 millones registradas a finales del 2022, guiando al planeta en una trayectoria de calentamiento de 2,5 °C, lejos del objetivo del Acuerdo de París (AP) de limitar el aumento medio de la temperatura a 1,5 °C.
El 2023 ha sido el más caluroso desde que se tienen registros. Los incendios en Canadá, Grecia y Tenerife , las inundaciones en Libia, las sequías y fuertes lluvias en la región que han provocando pérdidas materiales, desplazamientos y muertes, prácticamente en todos los países, lo pone en evidencia.
América Latina y el Caribe (ALC) sigue posicionada como la región más peligrosa del mundo, tanto para los defensores del medio ambiente, como para los bosques nativos.
Ante esta realidad millones de personas claman por un cambio, por una transición que detenga la actual catástrofe climática. Decenas de ONGs en todo el mundo han interpuesto demandas ante tribunales nacionales e internacionales para exigir acciones contra la degradación ambiental y las afectaciones sobre los derechos humanos, convirtiendo a los litigios climáticos en una solución innovadora que está cambiando la dinámica de la lucha contra el cambio climático.
El Informe Mundial sobre Litigios Climáticos de Naciones Unidas señala que a diciembre de 2022 se habían presentado 2.180 demandas relacionadas con el clima en 65 instancias procesales, correspondiendo la mayor parte a E.UU con 1552 casos. Esto representa un aumento de 884 casos en 2017 a 1.550 en 2020, que muy seguramente impactará la gobernanza del cambio climático en cada vez más países de todo el mundo. ALC registra un considerable aumento que alcanzó los 62 casos, concentrados la mayoría de estos en Brasil, México y Chile.
De lo anterior se evidencia la relevancia de dos actores indispensables: la sociedad civil y el poder judicial. Ambos están desempeñando un papel fundamental en la construcción de la democracia ambiental a través de la conjunción y garantía de los derechos de acceso.
El derecho de acceso a la información permite que la ciudadanía se empodere y ejerza control efectivo sobre los actos del poder público y monitoree el funcionamiento de emprendimientos públicos y privados en defensa y cuidado del medio ambiente.
El derecho de acceso a la participación permite reducir los conflictos socio ambientales en la medida en que se adoptan decisiones contando con la participación ciudadana; mientras que el derecho al acceso a la justicia asegura que las personas dispongan de mecanismos e instancias judiciales o administrativas a través de las cuales puedan exigir la protección de sus derechos. Estos tres derechos son la base fundamental del AE.
El AE también aboga por la protección y garantía de los derechos humanos de los y las defensoras del medio ambiente. Esas personas cumplen un papel esencial en la conservación de la biodiversidad y la protección del medio ambiente, pero irónicamente se encuentran excluidas de los procesos de diálogo, participación y toma de decisiones. Contrariamente son perseguidas, hostigadas e incluso asesinadas.
La mayoría de las violaciones de derechos humanos en contra de las personas defensoras del medio ambiente ocurren en contextos de resistencia a proyectos extractivistas y más recientemente a nuevos desarrollos sobre energías renovables, donde se han producido violaciones a la consulta previa, desplazamientos y daños al medio ambiente.
El AE al establecer la necesidad de que las partes incentiven a las empresas a la elaboración de informes de sostenibilidad que reflejen su desempeño social y ambiental, se conecta con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas y con el informe sobre “Empresas y Derechos Humanos elaborados por la CIDH y su Relatoría DESCA.
Esos principios y estándares proporcionan un marco sobre las responsabilidades de las empresas en relación con los derechos humanos, y permite avanzar legislativamente en los ámbitos nacionales, tal como ocurrió en Francia, con la aprobación de la primera Ley sobre el Deber de vigilancia en 2017 y Alemania con la aprobación en junio de 2021 de la ley sobre cadenas de suministro.
La clave de estas normas es que prevén la responsabilidad [civil] de las empresas y sus filiales y subcontratistas cuando esté en riesgo el respeto de los derechos humanos. Esos marcos jurídicos son muy importantes teniendo en cuenta que en ALC hacen vida muchas multinacionales francesas, alemanas y de otros países industrializados.
También es importante destacar que el AE califica como un instrumento estratégico que dialoga con el acervo jurídico creado para enfrentar la crisis climática, como son el AP sobre cambio climático, la Agenda 2030 y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas. En el propio Prefacio el AE se señala que jugará un papel decisivo en la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo…la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático…”
El AE brinda la oportunidad a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) de interamericanizar los derechos humanos ambientales invocando el Acuerdo, aunque el SIDH no forme parte de su institucionalidad. Lo cierto es que ambos sistemas son convergentes en doble vía: desde el AE hacia los órganos del SIDH y desde estos al AE, mediante una relación de complementariedad.
El caso Baraona Bray vs Chile del año 2022, es un claro ejemplo de esa complementariedad e interamericanización. La Corte desarrolló estándares sobre la base del contenido del AE, resaltando la importancia de que los Estados adopten medidas efectivas para proteger los derechos a la libertad de opinión y expresión, así́ como el acceso a la información con el fin de garantizar la participación ciudadana en asuntos ambientales.
Esto ha permitido que el AE tenga un impacto aún en aquellos países donde aún no ha sido ratificado, pero que aceptan la competencia de la Corte IDH, como por ejemplo Costa Rica, Perú y Brasil, entre otros.
La complementariedad institucional entre el AE y el SIDH seguirá fortaleciéndose. La solicitud de Opinión Consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos presentada por ante la Corte IDH por parte de Chile y Colombia representa una oportunidad que seguramente no se dejará pasar.
Frente a este desafío se necesita más participación ciudadana, más compromiso de los Estados para construir las capacidades y las instituciones que el AE necesita para su implementación, mayor compromiso y disposición de las empresas y por supuesto más jueces y juezas dispuestas a interpretar los actuales acontecimientos y emitir sus mejores opiniones.
De este modo el Acuerdo de Escazú con sus aportes se perfila como un potente tratado contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad y los derechos humanos ambientales en la región de América Latina y el Caribe.
Citación académica sugerida: Jiménez, Henry. El Acuerdo de Escazú. Tratado clave para enfrentar la crisis climática y de derechos humanos. Agenda Estado de Derecho. 2023/11/17. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/acuerdo-de-escazu/
Palabras clave: Escazú, crisis climática, derechos ambientales, ODS
Abogado con más de 25 años de experiencia en el sector energético. Máster en Derecho por la Universidad de Heidelberg y Doctor en Derecho por la Universidad Ruhr Bochum de Alemania. Docente y conferencista invitado en universidades e instituciones europeas y latinoamericanas. Investigador visitante del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público, de Heidelberg y del Instituto de Derecho de Minas y Energía de Bochum, Alemania. Es Consultor Senior en proyectos financiados por el Banco Mundial y miembro de la firma de abogados WIRTH Rechtsanwälten en Alemania.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
