La Carta Democrática Interamericana vuelve a Lima: Perú la invoca una vez más

22 de Noviembre de 2022
La Carta Democrática Interamericana vuelve a Lima: Perú la invoca una vez más
Crédito foto: El Tiempo /EFE

Una misión de la OEA visita al Estado del Perú ¿Por qué? ¿Qué oportunidades se derivan de este importante acontecimiento?

Perú es reconocido como el país que impulsó la adopción de la Carta Democrática Interamericana (CDI) que se firmó precisamente en Lima el mismo día del ataque a las Torres Gemelas (11/09/2001). Su objetivo fundamental responde a la necesidad de dar respuestas, desde el Sistema Interamericano, a las amenazas contra la democracia. En ese sentido, la Carta, tras reconocer que “[l]os pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla” (art. 1), identifica, por primera vez, como elementos esenciales, “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas (…), el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos” (art. 3).

Se trata de un instrumento fundamental, no solo para lograr respuestas oportunas y efectivas frente a la ruptura del orden democrático, sino también frente a las posibles alteraciones del orden constitucional, lo que puede ocurrir incluso manteniendo las formas y apariencias de un sistema democrático, pero donde los elementos esenciales de este podrían estar en riesgo.

La CDI no es un convenio o tratado y sus posibilidades de impedir una crisis por la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional, quedan limitadas a las posibilidades de la diplomacia internacional de la OEA. No obstante, sus mecanismos pueden llegar incluso a la exclusión de un Estado miembro de la Organización (art. 19), lo que, en el actual contexto de internacionalización de la vida de los Estados, supone un riesgo que ninguna sociedad contemporánea debería estar dispuesta asumir.

En el caso del Perú, recientemente, el actual Presidente de la República, Pedro Castillo, ha invocado los artículos 17 y 18 de la CDI debido a que, según señala, “en los últimos meses (…) el Poder Legislativo (…) ha configurado un proceso destinado a la alteración del orden e institucionalidad democrática del Perú, promoviendo las modalidades de golpe de Estado”. La respuesta desde la OEA fue inmediata: se agendó la visita de la Misión a Lima del 20 al 22 de noviembre de 2022. Por su parte, el presidente del Congreso, aun cuando rechaza el que Castillo haya apelado a la CDI, expresa “la más amplia disposición (…) para sostener un diálogo con la eventual Misión”.

No es la primera vez que la OEA pone a disposición del Perú una Misión en busca del diálogo democrático, pero es muy probable que este sea el momento más difícil con que se encontrará en su regreso a Lima. Hay una profunda crisis en el país que tiene que ver con el deterioro del proceso democrático y sus instituciones, empezando por las propias organizaciones políticas, así como una grave deslegitimación y peligroso uso de mecanismos constitucionales como instrumentos de confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo: el control político, la acusación constitucional, la vacancia presidencial, la cuestión de confianza o la disolución del Congreso han sido puestos sobre la mesa en tono de amenaza entre poderes.

(Recomendado: Seis presidentes en cinco años: cronología de una crisis cíclica en el Perú – Parte 2)

Como relata la misiva del gobierno ante la OEA, desde el inicio del mandato de Castillo, se han presentado tres solicitudes de vacancia y una acusación constitucional en su contra, nada menos que por traición a la Patria, por haberse referido en una entrevista pública a la posibilidad de debatir el acceso al mar a Bolivia. Con ello, la narrativa del presidente respecto de que está siendo objeto de hostigamiento y de un uso político de los instrumentos constitucionales de control político parece tener cierto sustento.

No obstante, hay también hechos de relevancia que comprometen al gobierno y que podrían ser perfectamente evaluados a la luz de la CDI, en la medida que se relacionan a los valores sustantivos de la democracia, como la transparencia en el ejercicio del poder, el respeto a los derechos humanos o, la lucha contra la corrupción, entre otros. Los hechos que han sido presentados por la Fiscal de la Nación ante el Congreso, aunque forzando la interpretación del artículo 117 de la Constitución peruana –que no contempla previsión normativa para procesar al Presidente por hechos de corrupción mientras se encuentre ejerciendo el cargo– deben ser esclarecidos y, si bien no logran involucrar de manera directa al Presidente, muestran que por lo menos, éste ha sido poco diligente al escoger el entorno que lo acompaña en puestos claves, como el de secretario general de Palacio de Gobierno o algunos ministros que hoy en día se encuentran investigados por graves hechos de corrupción.

