No sería una exageración afirmar que, en la historia republicana de Guatemala, jamás ha existido un Estado de derecho pleno. Los factores que corroen el Imperio de la Ley ─la corrupción y el autoritarismo, por ejemplo─ siempre han estado allí.

Sin embargo, los últimos 5 años dan cuenta de una tendencia preocupante. Guatemala, quizás, se encuentra en el proceso de degradación institucional más grave desde el inicio de su proceso de democratización iniciado en 1985.

El 2017 y 2018 se caracterizaron por una suerte de frenesí de la clase política y algunos sectores empresariales para asegurarse impunidad, en medio de un contexto de convulsión política provocado por investigaciones promovidas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG era la misión de las Naciones Unidas que, junto con autoridades locales, desarticuló estructuras del crimen organizado incrustadas en las instituciones públicas.

Así, por ejemplo, el 13 de septiembre de 2017, una coalición ─bastante diversa ideológicamente─ de 107 congresistas aprobó una serie de reformas al código penal que resultaban, de facto, en una amnistía a numerosos delitos relacionados a corrupción en el ejercicio de la función pública.

Diversos sectores de la población denominaron a esta coalición legislativa como “el pacto de corruptos”. En efecto, los meses y años subsiguientes se dieron una serie de hechos que sugieren algún grado de coordinación entre sectores políticos ─y empresariales─ con el fin de asegurarse impunidad; un “punto y aparte” de las investigaciones de CICIG.

Aunque la manipulación del código penal del 2017 no fue exitosa, ese año el entonces presidente y ex comediante, Jimmy Morales, decidió expulsar ilegalmente al jefe de la CICIG, y, eventualmente, también decidiría unilateralmente incumplir el tratado internacional que le daba vida a CICIG.

Local e internacionalmente, ambas acciones fueron consideradas como esfuerzos para asegurarse impunidad a sí mismo y a su familia. Las decisiones del presidente fueron declaradas ilegales por la Corte de Constitucionalidad (CC). Sin embargo, el señor Morales decidió no acatar las resoluciones de la CC, provocando una crisis constitucional.  

La desobediencia directa del señor Morales de decisiones judiciales desencadenó un efecto dominó. Poco después, el Congreso de la República y la propia Corte Suprema de Justicia incumplieron órdenes de la CC. La Junta Directiva del Congreso, por ejemplo, decidió continuar diligencias de antejuicio en contra de magistrados de la CC promovidas por personas inconformes con su criterio judicial, a pesar de existir una orden judicial expresa en contrario.

Los años subsiguientes podrían caracterizarse como una “restauración” del sistema político a las condiciones previas a la llegada de CICIG. Diversos grupos de interés que se vieron directamente afectados o amenazados con las investigaciones de la misión de Naciones Unidas iniciaron sendos esfuerzos para retomar y cooptar las instituciones de administración de justicia.

Es en ese contexto que se da otro desacato de órdenes judiciales al más alto nivel. Durante el proceso de elección de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, el Congreso decidió ignorar la orden de la CC de excluir del proceso a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad estaría comprometida. Según un informe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, 75 personas que aspiran a ser parte de las Cortes de Apelaciones y 15 personas nominadas a la CSJ son objeto de alguna investigación criminal en su contra, o tienen algún antejuicio pendiente de resolver.

De estas personas, al menos 10 aspirantes se habrían comunicado directamente con el señor Gustavo Alejos ─un poderoso operador político procesado por diversos casos de corrupción─ para ser incluidos en las nóminas que se enviarán al Congreso de la República. A todo lo anterior, se le suma el incumplimiento del plazo constitucional para renovar Cortes; el pasado 13 de octubre se cumplieron dos años de atraso.

Así también, en meses recientes ha trascendido que una magistrada de la actual CC, dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la Fiscal General, Consuelo Porras, falsificaron credenciales académicas para acceder a sus respectivos cargos. Además, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó a un magistrado de la CC y de la Corte Suprema como corruptos. Asimismo, la señora Porras también fue sancionada por EE. UU. por haber obstruido e interferido investigaciones relativas a casos de corrupción.

Ni uno de estos hechos ha tenido consecuencia alguna. Lo que ha quedado claro es que los procedimientos de elección de las instituciones garantes del régimen de legalidad democrática no han buscado seleccionar a las mejores candidatas, sino más bien, los hechos sugieren que el criterio principal ha sido la afinidad política a los grupos de interés “restauradores”.

El desdén por el imperio de la ley solo ha ido recrudeciéndose. El más reciente ejemplo es la implementación de un estado de excepción en El Estor, Izabal en respuesta a la oposición de poblaciones indígenas a la explotación minera en la zona. El ejecutivo decretó un “Estado de Sitio”, que según la legislación guatemalteca procede “con el motivo de actividades terroristas”. El citado decreto suspendió el goce de diversos derechos fundamentales en la zona. Según medios de comunicación, la zona ha sido militarizada de facto. Si bien es cierto han ocurrido hechos de violencia en la zona, según el artículo 27.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte IDH, la respuesta del Estado ha sido totalmente desproporcionada.