Perú es reconocido como el país que impulsó la adopción de la Carta Democrática Interamericana (CDI) que se firmó precisamente en Lima el mismo día del ataque a las Torres Gemelas (11/09/2001). Su objetivo fundamental responde a la necesidad de dar respuestas, desde el Sistema Interamericano, a las amenazas contra la democracia. En ese sentido, la Carta, tras reconocer que “[l]os pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla” (art. 1), identifica, por primera vez, como elementos esenciales, “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas (…), el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos” (art. 3).

Se trata de un instrumento fundamental, no solo para lograr respuestas oportunas y efectivas frente a la ruptura del orden democrático, sino también frente a las posibles alteraciones del orden constitucional, lo que puede ocurrir incluso manteniendo las formas y apariencias de un sistema democrático, pero donde los elementos esenciales de este podrían estar en riesgo.

La CDI no es un convenio o tratado y sus posibilidades de impedir una crisis por la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional, quedan limitadas a las posibilidades de la diplomacia internacional de la OEA. No obstante, sus mecanismos pueden llegar incluso a la exclusión de un Estado miembro de la Organización (art. 19), lo que, en el actual contexto de internacionalización de la vida de los Estados, supone un riesgo que ninguna sociedad contemporánea debería estar dispuesta asumir.

En el caso del Perú, recientemente, el actual Presidente de la República, Pedro Castillo, ha invocado los artículos 17 y 18 de la CDI debido a que, según señala, “en los últimos meses (…) el Poder Legislativo (…) ha configurado un proceso destinado a la alteración del orden e institucionalidad democrática del Perú, promoviendo las modalidades de golpe de Estado”. La respuesta desde la OEA fue inmediata: se agendó la visita de la Misión a Lima del 20 al 22 de noviembre de 2022. Por su parte, el presidente del Congreso, aun cuando rechaza el que Castillo haya apelado a la CDI, expresa “la más amplia disposición (…) para sostener un diálogo con la eventual Misión”.

No es la primera vez que la OEA pone a disposición del Perú una Misión en busca del diálogo democrático, pero es muy probable que este sea el momento más difícil con que se encontrará en su regreso a Lima. Hay una profunda crisis en el país que tiene que ver con el deterioro del proceso democrático y sus instituciones, empezando por las propias organizaciones políticas, así como una grave deslegitimación y peligroso uso de mecanismos constitucionales como instrumentos de confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo: el control político, la acusación constitucional, la vacancia presidencial, la cuestión de confianza o la disolución del Congreso han sido puestos sobre la mesa en tono de amenaza entre poderes.

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Como relata la misiva del gobierno ante la OEA, desde el inicio del mandato de Castillo, se han presentado tres solicitudes de vacancia y una acusación constitucional en su contra, nada menos que por traición a la Patria, por haberse referido en una entrevista pública a la posibilidad de debatir el acceso al mar a Bolivia. Con ello, la narrativa del presidente respecto de que está siendo objeto de hostigamiento y de un uso político de los instrumentos constitucionales de control político parece tener cierto sustento.

No obstante, hay también hechos de relevancia que comprometen al gobierno y que podrían ser perfectamente evaluados a la luz de la CDI, en la medida que se relacionan a los valores sustantivos de la democracia, como la transparencia en el ejercicio del poder, el respeto a los derechos humanos o, la lucha contra la corrupción, entre otros. Los hechos que han sido presentados por la Fiscal de la Nación ante el Congreso, aunque forzando la interpretación del artículo 117 de la Constitución peruana –que no contempla previsión normativa para procesar al Presidente por hechos de corrupción mientras se encuentre ejerciendo el cargo– deben ser esclarecidos y, si bien no logran involucrar de manera directa al Presidente, muestran que por lo menos, éste ha sido poco diligente al escoger el entorno que lo acompaña en puestos claves, como el de secretario general de Palacio de Gobierno o algunos ministros que hoy en día se encuentran investigados por graves hechos de corrupción.

En este escenario, las posibilidades de la Misión de la OEA pueden orientarse, desde mi punto de vista, a tres líneas de acción que podrían resultar fundamentales para la preservación del orden democrático:

(i). La OEA, incluso sin emitir opinión por las posiciones en conflicto (tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo pueden tener versiones muy distintas en torno a los hechos); sin embargo, la visita puede permitirle a la Misión constatar y, mostrarlo así ante la comunidad internacional, que el Perú vive una crisis política que no es reciente y que compromete las bases mismas del sistema democrático, como son las organizaciones políticas y la legitimidad de instituciones como el Parlamento. Con este punto de partida, la OEA podría promover un diálogo político que comprenda un conjunto de reformas, incluidas reformas constitucionales estructurales, en la medida que la crisis ha puesto en evidencia la precariedad de las reglas vigentes.      

(ii). La misión podría motivar la instalación de una comisión permanente intergubernamental, con representantes de diversas instituciones, a efectos de que sirva de espacio de deliberación sobre las políticas públicas que deban ser desarrolladas con amplia participación para atender las demandas sociales más urgentes. Esta instancia permanente de diálogo podría permitir que el Congreso asuma también un papel más comprometido con las acciones propias de su función y menos centrado en el bloqueo a las acciones del Gobierno. La crisis está mostrando un serio deterioro en la atención de algunos servicios públicos esenciales que deben asegurarse, especialmente con relación a las poblaciones más alejadas y en situación de especial vulnerabilidad.

(iii). Podría promover que el gobierno asuma un compromiso ante la Comunidad Internacional y latinoamericana para transparentar la toma de decisiones a través del acceso irrestricto de los medios de prensa. Dado que hay serias imputaciones al propio presidente durante su corto mandato, resulta fundamental un compromiso de su parte para colaborar con las investigaciones. En este punto, sería de esperar que la Misión convoque a las instituciones del sistema de justicia, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, para comprometer su actuación bajo estrictos parámetros constitucionales y legales a efectos de garantizar su plena independencia e imparcialidad que permitan que la justicia no sea vista por la ciudadanía como instrumento de lucha política de las partes en disputa.

Si la OEA lograra convocar al diálogo sobre la base de los principios que se recogen en la CDI, habremos avanzado considerablemente. Hoy en día, las agendas de ambos poderes, ejecutivo y legislativo parecen orientarse a maximizar sus demandas:   mientras uno de los poderes exige la vacancia, forzando figuras constitucionales y comprometiendo peligrosamente los principios básicos del Estado de Derecho y la gobernanza democrática; del otro lado, el gobierno ha insistido en acciones poco transparentes y ha mantenido en puestos clave a personas con cuestionamientos de diverso orden.      

Unido a ello, siguen vigentes las serias imputaciones que se han hecho sobre corrupción en algunas licitaciones de obras públicas o, incluso, en el ascenso de Oficiales de la Policía Nacional, requieren de un compromiso real para dejar en manos de las autoridades judiciales la investigación de estos hechos, sin ningún tipo de interferencia desde el ejercicio del poder.