En este escenario, las posibilidades de la Misión de la OEA pueden orientarse, desde mi punto de vista, a tres líneas de acción que podrían resultar fundamentales para la preservación del orden democrático:

(i). La OEA, incluso sin emitir opinión por las posiciones en conflicto (tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo pueden tener versiones muy distintas en torno a los hechos); sin embargo, la visita puede permitirle a la Misión constatar y, mostrarlo así ante la comunidad internacional, que el Perú vive una crisis política que no es reciente y que compromete las bases mismas del sistema democrático, como son las organizaciones políticas y la legitimidad de instituciones como el Parlamento. Con este punto de partida, la OEA podría promover un diálogo político que comprenda un conjunto de reformas, incluidas reformas constitucionales estructurales, en la medida que la crisis ha puesto en evidencia la precariedad de las reglas vigentes.      

(ii). La misión podría motivar la instalación de una comisión permanente intergubernamental, con representantes de diversas instituciones, a efectos de que sirva de espacio de deliberación sobre las políticas públicas que deban ser desarrolladas con amplia participación para atender las demandas sociales más urgentes. Esta instancia permanente de diálogo podría permitir que el Congreso asuma también un papel más comprometido con las acciones propias de su función y menos centrado en el bloqueo a las acciones del Gobierno. La crisis está mostrando un serio deterioro en la atención de algunos servicios públicos esenciales que deben asegurarse, especialmente con relación a las poblaciones más alejadas y en situación de especial vulnerabilidad.

(iii). Podría promover que el gobierno asuma un compromiso ante la Comunidad Internacional y latinoamericana para transparentar la toma de decisiones a través del acceso irrestricto de los medios de prensa. Dado que hay serias imputaciones al propio presidente durante su corto mandato, resulta fundamental un compromiso de su parte para colaborar con las investigaciones. En este punto, sería de esperar que la Misión convoque a las instituciones del sistema de justicia, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, para comprometer su actuación bajo estrictos parámetros constitucionales y legales a efectos de garantizar su plena independencia e imparcialidad que permitan que la justicia no sea vista por la ciudadanía como instrumento de lucha política de las partes en disputa.

Si la OEA lograra convocar al diálogo sobre la base de los principios que se recogen en la CDI, habremos avanzado considerablemente. Hoy en día, las agendas de ambos poderes, ejecutivo y legislativo parecen orientarse a maximizar sus demandas:   mientras uno de los poderes exige la vacancia, forzando figuras constitucionales y comprometiendo peligrosamente los principios básicos del Estado de Derecho y la gobernanza democrática; del otro lado, el gobierno ha insistido en acciones poco transparentes y ha mantenido en puestos clave a personas con cuestionamientos de diverso orden.      

Unido a ello, siguen vigentes las serias imputaciones que se han hecho sobre corrupción en algunas licitaciones de obras públicas o, incluso, en el ascenso de Oficiales de la Policía Nacional, requieren de un compromiso real para dejar en manos de las autoridades judiciales la investigación de estos hechos, sin ningún tipo de interferencia desde el ejercicio del poder.

Citación académica sugerida: Grandez, Pedro. La Carta Democrática Interamericana vuelve a Lima: Perú lo invoca una vez más. Agenda Estado de Derecho. 2022/11/22. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-carta-democratica-interamericana-vuelve-a-lima/

Palabras clave: Carta Democrática, Perú, Diálogo Interamericano

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ACERCA DEL AUTOR
Pedro P. Grández Castro

Profesor Ordinario de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Director del Instituto Palestra

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Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

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Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

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Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

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Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Su investigación se enfoca en temas relacionados con Governanza Multinivel e Integración de Mercados, Regionalismo Comparado y Derecho Internacional Público. Obtuvo su PhD en la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Ha publicado en inglés y castellano, en Latinoamérica e internacionalmente.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.